En mayo del 2011, cuando Juárez aún estaba inmerso en la violencia generada por el crimen organizado, el entonces alcalde Héctor Murguía Lardizábal, dio a conocer una encuesta donde el 71 por ciento de la población repudiaba la presencia en la frontera de la Policía Federal.

Eran los tiempos en que Facundo Rosas Rosas era el comisionado de la tristemente célebre corporación, que arribó a Juárez en abril de 2010 para supuestamente hacerse cargo de la inseguridad pero, lejos de eso, terminó aliada con los grupos criminales para extorsionar, pedir cuotas, quemar negocios y asesinar. 

Primero fueron 5 mil elementos los que mandó Facundo, y para el 2011 ya eran 10 mil agentes los que se convirtieron en una de las peores pesadillas para los juarenses y el Teto Murguía, que sufrió el asesinato de uno de sus escoltas a manos de los polimalandros.

Aún están frescas en la memoria las imágenes de un caluroso día de agosto del 2010, cuando 300 federales protagonizaron un enfrentamiento entre ellos y sus comandantes en el hotel donde se encontraban alojados, disputándose las cuotas y el botín de guerra que tenían escondido en sus habitaciones.

Fue precisamente el exalcalde Murguía quien se encargó de expulsar a los federales en septiembre del 2011, después de cientos de abusos, atracos y toda clase de pillerías que cometieron con la bendición de su jefe Facundo.

Ahora, a 11 años de distancia de aquella nefasta gestión del comisionado Facundo Rosas, es cuando las autoridades federales se han dado cuenta de que es un delincuente y lo mantienen preso en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, por el atropello y muerte de una mujer y por estar implicado como copartícipe en el operativo gringo Rápido y Furioso, con el que un arsenal terminó del lado mexicano y en poder del crimen organizado.

Deberían aprovechar también para fincarle responsabilidades por todo el daño que las fuerzas federales causaron a los juarenses bajo su nefasta gestión, la que incluye homicidios a plena luz del día, como el del escolta del Teto, que hasta ahora sigue impune. Si así se las gastaron en este caso, es difícil dimensionar la magnitud de los abusos y delitos cometidos contra la gente de a pie en esta golpeada frontera.

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Un panorama complicado se presentará este año para las ciudades fronterizas del norte de México por las predicciones de arrestos y deportaciones de migrantes, que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anunciado a partir de la primavera.

De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, estiman que este año realizarán 9 mil arrestos por día en la frontera suroeste, que incluye los estados de Texas, Nuevo México y Arizona, por ser los principales puntos de cruce de migrantes.

Esta cifra representará un aumento del 27 por ciento de detenciones realizadas en el año fiscal del 2021, cuando hubo en promedio 6 mil 500 arrestos por día.

Estas cifras incluyen a miles de migrantes que intentan cruzar en más de una ocasión y que permanecen estacionados en las ciudades mexicanas en espera de oportunidades para su travesía ilegal al vecino país.

Solamente en diciembre del 2021, las autoridades migratorias detuvieron a 178 mil 840 migrantes, de los cuales 135 mil 40 por primera vez se internaban a los Estados Unidos, mientras que el resto, 43 mil 800, ya lo habían intentado en varias ocasiones.

Aunque el informe de la CBP no precisa en qué basa las predicciones para realizar 9 mil arrestos diarios, fuentes de las oficinas de El Paso consideran que están incluyendo a las caravanas de migrantes mexicanos, así como del centro y sur del continente, que están en marcha desde el segundo semestre del año pasado, y las que este año se aventuren a cruzar el territorio mexicano rumbo a la Unión Americana.

La estadística operativa mensual que muestra CBP en su sitio web, revela que los encuentros de niños migrantes que viajan solos bajó en diciembre un 14 por ciento, en comparación con el mes de noviembre del 2021. Sin embargo, los números de niños sin acompañantes siguen siendo muy elevados, con 11 mil 921 casos en el último mes del año pasado.

Por todo lo anterior, el escenario para las autoridades locales fronterizas por las deportaciones que se esperan, será muy difícil, considerando la crisis en la economía por el aumento imparable de contagios, que, en el caso particular de Chihuahua, amenaza con colocarnos en el color rojo del semáforo epidemiológico.

Aquí es donde vale preguntar, si la responsabilidad de este problema es de orden federal por tratarse de migrantes, ¿cómo se están preparando las autoridades del Instituto Nacional de Migración para atender la emergencia cuando llegue el momento?

Serán miles de personas que deberán atender con alimento, techo, medicamentos y pruebas Covid. ¿Ya están prevenidos? O como suele ocurrir, ¿le dejarán la bronca a las autoridades municipales y a las organizaciones privadas que dan albergue y atención a los migrantes?

Nueve mil detenciones al día significan 270 mil personas al mes, una cifra que, en cualquier ciudad, por más grande que sea, representa un desafío en todos los sentidos.

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Más que aplicarles sanciones o clausuras por no estar regularizadas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado debería integrar a las agencias de seguridad privada al programa Juntos Por Juárez, por la importante presencia que tienen, no solamente en el comercio, la industria y empresas de todo tipo, sino en los cientos de fraccionamientos cerrados que cuentan con casetas de vigilancia.

A través de su división Bancaria, Comercial e Industrial, la SSPE informó que a partir del martes primero de febrero comenzará a sancionar a las empresas de seguridad privada, que no hayan regularizado su operación, de acuerdo con la ley de la materia.

Según esto, en diciembre fueron detectadas más de 30 empresas de seguridad privada que no cumplían con la normatividad vigente. Si en lugar de ver a estas empresas como una fuente de ingresos para las arcas estatales, las regularizan y aprovechan a sus cientos de empleados, para que se conviertan en los ojos de las fuerzas de seguridad en todos los puntos donde trabajan, mejores resultados tendrían en su operativo Juntos por Juárez.

Tampoco se trata de exponer al peligro a toda esa fuerza de trabajo, sino de aplicarles a los malandros una sopa de su propio chocolate, para nulificar a sus halcones y vigías que tienen por todos lados.

Si además los dotan de cámaras y botones de pánico conectados a los centros de respuesta inmediata de las Policías estatal y municipal, gran servicio puede prestar a la población la seguridad.