Extraño es el silencio luego de un estruendo, inquietante es la quietud y más cuando a esta antecede un torbellino, preocupante es también el mutismo que han mantenido empresarios de establecimientos donde se expenden bebidas embriagantes y las propias autoridades que les regulan, esto tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la capital del estado, donde se elaboraban bebidas alcohólicas adulteradas.

Para ser exacto, este Mirone quiere recordar que fue el pasado 23 de noviembre cuando a través de un comunicado oficial -esto no es cuento ni proviene de chismes de radio pasillo-, sino que fue la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) la que dio a conocer del inusitado golpe a la delincuencia.

El laboratorio clandestino ubicado en la calle Reforma Urbana, de la colonia Revolución en el cual se elaboraban bebidas embriagantes adulteradas, se localizaron cientos de botellas llenas y vacías, así como alcohol en galones, etiquetas y marbetes de control fiscal y sanitario de la Secretaría de Hacienda federal fue desmantelado y asegurado en un operativo conjunto implementado por la SSPE y Gobernación Estatal.

El Grupo Especial SWAT de la SSPE en coordinación con Gobernación, localizaron el laboratorio al interior de una bodega donde se encontró de todo para la falsificación de whiskey y tequila de marcas renombradas y que, al copeo, pueden costar algunos cientos de pesos.

Sin embargo, la propia autoridad informó que conforme a su investigación, se estableció que el costo para la elaboración de las botellas de bebidas embriagantes ronda alrededor de 150 pesos, y, en redes sociales se vendían dichas botellas adulteradas desde 416 hasta 625 pesos por unidad.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, la misma SSPE reportó en la ciudad de Chihuahua la detención de dos sujetos que fueron sorprendidos transportando varias botellas de bebidas embriagantes similares a las encontradas en el laboratorio clandestino ubicado en la colonia Revolución.

Al abordar a los sujetos, estos aceptaron comercializar botellas de bebidas embriagantes adulteradas, para las cuales se utilizaba alcohol etílico y un químico extra para simular el sabor de la bebida.

Los detenidos, identificados como Leonel G. C. y César Gerardo S. T., ambos de 27 años de edad, ofrecieron a los oficiales del SWAT la cantidad de 3 mil 800 pesos para evitar su detención, pero ambos serían turnados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que las indagatorias correspondientes y se establezca su participación en la elaboración y venta de bebidas embriagantes adulteradas.

Ante estos acontecimientos, el director estatal de Gobernación Eloy García Tarín, lanzó un llamado ese mismo día a la población para no adquirir ese tipo de productos a través de las redes sociales.

Sin embargo, lo sorprendente y preocupante es que de igual manera dijo que se habían localizado bebidas de este tipo en distintos municipios, entre ellos Juárez y no sólo eso, sino que han sido encontrados a la venta al copeo en cantinas y restaurantes.

Justo en su reporte del lunes, el titular de Gobernación en la zona norte, Alejandro Jiménez dio a conocer la clausura de al menos un establecimiento por la venta de bebidas adulteradas.

No habló si estas bebidas están relacionadas con el caso de la bodega localizada en la capital, pero se sabe que esas botellas tuvieron circulación en distintos bares y restaurantes tanto de la capital como de Ciudad Juárez.

Específicamente refirió que los municipios de Práxedis G. Guerrero y Guadalupe, así como Ciudad Juárez, acumularon ocho establecimientos clausurados durante el pasado fin de semana por inspectores de la Oficina de Gobernación en la Zona Norte.

En su informe correspondiente a la semana del 21 al 27 de noviembre del presente año, el funcionario dijo que se realizaron 104 inspecciones en centros nocturnos, bares y establecimientos para la venta y consumo de bebidas embriagantes, dejando como saldo 12 actas administrativas, 8 de ellas que culminaron en clausura.

“Se registraron 2 clausuras en el municipio de Práxedis G. Guerrero, una en Guadalupe y cinco en Juárez, cinco de las cuales fueron por no presentar la documentación correspondiente, dos por registrarse hechos violentos y venta de botellas de alcohol alteradas y/o adulteradas”, dijo Jiménez.

El funcionario mencionó que los inspectores procedieron también al decomiso de 13 botellas de licor y 2 mil 679 unidades de cerveza, mientras que el resto de las actas administrativas fue debido a que las botellas que tenían a la venta no contaban con el sello de seguridad o marbete.

Ante esta situación los empresarios han hecho mutis. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Rogelio Ramos Guevara, conocido en el mundillo de la grilla como “El Lento” Ramos, por aquellas de su parecido con el primo de “Speedy” González, muy dado a los protagonismos mediáticos, no ha dicho ni pío, lo cual sorprende, ya que es de los principales impulsores en cuanto a la economía y a la industria del “chupe” se refiere y un ávido opinólogo.

Ahora que se nos vienen las fiestas decembrinas y el consumo de alcohol se incrementa tanto en los hogares, como en las posadas y en los antros, centros de entretenimiento nocturno y restaurantes, sería bueno conocer las acciones que los empresarios dedicados al ramo van a tomar para que la seguridad de su clientela prevalezca, ya no solamente en el ámbito de la violencia que sigue afectando a los establecimientos, sino al interior mismo en cuanto a servicio, calidad y certeza de que lo que los clientes están consumiendo, no les perjudicará en su salud en un futuro.

¿Cómo la ven empresarios de la industria restaurantera y de entretenimiento nocturno? A regresarle a la ciudad una de cal y por esas mil de arena ¿no?

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En virtud de que ninguna autoridad, federal, estatal o municipal, se han puesto las pilas para elaborar un plan de acción y prevención para la población en materia de sismos, la diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes, subió ayer un punto de acuerdo al Congreso del Estado para la implementación de la cultura sísmica en la entidad.

La propuesta surge muy a tiempo, pues en la madrugada de ayer tembló en el municipio de Saucillo, y en días anteriores, se registraron movimientos telúricos en Juárez, Jiménez, Ojinaga, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Práxedis G. Guerrero.

Aunque los dos sismos registrados en Juárez los días 16 y 25 de este mes, tuvieron su epicentro en Ojinaga y el sur de Texas, mucha gente los sintió y entró en pánico, pues alcanzaron magnitudes de 5.3 y 4.9 en la escala de Richter, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. 

Tras la alarma que en Juárez causaron, porque la población que no está acostumbrada a estos fenómenos de la naturaleza, las autoridades de protección civil se limitaron a informar que no hubo reportes de daños estructurales en viviendas ni edificios públicos, y hasta ahí su intervención, porque carecen de experiencia y capacitación en el tema, así como de un manual que les indique cómo actuar en estas emergencias.

Por ello, es buena y oportuna la propuesta de la diputada Pérez para exhortar al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y al Servicio Sismológico Nacional de México, para que informen sobre las medidas preventivas que deberán asumir las autoridades municipales y estatales, así como la población en general, con relación a códigos de construcción sísmica en Juárez.

También planteó la necesidad de implementar a la brevedad una cultura sísmica en la ciudadanía con la Coordinación Estatal de Protección Civil, que debe capacitarse en este campo, pues en pocos edificios, centros de trabajo, hospitales, y complejos comerciales, hubo evacuaciones del personal y el público, por el simple hecho de que hasta después de que pasaron los temblores, se dieron cuenta que se trababa de sismos.

En zonas de alta frecuencia sísmica como la Ciudad de México, además de los protocolos oficiales de prevención y los simulacros frecuentes de evacuación, se cuenta con un manual básico de acción, que consiste en un plan de evacuación, conocimientos básicos de primeros auxilios, ubicación de llaves de gas, agua e interruptores de electricidad, señalizaciones de seguridad con rutas de salida y tener siempre lista una mochila de vida, que contiene las cosas necesarias para que una persona pueda subsistir en caso de un desastre natural o contingencia.

Lamentablemente, nada de eso existe en los programas de Gobierno, pues es tal la ignorancia en el tema, que el director de Protección Civil en la Zona Norte, Mauricio Rodríguez Padilla, dice que es la gente la que debe capacitarse y estar preparada, cuando no han hecho nada para crear y promover la cultura sísmica, que es por donde deben empezar.

A ver si en la iniciativa de María Antonieta, pueden incluir la comparecencia de los titulares de Protección Civil para que informen lo que están haciendo o van a hacer de manera preventiva, antes que la madre tierra nos mande un sismo de graves consecuencias.

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Quien también salió en defensa de “Panchito” fue la exprocuradora de Chihuahua Patricia González Rodríguez.

Resulta y resalta que, durante un evento académico en un hotel de la Ciudad de México, donde participaron varias universidades del país, Patricia González dijo que se está cometiendo una injusticia contra Francisco G. A., quien fue su colaborador en la procuraduría y fue quien llevó a la cárcel a un exgobernador corrupto.

La declaración la hizo dentro del contexto de su exposición sobre la corrupción que ha frenado la buena marcha del sistema penal acusatorio en el país.

La exprocuradora de Chihuahua en el periodo más sangriento de la historia del estado, dijo que durante el sexenio de José Reyes Baeza recibieron una amenaza del presidente Felipe Calderón por haber implementado el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 2005 y como represalia, envió el Ejército a la entidad.

Con su afirmación sobre aquel sexenio trágico para Chihuahua y Juárez, busca ocultar que, durante su gestión como procuradora, hubo en el estado más de 9 mil homicidios dolosos, porque la policía que dependía de ella estaba coludida con los dos cárteles de la droga que estaban en guerra en ese momento.

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Al dictar sentencia absolutoria a las dos maestras del Colegio Montessori acusadas de violación de una niña de 4 años del plantel, la jueza de la causa le dio un giro de 180 grados al asunto, al pedirle a la Fiscalía de la Mujer que siga investigando, porque el delito se cometió, pero por otras personas.

Fueron las inconsistencias, contradicciones en declaraciones, fechas y escenas del delito, lo que determinó a la jueza Claudia Domínguez Curiel absolver a Adriana Lucía H. G. y a Mónica C. R., e “invitar” a la Fiscalía a que siga investigando para dar con la o las personas responsables.

Esto ocurre a unos días de que la Fiscalía Especializada informara de su decisión de apelar la resolución judicial, que les permitió a las maestras quedar en libertad desde el pasado 16 de noviembre.

De entrada, la sentencia deja sin materia a la Fiscalía, que hará la apelación a la que está obligada de cajón, pero también deberá enfocar sus pesquisas en otra dirección, porque se lo está pidiendo la juez que, basada en la evidencia aportada, determinó la inocencia de las mentoras porque simple y sencillamente, sus pruebas no probaron nada.

Si la sentencia queda en firme y es ratificada por los altos tribunales a donde llegará la apelación, existe toda la posibilidad de que los familiares de las maestras contrademanden a la Fiscalía, por todos los daños, irreparables, causados con una acusación de este tamaño, en el honor, el prestigio y los 8 meses que pasaron en prisión.

Ahora, la Fiscalía del Estado no solamente tendrá que corregir la pifia que en primera instancia quedó en evidencia, sino que tienen la obligación de ampliar las investigaciones hasta resolver el delito, además de la demanda que, sin duda alguna, les resultará, para limpiar los nombres de las maestras Montessori.