Tal parece que el incremento de contagios de Covid-19 en el estado puso tan nerviosas a las autoridades de salud, que lejos de reaccionar con profesionalismo y tiros de precisión para contener la expansión de la pandemia, actuaron con la estulticia propia de un neófito en la materia.

Primero fue el secretario de Salud del estado, Dr. Felipe Fernando Sandoval Magallanes, cuando titubeó al regionalizar las medidas de protección en el estado, colocando a Juárez en semáforo amarillo y unas horas después en color naranja.

Las vacilantes decisiones del responsable de la salud de los chihuahuenses, solo demuestran que podrá ser muy buen cirujano y anestesiólogo, pero que como funcionario público en el área sanitaria de plano le faltan tablas.

Lo más extraño del caso, es que, si en la entidad existen eminentes epidemiólogos y especialistas en virología, el doctor Sandoval se exponga a tomar decisiones imprudentes que demuestran su falta de conocimiento en la materia.

Lo peor de todo, es que no se trata de simples errores en el papel, que se corrigen con un borrón y cuenta nueva, sino de la salud de 4 millones de chihuahuenses, que confían en la pericia de sus autoridades sanitarias y no deberían ser expuestas por las ocurrencias ni por la falta de experiencia de los que cobran porque supuestamente saben lo que están haciendo.

La magnitud del problema la estamos viendo a nivel mundial, y Chihuahua no tendría porqué ser la excepción, a menos que la ignorancia, las decisiones políticas y los intereses económicos se le sigan atravesando a la ciencia médica.

La propia gobernadora está sufriendo los estragos del coronavirus por segunda ocasión, a pesar de las vacunas, y no se explica que sus subordinados vean el panorama estatal con una normalidad que está muy lejos de existir y no tomen las medidas necesarias, por drásticas que estas sean.

Si Maru Campos, que tiene a su alcance todas las medidas sanitarias preventivas y de seguridad, se enfermó, ¿qué podemos esperar los simples mortales que tenemos que pagar las pruebas de detección, los cubrebocas, el gel, el alcohol antiséptico y toda clase de sanitizantes que se han encarecido de manera grosera, sin que el mentado Consejo Estatal de Salud haga nada al respecto?

Si los “especialistas” del Gobierno no alcanzan a ver la realidad de la onda expansiva de la pandemia, sería bueno que se dieran una vuelta por algunas dependencias, como la Auditoría Superior del Estado, donde 20 empleados resultaron contagiados y fueron enviados a sus casas para permanecer aislados.

También por el Congreso del Estado, donde ya se registraron al menos una docena de contagios, y tuvieron que ser los coordinadores de bancada los que tomaron la decisión de exigirles a diputados, al personal administrativo y al de intendencia, las pruebas Covid con resultado negativo, para poder acceder a la Torre legislativa.

De seguir tan vacilantes ante el problema que tiene al mundo en una verdadera encrucijada, la crisis de Chihuahua dejará de ser solo financiera para convertirse también en sanitaria, lo cual puede hacer colapsar nuevamente a la entidad.

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Concesionarios del transporte público y funcionarios de Gobierno acuden esta semana a un momento crucial que definirá el rumbo del servicio que reciben los juarenses.

Habrá encerrona en Pueblito Mexicano el viernes y todos los participantes deberán abrir sus cartas. Mal harían los operadores de la administración marucampista si no dan acceso a los medios para ver y escuchar a quienes participarán. Es mucho lo que hay en juego.

Los datos compartidos con este Mirone por algunos de los participantes de la que han llamado “mesa técnica” indican que son diez empresas las que están involucradas.

Se dividen en tres grupos y todos tienen una parte del pastel. Las empresas participantes que tienen concesiones ganadas son Lazos 5 puntos, Colectivos Juárez Plus, Línea Juárez Zaragoza y Línea 1 A. También están Transporte de Personal JCR, Transporte Ecosustentable, Ceiba, Transporte 1 Juárez y Juárez Aeropuerto. Solo están pendientes de asignar las rutas Helio-Estrella, Aeropuerto-Kilómetro 30 y Helio-Isla Jasu.

La clave está en que haya piso parejo para todos y por supuesto que no haya simulaciones.

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Sabe Mirone que ya hay empresas que traen rodando desde el puerto de Manzanillo más camiones articulados importados de Asia. Llegarán este viernes como una muestra de que van en serio por la modernización del servicio.

Pero también hay empresarios que manejan los recorridos del BRT1 por la banqueta, que prometieron reparar los camiones verdes y que a la fecha no han cumplido.

Y no hay que confundirse, porque ya quedó claro con el manotazo en la mesa que dio la gobernadora el mes pasado, que no se trata solo de pedir incremento de tarifa.

De hecho, fuentes especializadas le han contado a Mirone que oponerse al incremento es ir en contra del progreso y la economía popular. Por un lado, no se les da a los empresarios transportistas el esquema necesario para modernizarse. Por el otro, se provoca un vacío en el servicio a los usuarios que es aprovechado por Ubers piratas.

Los y las juarenses terminan pagando de 20 a 30 pesos para que los trasladen de sus alejadas colonias a las avenidas donde pasan las rutas, porque los concesionarios optan por guardar los camiones bajo el pretexto de que con ocho pesos no les resulta el negocio.

Es por eso que hay colonias donde no pasa el camión y a los pasajeros no les queda otra que usar a los piratas. El problema es que, durante muchos años, aún con la tarifa adecuada, los transportistas no fueron capaces de mejorar las condiciones de los camiones.

Debido a esto, lo que se cocina es un momento definitorio. El anuncio de diciembre de arrancar este mes en un esquema preoperatorio la troncal 2 del BRT con 96 unidades, algunas dentro del año modelo y otras nuevas, es el primer indicio de que el Sistema Integrado de Transporte podría funcionar.

Sabe este Mirone que existe la disposición del Gobierno de extender el periodo para que los nuevos empresarios transportistas cumplan las condicionantes para otorgarles sus concesiones. El problema es que algunos empresarios que ya tienen su concesión ganada, siguen aferrados a no presentar unidades de año y modelo adecuadas y mucho menos nuevas.

En lo concerniente a quienes mantienen el BRT 1 en condiciones deplorables, ya está en la mesa la posibilidad de que les sean retiradas concesiones ganadas. No es un tema menor. Pueden ser reemplazados por la empresa que opera el sistema en la capital.

Se acabó el tiempo de patear el bote.  Ahora los operadores de Gobierno, empezando por los recién nombrados Ricardo Tuda y Luis Aguirre, deben saber que ya no hay lugar para acuerdos en lo oscurito. La lupa de la opinión pública está puesta sobre ellos. Mucho ojo.

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Los que fueron mandones en la pasada legislatura estatal, andan acalambrados porque les puede llegar la chamuscada por sus vínculos con un funcionario que se puso a hacer préstamos de las cuentas oficiales, como si administrara un banco y no las cuentas de los diputados.

Al tema, que surgió de la revisión del ejercicio fiscal 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se le quiso echar tierrita, como para que nadie se diera cuenta.

Por eso el informe específico con el hallazgo, las observaciones y las denuncias de hechos, se subió al portal web del ente fiscalizador, casi casi cuando empezaban los balazos y los cuetes de fin de año. Pero ahí está el documento, bien cargadito para todo el que lo quiera consultar.

El Área de Auditoría Especial Forense de la ASE, encontró retiros por 4 millones 846 mil 596 pesos de una cuenta bancaria contratada por el Congreso con Grupo Financiero Banorte. Esa cuenta corresponde al Fondo de Ahorro de las y los diputados. Lo interesante es que la persona que recibió la lana, nada tiene que ver con el Congreso del Estado.

Y cuando el personal de la ASE lo buscó para ver cómo había estado el entuerto, simplemente declaró que a él se los prestó “el contador” responsable del manejo de esos recursos. Y llanamente lo dijo, el recurso era para entrarle a un proyecto de negocios. Al momento no queda claro cuánto ha regresado y qué tantos intereses ha pagado.

El caso es que ese movimiento se enmarca claramente como un hecho delictivo, por el desvío de recursos. A estas alturas, el expediente ya debe de estar en la oficina de la Fiscalía Anticorrupción. Así lo anunció la ASE.

El probable responsable podría llevarse a otra persona al baile, ya que en el expediente se menciona a una jefa de departamento que también participó en las transferencias.

La mujer era “encargada de realizar todos los pagos de proveedores, diputados, incluido el Fondo de Ahorro e impuestos, a excepción de lo que respecta a pagos de nómina y viáticos”.

Así, los nuevos coordinadores de bancada en el Congreso, se andan preguntando quiénes de sus antecesores apadrinaron a los responsables del dinero que hicieron y deshicieron con las cuentas bancarias.