Habrá mucha información para ir desmenuzando respecto al Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. Pero vamos por partes.
Llamó la atención de Mirone que los enviados de la Auditoría Superior del Estado agarraron con tres dedos en la puerta a funcionarios del Colegio de Bachilleres respecto a trabajos no realizados y pagados, por concepto de mantenimiento correctivo de los equipos de aire acondicionado instalados en el Gimnasio que se ubica en el Parque Central.
En total se identificaron pagos por servicios no devengados por la cantidad de 676 mil 134 pesos, según los hallazgos que se detallan en el Informe Individual de Auditoría de Cumplimiento Financiero que fue entregado por la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Cuando se hizo la revisión únicamente estaban en funcionamiento 4 de los 11 aparatos, pese a que ya se había hecho el pago por el mantenimiento.
El Departamento de Gestión Administrativa nunca pudo proporcionar información sobre la contratación del servicio, tampoco fundamentó el ejercicio de la excepción a la licitación pública, además de que la entidad fiscalizada omitió realizar una investigación de mercado previo a la adjudicación del contrato 003/2022-P.S.
Los auditores también encontraron que el prestador de servicios, identificado como Juan Carlos Saldívar Hernández, no presentó la garantía de cumplimiento y de saneamiento en caso de evicción, de vicios ocultos, daños y perjuicios, lo que también derivó en otra observación más al “Bachi”.
Total que ese caso generó diversas observaciones por normas y procedimientos incumplidos, pero también una denuncia de hechos ante la posible comisión de un delito.
“Para que la Coordinación de Investigaciones II de esta Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, tenga conocimiento de la presente observación, para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, por la posible comisión de hechos delictivos a los servidores públicos que en su gestión, autorizaron y pagaron sin contar con documentación justificativa que obligue al pago por la cantidad de $676,134.00, hechos que pudieran derivar en la actualización del supuesto establecido en el Titulo Décimo Séptimo, Capítulo XI, artículo 270, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua”, señala el documento.
El delito ahí indicado es el de peculado, el cual se tipifica cuando un funcionario dispone o distrae de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa “si los hubiere recibido por razón de su cargo”.
En total, la ASE le hizo 22 observaciones al Cobach por deficientes manejos financieros que derivaron en siete recomendaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos denuncias de hechos por posibles delitos.
La segunda denuncia de hechos es muy parecida a la ya señalada, nada más que relacionada al pago sin evidencia documental de la prestación de los servicios devengados por concepto de fumigación y sanitización, dentro del Contrato 001/2022 P.S
Los funcionarios del “Bachi” no pudieron comprobar los servicios recibidos como contraprestación a cuatro pagos mensuales por 57 mil 942 pesos que sumaron un total de 231 mil 768 pesos.
El prestador de servicios contratado por el Cobach y al cual sí se acreditaron algunos otros pagos, es Baeza Duarte y Asociados, S.A. de C.V.
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Antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2024 se desahogaron ayer las comparecencias de funcionarios municipales ante los regidores del Ayuntamiento de Juárez.
Hay varios proyectos de inversión interesantes dentro del documento que desglosa el gasto presupuestado por dependencia.
En la Secretaría Particular, como quien dice la oficina del presidente Cruz Pérez Cuéllar, está la asignación de 70 millones 241 mil pesos como “Apoyo para Museo de Juan Gabriel”, el proyecto que ya trae bastante rato cocinándose para abrir al público la casona de la 16 de Septiembre, luego de que el alcalde alcanzó un acuerdo con Iván Aguilera, hijo y albacea del cantautor.
Ahí mismo están etiquetados 100 millones de pesos para los subsidios a las escuelas públicas. Justo acaba de generar controversia una reciente aprobación de recursos para rehabilitar planteles, ya que no existen reglas de operación para ejercer ese recurso.
Como el dinero se entrega a los planteles vía subsidio, no hay licitaciones para las obras y se genera un riesgo de corrupción que incluso ya fue advertido por la síndica municipal, quien aseguró que los directores de los planteles son obligados a endosar los cheques a favor de ciertos contratistas.
Entre los proyectos de inversión más importantes para el 2024, está también la construcción del Rastro Tipo Tif. Para eso se etiquetaron dentro del presupuesto de Obras Públicas, 220 millones de pesos. Ahí mismo están los 329.8 millones de pesos del Presupuesto Participativo y los 270 millones que cada año se deben de pagar por el Plan de Movilidad Urbana, ese programa que Cruz Pérez Cuéllar ha calificado como un verdadero fraude, impulsado por el exalcalde Héctor Teto Murguía, quien anda movido para reaparecer en algún cargo de elección popular, ahora bajo el cobijo del PT.
Por los montos, también llaman la atención los 200 millones reservados para pavimentación de calles, cantidad idéntica a la que se pide presupuestar para el mantenimiento (fresado) de vialidades.
Aparte, 70 millones se destinarán al bacheo con mezcla asfáltica. Ojalá y finalmente la inversión mejore las calles de la ciudad que continúan como el mejor ejemplo de la deficiente infraestructura urbana en esta frontera.
Ya que hablamos de calles, el Gobierno Municipal tiene presupuestado otros 25 millones de pesos para aplicar pintura termoplástica, la que se utiliza para delinear los carriles y sigue haciendo mucha falta en varias vialidades. Este programa ya generó polémica en el pasado debido a la calidad de la pintura y a la compra de máquinas para su aplicación, las cuales también fueron cuestionadas por su alto costo frente al nivel de tecnología utilizada.
Otra de las obras insignia de la actual administración es el Parque Oriente. Para la segunda etapa se presupuestaron 150 millones de pesos.
Hay otras inversiones importantes que, sin embargo, no dejan de ser insuficientes frente al enorme rezago. Por ejemplo, aparecen 100 millones de pesos para la construcción y mejora de parques, pero el Gobierno Municipal no se acaba para atender los más de 3 mil parques públicos, muchos de los cuales están prácticamente en el abandono o aparecen como simples lotes baldíos, sin nada de equipamiento.
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Habíamos adelantado aquí que un grupo de juarenses intentaría obtener, del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, el reconocimiento como planilla de aspirantes a la candidatura independiente por el Ayuntamiento.
No lo consiguieron. El Consejo del IEE le dio palo a su solicitud, por incumplimiento de diversos requisitos establecidos en la convocatoria.
La planilla era encabezada como aspirante a la candidatura a la alcaldía, por María Antonia Ríos Martínez, ambientalista de la organización Chamizal Conciencia Ciudadana. La activista ha trabajado recientemente en contra de los comodatos municipales en El Chamizal y también ha denunciado el boom inmobiliario que pone en riesgo un área natural protegida en Samalayuca.
Le correspondió a la Secretaría Ejecutiva del IEE emitir el dictamen que enumera el incumplimiento de varios requisitos, como el no haber presentado la copia certificada del instrumento notarial en el que consta el acta constitutiva de la asociación civil que tenga por objeto promover la candidatura independiente.
Tampoco se presentó la copia simple de un documento para demostrar el alta de la asociación civil ante el Sistema de Administración Tributaria, ni la documentación que acredite la apertura de por lo menos una cuenta bancaria.
De acuerdo con esa instancia, no se presentó la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses y tampoco se cumplió con lineamientos en cuanto a acciones afirmativas, ya que no presentaron documentación que acreditara la adscripción calificada indígena como parte de la planilla.
Quién sabe si los interesados se queden conformes o busquen acudir ante una instancia superior, aunque el listado de incumplimiento en requisitos sí fue bastante amplio.
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Como se esperaba, el paquete fiscal 2024 fue aprobado ayer por el Congreso del Estado, sin el voto de la primera minoría que corresponde a Morena.
Ni en la iniciativa de Ley de Ingresos, ni el Presupuesto de Egresos se aceptaron las reservas de los diputados de Morena, por lo que el paquete fue aprobado con los votos de los 15 diputados del PAN, 5 del PRI, y uno de Movimiento Ciudadano.
Al grupo mayoritario se sumó el voto de la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, quien llegó a la curul bajo las siglas de Morena y mantiene esa representación, aunque es rechazada por la bancada guinda, precisamente por votar en bloque con el PRIAN todas las definiciones importantes.
Por favores recibidos, a Adriana Terrazas sí le aceptaron las reservas en el Presupuesto de Egresos que ella solicitó, pero pues ya no se cuenta verdaderamente como diputada del bloque morenista. Como quiera que sea, se cumplió lo que había anticipado Terrazas, que aprobaría el paquete, si le aceptaban sus reservas.
En cuanto a la Ley de Ingresos, la discusión mayor se concentró en el tema de la deuda pública, donde prianistas insisten en que se ha disminuido el adeudo (hasta en un 15 por ciento) y mejorado las condiciones financieras del estado, mientras que los guindas señalan de falaz ese discurso y afirman que para el 2024 viene un incremento de 2 mil 100 millones en la deuda pública.
Hubo incluso guerra de pancartas en la tribuna. Al final se impuso la mayoría y se aprobó la iniciativa con 100 mil 546 millones 552 mil 853 pesos para el ejercicio del próximo año.
Por cierto, las políticas del Gobierno Federal de la 4T, estuvieron siempre en el centro de la discusión, fuera para hablar del incremento de la deuda pública o para discutir sobre abandono presupuestal en rubros prioritarios.