Si el malogrado candidato a gobernador, Enrique Serrano Escobar, pensaba que le habían dado una beca para echar grilla con el nombramiento que le dieron, de titular del Consejo Estatal de Población, ¡qué equivocado estaba!

Empecemos por decir que, beca, lo que se llama beca, ni de broma, la Coespo es una de las dependencias con más bajo presupuesto de toda la Administración pública estatal.

Son apenas 20 millones 223 mil 309 pesos al año los que le dieron de presupuesto para el 2025, que son algo así como un millón 685 pesotes al mes.

De ese dinero debe sacar para los gastos propios de la dependencia, léase sueldos, gastos diversos y un largo etcétera.

Luego, tendrá que hacerlo de chicle para estirarlo lo más que pueda y le alcance para la nueva función que les ha dado la gobernadora Maru Campos: hacerse cargo de la (mega) crisis migratoria que se avecina.

Ya Maru está cantado: aquí no se van a quedar los migrantes deportados, aunque no especificó si la instrucción va para todos o nada más para los extranjeros. No está de más recordar que los nacionales tienen derecho a quedarse de por vida en el estado, como mexicanos que son.

Pero volviendo al punto, ¡menuda bronca que se le avecina al exalcalde de Juárez! Nada más es atender a los expulsados del “otro lado”, darles una bienvenida digna, como dijera la máxima autoridad del Estado, a ahuecar el ala.

Tendrá que sacar sus buenos oficios el Mr. Serrano para no verse como el sheriff Arpaio o una muy discreta réplica del gobernador de Texas, Gregg Abbott, echando migrantes a diestra y siniestra.

Y bueno, a todo esto, vale preguntarse, ¿en dónde quedaron todos esos exhortos que hicieron los diputados panistas al Gobierno Federal para que le diera a los migrantes indocumentados un trato de dignatarios extranjeros? Nada más hay que leerlas para ver que poco les faltó para que le pidieran a la 4T que los hospedara en hoteles cinco estrellas con servicio a la habitación.

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Eso de dar marcha atrás al cobro de un punto porcentual adicional al Impuesto Sobre Nóminas sí que va a doler, aunque no necesariamente va a costar.

Mirone tratará de explicarse: el secretario de Hacienda, José Granillo, explicó que ese 1 por ciento que le iba a agregar a las empresas con mayor número de empleados –y por consiguiente, las más grandes– tenía un destino específico, que era un fondo para infraestructura.

Al no cobrarlo, porque el Gobierno tuvo que recular ante el verdadero “motín a bordo” que levantaron los organismos empresariales, pues se quedarán sin esos mil 800 millones de pesos que esperaban cobrar por ese concepto.

De entrada, asustó el hecho que, de buenas a primeras, la Administración estatal tuviera que perderle el cariño a tal cantidad de dinero, que supera con mucho el presupuesto de varias dependencias estatales.

Lo primero que se vino a la mente fue de dónde sacarían para cubrir ese cráter financiero que se abría con la renuncia de cobrar un 4 por ciento de ISN a las empresas grandulonas.

Granillo explicó que “no hay problema”, porque ese fondo no formaba parte del Presupuesto de Egresos. O sea, no le va a pegar al dinero que se va a gastar en educación, salud, seguridad pública y el largo etcétera que viene con todo ello.

Hasta ahí, todo en calma, lo malo es que debemos olvidarnos del mentado “plan de infraestructura” y pues, a ver de dónde sale para construir carreteras, puentes, hospitales y demás.

Pobre Chihuahua, si de por sí la Federación lo tiene en el olvido, ahora tampoco tendrá su Fondo de Infraestructura.

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La Cámara de Senadores envió el pasado 23 de diciembre un “regalito” de Navidad anticipado a los Congresos estatales, para que hagan las modificaciones a sus leyes electorales de modo que dejen de hacerle al vivo y respeten a la hora de registrar y autorizar candidaturas.

Mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-3216.6, la Cámara Alta del Poder Legislativo solicitó a los 32 Congresos locales del país que, en el ámbito de sus competencias, legislen respecto de acciones afirmativas en materia electoral.

¿De qué se trata todo esto? Poca cosa: reformar la ley electoral de cada estado para que en cada una de ellas se asegure la participación de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual.

También se deben establecer mecanismos legales que eviten que esas candidaturas sean usurpadas por personas que simulen pertenecer a esos grupos vulnerables.

Este último párrafo debió doler, porque han saltado a la luz un montón de casos en donde el candidato tal y cual se hacía pasar por indígena, o afromexicano, o de la diversidad sexual, nada más para hacerse del cargo y ayudarle al partido que lo postula a que llene ese requisito.

Aquí en Chihuahua, vamos lentos, la verdad. A duras penas tenemos una diputada perteneciente a los pueblos originarios: Edith Palma Ontiveros, a quien, pese a esa pertenencia, le negaron la presidencia de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas.

¡Vaya que somos incluyentes!