Un deshonroso segundo lugar en delitos sexuales y violación a nivel nacional ocupa el estado de Chihuahua. Por cada varón que es víctima de esta figura delictiva, 11 ataques son contra mujeres.

Por esta razón, la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda, presentó una iniciativa con carácter de urgente para agravar los delitos de violación y cualquier tipo de abuso sexual donde el agresor drogue o suministre a la víctima alguna sustancia psicotrópica en contra su voluntad y sin su conocimiento.

De acuerdo con los datos que presentó la líder del Congreso, actualmente el 17 por ciento de las agresiones sexuales están relacionadas con casos de consumo involuntario de sustancias que anulan la voluntad de la mujer. Generalmente cuando esto ocurre, la víctima se considera culpable y piensa que no hay delito que perseguir, lo que genera un estado de impunidad donde el abusador se siente con la libertad de seguir atacando.

A nivel federal, esta conducta ya se considera una agravante de los delitos sexuales, por lo que su incorporación en el Código Penal del Estado se considera de extrema urgencia.

De enero a octubre de 2021 se registraron 2 mil 747 denuncias por delitos sexuales en Juárez, cifra que es superior en un 21 porciento a la que tuvo la ciudad en mismo período en el 2020, según datos aportados a la Plataforma Nacional de Transparencia por la fiscalía general del estado.

De acuerdo con esos números, el delito de violación es el segundo que más se comete en víctimas cuyas edades oscilan entre los 15 y los 29 años de edad.

Es de esperar que por tratarse de un delito que, al igual que el homicidio, se mantiene al alza, la iniciativa de la diputada Bujanda se acelere y apruebe, para que se hagan las modificaciones respectivas a la ley punitiva y se castigue a tanto violador que anda suelto. 

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Para el académico e historiador argentino Cristian Iturralde, México puede resistir la expansión de la agenda neomarxista y de la izquierda que se está dando en Latinoamérica, porque tiene dos bendiciones: la Virgen de Guadalupe y la gesta Cristera.

Así lo dijo el lunes pasado durante la conferencia “La Leyenda Negra: Mentiras contra el cristianismo y la hispanidad”, que impartió en el Museo Semilla de la ciudad de Chihuahua, como parte de los festejos del undécimo aniversario de la asociación civil Conciencia Social.

La organización social chihuahuense, que lucha por el respeto a la vida y en contra del aborto, que no comulga con la ideología de género porque considera que destruyen el núcleo familiar, como los matrimonios homosexuales, ha realizado marchas, caravanas, concentraciones y conferencias para exigir que se respete la vida y la familia en Chihuahua.

A Conciencia Social se le vincula con organizaciones y liderazgos de ultraderecha y una de sus cruzadas exitosas más recientes fue contra “el decreto antifamilia, aprobado en la anterior Legislatura, que buscaba elevar a rango constitucional el libre desarrollo de la personalidad”.

Fue esta organización la que desarrolló y auspició varias acciones de presión social, como cerrar simbólicamente el registro civil, levantar firmas e interponer amparos, para que se regresaran las palabras “padre” y “madre” a las actas de nacimiento del estado de Chihuahua.

En su participación ante la clase conservadora de la capital del estado, el argentino Iturralde advirtió que, ante la imposición continental de la agenda neomarxista, “es apremiante contrarrestar su narrativa propagandística de izquierda que desde Argentina se expande a toda Latinoamérica.”

Como parte de los festejos, la diputada local Marisela Terrazas recibió un reconocimiento por su trabajo legislativo en favor de la vida, precisamente cuando tiene pocos días de haberse estrenado como madre de familia.

Recientemente, la diputada panista se pronunció en contra de que el Gobierno Federal grave las golpeadas finanzas de los colegios particulares de Chihuahua, así como en favor de fortalecer los programas para la educación de los jóvenes y que ayuden a frenar la deserción escolar.

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Este día será la comparecencia de los secretarios de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, y de Salud, Fernando Sandoval Magallanes, ante la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado.

El lunes pasado les tocó el turno a Jesús Granillo, titular de la Secretaría de Hacienda y a María Angélica Granados Trespalacios, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, quienes desahogaron su audiencia sin pena ni gloria.

La presentación del responsable de Seguridad Pública es trascendental por el clima de inseguridad y violencia que prevalece en la entidad, tema que el próximo viernes será abordado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Juárez.

Durante su reunión con el jefe del Ejecutivo federal, Maru le solicitará más recursos para atender la inseguridad que tiene los más altos indicadores en Juárez.

El tema de salud también será agendado en esa reunión por el riesgo que representa el número de contagios en aumento, principalmente en la ciudad capital, que ya hacen temer un retroceso a color naranja en el semáforo epidemiológico.

Sandoval Magallanes planteará en su comparecencia ante la comisión legislativa, las limitaciones que el presupuesto actual impone para contener los nuevos brotes, en una población que ha relajado las medidas sanitarias.

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Tremendo oso hizo en el Congreso del Estado la diputada morenista Rosana Díaz, al subir una iniciativa para que la ley de vialidad castigue a los guiadores y no a los vehículos.

La inocente y bisoña legisladora ignora que cuando los agentes viales detienen a un ebrio conduciendo, lo sacan de circulación junto con su unidad, por el peligro que representan para el público, y luego su vehículo se queda a resguardo en los corralones oficiales en garantía del pago de la multa correspondiente.

Lo mismo pasa cuando, en un choque, el responsable del mismo carece de seguro que garantice el daño causado a un tercero y debe ir a una celda mientras su automotor queda confiscado temporalmente.

Resulta absurda, ingenua y fuera de toda lógica, la propuesta de la güera Díaz, cuando dice que la retención por parte de la autoridad del vehículo del infractor es meramente recaudatoria, lo cual rompe con la idea de una sanción administrativa, que no debe tener como prioridad obtener un ingreso para el Estado.

Alguien debe recomendarle un buen asesor que le diga a Rosana que ya no está en un estudio de televisión, donde muy frecuentemente se le iban las cabras al monte y decía cada barbaridad al tratar de comentar o analizar una noticia.