Dice el refrán “El infierno está empedrado de buenas intenciones”. Esa oración bien pudiera aplicarse al acuerdo que se realizó durante la reunión de la Comisión Edilicia de Gobernación celebrada el miércoles, en la que los regidores convinieron promover que se apliquen sanciones económicas a las empresas privadas y dependencias de Gobierno que dejen infraestructura en desuso en las calles o banquetas.
La intención de los ediles, es que se aplique el cobro de una multa de 3 mil 200 pesos a aquellas empresas o dependencias gubernamentales que tengan algún poste, cabina de teléfono o anuncio que estorbe el libre tránsito del peatón.
Según se dijo, esta medida no tiene un fin recaudatorio, sino que tiene que ver más con la limpieza de las calles y la movilidad. Y es aquí donde Mirone se empieza a preguntar, está bien que no tenga un fin de nomás agarrar centavos, pero mis estimados regidores si no le pegan al bolsillo a los desentendidos, pues menos les van a hacer caso para poner orden.
En esa sesión se planteó el problema que generan las cableras, que desde hace meses este medio les ha estado señalando sobre la manera irresponsable y cochina en la que trabajan, dejando el cablerío tirado en las calles, los cables colgando y poniendo en riesgo a los peatones en infinidad de calles.
Las compañías que se dedican a los servicios de televisión por cable, telefonía e internet, realizan sus instalaciones sin importar los riesgos que pueden provocar tanto a los transeúntes como a los automovilistas, ya que son cientos de kilos de cableados los que penden entre viejos postes de madera que ya no tardan en vencerse.
Tanto el regidor coordinador de la Comisión, Antonio Domínguez Alderete como sus homólogos Jorge Alberto Gutiérrez Casas, Enrique Torres Valadez y Ana Carmen Estrada García, deben hacer una propuesta de modificación ejemplar en el Reglamento de Ingresos para de una buena vez meter en cintura a ese grupo de empresas abusonas.
El problema es que los regidores piensan primero avisarle a la empresa, luego darle hasta tres semanas para que mueva su tiradero y hasta entonces si no lo han hecho, ya entrarle a la multa.
Señores regidores, si aplican la multa directo, créanme que en menos de lo que canta el gallo, los meten en cintura, porque de lo contrario, miren, por darles un leve ejemplo, en la esquina de las calles Simona Barba y Valentín Fuentes, diariamente los cables son jalados por vehículos y permanecen tendidos.
Allí duran y duran hasta semanas sin ser retirados, a pesar de ser una zona de gran tráfico vehicular y de personas, ya que por ahí caminan diariamente estudiantes de al menos cinco planteles cercanos ¿qué están esperando, que ocurra un accidente o una tragedia para actuar? Dejen de darle vueltas al asunto.
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Tremendo problema el que se armó la tarde del miércoles, luego de que se presentara un apagón que dejó sin servicio de agua a miles de familias juarenses.
Según la Comisión Federal de Electricidad, la falla se dio cuando un supuesto acto de vandalismo en una subestación eléctrica provocó que más de 90 colonias de la ciudad se quedaran sin agua ni energía eléctrica.
El apagón de la Comisión Federal de Electricidad dejó fuera de servicio a 70 pozos y 13 rebombeos según el reporte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, afectando directamente a 300 mil juarenses, es decir, una quinta parte de los habitantes se quedó sin servicio de agua y luz.
Todavía durante al mediodía del jueves, la JMAS y la CFE trabajaban en el restablecimiento del servicio en colonias aledañas al Centro Histórico de la ciudad y en el norponiente, aunque según la Jota Más —como ahora le dicen—, ya se había restablecido el servicio en un 95 por ciento.
Aparentemente, la avería se generó alrededor de las 17:00 horas del miércoles luego que hubo robo de cableado de una subestación de la CFE, según comentó el director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez pero no tuvo más información sobre el tema, ya que hermética como lo es la CFE, no le dio más datos.
Y es que cuando se dan afectaciones de este tipo, la cerrazón característica de la CFE, lejos de venir a dar una solución, solo da muestras de la insensibilidad que tiene para sus usuarios a los que ignora, y les hinca el diente cuando de cobros de servicio se trata.
Ahora bien, que no se hagan tarugos, porque esta situación de los apagones y bajones en la energía se ha venido registrando no desde hace días sino que son semanas, que tienen colapsada a media ciudad.
Al suroriente de a tiro hay colonias que no tienen agua debido a que no existe la presión suficiente para brindarles el servicio, hecho que la JMAS atribuye a los apagones, pero que la CFE se zafa y dice que son problemas propios de la Jota Más (J+).
Total que ambas dependencias se la pasan responsabilizándose mutuamente y el único gran perjudicado siempre es el usuario.
Ahora espérese a que lleguen los recibos, porque cuando se dan este tipo de fallas, no es raro que le metan caballo y le quieran cobrar cantidades que no corresponden, pero eso sí, en los cobros es en lo único que no fallan, siempre están puntuales en el buzón de su casa y si no lo paga a tiempo, pues ya sabe, lo dejan sin servicio.
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Cuando se autorizó el aumento a la tarifa del transporte público, autoridades y concesionarios se comprometieron a modernizar la flota vehicular y a introducir camiones nuevos en un plazo que no pasara del año en curso.
Sin embargo, la realidad les ha golpeado en la cara, pues ni gobierno ni particulares tienen para comprar una flota completa de camiones nuevos, ya sean sencillos o articulados, porque simplemente cuestan un dineral.
Una cotización enviada—y recibida—al Gobierno del Estado de parte de una armadora de camiones ubicada en China indica que un vehículo para transporte de pasajeros cuesta más de 4 millones de pesos, IVA incluido.
La empresa cotiza en 3 millones 483 mil 904.69 de pesos un camión para 29 + 1 pasajeros y de funcionamiento a base de gas natural comprimido. El IVA asciende a 557 mil 424.75 pesos, por lo que el total llega a los 4 millones 041 mil 329.44 ¡Por un camión! Y se necesitan al menos 100.
Eso no es todo: el tiempo de entrega son 100 días a partir del pago inicial, que es del 50% del valor total del vehículo.
Para entenderle: si el gobierno pagara hoy ese inicial, el proveedor entregaría el vehículo por allá de mediados o finales de octubre.
Y eso que estamos hablando del camión convencional, el de 29 pasajeros y un espacio adecuado para una persona en silla de ruedas.
Falta ver lo que cuesta un articulado para 36 pasajeros más un espacio para discapacitados: 7 millones 347 mil 505.35 pesos.
Son los de ese tipo los que se requerirían para una ruta troncal como la del BRT de Juárez o el Bowi de Chihuahua.
Hay otras cotizaciones que andan por las mismas, la más baja, de a 3 millones 800 mil, aunque también hay unas más elevadas, de a $ 4 millones 670 mil, por un camión ¡Uno solo!
Así que ya lo sabe, amigo lector, amiga lectora: la próxima vez que lea alguna declaración del señor secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, en la que diga que sí se va a renovar el parque vehicular del sistema de transporte, échele cuentas a ver si le alcanza. En una de esas y de lengua se echa un taco el señor.
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La ley que rige la operación del organismo descentralizado Pensiones Civiles del Estado es tan obsoleta que se está cayendo a pedacitos a punta de amparos.
Vigente desde el lejano año de 1980, la mencionada ley ya no aguanta un amparo más en contra de la prohibición de que las mujeres trabajadoras al servicio del estado inscriban a sus respectivos esposos como derechohabientes de esa institución.
Hasta ahora, las mujeres que promueven recursos ante la justicia federal para lograr que sus respectivos cónyuges reciban atención médica y hospitalaria en PCE han ganado, y con cierta facilidad.
No hay mucho margen para dónde hacerse, pues la segregación que de ellas se hace en la vetusta ley de 1980 ya no cabe en el marco constitucional del reformado artículo 1, el que establece que nadie puede ser discriminado, por absolutamente nada.
Vistas así las cosas, al Congreso del Estado no le quedará más que reformar esa ley, cuarentona como es, y apegarse a los criterios que han establecido los tribunales federales en materia de derechos de la mujer trabajadora y sus respectivas parejas.
Hasta ahí, bien por la justicia y bravo por la aplicación de la norma constitucional. Ahora falta ver de dónde saca PCE para atender a esa masa de usuarios.
Conservadoramente, se ha estimado que serían más de mil familiares de un igual número de mujeres trabajadoras las que se incorporarían al régimen de ese organismo.
A temblar la cartera, entonces, porque ya en la actualidad se gastan más de 2 mil millones de pesos en atención médica, y quién sabe cuánto más se vayan a requerir para cubrir a esos nuevos derechohabientes.
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Las buenas noticias también son noticias y de vez en cuando, de la misma manera en Ciudad Juárez se generan. Y vaya que es una buena nueva, porque con la inauguración de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juárez se coloca como el primer municipio que tiene una dependencia de este tipo en todo el país.
Y el asunto no es cosa menor, llamó la atención del Gobierno federal, cuyo titular envió en su representación y vino a apadrinar nada menos que a la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales.
La funcionaria federal agradeció al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar la cooperación con del gobierno a su cargo y la intención de esta administración por atender de forma prioritaria la violencia familiar y de género.
Ayer, mientras daban fe de lo que ha realizado la actual administración municipal en materia de atención a la violencia de género, Froylán Enciso Higuera, titular de la Unidad de Políticas Municipales destacó la labor del edil y le externó que tenía el reconocimiento del mismísimo presidente de la República, quien les instruyó a apoyarlo en todo lo posible.
La secretaria ejecutiva del SNSP destacó el logro ya que el tema de la violencia de género es de atención prioritaria y en lugares como Juárez, se requiere atención especializada.
Y el ejemplo que da este municipio fronterizo pone el cimiento para cambiar las formas de educación con las que el país fue criado o malcriado, según la óptica con que se mire el asunto.
La nueva Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, está ubicada en el Distrito Riveras, localizado en el fraccionamiento Riberas del Bravo.
Como cereza del pastel, la funcionaria federal felicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal porque más del 90 ciento de sus elementos han logrado aprobar los nada sencillos exámenes de confianza que aplica la Federación.
¡Quihúbole! Todos con sonrisa de oreja a oreja en el municipio, ya hacía falta un cariñito de la Federación para acá. Aunque estamos en la orillita, Juárez también es México, ¿qué no?