El Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado abrió una investigación, para determinar de dónde salió la información que les permitió a los asesinos de Sully Ponce, saber la hora a la que saldría el cliente defendido por la abogada y el auto en que se trasladaban.

En el medio policiaco se afirma que el objetivo del atentado era Martín Alonso Bustos Rodríguez, alias El Tin, integrante de los Aztecas Vieja Guardia, quien estuvo involucrado en el asesinato de personal del Consulado de los Estados Unidos en Juárez, en el 2010, y que es buscado por la justicia norteamericana.

De ser cierta esta información, en buen lío se encuentra la Fiscalía Zona Norte, porque la detención del sujeto de marras, realizada por la Policía Estatal, el pasado 12 de octubre, por posesión de varias dosis de droga, no solamente fue ocultada a la justicia norteamericana que lo reclama, sino que ahora se encuentra libre y a salto de mata.

Todo eso deberá esclarecer Asuntos Internos, comenzando por establecer la identidad del “sapo” que reveló la información a los sicarios que esperaban afuera a Bustos y que dieron muerte a la exfiscal Sully Ponce Prieto.

El hecho, demuestra otra vez, el enorme poder de infiltración que tiene el crimen organizado en las dependencias policiacas y hasta en los tribunales federales, pues no hay que olvidar que en mayo pasado fueron asesinadas cinco personas a pocos metros del edificio del Poder Judicial de la Federación, en donde dos de ellas acababan de obtener su libertad y alguien de muy adentro informó, también, la hora de su salida a sus rivales.

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De mal en peor está la división en la fracción edilicia de Morena, en el Cabildo de Juárez, donde no solamente las regidoras Vanesa Mora y Cecilia Reyes Castro cambiaron de bando para unirse al grupo de Juan Carlos Loera, sino que ahora, María Dolores Adame se sumó a la desbandada, dedicándoles groseros calificativos a sus compañeros Ana Estrada, Patricia Mendoza y Antonio Domínguez.

En un audio que circula en la Presidencia Municipal, María Dolores exhibe un léxico digno de carretonero, que sonrojaría al más corriente de los “ñeros” de Tepito, y todo por su molestia al ser nombrada subcoordinadora de la fracción morenista y quedar debajo de la jerarquía de Ana Estrada.

La grabación de su voz exhibe su plática con Cecilia Reyes, donde le expone la posición que tomará en el Cabildo y particularmente, en las sesiones previas a las que afirma que ya no asistirá.

Así lo dice: “yo no regreso a las previas. ¡Yo no voy ya! Veo su misma pinchi actitud de mamona de la pinchi Ana y la otra pinchi cara chueca, la cara de Chuky, la pinchi Patricia, y el joto ese del come cuando hay, del Antonio, y no soporto su actitud, la neta”, (sic).

Con su florido lenguaje, la imprudente mujer insiste que desatenderá una de sus obligaciones básicas como regidora: “Yo me retiro de las previas. Lo digo yo, es mi punto de vista, es mi forma de pensar. No necesito de nada de eso. Le voy a recomendar al secretario (del ayuntamiento) que me mande los puntos importantes del presidente y lo demás. Prefiero verme como pendeja que seguir su pinchi comparsa…”, (sic).

Al parecer toda la molestia de María parte del hecho de no haber sido nombrada coordinadora de la fracción y tener que recibir instrucciones y rendirle cuentas a Ana Estrada, a la que claramente dice en el audio que no soporta.

A lo mejor tampoco va a soportar las sanciones que le origine el incumplimiento de sus obligaciones como integrante del Cabildo, o las que le impongan desde la dirigencia estatal de Morena, cuando se enteren que se ha convertido en una disidente que usa la violencia verbal del más bajo nivel contra sus compañeros, así sea su muy particular punto de vista, pues se olvida que, ante todo, es una servidora pública.

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La ocurrencia de la comunidad LeBarón, de pasar por “pueblo originario” y tener su Gobierno autónomo, nos va a costar nuestro dinero a los contribuyentes de Chihuahua.

No menos de un millón de pesos, según lo declaró a Norte Digital el secretario General del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Gabriel Sepúlveda Ramírez.

Y eso, es un “más o menos”, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la realización de dos estudios y uno ya lo “cotizó” el INAH en no menos de 400 mil pesos.

El otro, a saber. Podrían ser otros 400 mil, o tal vez más. A eso habrá que sumarle una serie de arrimadijos que no se tenían contemplados en el presupuesto.

Todo inició cuando la comunidad LeBarón, asentada en el noroeste del estado –en especial, en el municipio de Galeana– pidió tener su propio Gobierno y dejar de padecer a las autoridades municipales, estatales y federales de México.

Con aquello de que son mitad gringos y mitad “mexas”, se dijeron con derecho a declarar su especie de “mundo feliz” dentro de territorio.

Así lo venían solicitando desde hace más de una década, cuando la delincuencia organizada les pegó duro con el secuestro y posterior asesinato de Benjamín LeBarón.   Luego, la demanda arreció tras la masacre ocurrida en los límites de Sonora y Chihuahua, donde tres mujeres y seis niños fueron asesinados por una organización delictiva.

La demanda de autonomía ha generado controversias, incluso, entre los pobladores de los municipios donde se asienta ese grupo, cuyo verdadero “origen” es el país vecino del norte.

No existe ningún antecedente de que alguna de las muchas colonias de personas procedentes de otros países hayan tenido ese privilegio: ni los menonitas, los libaneses o los chinos, por mencionar algunos de los más conocidos, gozan de autonomía.

Por lo pronto, el TEE deberá tallar el lápiz y ver de dónde saca un millón “del águila” para completarle a los LeBarón su gusto de ser Gobierno autónomo. ¡Faltaba más!

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Para hacer frente a la importación de carne argentina sin controles sanitarios, las organizaciones de ganaderos del estado de Chihuahua, analizan pedir al Gobierno estatal que haga valer su soberanía y frene su paso de los productos cárnicos en los límites con los estados vecinos, ante el grave riesgo de salud que implica para la población, y las consecuencias económicas que impactarán en el sector productivo. 

Los también integrantes de la Unión Regional Ganadera de Chihuahua, ya se manifestaron en días pasados contra el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), autorizado por AMLO, para que se importen alimentos sin los controles del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ni de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Ahora, después de la intoxicación masiva que se registró en Comitán, Chiapas, el viernes pasado, donde una mujer de 70 años murió por consumir carne de cerdo contaminada, que ingresó al país sin pasar los controles sanitarios, los ganaderos tienen elementos para radicalizar su oposición y pedir que el Gobierno estatal establezca puestos de control, aunque este último aún no ha fijado una postura al respecto.

Los informes de las autoridades de salud de Chiapas indican, que una mujer que murió, consumió carne contaminada al parecer por clembuterol, un anabólico utilizado ilegalmente para incrementar el peso en ganado bovino y porcino, que en México está tipificado como delito en la Ley Federal de Sanidad Animal.

Otro caso importante de intoxicación masiva, como consecuencia de no aplicar las revisiones sanitarias a la carne, ocurrió en junio de este año en el municipio de Seyé, Yucatán, donde 500 personas enfermaron tras comer cochinita pibil en el mercado, que, de acuerdo con las pruebas de laboratorio realizadas por la Secretaría de Salud yucateca, estaba contaminada también por clembuterol.

Los casos de Yucatán y Chiapas, donde los medios regionales reportan que, por la frontera del sur ingresan de contrabando toneladas de carne sin revisión desde Centroamérica, es una seria advertencia de lo que pasará si los mercados mexicanos son inundados con carne argentina sin controles sanitarios.

Evitar este tipo de riesgos en la salud de los mexicanos, es precisamente una de las funciones de Senasica, mediante los programas Proveedor Confiable, Introductor Confiable, Blindaje TIF y Verificación Continua, que certifican la labor de productores, engordadores, acopiadores y procesadores de cárnicos.

Independientemente de la competencia desleal que hará el producto argentino a los ganaderos nacionales que cumplen con las normas sanitarias, lo primero que está en riesgo es la salud pública, que no puede quedar sujeta a decisiones presidenciales populistas, que al final de cuentas solo tienen un propósito electorero.