Mientras el incendio se extendía con celeridad en el interior de la celda, con uno de los migrantes cautivos pateando la reja, el video publicado la tarde del martes muestra al menos a dos hombres uniformados que, lejos de acudir en auxilio de los retenidos, abandonan calmosa y cobardemente las instalaciones del INM dejándolos a su suerte.

Tan densa como el humo con el que finaliza la viralizada y desesperante escena, la marejada de señalamientos, reclamos y exigencias de una investigación a fondo ha ido creciendo a lo largo de las horas hasta alcanzar a las instancias derechohumanistas internacionales, entre las que destaca con fuerza la voz del secretario general de la ONU, António Guterres.

A la “petición” del representante de la ONU de una investigación exhaustiva que deduzca las responsabilidades existentes en la muerte de los cuarenta migrantes, organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. va más allá al calificar al Estado Mexicano como responsable directo de los hechos, al fallar en su obligación de garantizar la seguridad de los retenidos.

Y no lo dice como un as sacado de la manga, sino sustentado en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 18 de junio de 2002, donde claramente establece que el estado debe ser garante respecto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Por si algo nos faltaba en adjetivaciones denostativas contra nuestra sufrida ciudad caracterizada por las desapariciones de personas, los execrables asesinatos de mujeres, jornadas violentas tipo jueves negro y una incontable y creciente lista de ejecuciones atribuidas a la lucha entre cárteles de la droga, ahora se suma la lamentable e injustificada muerte de cuarenta migrantes, cuarenta personas de diversos orígenes que perdieron la vida de manera más que indignante.

A eso súmele, apreciable lector, el garrafal doble error de la primera autoridad del país que, durante la mañanera del martes, demostró estar menos que mal informado al destacar que el incidente que ocurrió “en un albergue” de Ciudad Juárez, tuvo que ver con una protesta que –dijo– ellos mismos iniciaron prendiendo fuego a unas colchonetas sin imaginar que esto “iba a causar esta terrible desgracia”.

No, señor presidente, no fue en un albergue de Ciudad Juárez. Este lamentable y condenable hecho ocurrió en las mismísimas e improvisadas instalaciones tipo celda carcelaria que el Instituto Nacional de Migración implementó tiempo atrás en esta frontera, llamándoles eufemísticamente “Estancia Migratoria Temporal”.

Las mismas instalaciones que fueron evidenciadas por este Mirone como un auténtico centro de detención para migrantes y parte de una extensa red de corruptelas al interior del INM, gracias a una demanda interpuesta semanas atrás por ciudadanos de origen turco que fueron extorsionados por al menos seis funcionarios de este organismo, que fueron señalados como responsables directos.

¿Pues no que el INM se encaminaba a una depuración integral y una transparentación de las acciones enfocadas al control migratorio en esta frontera?

Que le digan eso ahora a una comunidad local, nacional e internacional que condena plenamente los hechos ocurridos la noche del pasado lunes, y que no muestra estar nada dispuesta a aceptar las vagas y típicas explicaciones con las que el sector oficial suele calmar las aguas, apostando todo al tiempo.

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En la tragedia de la estación migratoria, las autoridades del Instituto Nacional de Migración no pueden lavarse las manos ni eludir su responsabilidad en los hechos, por la simple y sencilla razón de que las víctimas se encontraban en un recinto federal a su cargo, que por norma tenía que estar supervisado y vigilado las 24 horas.

Qué fácil es pretender argumentar que los migrantes fueron los autores del incendio, porque les prendieron fuego a los colchones y bloquearon las puertas de la estación.

Aunque hasta ayer por la tarde no había un peritaje oficial sobre las causas del incendio, que terminó con la vida de 40 migrantes y dejo malheridos a 28, las autoridades federales se apresuraron a culparlos, como si se hubiera tratado de un suicidio colectivo al estilo de la tragedia de Waco, Texas, de 1993.

Varias organizaciones defensoras de los derechos de migrantes se activaron ayer para exigir una investigación imparcial de los hechos, que no criminalice a las víctimas, porque el caso ha quedado en manos de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República.

Cuando las voces oficiales afirmaron que los mismos migrantes (salvadoreños, según dijeron) le prendieron fuego a los colchones, surgieron varias preguntas que nadie ha respondido hasta ahora: ¿La estación migratoria es una cárcel y no un centro de apoyo? ¿Los migrantes estaban encerrados en celdas? ¿No había salida de emergencia en la estación migratoria, ni extinguidores? ¿Dónde estaban los vigilantes que debe haber en estos sitios?

Si el responsable directo de la operación y seguridad de esa estación migratoria es el delegado estatal del INM, el contraalmirante Salvador González Guerrero, entonces este debe responder ante la Fiscalía General de la República a todas esas interrogantes.

Ahora que la situación estalló, por obvias razones buscan culpar a los que ya están muertos, como si no se tratara de seres humanos que tuvieron un final atroz, a pesar de que supuestamente gozaban de derechos civiles, independientemente de su nacionalidad o estado migratorio.

Esta crisis migrante de Juárez, que la noche del lunes alcanzó su más trágica manifestación, ya había sido anticipada como una bomba de tiempo que pronto estallaría, y ahora que explotó, quedará como otra marca nefasta en la historia negra del Instituto Nacional de Migración, aunque en su comunicado oficial salga con la sandez de que “rechaza enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia”.

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Aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició ayer una investigación de la tragedia, voceros de varias organizaciones defensoras de migrantes le solicitarán que, en las periciales del incendio, intervengan especialistas externos, para que el asunto no se contamine ni se culpe a los migrantes, que ahora ya no pueden defenderse.

En su comunicado DGDDH/074/2023, la propia Comisión confirmó que inició una investigación exhaustiva sobre los hechos, pero también sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones del INM y los protocolos con que contaba.

La tragedia sucedió a seis días de que la organización no gubernamental Grupo Articulador México, conformado por ocho organizaciones defensoras de los migrantes, había anunciado en su sitio los avances en los esfuerzos para terminar con la detención de las personas solicitantes de asilo, en estaciones migratorias del INM.

Esta gestión se realizaba ante la falta de condiciones humanitarias y de respeto a los derechos humanos de los migrantes en las estaciones.

Con el hastag #LibertadNoDetención, el Grupo Articulador México buscaba ablandar esas políticas públicas insensibles e inseguras, que impedían que los migrantes pudieran concluir sus procedimientos de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.

La ONG informó en su sitio que, desde 2016, se implementó en México el programa “Salidas de Estaciones Migratorias”, implementado con el Instituto Nacional de Migración (INM), por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aunque en los hechos, fue una práctica informal que funcionó de manera discrecional, sin criterios claros y públicos que la limitaba para ciertos perfiles.

Ahora que mueren 40 migrantes y quedan heridos otros 28 en una de dichas estaciones, se confirman todas las deficiencias que el Grupo Articulador señaló para impugnar esos centros de detención.

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Dice el refrán popular que “mal empieza la semana para el que lo ahorcan el lunes” y así le pasó al PRI.

Por recibir dinero del Gobierno del Estado de manera descarada, el Revolucionario Institucional recibirá “descuentos” de sus prerrogativas por un total de 97 millones 916 mil 665 pesos.

El castigo, aplicado por el Consejo General del INE, consistirá en hacerle retenciones mensuales hasta completar los casi 100 millones de pesos que deberá pagar por “no rechazar” el dinero en efectivo que recibía de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Duarte, allá por el año 2015.

De poco valieron los pataleos de la representación priista en el Consejo General del INE, que hasta sacaron a relucir el caso del presunto torturador Francisco González Arredondo para decir que a su extesorero, Pedro Mauli Romero, lo torturaron para que confesara que su partido había recibido 36.6 millones de pesos de la Tesorería del Estado de Chihuahua.

Ni así la libraron: el Consejo del INE determinó que ese caso era harina de otro costal y, por lo tanto, la multa va.

Con esa cantidad, las multas al PRI por los desvíos de la administración de César Duarte a sus arcas suman ya 134 millones 460 mil 665 pesos.

La otra gran multa fue por 36 millones 544 mil pesos, aplicada en julio de 2018, por haberle retenido el 10 por ciento de sus compensaciones a los empleados de Gobierno de tercer nivel hacia arriba para enviárselos al expartido en el poder.

Y más vale que hagan “cochinito” para pagar, porque todavía falta que se ventile el caso de la “Operación Zafiro”, en la cual, según la causa iniciada por el Gobierno de Javier Corral, se habrían desviado 250 millones para las campañas del tricolor.

¡De a cómo irá a ser esa multa!