Hay un hervidero político en Chihuahua con el tema de las impugnaciones por inelegibilidad y criterios de género para la asignación de los espacios a quienes contendieron por las magistraturas y los juzgados en la elección del 1 de junio.

Ya empezó el Tribunal Estatal Electoral a batear los primeros medios de impugnación, pero inició con aquellos recursos en los que no está entrando al fondo del asunto, sino que los ha desechado o desestimado porque los promoventes no acreditaron interés jurídico o personalidad. Más un tema de forma que de fondo.

Sin embargo, supo Mirone que hay un paquete de impugnaciones que se realizaron desde Ciudad Juárez que van muy bien armadas y le podrían pegar incluso a quien obtuvo la más alta votación de las magistraturas en todo el estado, lo que la coloca como eventual primera presidenta del nuevo Tribunal Superior de Justicia.

Resulta que, con todo y sus 121 mil 835 votos, Marcela Herrera Sandoval podría no convertirse en magistrada familiar y tampoco ser la próxima presidenta, ya que va en varias de las impugnaciones por inelegibilidad, al incumplir uno de los requisitos constitucionales.

Ese requisito es el de contar con práctica profesional de al menos tres años en el área jurídica afín a su candidatura. Y lo que se sabe hasta ahora, es que Marcela, aunque le fue requerida, no ha presentado la documentación que acredite esa experiencia.

Es prácticamente imposible que lo haga. No practica el litigio (ni en lo Familiar, ni en ningún otro ramo) y su experiencia en el servicio público nada tiene que ver con asuntos de conflictos familiares, de defensa de derechos o de atención a la familia.

Herrera Sandoval, viene de ser directora de Planeación y Desarrollo Institucional en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Al inicio de la actual gestión de Gobierno del Estado fue directora estatal de Profesiones y en la anterior fue directora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Deporte.

Sin embargo, estuvo al menos en las seis listas que movió la estructura azul del PAN en la capital del estado, donde se generó la mayor cantidad de votos, y en las dos que se distribuyeron en Juárez. Por eso fue la campeona, y porque iba en el primer lugar de la boleta, arriba y en el lado izquierdo, como correspondió a las mujeres.

Hay más impugnaciones, pero la que está bastante firme es la que promovió en su contra Sara Julieta Muñoz Andrade, titular del Juzgado Quinto Familiar por Audiencias.

Sara Julieta se quedó en la rayita para alcanzar la magistratura, ya que con 76 mil 838 votos obtuvo el cuarto lugar entre las mujeres. Nomás a las primeras tres se les asignó una magistratura familiar; otra dos para hombres.

La jueza también impugnó a quien se quedó con el tercer sitio de la lista de mujeres, Mahli Angélica Olivas Chacón, por el mismo motivo: no acreditar la experiencia de tres años en la materia. Mahli (de apenas 35 años), por lo menos ha trabajado desde el 2021 en el Poder Judicial, primero como secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial, luego como secretaria técnica de las comisiones de Disciplina y de Vigilancia de la Judicatura.

Así que la tirada de Sara Julieta es tumbar a una o a ambas para subir al cargo por prelación. Ahí está otro debate jurídico pendiente, respecto a que eso proceda o simplemente se declaren vacantes los espacios.

Más o menos es el mismo caso que el que se presentó en los juzgados civiles del Distrito Bravos, donde Paloma Berenice Galindo Vargas impugnó a dos juezas en funciones, Perla Patricia Royval Guerrero y Cynthia Liliana Nájera Nájera.

En este caso se argumentó inelegibilidad por incumplimiento al requisito constitucional de calificaciones mínimas en la formación profesional.

Lo que supo Mirone es que tanto los recursos de Paloma como los de Sara Julieta, van firmes, por lo pronto en cuanto a la acreditación del interés jurídico y la personalidad para presentar el recurso.

En los siguientes días, seguirá tomando decisiones importantes el Tribunal Estatal, con todo el bonche de impugnaciones pendientes.

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Ahora que se ha publicado sobre las maniobras y las investigaciones que ya llevaron a la expulsión de las instalaciones del Club Campestre al expresidente Sergio Guzmán Castañeda, le llegó a Mirone un dato sobre otros expresidentes que han terminado chamuscados.

Hablamos de malos manejos administrativos que se trataron por las instancias internas del Club Campestre, con independencia de que se hayan abierto o no expedientes en la Fiscalía General del Estado por algún delito.

En ese caso están Jorge Pasaret, José Sigala y Aurelio Licón Jr. Los dos primeros fueron figuras políticas vinculadas al PAN. Pasaret fue administrador de la Aduana en el sexenio foxista y Sigala, quien también fue presidente de Coparmex Juárez, llegó a ser dirigente local del blanquiazul.

Aurelio Licón Jr. es el hijo de Don Aurelio Licón Baca, el empresario y rotarista que fue representante del Gobierno del Estado en Juárez.

El caso es que todos salieron mal como presidentes del Club Campestre, con sus derechos suspendidos, igual que está ahora Guzmán Castañeda.

Guzmán no puede entrar al Club, pero, de acuerdo con los estatutos, debe de seguir pagando sus cuotas mensuales de 7 mil 500 pesos, si no quiere perder su acción de 25 mil dólares. Por eso anda ahora en con el asunto del amparo, para tratar de revertir la suspensión de derechos que se le impuso por tres años.

Por cierto, de los expresidentes sancionados (al menos los que todavía viven) nunca se supo que alguno haya vuelto a disfrutar del Campestre, aunque también trascendió que hubo recursos legales para revertir las sanciones.

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Ha de haber estado muy fuerte el compromiso con la empresa Loma Desarrollos, porque el Ayuntamiento juarense se aventó la aprobación por unanimidad de la entrega en comodato de un predio que es parte del camellón futuro de la avenida San Isidro.

De nada valieron las múltiples voces ciudadanas y de organizaciones que se alzaron en contra de esa reiterada política de privatización del espacio público y de mercantilización del desarrollo urbano.

Nadie la hizo de emoción. Ningún regidor de oposición. Ni siquiera el único edil panista, Alejandro Jiménez, quien en otras ocasiones ha dejado constancia de su preocupación por la forma en que la administración propicia el caos urbano y se burlan los ordenamientos y criterios de los planes de desarrollo.

Tampoco fueron escuchadas las voces de dos ciudadanos que participaron en el Cabildo Abierto y pidieron expresamente no otorgar el comodato a una empresa privada, para utilizarlo, en todo caso, en un proyecto de esparcimiento

Todos los regidores estuvieron en la misma sintonía, la de atender en lo inmediato un problema de saturación del estacionamiento por una alta demanda de servicios en la zona. De alguna forma hasta sintieron que quedaron bien con los colonos que por allá la sufren por la saturación del espacio y no vieron nada mal en “prestar” un terreno actualmente en desuso.

Nada más que ahí está clarísimo que va el trazo de la calle San Isidro y el predio que se entregó corresponde, presuntamente, nada más al camellón, para que sea utilizado como estacionamiento.

Insiste Mirone: puro propiciar la anarquía y el desorden urbano, lo que no hubiera ocurrido si se vigila que todos los negocios tengan los cajones de estacionamiento suficientes desde el principio.

Aunque sea “por mientras”, no puede aceptarse que se sigan entregando más espacios públicos para subsidiar los negocios privados.

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Quien tampoco se vio bien ayer, fue el senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Le ganó el protagonismo y el afán de la promoción personalizada, a la hora de entregar apoyos para las familias juarenses damnificadas por las lluvias.

El legislador juarense tuvo ayer su evento en la colonia Fronteriza, en donde entregó bolsas con despensa, productos de limpieza y pintura. Hizo la gestión y consiguió donaciones de empresas y hasta de funcionarios taiwaneses, además de empresarios locales.

Sin embargo, no se aguantó las ganas de rotular las bolsas y ponerles su nombre y su cargo. En pocas palabras, hizo caravana con sombrero ajeno.

Claro que tiene el mérito de la gestión, pero de eso a aprovechar el viaje para hacerse publicidad, es otra cosa. Se nota que anda encampañado para hacerse de la candidatura a la alcaldía en el 2027, sin que deje de soñar por la gubernatura.

Las bolsas con los alimentos y materiales entregados, también llevaban los nombres de las empresas donantes, pero más chiquitos. Su logo de senador y su apellido, eran ahí lo más importante.

No se conformó en entregar en persona parte de los apoyos en el evento en el evento al que acudieron sus invitados especiales. Puso su nombre en el back institucional y dejó su marca en las bolsas, como para que a nadie se le olvide quién les entregó los apoyos. Hasta los botes de pintura se rotularon con su nombre.

Por cierto, a Loera ya no se le ha despegado la exsíndica municipal, Esther Mejía, quien había renegado de Morena para refugiarse en Movimiento Ciudadano, partido que la lanzó como su candidata a la alcaldía en el 2024. Mejía fue una de las empresarias financiadora de los apoyos.