Que el Estado de Derecho cobre vigencia es un eje que cruza transversalmente todo el Plan Estatal de Desarrollo en la actual Administración. En otras palabras, hay un compromiso por la legalidad.

Nadie por encima de la ley, se ha reiterado en el discurso público. De ahí que llame tanto la atención, la inacción oficial que muy específicamente ha caracterizado a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en torno a las denuncias sobre hechos presuntamente constitutivos de delitos que involucran al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, colaboradores y exfuncionarios.

¿Por qué no se aplica el Estado de Derecho y se resuelve en consecuencia respecto a las denuncias que han llegado hasta esa instancia para convertirse en carpetas de investigación?

El órgano jurisdiccional tiene no únicamente la posibilidad, sino la obligación de actuar para aclarar si hay o no responsables de los hechos de corrupción denunciados.

Tratándose de los dineros públicos que se les arrebatan a los más vulnerables, como los niños que sufren hambre en las escuelas o no tienen suficientes espacios dignos por culpa de los corruptos, no hablamos únicamente de una obligación legal, también se adquiere ahí una dimensión moral.

Actuar implica judicializar los casos, declarar el no ejercicio de la acción penal, acumular las carpetas o declinar las investigaciones.

Es inadmisible pensar que, si existen elementos para llevar ante la justicia a un personaje tan cuestionado como el alcalde Pérez Cuéllar, se haga a un lado el Estado de Derecho y se le pavimente el camino para que las arcas públicas se desangren otros tres años más.

Aplicar el Estado de Derecho también significa que la Fiscalía Anticorrupción se apegue a la legislación que la obliga a priorizar la atención a los casos de alto perfil y con los montos económicos más elevados.

Sin duda que ese criterio se cubre a cabalidad si se habla de las carpetas de investigación contra la Administración crucista, donde se denuncian presuntos desvíos por varios cientos de millones de pesos y se acusa nada más y nada menos que al alcalde del mayor municipio del estado.

Evitar el dolor evitable, es además la máxima que guía las acciones de la actual Administración.

Y nada puede ser más doloroso que las necesidades de miles de niños no resueltas porque los dineros que deberían destinarse a su atención, quedaron en los bolsillos de funcionarios, contratistas o intermediarios.

Si hay denuncias, sospechas e indicios de que existe una red de corrupción en torno a un presidente municipal que quiere la reelección, el desahogo de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción debería de ser su más alta prioridad.

¿Por qué no ha actuado el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín? ¿Existe complicidad o encubrimiento? ¿Será acaso que el fiscal le debe algo a Pérez Cuéllar?

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Entre los propios panistas de hueso azul se ha empezado a generar la percepción de que Cruz Pérez Cuéllar está recibiendo algún tipo de protección.

Algo no les cuadra cuando tienen enfrente una elección en condiciones de tanta desventaja frente a Morena, donde hay tanto dinero opaco de por medio, y donde el candidato a vencer está tan cuestionado y denunciado.

Incluso, quienes trabajan en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez no se explican esa inacción de la Fiscalía Anticorrupción.

¿Qué hay detrás de todo esto?, se preguntan. No les queda claro, pero se niegan a pensar que se trate de una apuesta deliberada de la Administración estatal.

Tampoco ven muy activos a los dirigentes del PAN y del PRI en torno al tema. Como si no fuera prioridad combatir la corrupción y recuperar Juárez al mismo tiempo.

Lo mismo ocurre en la arena del Congreso del Estado. Ni la más mínima presión se ejerce en la mayor caja de resonancia política para que actúe la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, parece que los distintos actores políticos vinculados al grupo gobernante, no se dan cuenta que, con sus omisiones e indefiniciones, a quien están dejando mal parada es a la gobernadora Maru Campos.

En Juárez, todos le están fallando a la mandataria. Ni cabezas, ni manos tiene aquí que le ayuden. Justo donde más se requiere de resultados, de operación política, y de aplicación de la ley.

A final de cuentas, en términos de percepción, quien pierde con esa inacción es la propia Administración estatal, aunque los responsables tienen nombre y apellido.

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El problema migratorio sigue en el limbo, tal y como lo están cientos de personas de origen extranjero a lo largo de todo el estado de Chihuahua y su solución, si es que se da, va para largo.

A esa conclusión llega Mirone, luego de la reunión que autoridades de los tres órdenes de Gobierno celebraron en las instalaciones de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, ahí en el Pueblito Mexicano, la mañana del miércoles.

Ya se la sabe. Se tomaron un cafecito, se aplaudieron y se echaron confeti. Cada uno de los participantes expuso sus “avances” en materia de seguridad y pues nada, nadita más pasó. Dicho en otras palabras, no se dieron a conocer medidas específicas para atender está problemática, al menos ante la opinión pública.

Por ahí por la reunión ordinaria de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, estuvo la nueva delegada estatal del Instituto Nacional de Migración, Esther Martínez Zúñiga, quien presentó un informe sobre las acciones para atender a los migrantes y los planes para combatir las consecuencias del tema migratorio en Ciudad Juárez.

Hubiera sido interesante que diera su versión sobre el operativo ocurrido el lunes pasado en la capital del estado, cuando los muchachitos a su cargo, golpearon a migrantes y amenazaron al reportero de un medio digital cuando cubría el operativo.

Por si fuera poco, acá en Juárez, denunciaron a través de redes sociales, que los elementos del INM se quejan de permanecer en condiciones infrahumanas, porque los están haciendo hospedarse, ¿dónde cree? En los albergues que fueron habilitados para migrantes.

Para acabarla, el Capitán Centinela, Gilberto Loya, nos viene con la novedad de que han identificado las zonas que representan un riesgo para los migrantes: la colonia Anapra, Jerónimo-Santa Teresa e incluso en la zona urbana, por la zona del monumento a la Mexicanidad, Zaragoza, Valle de Juárez, entre otros.

¡No le haga, secretario! Eso es sabido por hasta los que no viven en Juaritos. Anda años luz atrás, o, ¿cuál es el sentido de revolcar lo ya sabido como si fuera un notición? ¡Písele al acelerador, porque me lo van a dejar sin café y galletas en la próxima reunión!

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Si pensaban que el “pacto de caballeros” habría calmado las aguas guindas de Morena en Juárez, lamentamos decirles que no hay tal.

El hecho de que Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera hayan fumado una especie de “pipa de la paz”, eso no contempla a los grupos de base que siguen combatiendo lo que consideran imposición de candidatos por “dedazo” y la exclusión de la militancia de base.

Hasta los oídos de Mirone ha llegado el dato de que, si hubo esa pipa de la paz, que se cuiden entre ellos, porque los que han combatido la designación de candidaturas sin mediar un proceso interno apegado a los estatutos del partido, siguen en pie de guerra.

Comentan, por ejemplo, que ya no están dispuestos a “cuidar” el proyecto político del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien el 25 inicia su campaña para relegirse en el cargo.

Como es bien sabido, Pérez Cuéllar lleva delantera en las encuestas conocidas hasta ahora y ha impulsado candidaturas a alcaldías y diputaciones en diversos puntos del estado, pero también trae una larga cola para que le pisen en plena campaña.

Y los pisotones que se aprestan a darle con todo no solo son sus rivales prianistas, sino la misma corriente inconforme de su partido, que tenía otras propuestas que no fueron consideradas, pese a que en Juárez se juegan 35 cargos de elección popular, con sus respectivas suplencias, si se cuentan la Presidencia, las regidurías, la Sindicatura y las diputaciones locales y federales.

De toda esa andanada, poco o nada les quedó a las corrientes que venían pidiendo se respetara el procedimiento establecido en el estatuto morenista para seleccionar candidatos.

Si no dejan su impronta en este proceso, dicen, corren el riesgo de dejar mano libre a la administración crucista como para que haga y deshaga a partir de octubre próximo, cuando inicie, si es que gana, su segundo trienio.

Agárrense pues, morenistas, de base y los recién llegados, porque esto se va a poner muy bueno.