Apenas Norte Digital había llamado la atención hacia la descoordinación que existe entre las Secretarías de Seguridad Pública Estatal y la Municipal en el tema de la vigilancia a través de cámaras de video y la ausencia de efectividad, cuando se soltó el diablo y civiles aporrearon a ocho de estos aparatos con intenciones que la autoridad todavía no alcanza a dilucidar.

Todo se dio en el contexto de la psicosis que generaron supuestas amenazas de ataques a distintos planteles escolares.

En torno al funcionamiento de la Plataforma Centinela y Juárez Seguro, como bautizaron a sus respectivas estrategias el Gobierno del Estado y el Municipio, respectivamente, representantes de la sociedad civil consideran que se ha realizado un gasto millonario que no se refleja en los resultados del combate a la delincuencia.

De hecho, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, advierten un crecimiento en el registro de delitos graves durante el primer semestre del 2024 en comparación con lapsos similares de 2023 y 2022, tales como homicidio, lesiones y secuestro.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) la instancia que reportó el saldo de la embestida contra los vigilantes electrónicos: fueron ocho los objetivos, cinco atacados con bombas molotov, un par con disparos y uno a martillazos; solo dos de los postes y cámaras sufrieron daños totales.

El Capitán Centinela, Gilberto Loya Chávez, aseguró que estos ataques son producto de la resistencia de los grupos delincuenciales que se sienten amenazados por la operación de las plataformas de vigilancia.

Sin embargo, por redes sociales, ciudadanos manifestaron su incredulidad hacia la efectividad de los sistemas de videovigilancia juarense, debido a que perciben sus resultados como pobres, ya que los delitos y riesgos que asolan a la población continúan vigentes.

Basta mencionar el temor desatado por las amenazas de ataques a escuelas, después de la masacre cometida en una fiesta de quinceañera que dejó a cinco personas muertas, cuatro de ellas menores de edad. Algunos de los planteles de plano suspendieron clases ante la desconfianza de que las autoridades puedan impedir una eventual arremetida.

Ahí es cuando los juarenses se preguntan: ¿Y las cámaras, apá? ¿Por qué si se trata de sistemas eficientes y hay miles de aparatos instalados a lo largo y ancho de la frontera, no han dado con los criminales que mataron a las víctimas de la quinceañera? ¿Cómo es posible que con esta avanzada tecnología y los sistemas de inteligencia no se pueda prever que individuos se agrupan para llevar a cabo este tipo de agresiones?

En fin, son demasiadas las incógnitas que permanecen en el consciente de los fronterizos, quienes a estas alturas del partido todavía se persignan cada vez que salen de sus casas a realizar sus tareas cotidianas para traer consigo la protección espiritual, porque la terrenal nomás no da el ancho.

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Muy buena polvareda se armó en la capital del estado con las declaraciones de la diputada Brenda Ríos, quien se le fue a la yugular al cártel inmobiliario, responsabilizándolo de violentar las normas de construcción y desarrollo urbano en torno al boom de fraccionamientos que están devorando los cerros de Chihuahua.

Todo empezó con el desgajamiento que las lluvias generaron recientemente en la ladera de un cerro donde se construyó el fraccionamiento Monte Xenit, muy cerca del circuito universitario.

Las casas ahí están recién construidas y vendidas, listas para habitarse, pero varias se quedaron sin patio y estuvieron a punto de colapsar cuando la tierra se llevó un muro de contención hecho de piedra.

Ahí y en otras zonas, como la de El Reliz o La Cantera, en la parte poniente del Periférico de la Juventud, se vive un boom constructor con viviendas que no bajan de los 3 millones de pesos, donde activistas y ambientalistas han denunciado la ausencia de estudios de impacto ambiental, pero también de mecánica de suelos y de control de escurrimientos pluviales, lo que genera situaciones de riesgo.

Luego de que ocurrió el peligroso derrumbe, la legisladora de Morena que antes fue del Partido Verde, publicó un video en donde señaló que lo sucedido era una muestra más de la corrupción del cártel inmobiliario, al que pertenecen las principales constructoras, pero también los funcionarios que las protegen.

“En Chihuahua, valen más los negocios que la seguridad de tu familia. Ahora resulta que apenas el alcalde Marco Bonilla solicitó un peritaje y el estudio de mecánicas de suelo, cuando claramente esto debe de existir previo a la aprobación de nuevos desarrollos”, dijo la legisladora neomorenista que también ya fue delegada de Semarnat en Chihuahua, allá en tiempos de alianza entre verdes y tricolores.

Ríos anunció que llevaría el tema al Congreso del Estado para exigir explicaciones al alcalde y conformar una comisión especial investigadora de lo que está pasando en ese rubro, ya que –insistió– hay muchos intereses en juego, se ha estado violentando la ley “y es un problema gravísimo que tiene varias administraciones donde comenzó la notoria corrupción en la construcción”.

“No esperemos a que el cártel inmobiliario tome vidas, antes de tomar acciones”, advirtió.

Luego, en una rueda de prensa, cuando se le pidieron nombres para identificar a las empresas señaladas, dijo que eran 3 o 4 las principales, aunque únicamente llamó a CTU por su nombre. En general, las acusó también de manipular el mercado para encarecer la vivienda en perjuicio de los ciudadanos.

Ante la polémica, el Municipio de Chihuahua debió salir con un posicionamiento público. Como siempre, para la autoridad todo está bien y todo se hace cumpliendo la ley.

Aseguraron que hay transparencia en los permisos y autorizaciones, por lo que “nos extraña que siendo una información muy accesible, se distraiga el valioso tiempo de las sesiones del Congreso de Chihuahua en esto, cuando suponemos que también podrían solicitarnos información sobre lo que se requiere para mejorar la vida de los chihuahuenses, como gestionar que se reactiven fondos federales para atender mejor la seguridad pública, que las obras de infraestructura vengan al estado y no solo al sur, y otros por el estilo”.

La Administración informó que todo fue debidamente autorizado por el Ayuntamiento y hasta balconeó a los regidores morenistas y del Verde que aprobaron ese y otros fraccionamientos, como se hace acá en Ciudad Juárez, en paquete y en fast track.

Fue lo primero que pensó Mirone cuando la diputada puso el tema sobre la mesa: bien podría darse una vueltecita por Juárez para investigar cómo la administración morenista impulsa al por mayor los cambios de uso de suelo y cómo se autorizan fraccionamientos sin estudios de impacto vial o incluso en zonas inundables.

El cártel inmobiliario controla todas las plazas. O, dicho de otro modo, todas las ciudades tienen su cártel inmobiliario, aunque las empresas más poderosas están en varias ciudades. 

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Aunque a nivel nacional ya los suficientes Congresos estatales votaron a favor de la Reforma Judicial para que pueda ser publicada y luego cobre vigencia (con 17 de los 32 estados es mayoría), en Chihuahua se armó buena grilla con el tema.

El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano hicieron mayoría en la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política para que ni siquiera se incluyera la discusión en el orden del día de la sesión de ayer.

La minuta de decreto fue enviada por el Senado al Congreso del Estado desde el mismo miércoles y fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Lizzy Guzmán.

En voz de su coordinador Alfredo Chávez, el grupo mayoritario del PAN argumentó que sería ilegal discutir y votar la minuta porque existen amparos en contra del proceso legislativo de la reforma, tema sobre el cual está pendiente que un juez otorgue o no la suspensión definitiva.

Por el lado de Morena, el coordinador Cuauhtémoc Estrada, dijo que cualquier decisión desde el Poder Judicial estaría en este caso violentando la Constitución, ya que un juez de Distrito no tiene competencia en un proceso legislativo.

“No vamos a discutir el tema hasta que no se resuelva la suspensión”, aseguró Chávez, mientras que Estrada dijo respetar que no estén de acuerdo y voten en contra de la reforma. “Pero no aceptemos que un juez de Distrito venga detener un proceso que nos corresponde como órgano legislativo”, señaló.

El caso es que no hubo discusión en tribuna y hasta el momento el Congreso de Chihuahua oficialmente no se pudo manifestar a favor o en contra de la minuta enviada por el Senado.

Para cuando se discutía si el tema se agendaba o no, ya los Congresos de Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Colima, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Campeche, Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero y Puebla habían dado el sí, con su mayoría morenista y aliados de la 4T.

En Querétaro también se discutió, pero allá se votó en contra.

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Antes de que se desatara ayer la grilla en el Congreso del Estado, los diputados tuvieron que cumplir con el pendiente de la declaratoria de conformación de los grupos parlamentarios que integrarán la Sexagésima Octava Legislatura, así como la integración de la Junta de Coordinación Política (JCP).

La Junta de Coordinación es clave en la vida interna del Congreso porque es a final de cuentas donde se toman las decisiones importantes sobre la agenda legislativa y los acuerdos partidistas.

Para conformarla, primero se tuvo que validar la integración de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Morena, PT y Movimiento Ciudadano. El Verde no tiene grupo porque nomás alcanzó una diputación, pero sí se metió a la JCP.

El caso es que se acordó el reparto y la Junta se integró con cada coordinador parlamentario con voz y voto: José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Cuauhtémoc Estrada Sotelo (Morena), Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI) y Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC), además de Octavio Javier Borunda Quevedo (PVEM).

Resulta que los socios de la franquicia del PT todavía no se ponían de acuerdo y no se había decidido quién de las dos diputadas, América Victoria Aguilar Gil e Irlanda Dominique Márquez Nolasco, se quedaría con la coordinación y por lo tanto con el voto de la Junta de Coordinación. Como quiera, las dos entrarán en ese grupo.

De igual manera, tienen espacios todos los subcoordinadores, pero sin voto y con pura voz: Saúl Mireles Corral (PAN), Magdalena Rentería Pérez (Morena), Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez (PRI) y Alma Yesenia Portillo Lerma (MC).

También se integra a la Junta de Coordinación Política quien preside la Mesa Directiva, aunque sin voto, en este caso Elizabeth Guzmán Argueta (Morena), quien ayer volvió a pagar su novatez en la conducción del Congreso, justo cuando el ambiente se puso más álgido por los desencuentros previos en el tema de la Reforma Judicial.