La semana pasada el delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera, reclamó públicamente que los esfuerzos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, por combatir y bajar la ola delictiva en la entidad, no fueran reconocidos por el Gobierno del estado que atribuyó el mérito del supuesto desplome de la actividad criminal, únicamente a las acciones de las policías estatales.

En esa discusión por colgarse las medallas del supuesto éxito en el combate a la delincuencia organizada y desorganizada, a partir de las cuentas alegres que suelen manipular a su conveniencia todas las instancias de gobierno, le entró estultamente el fiscal de la zona norte, el Lord Jesús Manuel Carrasco, al asegurar que el delito de extorsión y cobro de cuotas estaba controlado y casi erradicado.

Ese “casi” lo volvió a poner en ridículo ante la opinión pública, por tres hechos:  primero, por las declaraciones de Martín Luna, coordinador de Corredores Comerciales de Canaco y empresarios de Ficosec, quien lo contradijo de manera contundente, al afirmar que las llamadas de extorsión o del clásico cobro de cuota en diferentes negocios continúa, pero los comerciantes no interponen denuncias en la Fiscalía por temor a represalias.

Ese temor se confirmó en el segundo de los hechos, el más grave, en el ataque a balazos que sufrió una familia el jueves pasado en el cruce de las avenidas Tecnológico y Ramón Rivera Lara, donde perdieron la vida la estudiante del colegio de Bachilleres número 6, Valeria Vera Soria, de 18 años, y su padre Alberto Manuel Vera Soto, mientras que su madre, Maribel Soria, resulto gravemente herida.

En el tercero de los hechos, tuvo que entrarle al tema el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien invitó a los comerciantes a su despacho para analizar el problema, después de ver que las quejas por las extorsiones y cobro de cuotas continúan y las instancias obligadas a combatirlo las minimizan.

El atentado de alto impacto contra la familia Vera Soria, fue a consecuencia de que se negaron a seguir pagando las extorsiones por derecho de piso que les exigían por un negocio de bienes raíces que era el sustento de su hogar.

Estos hechos son reales, no son ficticios, como las cifras convenencieras e irresponsables que manejan estado y federación, cuando pretenden adjudicarse un éxito en materia de seguridad que está muy lejos de la realidad.

Se tiene que ser muy cínico y desvergonzado para que determinados funcionarios del gobierno estatal o federal se atrevan a presumir resultados positivos en el trabajo de prevención del delito, así como de procuración y administración de justicia, cuando los hechos demuestran lo contrario.

La ferocidad e impunidad con la que asesinaron a la familia Vera Soria, se suma a la del crimen de la estudiante y deportista del Instituto Tecnológico Regional Leslye Estrada Robles, ocurrida el 17 de febrero frente al centro comercial Las Misiones y a la masacre del templo cristiano, registrada el 12 de febrero en la colonia Independencia, donde murieron 6 personas que asistían a un funeral.

Ninguno de los dos casos de febrero ha sido resuelto, pero las embaucadoras autoridades que participan en las mesas de seguridad se atreven a decir que le están ganando la batalla a la delincuencia, mientras los delincuentes se burlan y se ensañan matando a personas inocentes e indefensas que se niegan a entregarles sus bienes.

Ciertamente, nuestras autoridades de seguridad y mucho menos sus jefes, van a admitir jamás que por ineptitud o miedo han sido rebasados y azorrillados por los bandidos del crimen organizado. Por lo mismo, les resulta más cómodo manipular estadísticas para echar las campanas al vuelo, aunque las extorsiones y crímenes los sigan poniendo en ridículo.

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Tanto el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como el delegado federal de Bienestar en la entidad, Juan Carlos Loera, anularon deliberadamente sus votos, al escribir diferentes leyendas en las boletas, lo cual sanciona el INE que en su manual de operación del proceso a la letra dice: que se nulificará el sufragio «cuando la o el ciudadano marque la papeleta de forma diferente a lo señalado (…), cuando no sea posible conocer el exacto sentido del mismo, y cuando la deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta».

Fue premonición sobre el pobre resultado que esperan. A los gurús les informaron de las tendencias al iniciar el día. Nadie sabrá la respuesta, pero de que esperaban una votación abrumadora que nunca llegó, no hay ninguna duda.

Un resultado patético para los promotores del referéndum, lo tuvieron en la casilla 4938 de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde al cierre de la jornada contaron que solo se utilizaron 46, de las mil 441 papeletas que les fueron entregadas. Es decir, apenas el 3 porciento del padrón electoral votó en dicha urna.

En Juárez, plaza gobernada por Morena, la respuesta a la revocación fue muy baja según los reportes que se emitieron en las 691 casillas instaladas. Contra todos los pronósticos y a pesar de la intensa promoción de los morenistas, la votación se comportó igual en el resto de la entidad.

En pocas de las 691 casillas instaladas en las secciones electorales de Juárez, se vieron filas de votantes, aunque durante la primera mitad de la jornada, eran más los adultos mayores que estaban acudiendo a votar.

Así lo confirmaron en la primera conferencia de prensa en Juárez, los coordinadores de la asociación civil morenista “Que Siga la Democracia”, Ulises García y Alejandro Pérez Cuéllar, quienes informaron que estimaban una participación de 30 mil personas hasta las 11 de la mañana, por lo que podían anticipar que al cierre de la jornada electoral llegarían a los 100 mil votos.

Es decir, 300 mil votos menos que los cantados en marzo, cuando sus pronósticos alegres les indicaban que la población se volcaría a las urnas y tendrían una copiosa votación.

Ese desaire al proceso en la frontera redujo también el registro de incidentes, salvo el reporte de varias mujeres en la colonia Galeana, que recorrían casa por casa invitando a las familias a salir a votar.

Una queja que predominó, aunque la autoridad electoral no la registró en el cuadro de incidencias, fue el hecho de que varios adultos mayores no aparecían en las listas nominales y eran enviados a otras casillas, hasta que optaban por desistir.

Otra queja, que evidenció desesperación de los morenistas responsables del proceso en Juárez, la hizo circular Ulises García a las 4:51 en un audio por redes sociales, donde denunciaba que en varias plantas de la industria maquiladora no estaban permitiendo salir a los trabajadores para ejercer su voto, violando con ello la Ley Federal del Trabajo.

Lo bueno es que lo dijo una hora antes del cierre de las casillas. Lo malo, es que de nada sirvió su lamento borincano. El desfasado promotor de la elección, hasta se atrevió a anunciar que los trabajadores harán la denuncia correspondiente “porque las empresas maquiladoras están contra la democracia”. Muy preocupados han de estar los ejecutivos de la industria, que ni vela tuvieron en el entierro.

Finalmente, a las 18: 30 horas, en la segunda conferencia de prensa ofrecida por la asociación “Que siga la democracia”, donde también estuvo Juan Carlos Loera y varios diputados morenistas, Ulises se quejó de que el INE realizó la elección con poca representación en las casillas, que los funcionarios de casilla no pudieron redireccionar a los que no aparecían en las listas nominales, que ubicaron casillas a largas distancias de la población, entre otras linduras.

La sesión de caras largas,  se convirtió en una catarsis para los responsables del proceso en la entidad, pero a pesar de todo, dijeron que Juárez sigue siendo lopezobradorista, porque el 80 por ciento de las 100 mil personas que votaron, se inclinaron a favor de que el presidente siga en el cargo.

Lo que no dijeron, fue cómo obtuvieron esos datos, cuando no hubo encuestas de salida ni conteos rápidos, porque el INE comenzó a reportar resultados hasta después de las 8 de la noche. Han de ser brujos.