Entre abogados y operadores del sistema judicial, tanto estatal como federal, el comentario se repite con insistencia: para que un juez de Distrito se atreviera a firmar una resolución como la del Crematorio del Horror, el cañonazo tuvo que haber sido de proporciones mayores. No es una acusación formal ni una versión documentada, es la lectura que se hace en corto, en voz baja, al tratar de entender cómo se llegó a ese punto.

Decir que “aquí no hubo delito, sino pura falta administrativa” para conceder el amparo de la justicia federal y liberar al propietario del crematorio Plenitud, José Luis A. C., sigue sin encontrar una explicación distinta al origen de casi todas las grandes tragedias públicas: la corrupción.

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Parece que nada más para eso llegaron los jueces del acordeón. Por cierto, Luis Eduardo Martínez Rivas apareció en las “guías de votación” que aquí y en todo el estado promovió la estructura azul, gracias a su alianza estratégica con el partido fosfo-fosfo, regenteado por el diputado local Francisco Sánchez y el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya.

Por eso su número 24 fue el más votado en las boletas amarillas para jueces de Distrito, y por eso llegó a despachar al edificio judicial de la avenida Tecnológico, luego de hacerla de asesor de Sánchez en la Torre Legislativa de la capital del estado.

En medio del ánimo social exaltado y la búsqueda de culpables en este nuevo caso emblemático de impunidad, la lumbre de los señalamientos le alcanzó —quizá porque es más rentable políticamente— a la Fiscalía General del Estado, con reclamos por supuestas omisiones en el tema del amparo, cuando su actuación central está en la carpeta de investigación. La verdad es que la responsabilidad aquí tiene nombre y apellido: Luis Eduardo Martínez Rivas.

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Aunque parezca increíble, el juez del acordeón decidió ignorar tanto el delito de ocultamiento de cuerpos como el de conservación ilegal de cadáveres, cuyo bien jurídico protegido es la salud pública colectiva.

¡386 cuerpos manejados como basura!, en un entorno indiscutiblemente insalubre y peligroso, además bajo un procedimiento fraudulento del que nunca estuvieron enterados los deudos, quienes pensaban que sus familiares habían sido cremados porque recibieron supuestas cenizas a cambio de un servicio que pagaron y que jamás se realizó.

Ese dato, que la resolución minimiza —o de plano evade—, resulta demoledor. La entrega de cenizas falsas, por sí sola, revela un intento claro de ocultamiento de los cadáveres. No se trata de una omisión administrativa ni de una irregularidad secundaria, sino de una acción concreta destinada a simular la desaparición legal de los cuerpos.

Si no existe intención de ocultar cadáveres, no se entregan cenizas. Es una u otra cosa, no ambas. O los cuerpos estaban disponibles, identificables y bajo resguardo conforme a la ley, o se construyó una ficción para hacer creer a las familias que habían sido incinerados. Las dos versiones no pueden coexistir.

Al pasar por alto ese hecho, el juez no solo ignoró delitos que afectan a la salud pública y a la dignidad humana, sino que desmontó artificialmente la base del caso, validando una narrativa defensiva que se cae por su propio peso.

Lo más delicado es que, además, se extralimitó en su resolución, pues prácticamente pretende darle carpetazo al asunto, como si estuviera resolviendo el fondo del juicio, cuando el amparo se solicitó únicamente respecto de la vinculación a proceso.

Con razón, insiste Mirone, se multiplican las suspicacias sobre jueces del acordeón que resultaron muy buenos, no para impartir justicia, sino para extender la mano y voltear la mirada hacia otro lado. Una justicia ciega, sí, pero peligrosamente interesada.

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Está caro el amor, y gastándolo en votaciones. El refrán popular es un poco distinto, pero bien le cae al PRI de Chihuahua ahora que se va a aventar el tiro de designar a su próxima presidencia mediante el voto directo de sus militantes.

¿De a cómo les va a salir eso de poner urnas, mamparas, material electoral y hacer el conteo de votos en 67 municipios? Lo que sea, el PRI no anda en jauja como en aquellos años en que era partido de Estado.

No vaya a pasarles lo que al expartidazo en tiempos de Roberto Madrazo, cuando se vieron obligados a hacer una elección interna de candidato presidencial —año 2006— nada más porque a un militante de escasísima carrera partidista se le ocurrió apuntarse. ¡Salieron desfondados de esa elección interna!

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La buena noticia para el dirigente con licencia, Alejandro Domínguez, es que, hasta ahora, es el único aspirante a contender por ese cargo. ¡Qué raro que el actual presidente sea el único que se lanza por la joya de la corona! (dicho sea con toda ironía).

Según le contaron a Mirone, los valientes que se habían apuntado para suceder a Domínguez y quedarse en la dirección del PRI estatal de Chihuahua se fueron bajando del barco uno a uno, al ver que no había condiciones para tomar el timón. ¿O no sería que, como en el Titanic, vieron venir el iceberg con el que iban a chocar?

Ahí andaba, por ejemplo, el diputado local José Luis Villalobos, actual secretario de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional, quien hasta hace no mucho andaba más puesto que un foco para buscar la presidencia.

Su cercanía con la dirigencia nacional y con el mero “McClain” del tricolor, Alito Moreno, hicieron pensar a más de uno que traía las bendiciones de las alturas, pero no, nada de eso.

Luego circularon los nombres del exalcalde de Ojinaga, Armando Valenzuela Colomo, y de la exregidora Rosa Carmona, pero tampoco. Como globo que le compran a los niños el domingo, al paso de los días se fueron desinflando.

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Lo que tiene molesta a una parte de la militancia es que no encuentren condiciones para competir o, ya ni siquiera eso, para militar en un partido que cada vez luce más lánguido, tanto en Chihuahua como en el resto del país.

Aunque quisieran, ven muy cuesta arriba entrarle a pelear el cargo contra una maquinaria soportada desde las altas esferas del priismo nacional. Así, ni para qué entrarle: mejor pagar por ver y luego hablamos.

Así que, en vista del éxito no obtenido por las corrientes anti-Alito, el próximo sábado 28 veremos a Alejandro Domínguez registrarse como candidato único, para que lo elijan el 30 de marzo, día establecido para la elección.

Al momento, la dirigencia priista “cuenta” con 20 mil militantes, según sus registros. Ese día veremos de qué tamaño está realmente el expartidazo.

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La Auditoría Superior de la Federación, la famosa ASF, le hizo observaciones al gobierno de Chihuahua que lo colocan entre los “bien portados” del país, con señalamientos cuyo monto no pone en riesgo la viabilidad financiera de la estructura gubernamental ni representa desvíos sujetos a una acción inmediata.

Sin embargo, por el monto de lo observado y por las observaciones que la administración estatal aún no solventa, vale la pena poner atención a los conceptos señalados por la ASF, donde existen, más que acciones ilegales, ventanas de oportunidad para mejorar el manejo de la cosa pública.

Más de mil millones de pesos observados por trimestre no es un accidente contable. Es un patrón.

En cinco conceptos revisados, la ASF cuantificó acciones no solventadas que sumarían más de mil millones de pesos, cantidad que representa aproximadamente el 1 por ciento del total del presupuesto estatal. No es mucho, pero…

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En ninguno de sus apartados, la ASF está diciendo que el dinero desapareció sin rastro o que “reapareció” en la cuenta de una empresa fantasma, como es común —por desgracia— en ese tipo de auditorías.

Lo que señala el máximo órgano fiscalizador del país es algo casi tan delicado como el desvío: que hay mucho por mejorar en los mecanismos de control, de modo que garanticen al 100 por ciento la certeza, legalidad y trazabilidad del gasto.

El Ejecutivo estatal cumple formalmente con la disciplina financiera. No hay crisis de deuda. No hay colapso presupuestal.

La gigantesca deuda de 55 mil mdp, heredada desde hace más de 10 años, se cubre con puntualidad y los dueños de los bonos carreteros cobran sus dividendos con toda oportunidad. La cuenta de “otros pasivos” está en rangos inferiores a la de otras administraciones, de modo que se puede decir que, en lo general, la caja está sonando.

El problema es otro.

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Hay algunas prácticas que no deberían aparecer en una administración como la de Chihuahua, que suele ganarse estrellitas en la frente por la eficacia de sus sistemas contables y sus órganos de supervisión.

Por ejemplo, la ASF señala que hubo servicios personales pagados a personas físicas o morales que no acreditaron tener el perfil para cumplir con el contrato otorgado, o empresas vinculadas entre sí en procesos de contratación.

También se encontraron percepciones no identificadas correctamente en comprobantes fiscales, o supervisión de obra sin nombramientos válidos.

El monto acumulado no representa un quebranto para las finanzas públicas estatales, pero si las observaciones se confirman y no se solventan, pueden convertirse en responsabilidades administrativas y, eventualmente, en inhabilitaciones para el o los funcionarios que no hicieron bien la tarea.

Aquí la pregunta no es cuánto se observó, sino por qué se han repetido el mismo tipo de observaciones en los tres trimestres de 2024 revisados por la ASF.

Lo otro, y eso ya no les toca a los entes auditados, es la tardanza que muestra la revisión de cuentas, pues estamos en el segundo mes de 2026 y apenas vamos en el tercer trimestre de 2024. Es decir, llevamos casi dos años de retraso. Así, ni cómo ayudarle a la rendición de cuentas.

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Inevitablemente, el tema del desfalco de 21.3 millones de pesos se colocó en el centro de la contienda por la presidencia del Club Campestre, ese espacio donde conviven —y se observan— las familias de mayor raigambre juarense.

La elección es el próximo martes y, como ocurre cuando el dinero y el prestigio están en juego, ambos bandos andan echando toda la carne al asador. De un lado, la planilla Campestre Juárez 360, encabezada por el empresario Alejandro Ramírez. Del otro, Unidad y Progreso, representada por el médico Rafael Tirado.

Fue la 360 la que primero sacó el tema a la pista central, usando el desfalco como combustible de campaña: quemar adversarios, jalar votos y colocar en el banquillo a Unidad y Transparencia, a la Mesa Directiva y al mismo equipo que —según su narrativa— no vigiló, no actuó y permitió el desvío que se hizo público hace un año, comprometiendo las finanzas y la operación del Club.

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“Los que siempre votaron en contra de castigar a quienes hicieron las cosas mal hoy vienen a decirte que son los defensores de los socios. No tienen vergüenza. Su postura siempre fue clara: proteger a los suyos y negarse a cualquier sanción. No se puede ser cómplice tanto tiempo y ahora venir con el cuento de que van a cuidar al club”, fue parte esencial del mensaje lanzado por la 360.

Dicho en corto y sin rodeos, desde la visión de Campestre Juárez 360, votar por Unidad y Progreso sería votar por la impunidad frente al atraco: echarle tierrita al tema, pasar la página sin leerla y mantener el desorden financiero bajo la alfombra.

Unidad y Progreso no tuvo más remedio que responder. Lo hizo con el deslinde de lo ocurrido en el desvío que hoy tiene en la cárcel al exgerente administrativo, y con la promesa de castigar a quienes tengan alguna responsabilidad en el desfalco.

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En su oferta propagandística, la planilla de Rafael Tirado incluyó el compromiso de dar “continuidad a las investigaciones”. “Se dará seguimiento a las investigaciones relacionadas con el desfalco hasta sus últimas consecuencias. No habrá perdón ni excepciones para nadie”, estableció en su más reciente mensaje de campaña.

Además, prometió acabar con la toma de decisiones en lo oscuro y abrir la puerta a una mayor participación de los socios mediante asambleas abiertas y transparentes. Incluso puso sobre la mesa eliminar la dependencia de proveedores permanentes y los pagos excesivos, un tema que ya estaba en el centro de la polémica desde la elección de consejeros del año pasado.

La grilla se calentó en estos últimos días. Tanto, que salieron a relucir actas de asambleas ordinarias donde quedaron exhibidos quienes votaron en contra de aplicar sanciones y que hoy juran que no habrá ni perdón ni olvido.

Los chats internos del Club Campestre están que arden. Y, como suele pasar cuando se juega con fuego, ya se verá quiénes terminan con las quemaduras más graves.