Nadie se lo esperaba en Chihuahua. La detención del exgobernador César Duarte por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) fue un verdadero manotazo sobre la mesa, justo cuando el exmandatario le bailaba a la impunidad.

Voracidad y rapacidad podrían sintetizar el modus operandi de la corrupción durante su sexenio, en una cadena de excesos que claramente fue determinante para que su proyecto político y su partido fueran derrotados en las elecciones del ya lejano 2016.

“El poder es para poder y no para no poder”, fue una de las máximas de su sexenio, aplicada con todo rigor si se trataba de hacer negocios y obtener el mayor de los beneficios personales y políticos a costa del erario.

La memoria es corta y todo lo que la Fiscalía General del Estado documentó en la administración corralista en su contra, como parte de los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua, parecía diluirse con el tiempo, pero ahí está ahora, de nuevo vigente, en el centro de la carpeta de investigación que motivó la orden de aprehensión y muchas otra más que podrían configurar diversos delitos de corrupción todavía impunes.

El 12 de septiembre de 2017, cuando el Gobierno de Chihuahua pidió formalmente al Gobierno Federal presentar la solicitud de detención con fines de extradición de César Duarte, en la sede de la Fiscalía General de la República fueron entregados 70 tomos y 50 discos compactos con las carpetas de investigación de todas las 20 órdenes de aprehensión que habían concedido los jueces estatales hasta ese momento.

La Fiscalía llegó a cuantificar los desvíos que documentó en las distintas carpetas, hasta en 6 mil millones de pesos.

Las investigaciones vincularon a políticos de alto nivel, como el exsecretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias La Coneja, involucrado en el desvío de 246 millones de pesos del erario chihuahuense a las campañas electorales priistas, a través de la llamada Operación Safiro.

De acuerdo con las indagatorias, los recursos salieron de la Secretaría de Hacienda Federal hacia el Gobierno del Estado de Chihuahua, se triangularon con nueve empresas fantasma que simularon adquisiciones y terminaron en el PRI nacional, desde donde se distribuyeron a las entidades inmersas en procesos electorales.

La Coneja fue detenido el 20 de diciembre del 2017, procesado y sentenciado a 3 años de prisión por el delito de peculado agravado, penalidad que aumentó a 6 años un Tribunal de Apelación, aunque ninguna se cumplió porque el caso fue arrebatado por la Fiscalía General de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto y un juez federal terminó por sobreseer el expediente y exonerar a Gutiérrez.

En paralelo, Peña Nieto siempre protegió a Duarte. Dilató y bloqueó la solicitud de detención con fines de extradición. A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se repuso el trámite y la detención fue concedida casi como un regalo del presidente estadounidense Donald Trump, justo cuando recibió a su homólogo mexicano en la Casa Blanca, en julio del 2020.

Dos años pasaron (del 8 de julio del 2020 al 2 de junio del 2022) desde la detención en Miami, para que Duarte pisara la cárcel en Chihuahua y otros dos años duró preso, hasta que se cambió la medida cautelar, se le concedió la prisión domiciliaria y dejó el penal de Aquiles Serdán, el 6 de junio del 2024, cuatro días después de las elecciones de ese año.

Acusado de asociación delictuosa y peculado agravado por 96.8 millones de pesos, en todo ese tiempo, su juicio estuvo prácticamente congelado. No pasó de la audiencia inicial. Un año seis meses duró paseándose por la capital del estado, con su brazalete electrónico, antes de ser detenido nuevamente el pasado 8 de diciembre.

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Por lo que se conoció en la audiencia inicial contra César Duarte, realizada en Almoloya de Juárez, la carpeta de investigación federal se generó a partir del mismo caso de desvío de 96.8 millones de pesos, una vez que la Fiscalía General del Estado le dio vista a la Fiscalía General de la República de los hallazgos que también habían justificado el proceso de extradición.

No se trata de los mismos delitos de peculado y asociación delictuosa, pero sí de los mismos hechos que estarían configurando también los delitos de lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita.

La base son los mismos recursos desviados del erario que fueron ingresados al sistema financiero por el entonces gobernador y sus operadores.

De acuerdo con la FGR, Duarte intentó ocultar el origen de 76 millones de pesos, de esos 96.8 millones que presuntamente desvió del erario entre 2010 y 2016.

Dentro de la causa penal 142/2024 y frente a la jueza de Distrito Jazmín Ambriz López, el Ministerio Público explicó que el exmandatario instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, ya que los recursos del erario eran destinados a empresas en las que él era socio mayoritario.

Luego de diversas transferencias y triangulaciones, el dinero público terminaba en sus cuentas personales o las de su esposa e hijos.

Dos empresas en las que Duarte era accionista mayoritario y presidente del consejo de administración, fueron señaladas de participar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.

Los recursos fueron entregados a través de convenios y subsidios para la compra de ganado, adquisición de maquinaria y otros insumos ganaderos, pero esas compañías no cumplían con esos propósitos, sino que meses después el dinero pasaba a cuentas personales de Duarte, Bertha Olga Gómez Fong (su esposa) o sus hijos. Incluso, el recurso fue utilizado para pagar la tarjeta American Exprés de Gómez Fong.

El Ministerio Público presentó dictámenes contables y de fiscalización realizados por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua como parte de las pruebas, las cuales permitieron concluir que Duarte incurrió en conflicto de intereses al asignar recursos públicos a empresas en las que era accionista.

También fueron presentadas declaraciones patrimoniales del exgobernador y sus declaraciones fiscales, así como documentos probatorios de transferencias realizadas a través del sistema bancario mexicano para hacer llegar los recursos a sus cuentas personales y las de su esposa.

Además, presuntamente recibieron recursos Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, donde Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.

El Ministerio Público presentó más de un centenar de pruebas para sostener las acusaciones. Mientras que el MP busca que al exgobernador de Chihuahua se le otorgue la medida de prisión preventiva justificada, la defensa pelea la libertad de Duarte bajo caución, argumentando que no existe riesgo de fuga, ya que el acusado cuenta con un brazalete electrónico por el proceso que mantiene en Chihuahua por peculado.

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Ni el número de órdenes de aprehensión obtenidas en contra de alguien que ejerció el poder público, ni la cantidad de personas llevadas ante los tribunales (44 en total como parte de los Expedientes X, con 16 casos de sentencias condenatorias) tienen antecedente similar en todo el país.

La Fiscalía de Chihuahua obtuvo información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para construir perfiles fiscales de saqueadores públicos, en una operación que logró ubicar 27 esquemas agresivos de evasión fiscal, con la participación en las triangulaciones y simulaciones de 519 empresas fantasma y 383 proveedores.

Incluso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apoyó a la representación social de la pasada administración estatal, para establecer la ruta del dinero desviado.

Por la vía fiscal, se recuperaron en su momento más de 656 millones de pesos y se consiguieron embargos de bienes por créditos fiscales por más de 629 millones de pesos.

Directamente vinculadas al exgobernador Duarte, se aseguraron y embargaron 16 propiedades en el estado, incluyendo casas, ranchos y terrenos entre los que se incluyen El Saucito, donde recientemente demolió la Comisión Nacional del Agua una presa y varios presones ilegales, al tiempo en que se anunció otra denuncia penal más por estos hechos y por la explotación irregular de concesiones para operar pozos y acaparar el agua.

Como parte de la investigación fiscal y penal sobre toda la red de corrupción que implicó a funcionarios públicos y proveedores, fueron embargados 52 bienes inmuebles, en su mayoría predios rústicos (que sumaron más de 40 mil hectáreas), pero también lotes y fincas urbanas, incluyendo un penthouse en condominio.

En los ranchos se aseguraron más de 3 mil 500 cabezas de ganado, vacuno y equino, además de especies exóticas como llamas y bisontes.

Uno de los ranchos de Duarte, el Santa Rita, que no únicamente fue asegurado sino recuperado después en favor del Gobierno del Estado, tiene más de 30 mil hectáreas en el municipio de Camargo.

De ese tamaño fue el alcance de la corrupción duartista, caracterizada también por el reparto de prebendas.

Uno de los esquemas más polémicos y que ahora se revive luego de la detención del exgobernador, es el de la llamada “nómina secreta”.

Los fiscales de los Expedientes X dijeron haber encontrado dos paquetes en una caja fuerte de la Secretaría de Hacienda. Uno del 2014 con 190 recibos simples y otro con 306 recibos del 2015.

Presuntamente, esos recibos fueron el primer indicio de un desvío que alcanzó los mil millones de pesos, a partir de entregas continuas de dinero en efectivo a más de 100 personas, principalmente actores políticos de todos los partidos, además de los propios familiares del exgobernador.

También habrían recibido dinero en ese esquema ilegal, excolaboradores de Duarte, empresarios, periodistas, líderes sociales y hasta jerarcas de la iglesia católica.

Durante la integración de las carpetas de investigación de los Expedientes X, varios personajes confesaron que recibieron ilegalmente recursos del erario por medio de la “nómina secreta” y se acogieron a la figura del criterio de oportunidad ante el Ministerio Público.

Aceptaron la comisión del delito, devolvieron el dinero y ofrecieron ser testigos colaboradores.

El exalcalde juarense Armando Cabada Alvídrez admitió haber recibido 4.3 millones de pesos del exgobernador y devolvió el recurso. Javier Contreras Orozco, exdirector del periódico El Heraldo de Chihuahua, de la Organización Editorial Mexicana, reconoció la existencia de un convenio para manejo de imagen a cambio de cuotas mensuales. Devolvió 10.3 millones de pesos.

Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta estatal del PRD, regresó 2.3 millones de pesos. Teokali Hidalgo, expresidenta municipal del PRI de Chihuahua capital, también regresó a las arcas estatales 467 mil pesos.

Rumbo a la elección del 2027 todavía falta un año y medio, pero sin duda que la detención del exgobernador, el capítulo de la “nómina secreta”, su posible enjuiciamiento ante tribunales federales y sus vínculos con figuras políticas de distintos partidos políticos, darán mucho más de qué hablar todo este tiempo.

Como suele pasar, de forma paralela a la vía jurídica, en torno al caso Duarte se desplegarán o se armarán múltiples jugadas y estrategias políticas de mera coyuntura electoral.

Así lo pensaba Duarte estando en el poder, cuando no perdía oportunidad de hacer el negocio privado desde el espacio público, al mismo tiempo que impulsaba proyectos políticos propios o los de sus aliados.

Ojalá que a final de cuentas, no se trate todo de puro ruido político o mero ajuste de cuentas. Los ciudadanos esperan que el combate a la corrupción y a la impunidad se tome en serio, que no dependa de reyertas y no quede nada más en escaramuzas o narrativas estériles.