Como ultra intenso tinte de combativo asquel (es decir, de cargadísimo color de brava hormiga) se ha puesto desde mediados del año pasado a la fecha la situación del transporte público y privado de Ciudad Juárez.

Ni medios tonos, ni matices de atemperado acento, ni los desplantes diplomáticos, ni las gastadas declaraciones de que todo se va a arreglar en un futuro que nomás no acaba de llegar, parecen poder apaciguar lo que se deja sentir ya como un tormentoso y turbulento ir y venir de aguas en el negocio del transporte local.

Y lo peor del caso es que, lejos de mejorar, el asunto pudiera ponerse aún más espinoso, y no sólo llegar a tocar, sino rebasar fondo, ante la ya notoria y casi total falta de entendimiento entre transportistas y autoridades estatales del transporte.

Al momento la situación ha escalado a niveles de amenaza, con el anuncio de un posible paro general del transporte público y privado local, en medio de este tenso estira y afloja entre ambos frentes.

Un estira y afloja que tiene como factor de discusión la exigencia por un lado, y la indefinición por el otro, para autorizar un alza a la tarifa que, según los transportistas, les permita ser susceptibles de créditos para el financiamiento de unidades que en el papel se plantean como “nuevas”, aunque en la cruda realidad se trate de unidades de muy medio uso.

Y, así como no queriendo, que el Gobierno del Estado les financie de una vez “para que amarre”, el enganche de las nuevas unidades, algo a lo que las autoridades responden que habrá que ver “cómo camina el asunto”, o sea “sí, quizá, tal vez, pero quién sabe”.

Ante los amagos de los transportistas de parar el servicio el próximo miércoles 8 de febrero, el Gobierno del Estado saca, eso sí, un nuevo y reluciente “As bajo la manga” buscando evitar el paro, anunciando la próxima presentación de un plan integral de reforma que, aseguran, ahora sí, dejará contentos a todos.

Sólo que hay que resaltar un pequeño detalle: a la presentación de este plan integral de reforma al sistema de transporte no le pusieron fecha, algo que ha sucedido en muchos otros planteamientos relacionados con el tema de modo que, a este respecto, las susceptibilidades transporteriles están como la mula, que no era arisca hasta que le tocaron los porrazos.

En resumen, palabras van, palabras vienen, pero de cambios en bien de los usuarios que son quienes están pagando -y muy caro- los platos rotos, nada de nada.

La ciudadanía fronteriza, la de a pie, la que se ve obligada a utilizar el servicio, es la que sufre a diario las consecuencias de un sistema de transporte sumamente deteriorado, deficiente y cada vez más escaso de unidades, representándole un auténtico viacrucis en su necesidad de trasladarse por los rumbos citadinos.

Por mucho que las autoridades a cargo en el estado pretenden convencer a los juarenses de que es cuestión de tiempo para que nuestra ciudad tenga “el mejor transporte público de su historia” -tal como lo declaró en la audiencia pública celebrada en octubre de 2022 el entonces secretario general de Gobierno y actual fiscal general estado, César Jáuregui Moreno- la realidad es que en el terreno de la calle, el asunto marcha como comitiva de cangrejos: un poquito de costado y con muchos, pero muchos pasos para atrás.

Prueba de ello es la dramática caída que en el transcurso del año pasado y especialmente en los últimos cuatro meses, ha experimentado el servicio en cuanto al número de camiones en funcionamiento, en comparación con el número de concesiones existentes.

De las mil 860 concesiones de transporte público vigentes a la fecha, alrededor de mil 800 estaban en servicio entre finales de 2021 y principios de 2022 en las diversas rutas de la ciudad.

Una cantidad que ya contrastaba con las más de 3 mil unidades registradas para la prestación del servicio de transporte de personal, giro de transporte que principalmente presta servicios al sector maquilador y que, por cierto, cuenta con un muy jugoso margen de ganancias.

Si en ese entonces la relación entre el transporte privado y el público era prácticamente de 2 a 1, para septiembre de 2022 la brecha se expandió a niveles de escándalo.

Mientras el parque vehicular para el servicio especial iba en aumento, el número de camiones de transporte público en operación se había desplomado dramáticamente para entonces, a sólo unas 550 unidades en circulación para toda la ciudad.

Es decir, una estruendosa caída de un 70 por ciento en un lapso de tan sólo ocho meses.

Y en los últimos cuatro meses la situación se ha puesto aún peor, con el retiro de otros casi 200 camiones, dejando la cobertura del transporte urbano sobre las ruedas y motores de un parque vehicular reducido a sólo 360 ó 370 unidades, según datos de los propios transportistas.

Un colapso transportista que solo en el transcurso de un año llegó al 80 por ciento de déficit de unidades, y que sigue en caída libre, con poco menos de 400 vehículos prestando el servicio, mientras el número de camiones para el transporte de personal llega a la fecha a más de 5 mil vehículos, con muchas unidades nuevas y relucientes.

Por este motivo, una línea de transporte como la 8B, que antes tenía esperas de más o menos media hora a 40 minutos, hoy tiene esperas de más de dos horas gracias a un parque vehicular integrado por sólo 5 o 6 unidades, que a veces sólo llega a tres en circulación.

Y qué decir de líneas como la “Central”, “Ruta 4”, “Circunvalación”, “Futurama” y las cuatro rutas de la “Línea Morada” que prestaban un importante servicio de circulación interior en colonias, y que desde hace tiempo desaparecieron porque el criterio de la rentabilidad es más importante que la cantidad de cuadras que adultos mayores, personas con necesidades especiales y población en general, se ven ahora obligados a caminar para acceder a las llamadas líneas principales.

No se necesita tener dos dedos de frente para asumir que -sea como mecanismo de presión, por revancha o porque deveras “deveritas” no les queda de otra-, muchos concesionarios están enfocando sus baterías al transporte especial.

Aunque esto signifique abandonar a su suerte o dejar en un nivel de quasi inanición al sistema de transporte urbano, cuando la prioridad debería ser este último.

Basta salir a la calle una mañana cualquiera y hacer la prueba de esperar “la ruta” junto a aquéllos que a diario viven, en carne propia, los embates de la decadencia del transporte público juarense.

Los más de 295 mil habitantes del excesivamente disperso oriente y suroriente de Juárez dependen en gran parte del servicio prestado por un total de sólo 224 unidades en circulación, según datos actuales, la mayoría de las cuales rebasan con mucho el límite de antigüedad, presentando condiciones de funcionamiento sumamente deficientes.

Hasta una hora de espera tienen que soportar quienes radican en alguna de las nueve etapas de Riberas del Bravo, para abordar una de las escasas y desvencijadas unidades que mueven a diario a una gran parte de sus 21 mil 600 habitantes.

Y eso si bien les va, porque ante la cada vez menor cantidad de ruteras en servicio, es frecuente que éstas vengan ya tan cargadas de pasaje, que no levantan a quienes tienen largos tiempos de permanencia en paradas intermedias, lo que extiende la espera a dos o tres horas, y eso si bien les va.

Esto además de que muchos se ven obligados a viajar hasta colgados de las puertas, ante lo llenas de pasaje que suelen ir tales unidades, con tal de no perder el viaje.

A fin de cuentas, para los choferes -más que la comodidad, la seguridad y la calidad del servicio- al final lo que cuenta realmente es el cobro.

Mientras tanto, las autoridades estatales sólo se concretan a seguir pidiendo paciencia a la ciudadanía. Una paciencia mayor que la de alguien llamado Job, lo cual, estimado lector, ya es mucho decir.