Una desorganización bien organizada traían ayer los coordinadores de la logística de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua. Los responsables de la Secretaría del Bienestar para coordinar la agenda, los eventos y cobertura de la prensa, andaban ayer desorientados y perplejos, exhibiendo una novatez que este Mirone no se explica, por ser esta la sexta visita del jefe del Ejecutivo federal a la entidad.

Aún así, se andaban pisando las mangueras con los coordinadores del Gobierno del Estado, que tampoco daban pie con bola, ni siquiera en algo tan elemental en materia de organización, como lo es la acreditación de los medios y reporteros que cubrirán la gira y tendrán acceso a la conferencia de prensa que dará el preciso.

Los preparativos para la visita este viernes evidenciaron que persisten fuertes fricciones entre los equipos del delegado de Bienestar y de la gobernadora del estado. En los pasillos de Palacio fue muy criticado el hecho de que la dependencia que dirige Loera de la Rosa se amarrara con la información del itinerario presidencial, al más puro y rancio estilo del viejo Estado Mayor Presidencial, que ya no existe físicamente, pero persiste con sus ecos, usos y costumbres.

Lo que si llamó la atención fue que se desplegó un fuerte operativo en Palacio por parte de elementos de la Marina y del Ejército Mexicano, muchas horas antes del arribo del mandatario federal.  Esto tomó por sorpresa a los equipos de Palacio, debido a que hasta la tarde de ayer, no había confirmación de que el jefe del Ejecutivo federal fuese a acudir a la sede de Gobierno estatal.

El personal de Bienestar soltó la especulación de que la conferencia mañanera del presidente se realizaría en las instalaciones de la Quinta Zona Militar, como en pasadas giras, lo cual no fue confirmado oficialmente, esto como otra prueba más del celo que mantienen las dos instancias de Gobierno.

Pero mientras eran peras o manzanas, por la desconfianza masona de los morenos, el Estado se decidió a instalar una tarima y pódium para el presídium en el patio central de Palacio de Gobierno. Al fin de cuentas, si no se realiza en este punto, no pasa nada.

Hasta ya entrada la tarde de ayer, ni siquiera la vocera del Gobierno del Estado pudo corroborar que la mañanera o el encuentro con familiares de víctimas de la violencia, que figura en la escueta agenda, vaya a realizarse en Palacio estatal. Así de coordinados andan los morenos y los azules.

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En la conferencia que dará el presidente, habrá que estar pendiente de lo que dice respecto a las condiciones en que serán atendidos en esta ciudad los migrantes que sean devueltos al país dentro del programa “Quédate en México”, que el lunes pasado dio inicio en El Paso, Texas.

En la primera parte de este programa, suspendido en el 2020 por la pandemia, 68 mil migrantes inscritos de enero de 2019 a enero de 2021, se quedaron varados en todas las ciudades fronterizas del norte de México, donde padecieron hambre, frío, discriminación y persecución de los malandrines adscritos al crimen organizado, pero también del desorganizado y del que viste uniforme.

De los aproximadamente 68 mil participantes en los Acuerdos de Protección al Migrante, MPP, original, se ordenó la expulsión de más de 32 mil, se rescindieron sus casos a casi 9 mil y solo a 723 se les otorgó asilo o algún otro tipo de alivio migratorio. Los 27 mil restantes todavía tenían casos pendientes en la Corte de inmigración de EU, y esos habrá que sumarles los que lleguen en los próximos meses, en las tres caravanas que salieron de Centroamérica.

Si es de dominio público que la bronca de la atención de los migrantes ha sido siempre de las organizaciones de la sociedad civil y religiosas, que en ninguna frontera recibieron ayuda federal en la primera fase del “Quédate en México”, ¿qué pasará en esta ocasión, cuando la crisis económica por la pandemia les ha pegado muy duro a los benefactores de los albergues, como los de la frontera sur, que ya fueron rebasados por la ola migrante?

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Como si no fuera suficiente castigo para los juarenses el tener un fiscal de la Zona Norte ciego, sordo y mudo, porque nada ve, nada oye y nada quiere hablar sobre su trabajo, ahora tenemos que padecer también a la fiscal de la Mujer, Wendy Paola Chávez, que estrenó edificio, pero no nuevos modales, ni buenos modos para atender a las víctimas de violencia que acuden a la dependencia a su cargo.

En los últimos cinco días se han registrado cinco casos de mujeres golpeadas por sus parejas, que han acudido a la FEM para presentar la denuncia respectiva y, después de varias horas de espera, las han despachado sin atenderlas, porque no hay médicos legistas, ni sicólogas, ni ministerios públicos y tampoco ganas de cumplir con su función.

La (i)responsable de la Fiscalía de la Mujer y su inoperante e infructuoso equipo, olvidan que las mujeres que acuden a ellas van en busca de soluciones, no de complicaciones. Alguien debería de explicarles a estos funcionarios el significado del título de servidor público y darles, de pasadita, un curso de buenos modales, para que atiendan a las víctimas de la violencia con respeto y sensibilidad.

Si después de esto siguen en las mismas, este humilde Mirone, sin ser galeno ni mucho menos, les recomendaría ampliamente una dosis de Despendejatol, la de 500 miligramos, inyectado. De verdad que este fabuloso remedio ayuda a la activación de las neuronas y puede que hasta les favorezca en un cambio de actitud. Hasta ahora, ni mi Lord Carrasco ni mi Lady Wendy han dicho una palabra sobre las quejas contra la FEM, que han tenido que atender las organizaciones defensoras de los derechos de mujeres.

No cabe duda de que a este par de destacados personajes los hermana el silencio y la ineficacia, y los identifica, más que su vocación por el servicio público, su gran talento para seguir pegados al presupuesto sin que su trabajo dé resultados.

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Más allá del argumento que se ha estado manejando, en el sentido de que el servicio que brinda Poliplaza Médica a la burocracia municipal parece de interés social, o sea, pésimo, algunos hablan de turbios intereses que se están moviendo para que se les retire en definitiva el contrato y se busque otro proveedor.

Fuentes chismosonas del sindicato municipal informaron ayer a Mirone que el doctor Víctor Manuel Talamantes, regidor panista de la Comisión de Salud, está detrás de los arreglos para retirarle el contrato a Poliplaza y que le subroguen parte de los servicios a su negocio, “Clínica y Maternidad Las Torres”, ubicada en avenida Francisco Villarreal y calle Sorgo.

Algunos empleados sindicalizados dicen saber de esta maroma, porque el doctor Talamantes, que no es nada discreto, lo ha estado negociando también con el líder del sindicato Arturo Silvadoray. Por los últimos acontecimientos relativos a este tema, se deduce que el médico regidor ya le llegó al precio al líder sindical para que avale su propuesta de servicio.

Pero, aunque así fuera y estuviera todo planchado para favorecer al galeno panista, habría un pequeño problema, mismo que se podría transformar en lío o judicial si no se mete reversa: entregar el contrato a un regidor o funcionario municipal implicaría un conflicto de intereses que le metería mucho ruido al asunto.

Además de eso, usuarios del servicio argumentan que si Poliplaza Médica no pudo con este paquete, a pesar de contar con un hospital acreditado y médicos especializados, menos va a poder prestar un buen servicio una clínica de barrio que no cuenta con la infraestructura ni con el personal adecuado para proporcionar cientos de servicios que se requieren cada semana.