La situación es más que crítica en algunos juzgados familiares y civiles respecto al rezago que se sigue acumulando, en perjuicio de todos los usuarios del sistema de justicia.

Son expedientes y más expedientes sin radicar. Hasta 500 en un solo juzgado, donde diariamente hay promociones pero nada se desahoga y todo se sigue guardando. Increíble, pero a un mes y medio de la renovación de juezas y jueces por la reforma judicial que llevó a la elección por voto popular, hay personas juzgadoras que prácticamente se quedaron paralizadas.

Le llegaron los reportes a Mirone de que a unas no les cayó el veinte y piensan que ganaron beca para no trabajar y a otras de plano les ganó el miedo escénico y programan la menor cantidad de audiencias posibles, cuando debían de meter el acelerador, para intentar ponerse al corriente.

Ahí está lo más grave de todo. Ni siquiera programan audiencias preliminares, mucho menos audiencias para los juicios. No responden ni las promociones más simples que realizan los abogados todos los días y todo se va atrasando. Se la maderean hasta para firmar un acuerdo o autorizar convenio provisional de alimentación para los menores.

Si acaso, sacan un asunto por cada diez que les llegan y ahí van quedando las demandas que no se radican y las promociones que no se acuerdan por parte de las personas juzgadoras.

Hay casos emblemáticos, como los juzgados familiares Quinto y Sexto por audiencias. Están semiparalizados y ya empezaron a generar un caos, además del rezago. Ahí hablamos de los juzgados en donde se incorporaron Alejandra Varela Mendias y José Miguel Arellano Sosa. El segundo hasta el lujo se da de desaparecerse por días, quizá pensando que todo se lo harán sus secretarios y secretarias.

Y eso que en los juzgados Quinto y Sexto los dejaron los anteriores jueces en cero. Eran de los mejores y ahora están entre los peores. En los otros, los que eran los peores, hubo a quienes les tocó llegar a poner orden y en eso andan, regularizando, sobre todo quienes ya eran jueces o formaban parte de la carrera judicial.

Lo mismo pasa en materia civil. Uno de esos que estaba prácticamente tirado, era el Juzgado Primero Civil por Audiencias, el que atendía (o desatendía) Víctor Hugo Castañón.

Literalmente, los expedientes estaban arrumbados en el piso de la sala de audiencias, recién se dio el relevo. Aquí agregamos una foto sobre esa situación respecto a unos 700 expedientes sin acordar.

Le comentan a Mirone que en materia civil, hay un rey del pánico escénico. Se trata del nuevo titular del Juzgado Tercero Civil por Audiencias, Alberto Hiram Arroyo. Ya debe de andar en los 300 o 400 expedientes acumulados desde que se dio el relevo porque simplemente no puede ponerse al frente de una audiencia.

Así andan las cosas en los juzgados del eje vial Juan Gabriel, pero la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, prefiere andar de socialité, en lugar de pensar en resolver el problema.

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Los desarrolladores están obligados a entregar tierra para equipamiento urbano cada vez que construyen algún fraccionamiento.

Pero la legislación permite que en lugar de eso, paguen en especie o absorban el costo de alguna obra de equipamiento. Se le llama Sesión Gratuita en Especie, aunque también se le conoce como Transferencia de Potencial Urbano.

Aquí comentamos recientemente la queja de vecinos que han estado pidiendo que se cubra con esa figura algún equipamiento pendiente en sus colonias, pero no les han hecho caso en la Dirección de Desarrollo Urbano.

No hay claridad en la forma en que se está ejerciendo y el tema no es menor. Incluso, supo Mirone que la regidora coordinadora de la Comisión Revisora de Fraccionamientos, Mireya Porras, lleva todo el año pidiendo un informe sobre el recurso que está disponible para ejercerse y lo que hasta ahora se ha aplicado.

Pues tampoco le han hecho caso, aunque lo ha pedido hasta por oficio. También la Red de Vecinos ha insistido en conocer a detalle todo ese desglose, pero tampoco ha habido respuesta de la directora Claudia Morales, quien, aunque ya lleva cuatro años en la administración pública, sigue pensando que trabaja para alguna inmobiliaria del sector privado.

No hablamos de dinero en efectivo, así no se maneja, pero sí se cuantifica el costo de lo que correspondería a la entrega de terreno y el equivalente a ese costo es lo que la empresa debe de absorber al realizar alguna obra de equipamiento, como la pavimentación de alguna calle, la construcción de banquetas o guarniciones, o hasta algún centro comunitario.

Hay montos chicos pero también hay cifras millonarias, aunque no se conoce hasta ahora algún reporte formal o ficha con el desglose. Es lo que nunca han entregado en Desarrollo Urbano.

La discrecionalidad también radica en la decisión respecto a dónde hacer la inversión, qué obra sí aceptar o cuál rechazar. Antes ya hubo cuestionamientos al respecto. Por ejemplo, cuando Desarrollo Urbano autorizó que un desarrollador no entregara el terreno para equipamiento en un fraccionamiento del suroriente, y a cambio pagara la construcción de banquetas en la zona de Campos Elíseos.

Tiene además esa gran bronca el uso de la figura: que se ejecutan obras en otras zonas, como si en el lugar original de la construcción de los fraccionamientos, no existieran problemas de equipamiento.

A ver a qué horas se clarifica el tema por parte de Desarrollo Urbano.

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Ahora que salió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a defender al exgobernador César Duarte y a darle la razón en su queja de que era hostigado por los muchachitos y los drones del fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, el trabajo del organismo se puso en el ojo público.

Ya hubo quien se puso a revisar cómo han estado resolviendo los cientos de quejas que se acumulan en sus archivos y resulta que la CEDH no suele ser tan diligente en dar sus respuestas.

No es tampoco que haya sido muy veloz en este caso, ya que se tardó un año para lanzar su recomendación, pero su historial dice que la regla es que se lleva más de dos años. Nada más es cuestión de revisar su página para encontrar los casos que se acumulan desde el 2023, o el 2022, y siguen ahí sin resolverse.

¿Por qué ahora sí se movió? Vaya usted a saber. Quizá porque Duarte no suelta su dicho de que “el poder es para poder, y no para no poder”.

Lo que es un hecho es que las mujeres y los hombres que no tienen poder político o económico deben de hacer fila para que la CEDH resuelva sus quejas. Por cierto, ya pasaron dos años de la muerte de Javier González Mocken y la Comisión sigue con presidente interino.

Está ahí uno de los temas pendientes por resolver de parte del Congreso del Estado, luego de que en el proceso de selección que concluyó en abril de este año, la panista Georgina Bujanda no recibió el aval de la fracción morenista para obtener las dos terceras partes de los votos en el Pleno, necesarios para convertirse en ombudswoman.

El asunto de la recomendación que firmó el interino Alejandro Carrasco, para que se le reconozca a Duarte como víctima y se le pague la reparación del año, ha desatado mucha controversia y desde luego que rebotó en los titulares de la Fiscalía y de la Secretaría General, quienes negaron que al exgobernador se le haya estado vigilando.

Incluso, el fiscal Jáuregui dijo que no aceptarían la recomendación de la Comisión. El asunto seguirá dando más de qué hablar por el propio exgobernador y sus abogados, también por los distintos actores políticos y las instancias oficiales que le deben de dar seguimiento.

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Más a fuerzas que con ganas, pero el regidor morenista de la ciudad de Chihuahua, el expanista Miguel Rigss, tuvo que disculparse públicamente frente a la regidora azul, su excompañera de partido, Olivia Franco.

Fue en la sesión de Cabildo de este miércoles, cuando el exdiputado federal y exsíndico, le dio cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal Electoral, luego de que Olivia Franco lo denunció por ejercer violencia política en razón de género en su contra, precisamente en una sesión de Cabildo.

Hace nueve meses surgió el escándalo, cuando Riggs participaba vía Zoom de una sesión. Al momento en que la síndica iniciaba una participación, en el audio se escuchó que el regidor profirió algunos insultos. “Puras mamadas” y “pendeja”, fueron algunas de las palabras que alcanzaron a escucharse en la transmisión que quedó grabada.

Así que ayer el regidor morenista dijo que nunca ha sido ni será jamás su intención, el ejercer violencia política en razón de género, ni afectar la integridad, honra o participación de ninguna mujer en la vida pública.

“Reconozco que algunas expresiones pudieron haberse percibido como ofensivas o descalificatorias hacia su actitud. No ha sido mi intención ejercer violencia política en razón de género ni afectar la integridad, honra o participación de ninguna mujer en la vida pública”, expresó.

El regidor aseguró estar comprometido con los principios de igualdad sustantiva, respeto y participación plena de las mujeres en la política, y hasta dijo que los ha defendido durante su trayectoria.

La síndica le aceptó la disculpa, aunque también soltó una pulla al lamentar que las palabras del regidor no sean “emanadas de la una voluntad de reconciliación personal, o de la relación previa que existió de respeto y apoyo previo”.

La síndica también lamentó que la disculpa no haya sido oportuna y genuina.