El dato es frío, pero contundente: el 70 por ciento de los días del año, Ciudad Juárez rebasa, aunque sea mínimamente, los niveles permitidos de micropartículas que flotan en el ambiente.

Esto significa que 255 de los 365 días del año, los pulmones de los fronterizos se ven obligados a lidiar con una variable carga invasiva de polvo fino que invade las calles de la ciudad.

Un polvo compuesto por pequeñísimas partículas de materia sólida seca de origen desconocido y diverso tales como arena, polen, remanentes metálicos, hollín y materia orgánica integrada de restos de alimentos y vegetación descompuestos, además de excremento callejero y hasta ceniza de cadáveres.

De todo hay en la viña del Señor, reza la popular cita bíblica.

La buena noticia es que el acto de respirar lo realizamos de modo tan automático y poco consciente que no somos tan “fijados” en la cantidad de substancias raras que por nuestras propias narices son capaces de llegar hasta lo profundo de nuestros alvéolos, y zambullirse alegremente en nuestro torrente sanguíneo.

Qué decir de los efectos que esto puede llegar a tener para nuestra ya de por sí maltrecha salud ciudadana.

No es un invento ni un intento de exagerar. Lo muestran claramente los índices de Calidad del Aire que periódicamente hace públicos la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de lo que parece ser, por ahora, el único elemento efectivo de medición para la ciudad de las llamadas partículas PM10 y PM 2.5.

Y la pregunta que surge es: ¿dónde están las advertencias de salud, las campañas, las recomendaciones y las acciones preventivas a seguir para la ciudadanía? ¿Dónde las acciones de gobierno enfocadas a reducir al máximo posible las emisiones de este material particulado al ambiente?

De acuerdo a estos datos, durante cuatro años consecutivos Ciudad Juárez ha rebasado hasta en 400 por ciento, en ocasiones, los límites de presencia controlada de partículas ambientales que establece la NOM-025-SSA-2014, para que no representen un riesgo serio de salud.

Ante este hecho que debería ser motivo de políticas públicas y acciones muy claras y determinantes, sólo el silencio y la falta de información pública al respecto por parte de las autoridades de las dependencias de gobierno a cargo.

Con razón Juárez es un auténtico paraíso -entre muchas otras cosas- para alergólogos, neumólogos y especialistas médicos en materia respiratoria que anualmente atienden a miles de pacientes afectados de accesos de asma y todo tipo de afecciones pulmonares, de cuyo origen poco o nada sabe el ciudadano promedio.

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No hubo derogación del Título 42 como esperaban miles de migrantes para intentar alcanzar el sueño americano. A cambio de ello, las medidas implementadas por la Guardia Nacional de Texas se recrudecieron.

El cerco que desde el fin de semana pasado comenzó con alambre de púas, creció por varios cientos de metros con una malla ciclónica que ahora les impide llegar a los aspirantes a ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos.

Ayer, los venezolanos, que algunos de ellos durante meses han viajado en busca de cruzar al vecino país, imploraban a los elementos de la Guardia Nacional de Texas por que los dejaran entregarse a la Patrulla Fronteriza. Súplicas sin éxito.

Mientras la respuesta del Gobierno norteamericano no se clarifica, las calles del centro de El Paso, Texas continúan siendo utilizadas como campamentos improvisados, donde cientos de personas permanecen a la espera de que algo ocurra.

Ante esta situación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de sus redes sociales criticó “las políticas fronterizas abiertas” del presidente Joe Biden, las cuales, dijo, crearon esta crisis insostenible.

Mostrando la portada del periódico The New York Post, en el que el cabezal hace referencia a la colocación de una carpa para recibir a los migrantes que ingresan por el sector conurbado a El Paso, Abbott afirmó que mientras Texas está intensificando medidas, la administración de Biden “no hace su trabajo”.

La medida de Abbott va en serio, afirmó que la Guardia Nacional de Texas estará añadiendo más barreras con alambre de púas y colocando humvees a lo largo de la frontera para detener los cruces ilegales.

Aquí viene la interrogante que pudiera cimbrar a nuestro lado de la frontera ¿Ya están contemplando nuestros funcionarios una deportación masiva en caso de que el Gobierno de EU decida no dar acceso a los solicitantes?

Es momento señores, de que se pongan a pensar en serio sobre las medidas que van a adoptar, porque las actuales no van a bastar, ahora que la Corte de Estados Unidos ha decidido mantener las restricciones del Título 42.

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No deja de llamar la atención, que el delegado federal Juan Carlos Loera, defienda con tanta vehemencia la diplomacia del Gobierno mexicano en el conflicto con Perú, cuando lo que menos ha demostrado en Chihuahua, como representante del gobierno central, es una actitud diplomática y de mesura con el gobierno del Estado, al que un día critica y otro también.

En su colaboración editorial con varios medios digitales, titulado “Perú-México: Audacia, valentía y ruptura”, el funcionario pondera la postura que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador en solidaridad con el expresidente del país andino Pedro Castillo, después del fallido golpe de estado que el mismo se infringió.

Olvidó JC, que fue el presidente de México quien lanzó la primera piedra, condenando el encarcelamiento de Castillo, que tuvo como consecuencia que el embajador de nuestro país en Perú, fuera considerado non grato y expulsado de aquella nación.

Fue esta, sin duda, una reacción lógica del nuevo gobierno peruano a una actitud injerencista del Gobierno mexicano, que tanto defiende la doctrina Estrada de no intervención, pero que se le olvidó aplicar en el caso de la crisis interna del Perú.

En sus argumentos de defensa de la política diplomática mexicana, Loera hizo referencias a los casos de los españoles y chilenos, asilados en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias por el Gobierno de México, para justificar el asilo otorgado a la familia del expresidente Pedro Castillo.

Juan Carlos aprovechó el tema del caso chileno, para decir que antes como hoy, las críticas “para devaluar la obra de la 4T”, han sido de la derecha, a la que calificó de “la más torpe” y en donde encasilló a los panistas.

Sin embargo, esos valores que presume y alaba en la diplomacia del régimen actual, no los ha puesto en práctica en su relación con el gobierno panista del Estado.

Al contrario, el delegado de Bienestar, no escatima tiempo ni saliva para criticar y golpear de manera ruda, sin nada de prudencia ni civilidad política, a quien le ganó en las urnas y lo borró de la competencia.

Aquí es, donde el señor defensor de las bondades celestiales de la 4T, debería poner en práctica todo lo que con mucha enjundia defiende y documenta, de un tema que tiene más implicaciones geopolíticas de las que menciona en su colaboración. Al tiempo.

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Por segunda ocasión le dieron palo a la ocurrencia del diputado morenista David Óscar Castrejón Rivas, de quitarle 900 millones de pesos al presupuesto del proyecto Plataforma Centinela, para aplicarlos en la compra de camiones del fallido sistema de transporte de Juárez y Chihuahua.

Y no era para menos, porque el propósito de darle un moche al presupuesto del proyecto insignia de la actual administración estatal, para aplicarlo al sistema BRT, era algo así como una mentada.

Le fue tan mal durante la sesión de la comisión permanente del Congreso, que las diputadas del PRI y del PAN consideraron una vacilada tratar de recortar el presupuesto para la plataforma Centinela, para comprar, sin estudios ni proyecciones financieras, 300 camiones para el BRT, como si se tratara de sillas o butacas.

Irresponsable y sin seriedad lo calificaron las diputadas Ivón Sálazar Morales y Carla Yamileth Rivas, de las comisiones de Igualdad y de Hacienda, respectivamente, quienes, con estricto sentido común, le dijeron con otras palabras al francotirador oficial de Morena, que piense bien sus propuestas, porque aparte del ridículo no logra otra cosa.

Castrejón Rivas ha sido insistente, por instrucciones de su jefe político en el estado, en meterle ruido al proyecto de seguridad pública del Gobierno estatal, pero con esta iniciativa no se midió y lo ridiculizaron sin misericordia.

La propuesta de quitarle 900 millones de pesos al proyecto, para comprar 350 camiones para el inconcluso sistema, fue la gota que derramó el vaso en el catálogo de ocurrencias que ha venido manejando, para pegarle al estado desde diferentes frentes y con distintos temas.

La última, fue cuando pidió en la tribuna que la gobernadora explicara por qué no asistía a las mesas de seguridad federal, cuando no han servido para nada ni las que se realizan en la entidad semana a semana, para detener la violencia que sigue al alza.

A ver si con el año nuevo, el diputado consigue también nuevos asesores, para que no siga haciendo el oso en las iniciativas que plantea y que le han bateado una a una.