Entre la verdad jurídica y la verdad política, que se jodan los ciudadanos
Por mucho tiempo el gobernador, la Fiscalía y la defensa de la candidata llevaron al terreno político el asunto, como si esto no se tratara de un tema de impartición de justicia y certezas jurídicas, sino de un ingrediente más dentro de una campaña electoral.
Lo que debió haber sido un proceso para determinar si había o no responsabilidad por parte de una alta servidora pública –en un tema tan sensible para la ciudadanía chihuahuense– se convirtió en un circo mediático auspiciado principalmente por el Ejecutivo estatal, con sus reiteradas denostaciones públicas que presentaron ante los medios y ante la opinión pública a Maru Campos como culpable antes de enfrentar el juicio.
Lo único que se logró con esto es enturbiar y viciar el proceso, violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia, y dejando a los jueces con un margen de maniobra sumamente limitado para resolver unos asuntos con tanta política encima, y con una fuerte presión social en torno a su autonomía e imparcialidad para dar certezas y resolver conforme a derecho sin tomar en cuenta nada más.
El mismo proceso electoral, que en 2021 sustituye a dos de los tres poderes del estado, contamina el entorno judicial y siembra de incertidumbre el ambiente. Mirone sabe que a estas alturas cualquier resolución generará dudas y suspicacias sobre el accionar de los jueces.
Algo que es importante saber es que en esta audiencia de vinculación no está de por medio, en principio, la viabilidad de la candidatura de Campos, ya que aunque resultara vinculada a proceso por la Fiscalía estatal o por la Fiscalía Anticorrupción, Maru Campos podría seguir adelante con su campaña electoral. A menos de que se le imponga una medida cautelar de prisión preventiva justificada, al estilo Rosario Robles, su panorama no se complicaría en este sentido.
Otro punto importante es que en el horizonte de un posible enjuiciamiento (en caso de que se le vincule a proceso), por los tiempos procesales, dicho juicio no se llevaría a cabo sino hasta bien pasadas las próximas elecciones, lo que nos lleva a escenarios jurídicos que pueden incluir a una gobernadora electa vinculada que no podrá ser enjuiciada sino hasta que termine su mandato, o al de una candidata perdedora que tendrá que seguir con el proceso como cualquier mortal, jugándose en ello el ser declarada culpable o inocente de los cargos que se le imputan y el futuro de su carrera política.
También, desde el punto de vista político electoral, se vislumbran dos escenarios. El primero, el de una candidata que es vinculada a proceso y que tendrá en su contra esta situación durante la campaña (por más recursos que se puedan interponer para revertir esta resolución).
Los abogados saben que el hecho de estar vinculado a proceso no significa, necesariamente, ser responsable en la comisión de un delito. Sin embargo, para la mayoría de la gente puede verse de esta manera y esto sería utilizado al máximo por los demás contendientes en la campaña.
Otro escenario es uno donde la candidata no es vinculada a proceso, ni por la nómina secreta ni por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, uno donde la defensa logra que Maru Campos se mantenga lejos de un enjuiciamiento y en camino libre en su carrera por la gubernatura, vendrán más cuestionamientos, ahora en torno a que seguramente la justicia se habrá torcido para obtener tal resultado.
Cuando cada candidato crea estar autorizado para recomenzar la historia desde cero ya no será útil la estrategia de hacer evidente una persecución política, porque el manejo mediático de tal estrategia de campaña y de la defensa habrán agotado la capacidad de que la historia contada por el equipo de la candidata genere beneficios electorales. Centrada en demostrar que la justicia no la encuentra culpable, quizá no habrá logrado convencer a la sociedad de ser completamente ajena a los hechos que se le pretendían imputar. Pero esto solo las próximas semanas nos lo dirán.
De los más de 100 involucrados en el desvío de mil millones de pesos de recursos públicos, no llegan a la decena los que devolvieron el dinero y aceptaron los hechos, aunque ninguno de ellos quedó a disposición de un juez gracias al famoso criterio de oportunidad.
De estos mil millones desviados y extraídos del bolsillo de todos, estimado lector, solo se han recuperado aproximadamente 20 milloncitos. Con un fuerte discurso de combate a la corrupción y a la impunidad, el gobernador Corral ha demostrado con este caso, que cuando la impartición de justicia se cruza con los intereses políticos y electorales, no queda más que optar por politizar la justicia, aunque con ello se enturbien procesos y la ciudadanía no tenga ya ninguna posibilidad de saber si lo que se resolvió se hizo o no con verdad jurídica. Lo dicho, que se jodan los ciudadanos.
