Como suele pasar, el negocio es lo único que les importa. Así se exhibieron ayer las representaciones formales de varias agrupaciones gremiales de constructores, arquitectos e ingenieros, quienes salieron a criticar que se haya suspendido la construcción del puente elevado sobre la Vicente Guerrero, en el Centro Histórico de la ciudad.

Afirman que debe de prevalecer el compromiso con el futuro de la ciudad por encima de cualquier consideración, pero, por lo que mostraron, la única consideración que cuenta para ellos es la del dinero que tiene que ver con los contratos de obra y el recurso público que se dispersa a quienes andan en ese giro.

Así se vieron, tanto en su desplegado, como en la conferencia de prensa que encabezó Vicente López Urueta, quien trabaja por los proyectos de la Presidencia desde el Consejo de Planeación, igualito que lo ha hecho Roberto Mora Palacios desde el IMIP.

Claramente, sus intereses no están en lo que es mejor para la ciudad, sino para los negocios que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, la gestión del suelo y la construcción, tanto de obras de infraestructura, como de proyectos residenciales o de la industria.

Los constructores, arquitectos e ingenieros no fueron capaces de articular argumento alguno a favor de su postura en cuanto al fondo del asunto, el que tiene que ver con la preservación del patrimonio cultural e histórico del centro fundacional de la ciudad.

Como si no fuera importante recuperar y mantener lo poco del Centro Histórico que queda, fundamental para la convivencia social y la apropiación de los espacios públicos, conforme a todas las tendencias nacionales e internacionales que protegen sus centros fundacionales, privilegiando la peatonización, la conservación de los pequeños negocios tradicionales y los lugares históricos que pueden constituirse además en una oferta turística.

En verdad resultó vergonzoso que defiendan la construcción de una invasiva estructura de concreto, únicamente porque se trata de una inversión millonaria.

De plano, no han entendido nada. O, mejor dicho, fingen demencia porque nadie se opone a una inversión o a una obra nadamás porque sí. La ciudad necesita inversión y obras de infraestructura urbana que resuelvan sus enormes problemas de movilidad. Nadie ha discutido eso.

El hecho es que la construcción se había proyectado e iniciado, sin tomar en cuenta ningún criterio urbanístico y hasta violentando diversas leyes y planes de desarrollo. 

Pero hoy que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hizo lo que debió de hacer antes, luego de las gestiones del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, acusan politiquería, aunque no dejan de defender la posición política y el proyecto del alcalde.

Pagan también otra factura. No hay que olvidar que una de las agrupaciones, el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez recibió recientemente un subsidio municipal de 2.2 millones de pesos para pagar los bailes, cenas, rompehielos y hasta conferencistas de la 46 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles que se realizó en esta frontera.

Pero según los representantes gremiales, “el cambio de Juárez no debe frenarse”, y la orden de frenar esa obra que era ilegal, “es un ejemplo de las decisiones que frenan el avance de la ciudad”.

Ahí quedó para la posteridad su exhibición pública en torno a lo que verdaderamente los mueve. No es su preocupación por la ciudad, menos la solidaridad con los comerciantes afectados en el primer cuadro.

Tampoco dicen nada de la verdadera solución al problema de movilidad, esa que tiene que ver con la reubicación de las vías del tren, para sacarlas completamente del centro. Una obra de mucho mayor calado. Pero esa obra no les importa porque es a largo plazo.

Ni la historia, ni el futuro de la ciudad y de las nuevas generaciones los nueve. Su único motor es recibir lo que sea, aunque se trate de migajas, de los 400 millones de pesos de la obra y quedar bien con quien impulsa ese proyecto y seguirá definiendo presupuestos y contratos de obra pública local, al menos durante otros tres años.

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Desde que el domingo pasado se echó a andar de nueva cuenta el BRT-1 o Primera Ruta Troncal, le llamó la atención a Mirone que no se aparecieron los concesionarios en el evento.

De alguna forma han sido invisibilizados en esta etapa, aunque sabemos que a los magnates del transporte público siempre les ha gustado tener la sartén por el mango.

Sin embargo, supo Mirone que andan más que contentos. Resulta que les pusieron todo en charola de plata a la hora de cuadrar el esquema de operación y no los desplazaron del negocio.

El Gobierno del Estado tramitó los créditos y compró los camiones. Por medio de la Operadora de Transporte Vivebús, la misma que opera la troncal en la capital, se tiene el control del recaudo, de la programación de los recorridos y de los gastos de operación, como lo es el combustible y el mantenimiento de los camiones, además de toda la infraestructura.

Todo lo pone el estado, salvo a los choferes, que los contratan los concesionarios. Incluso la capacitación previa la absorbió la Administración estatal.

La Operadora tiene a su cargo la planeación, administración, vigilancia y control del sistema de carril confinado, tal como lo hace con el mismo modelo de movilidad en la ciudad de Chihuahua.

Con los concesionarios se resolvió el esquema de negocio poniendo un costo de kilómetro recorrido por cada camión. Y sobre esos números se les está pagando a quienes controlan la troncal, los transportistas que fundaron empresas como Lazos 5 Puntos y Ceiba, las que ya le habían atorado en el BRT-2 y en la pretroncal Gómez Morín.

De la Primera Troncal quedó fuera el polémico representante de la fracasada Intra,  Raúl Rodríguez Santillanes. Sin embargo, supo Mirone que hasta él anda contento porque le dieron como premio de consolación varias más concesiones para meter camiones a rutas muy rentables, como la 1-A y la Universitaria.

Además, los poderosos transportistas traen por otro carril el negocio más rentable de todos, el del transporte especial para la industria maquiladora, esa que mueve más de 4 mil unidades todos los días.

Ese negocio, aunque opera con mucho descontrol, no lo ha tocado el Gobierno, así que todos felices y contentos.

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Se supone que esa es una de las funciones trascendentes de los diputados, además de legislar, analizar y aprobar los presupuestos públicos para que el dinero de todos se ejerza de la mejor manera posible y se priorice el gasto.

Por eso llama la atención la forma en que suelen ignorarse las propuestas de los legisladores a los proyectos enviados por el Ejecutivo estatal, tal como pasó ahora en el Paquete Económico 2025, particularmente en el Presupuesto de Egresos.

Por cuestiones de color partidista, se guían esas definiciones que podrían ser importantes para problemáticas específicas que impactan a esta frontera.

Un ejemplo concreto que se rechazó por la mayoría, fue la reserva para reasignar 11 millones de pesos de la Fiscalía Anticorrupción (ya que pidió un incremento del 60 por ciento) para un fondo especial que pueda atender la problemática migratoria ante los amagos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Aquí los hemos dicho de distintas maneras. Los tres órdenes de Gobierno deberían estar tomando ya las previsiones necesarias para lo que pueda venir, tanto en materia migratoria, como económica.

En la discusión del presupuesto, hubo también otra reserva para destinar de los 107 mil millones de pesos que finalmente se aprobaron para el 2025, nada más mil 500 millones para la ampliación y modernización de las rutas alimentadoras en Juárez, donde hoy está el gran problema del transporte. También se votó en contra.

Lo mismo pasó con la propuesta de redirigir 11 millones de pesos al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que en Ciudad Juárez simplemente no se la acaba con tanta problemática. Igual con los 15 millones que se pidieron mover del programa de enlaces interinstitucionales hacia infraestructura para pueblos originarios.

En otro caso, con una cifra más considerable, de 606 millones se dijo que no, a destinar ese recurso para la pensión a personas con discapacidad, de entre 30 y 64 años.

Esos fueron algunos de los puntos, aunque a final de cuentas sumaron unas 30 reservas las que pidió el Grupo Parlamentario de Morena, las cuales fueron bateadas, y eso que los guindas sí se sumaron a las reservas planteadas por otros colores, siempre y cuando se tratara de redirigir recursos a programas prioritarios para grupos vulnerables.

En general, PAN, PRI, Verde y una parte del PT, particularmente la diputada América Aguilar, estuvieron votando en paquete en cuanto a las reservas. Movimiento Ciudadano con sus dos votos y bajo la coordinación de Francisco Sánchez, sí le concedió el apoyo en algunos casos a la fracción de Morena.

O sea que, aunque hubo acuerdo inédito de Morena y PAN para sacar el dictamen sobre el voto popular para la elección de juzgadores en Chihuahua, no quedaron todos tan contentos en cuanto a la forma en que se operó la aprobación del Paquete Fiscal, sobre todo en relación a la reasignación de recursos.

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Finalmente, se confirmó la agenda previamente anunciada por la presidente Claudia Sheinbaumn Pardo, para su gira de dos días por el estado de Chihuahua.

Tendrá dos eventos públicos el próximo fin de semana, luego de que decidió recorrer principalmente los estados fronterizos para revisar con los Gobiernos locales lo que puede venir con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

Primero estará el viernes en la Sierra Tarahumara. El evento se agendó a las 14:15 horas, en la comunidad de Mogóvato en Urique. Ahí se realizará la firma de decretos de reconocimiento de propiedad comunal tradicional de tierras a comunidades Rarámuri, además de que se realizará una evaluación del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

El segundo día, el sábado, es cuando andará por Juárez. No se tenía contemplado, pero sí habrá a las 10:00 horas acto protocolario de inauguración del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Pensaba Mirone que ya eso lo dejarían pasar por tantas visitas presidenciales anteriores y, sobre todo, porque todavía es hora de que el hospital no está funcionando al cien. No acaban por habilitar todas las áreas para especialidades, ni está la plantilla de médicos completa. Traen todavía su buen relajo.

Así está hasta ahora la agenda pública, pero se supone que el interés principal se encuentra en la Mesa de Trabajo que aquí se deberá establecer para tomar las previsiones ante el impacto que puedan generar las nuevas políticas estadounidenses en materia arancelaria y de migración, especialmente.

En la información que se hizo pública, no se consideró nada del otro gran pendiente de la presidenta Sheinbaum, quien comprometió el arranque del Sistema Nacional de Cuidados Infantiles en esta frontera.