A dos meses de la jornada electoral del 5 de junio y a seis meses exactos para concluir el sexenio, Palacio Gobierno está implementando acciones claras de autoprotección dirigidas en primer término al círculo de servidores públicos beneficiados con posiciones laborales y salarios de privilegio durante el presente régimen.

El gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, decidió arrancar personalmente esa estrategia con dos reuniones masivas durante la semana en busca observarse cálido con los trabajadores del aparato burocrático del Estado, asegurar sus votos, su trabajo en las campañas, pero sobre todo la lealtad en los días de la guerra política por venir.

En el primer círculo del Gobierno hay preocupación por amarrar el voto duro de la burocracia en todos los órdenes de la administración, los miles de trabajadores y sus familias constituyen un colchón importante para apuntalar al candidato del PRI, Enrique Serrano.

Esos empleados públicos fueron efectivos para la promoción electoral en las tres elecciones anteriores –dos federales y una local intermedia– que el gobernador César Duarte exhibe como trofeo y puntaje en su currículum político.

Hoy va sobre el mismo objetivo con mayor definición, a sabiendas de que el ánimo de muchos burócratas no es el mismo por las únicas razones naturales de que va concluyendo el sexenio y que a lo largo del mismo se generaron agravios, enojos y muchas veces trato desigual entre quienes merecieron promociones laborales y salariales y no las obtuvieron al ser rebasados por otros mediante los inocultables actos de influyentismo y/o abusos meramente personalistas.

A la estructura partidista siempre le empató los padrinazgos políticos de los funcionarios de primer nivel en cada municipio y distrito, los famosos responsables territoriales, conocidos como los RT, y estos a su vez delegaron tareas en los subalternos. Un candado de doble seguridad que mantendrá hasta el final del Gobierno.

De ahí que la última semana, antes de la veda electoral que inició ayer, el jefe del Ejecutivo dedicó espacios privilegiados de su agenda para apapachar a los funcionarios estatales, de tercer, segundo, primer nivel y por supuesto los miembros del gabinete, para escucharlos, darles champú de cariño, comprometerlos con la causa tricolor.

Les dispensó un trató suave, como a sus compañeros de trabajo, como si fuesen cuates de verdad.

Sabe perfectamente el gobernador que cientos de memes, chismes, informaciones “filtradas”, rumores fundados e infundados, etc., tienen su origen ni más ni menos que en los pasillos, cubículos y oficinas del propio aparato estatal.

De ahí que la sobada a la burocracia, de jefes de departamento para arriba, a la vez fue acompañada de dos exigencias:

Primero, que defiendan los logros de la administración estatal en materia de educación, seguridad, salud, generación de empleos, certificación de penales, etc.

Segundo, para que saquen jugo a los subalternos en la promoción del voto a lo largo de las ocho semanas de campaña, haciéndoles trabajar por las tardes en labores partidistas.

En las dos reuniones que sostuvo con funcionarios en el hotel Soberano–Sheraton, el gobernador se mostró convincente, casi seductor, se transmutó a sus tiempos de campaña en los que exhibía una personalidad afable, sencilla; en tono suave insistió en compartir los créditos de los logros y la responsabilidad de defenderlos ante las críticas y señalamientos que están por venir al calor de la contienda electoral.

Quizá únicamente le faltó abordar a Duarte con algo de autocrítica la tarea pendiente de reunificación del priismo, tras la definición de las candidaturas de todos niveles, pues es dentro de la burocracia donde están mayormente representadas las tribus y es ahí donde se dio –y se da– la guerra de grupos por el poder.

No se visualizan traiciones partidistas por esa razón pero sí el cobro de facturas por las nominaciones no aceptadas, desde la candidatura a gobernador hasta regidores y síndicos. Los burócratas convocados a las encerronas –privadas– llegaron a la capital de todos los rincones de estado.

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Las armas del enemigo se vislumbran cerca, dispararán a diestra y siniestra acusaciones sobre negocios al amparo del poder, riquezas inexplicables, reavivarán los casos más representativos y le sumarán nuevas denuncias sobre supuestos actos de corrupción, que constituirán el principal tema de debate de las campañas.

El candidato del PRD, Jaime Beltrán del Río, sin duda jugará un papel de palero tricolor, pero no será lo mismo con el panista Javier Corral, con el independiente José Luis Barraza y ni siquiera con Cruz Pérez Cuéllar, del Movimiento Ciudadano.

Ya veremos entre hoy y mañana cómo se desatan los demonios. No tendrán los políticos ni los ciudadanos preocupados por su gobierno café tranquilo mañanero, ni desayuno, ni comida, ni cena, de aquí hasta el 5 de junio… y aún más allá de que pasen las resacas de las victorias y las derrotas.

El instinto y la lógica política le advierten al gobernador, entonces, que debe limar asperezas para disminuir el riesgo que de las mismas entrañas del aparato gubernamental surjan precisamente datos, documentos, informes incómodos en medio de la refriega. Sabe que dentro de las oficinas públicas hay muchos ojos y oídos que saben almacenar y decodificar información sensible. Es un frente indispensable de cubrir.

Un gobernante que no tenga el control y el arropo de los trabajadores de aparato burocrático estaría en peligro inminente, más al cierre de la administración, cuando se tiene encima el desgaste del ejercicio del poder, pérdida de credibilidad; se ve disminuida la capacidad de acción y ya no se cuenta con el mismo nivel de compromiso y de confianza por parte de los subalternos.

En el periodo de la sucesión las lealtades cambian de polo, se inclinan hacia la o las figuras emergentes que buscan el poder y muchas veces se cobran agravios. Son los males que busca conjurar Duarte en la recta final.

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Mientras Palacio refresca su relación con la burocracia, el candidato del Revolucionario Institucional, Enrique Serrano, y la nueva dirigencia estatal del tricolor colocada por él continúan en el tejido de amarres políticos con el reparto de posiciones en los listados de regidurías en municipios, dando forma al compromiso del presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, cuando en noviembre pidió unidad y prometió espacios para todos.

Y en el reparto está la principal dificultad de la famosa unidad priista. Todos reclaman posiciones para sí o los suyos, incluso han hecho valer los derechos de sangre y exhibido el nepotismo imperante.

Dirigentes de los sectores del PRI, altos funcionarios del Gobierno, exlíderes del partido, gobernadores, exgobernadores, diputados federales, senadores y representantes sindicales de filia tricolor conforman una casta dorada cuyos miembros heredan cargos a sus vástagos.

Sucede en todo el país. En Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, hijo del exgobernador José Murat, es el candidato a la gubernatura. Apenas en la elección federal del año pasado la hija de Manlio Fabio Beltrones se hizo de una posición legislativa; también el vástago de Emilio Gamboa Patrón, que inclusive está siendo perfilado para la gubernatura de Yucatán; la hija de Rosario Robles, entre otros juniors, siguen impulsados bajo el esquema del derecho de herencia.

En la distribución de las regidurías y diputaciones está una muestra clara de eso. Aquí en Juárez dos distritos electorales fueron reservados para Emma Idalia Díaz Gutiérrez y Sandra Micaela Hernández Porras, hijas de los actuales diputados del PRI y dirigentes de la CTM y CROC, José Díaz Monárrez y Gloria Porras, respectivamente.

Apenas el año pasado, Doroteo Zapata, el secretario general de la CTM en la entidad, hizo lo mismo al reservar para su hija Georgina la diputación federal por el segundo distrito electoral federal con cabecera en Juárez.

Aarón “Cuauhtemito” Yáñez Limas, candidato a síndico, es impulsado y defendido por su padre en todas las oficinas de Gobierno, municipales, estatales y hasta federales. Ambos consiguieron el padrinazgo del candidato Serrano Escobar.

Funcionarios del gabinete también han colocado a sus hijos en regidurías de Chihuahua y otros municipios, y ahora con al paridad de género, alcaldes y exalcaldes impulsan a sus esposas e hijas como candidatas a las presidencias municipales.

La candidatura de Lucía Chavira a la presidencia municipal de Chihuahua, esposa del exalcalde Marco Adán Quezada, se inscribe en esa misma línea, por mucho que poco a poco se haya hecho de méritos propios en el servicio público y también en la operación política–partidaria. Su nominación es producto de una negociación copular.

Todo eso incide directamente sobre las campañas de los candidatos a la gubernatura que hoy arrancaron, más en la del candidato del PRI, Enrique Serrano, que además de lidiar con las presiones de su propio partido, debe hacerlo además con las de los aliados de los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y PT que lo respaldan y exigen sus cuotas. Ahí pululan los juniors y las posiciones públicas estrictamente por amistades y familiares.

De hoy al 15 de abril, cuando deberán estar conformadas las fórmulas de todas las candidaturas a las presidencias municipales, planillas de regidores, sindicaturas y diputaciones, seguirán haciendo ajustes dentro del PRI para darle forma la unidad que proclaman y en el mismo aparato de Gobierno, para tapar cualquier fisura por donde se pueda colar el enemigo político. Es mucho lo que está en juego.