Se presentaron ante el Instituto Estatal Electoral para denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género.

Son candidatas en el proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras y actuaron ayer precisamente porque aseguran que sus candidaturas no se derivan de ser “esposas de”.

Como quiera que sea, le entraron a la grilla y están en medio de la polémica y el escrutinio público, junto a distintos nombres que, inevitablemente, son generadores de controversia política.

Nancy Escárcega Valenzuela, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y Diana Margarita Félix Sierra, candidata a magistrada en materia Civil, presentaron la denuncia particularmente en contra de la exconsejera de la Judicatura, Lucha Castro, pero también mencionaron al exgobernador Javier Corral y a un portal de noticias que presuntamente financia el hoy senador por Morena.

En esencia, se sienten agraviadas porque se les considere sin méritos para ser candidatas, se les descalifique y se les señale como extensiones o dependientes de un hombre.

“Que lástima el retroceso que significa que una mujer se preste para violentar, sobajar, menospreciar, disminuir, invisibilizar, atacar y victimizar a otras mujeres”, escribió en sus redes Félix Sierra sobre Lucha Castro, a quien acusan de difundir y reproducir contenido estereotipado, discriminatorio y misógino, con la intención de desacreditar su trayectoria.

Escárcega está casada con el diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez y Félix Sierra con el magistrado y consejero de la Judicatura, de reconocida militancia panista, Luis Villegas Montes.

Villegas Montes, entonces experto en materia electoral, se convirtió en magistrado Civil como parte de las negociaciones que César Duarte tuvo con el PAN en 2014 para concretar desde el Congreso del Estado una operación que se identificó como “oxigenación del Poder Judicial”.

Nancy Escárcega, máster en Políticas Públicas Anticorrupción, de acuerdo con su currículum, no tiene carrera judicial, ni amplia experiencia en la función pública, pero así se sometió al proceso de selección para llegar a la boleta electoral. Apenas había entrado al Poder Judicial en marzo del 2022. En su currículum informó desempeñarse como “Directora de Estadística Judicial” y ser integrante de la “Carrera Administrativa del Tribunal Superior de Justicia”. En portales oficiales de transparencia, el cargo aparece como “secretaria técnica, adscrita a la Unidad de Análisis, Medición, Estadística y Seguimiento del Distrito Judicial Morelos”.

Lo que desató las mayores suspicacias es que como parte de los movimientos de última hora rumbo al proceso electoral en el Poder Judicial, Escárcega fue enviada como provisional o encargada de despacho en una magistratura, esa jugada que abrió la posibilidad de mandar candidaturas directamente a las boletas electorales.

Ahora quiere llegar hasta el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano que deberá investigar y sancionar faltas graves de las personas juzgadoras, incluyendo a jueces y magistrados.

En el caso de Margarita Félix Sierra, quien es doctora en Derecho Judicial, sí tiene ya 22 años en el Poder Judicial, particularmente dentro de la Judicatura. Pasó por la aprobación de los Comités de los tres poderes.

No son ellas, sus esposos son lo que tienen un largo historial de sacar provecho en las negociaciones políticas.

A ver ahora qué sigue en el novelón en torno al proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras. Las denuncias ante autoridades electorales, apenas empiezan a acumularse.

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A propósito de los perfiles de la elección extraordinaria, encontró Mirone unos datos interesantes en la página del Instituto Estatal Electoral (IEE), dentro del micrositio de “Conóceles”.

En el análisis del total de las 886 candidaturas registradas, el mayor porcentaje corresponde a personas del rango entre 30 y 39 años de edad, ahora sí que en plenitud de la vida. Con algo de experiencia acumulada, pero, sobre todo, con mucho camino por delante.

Están en ese rango, 376 candidaturas. Enseguida está el segmento de 40 a 49 años. Los más experimentados suman 268 candidaturas. Hablamos en general de quienes aspiran a jueces y juezas, así como las magistraturas, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal de Disciplina Judicial.

El rango de los jóvenes queda en tercer lugar. Con edades de entre 21 y 29 años, se registraron y pasaron todos los filtros para llegar a las boletas electorales, un total de 105 personas. Nada mal. Antes de la Reforma Judicial, sería prácticamente imposible que alguien en ese margen de edad pudiera aspirar a convertirse en persona juzgadora.

Si nos vamos al otro extremo, en el rango de mayor edad, están compitiendo para los distintos cargos, 14 personas de 60 años o más. Seguramente tendrán bastante experiencia por aportar, si ganan la elección del 1 de junio.

Aunque por ley la mitad de los cargos los van a ocupar mujeres, sí hubo más hombres registrados. De las 886 candidaturas, 470 corresponden a hombres y 416 a mujeres.

En el cuestionario del IEE, 415 candidaturas respondieron un cuestionario de identidad y en 14 de los casos se identificaron como parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

En otra de las preguntas respondida por 411 candidaturas, 4 se identificaron como personas indígenas.

Ese es el perfil general de quienes buscarán quedarse con los 305 cargos en disputa. Son 270 espacios para jueces y juezas de primera instancia y menores, así como 30 magistraturas del Tribunal Superior y otras 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

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Después de muchos años de picar piedra y hacer talacha político-electoral, se le reconoció el mérito a Florencio “El Mono” Peña y lo subieron de rango en la estructura de Gobierno del Estado en Juárez.

El operador panista es el nuevo responsable de la oficina del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) en esta frontera.

Desde Palacio dieron el aval y de alguna manera le metieron cuña en Juárez al director del Ichife a nivel estatal, Luis Iván Ortega Ornelas, quien fue llevado a ese importante cargo en la capital del estado, cuando Raúl García Ruiz fue enviado como recaudador de Rentas.

Peña va a tomar el cargo que en Juárez tenía Mariana Valles, otra panista que se fue a seguir a su jefe en Recaudación, y fue nombrada como subrecaudadora.

Así que quedó el huequito y se abrió la oportunidad para El Mono Peña, quien había sido relegado de los cargos principales, aunque desde antes de la campaña del 2021, se había apostado con todo al proyecto y al equipo de Maru Campos.

Primero fue nombrado como jefe de un departamento en la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) y recientemente se había refugiado con Austria Galindo en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Finalmente, ahora se le entrega una responsabilidad mayor en un organismo descentralizado que maneja muchos recursos. En lo que resta de la administración, por lo menos, deberá de aplicar aquí unos 300 millones de pesos para obras de mejoramiento y ampliación de escuelas.

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Comentamos ayer aquí que algún vivillo estaba haciendo su agosto en abril, imprimiendo la CURP y sacando copias, afuera del Colegio de Bachilleres, donde cientos de estudiantes hacen sus trámites paras obtener las becas federales de los Programas del Bienestar.

Habíamos dicho que andaban por el Plantel 6, pero ayer Norte Digital los ubicó en el Plantel 5, el de Valentín Fuentes y Pedro Rosales de León.

La queja era que los abusivos cobraban hasta 50 pesos por impresión de cada CURP. Uno de los comerciantes reconoció nomás el cobro a 25 pesos de la impresión a color, aunque otro sí aceptó que el precio era de 40 pesos, incluyendo una copia a blanco y negro.

El caso es que la gente se había quejado por el abuso; ante eso, se apersonaron los inspectores de Comercio Municipal, quienes les retiraron del lugar y les echaron a perder su negocio.

Ya no supo Mirone cómo estuvo el enjuague, pero seguramente alguna conexión había entre quienes improvisaron el negocio afuera del plantel aprovechando la necesidad del trámite, y algún funcionario, si no de Bienestar, sí del Colegio de Bachilleres, donde no suelen dar paso sin huarache.

Por cierto, quienes también salieron con los bolsillos cargados, fueron los estudiantes que cobraron la beca. En la ciudad, unos 17 mil que se registraron en febrero, pudieron cobrar en estos días, así como pasó ayer en Bachilleres, sus 3 mil 800 pesos, correspondientes a los dos primeros bimestres del año.