Los grupos criminales se han afianzado en el negocio del tráfico de migrantes porque no hay autoridad que prevenga y combata eficazmente ese delito.
Peor todavía. El negocio ha crecido de tal manera, porque cuenta con la complicidad y protección de las corporaciones de seguridad, sin importar de qué nivel sean.
Las ganancias se multiplican para el crimen organizado porque no únicamente controla la derrama por el trasiego de las personas, sino que por medio del secuestro se apropia de todos sus recursos y los de sus familias.
Así como la crisis humanitaria se ha expuesto, descarnada, a la vista de todos en distintos momentos junto al bordo fronterizo, en los albergues saturados o en la ocupación de calles y edificios abandonados, así se ha evidenciado la inacción policial o hasta la connivencia de agentes con los traficantes de personas.
Durante ya varios meses en que se ha sostenido el alto flujo de migrantes extranjeros, que sin atender procesos o protocolos se concentran junto al río para cruzar filosas alambradas en busca del asilo en Estados Unidos, el fenómeno ha sido conocido por infinidad de periodistas que mantienen cobertura cotidiana en el límite fronterizo.
“Coyotes”, “polleros” o traficantes de personas, se mueven en el bordo del río, bajan y suben a personas en distintos vehículos. Hacen sus propios patrullajes, mantienen tareas de “halconeo”, dialogan con los migrantes. Hasta en camiones especiales los han acercado al río, porque el control lo ejercen desde que los migrantes llegan en los trenes hasta los patios ferroviarios del centro, o cuando dejan las vías allá junto a la carretera a Casas Grandes o a espaldas del edificio de la Fiscalía General del Estado.
Para quienes desarrollan alguna actividad comercial lícita cerca del bordo es lo cotidiano: transitar de migrantes, operación de traficantes y presencia policial que no se enfoca en frenar esa actividad criminal, sino que simplemente observa y deja pasar.
La escena no es tan extraordinaria cuando un agente municipal, estatal o incluso de la Guardia Nacional, además de observar llega incluso a saludar a quienes, puede inferirse claramente, pertenecen a algún grupo criminal. Todos saben cuando se trata de la presencia del cártel.
Desde ahí se explica la omisión policial. Los agentes saben que si actúan no lo hacen contra un simple “coyote”, sino contra el crimen organizado que controla el millonario negocio.
Tampoco es secreto que periodistas han sido advertidos, en medio de la crisis humanitaria, ahí junto al río, de mantener la vista en los migrantes y no meterse al terreno de los criminales. Hay zonas más calientes y riesgosas. Donde empieza la frontera con Nuevo México es una de ellas. Desde “Las Compuertas” hacia la Felipe Ángeles y Anapra, está la parte crítica.
Ahí se encuentran la mayor parte de las casas de seguridad. Si bien es cierto que hay registro de varios rescates realizados tanto por la Policía Municipal como por la Secretaría Estatal, igual que ocurre con los golpes a los centros de distribución de drogas, las acciones son esporádicas, nunca permanentes o sistemáticas.
Como suele pasar, parece que se trata simplemente de dar un “golpe”. Actuar para taparle el ojo al macho es el dicho que no pierde vigencia. Se anuncian los rescates de grupos migrantes, pero no así las detenciones de los intregrantes de la red de traficantes.
Aquella parte del norponiene de la ciudad, aparece regularmente como un punto de estancia con reclusión que sufren los migrantes, de acuerdo con las encuestas que instituciones como el Colegio de la Frontera Norte mantienen sistemáticamente con la población en condición de movilidad.
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Sobre la magnitud del problema, no únicamente están expuestos los elementos para quienes los quieran ver en campo en el plano local, en el nacional o en el internacional si se sigue toda la ruta del trasiego humano.
Los diagnósticos sobre el tamaño del monstruo, también son abundantes. De acuerdo con la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, el tráfico de personas le genera al crimen organizado cerca de 100 millones de dólares mensuales, nada más en el corredor de Chihuahua hacia esta frontera.
La cifra se proyectó con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y de diferentes organizaciones que trabajan con migrantes. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, instancias oficiales que participan en la Mesa, han validado esa información.
Sus titulares, César Jáuregui Moreno y Gilberto Loya, destacan que la actividad es más lucrativa que el propio negocio de las drogas. De acuerdo con Jáuregui, la disputa por ese tráfico está en el 50 por ciento de los homicidios dolosos que se han extendido por toda la mancha urbana de Juárez.
Según el secretario Loya, se tienen identificadas varias pandillas que de manera tradicional se dedicaban al tráfico y venta de drogas, pero que recientemente cambiaron de giro.
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Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (Unodc), señalan que las ganancias por el tráfico ilícito de migrantes asciende al menos a 7 mil millones de dólares al año a escala mundial.
Un reporte de la Secretaría de Gobernación publicado en junio de este año, indica que el costo promedio que pagaron las personas mexicanas al cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos ascendió a 6 mil 937 dólares durante el 2022.
Los hombres pagaron cerca de 6 mil 565 dólares para cruzar, mientras que el costo para las mujeres ascendió a 7 mil 839 dólares, de acuerdo con la “Encuesta sobre Migración en la frontera norte de México”, elaborada por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (Upmrip), de la Secretaría de Gobernación, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
Ese estudio arrojó que de cada 10 personas mexicanas detenidas en Estados Unidos y deportadas hacia nuestro país, cinco manifestaron utilizar un “pollero” para cruzar.
Los datos de Unodc establecen que en los pasados 10 años subió más del doble el costo de un coyote o pollero en la frontera de México con Estados Unidos.
Carolina Morales Rojo, coordinadora de ese proyecto de Naciones Unidas, detalló que una persona migrante paga 100 mil pesos a traficantes por cruzar a Estados Unidos, precio que puede aumentar en función de la ciudad, el sexo y la trayectoria.
Al participar en el Encuentro Internacional sobre Movilidad Humana 2023, la oficial senior de Enlace y Políticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Denisse Velázquez, destacó que las muertes y desapariciones de migrantes siguen siendo un tema preocupante porque no hay rutas regulares y “corren riesgos desproporcionados de ser víctimas del crimen organizado”.
De acuerdo con los datos de la OIM, se han registrado 4 mil 541 muertes y desapariciones de personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos desde 2014 y hasta el 23 de junio de 2023.
Velázquez advirtió que es urgente ofrecer rutas seguras de migración y emprender iniciativas para salvar sus vidas, ya que en todo el país “no hay mejoras significativas en esta área, seguiremos viendo violaciones a los derechos humanos”.
El reporte “Crimen organizado y migración centroamericana en México» realizado por el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin, señala que en su paso por territorio mexicano, los migrantes deben enfrentar tres tipos de actores criminales: delincuentes locales, pandillas, y organizaciones criminales transnacionales.
Los primeros y segundos suelen asaltarles, robarles o agredirlos sexualmente, mientras que las organizaciones criminales no solo les cobran por permitirles el paso, también los secuestran.
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La condición de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes es dramática y la comisión de delitos en su contra, alarmante.
En ese complejo escenario, todavía no alcanza a verse la actuación de las autoridades para atender la emergencia.
Apenas el 9 de octubre, dos migrantes murieron y cuatro resultaron heridos, presumiblemente por disparos de un elemento del Ejército, cuando se suscitó una persecución y balacera entre soldados y un traficante en la frontera de Jerónimo-Santa Teresa.
El martes 17 de octubre, representantes de los tres órdenes de Gobierno sostuvieron reunión sobre el tema de la seguridad, no únicamente para los habitantes de la ciudad, sino particularmente para las personas en condición de movilidad.
Ahí estuvieron funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Coordinación Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Zona Norte, Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Consulado de Estados Unidos en Juárez, Fiscalía General de la República y Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En la encerrona que se enmarcó en la agenda de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, estuvieron además los mismos representantes de siempre por parte del sector empresarial.
Del encuentro se informaron únicamente generalidades, nada de acciones específicas para prevenir y combatir el flagelo del tráfico y secuestro de migrantes. Y si se acordaron acciones, no las informaron.
Ese mismo día, se realizaron operativos aparentemente en contra del tráfico de personas, pero tampoco hubo información oficial.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, participaron en un cateo a una supuesta casa de seguridad en Anapra. En el lugar, cerca del cruce de las calles Congrio y Quimera, se comentó que la finca ampliamente equipada pertenecía a un líder de traficantes de droga y de migrantes.
Casi de manera simultánea, otros cateos se realizaron en la Felipe Ángeles. Los operativos continuaron el miércoles. El jueves 19 también se registró movilización policial y del Ejército en dos viviendas del Infonavit Casas Grandes.
Nunca se informó de los resultados y únicamente trascendió en el lugar de los hechos, que los cateos están relacionados con una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Es lo único que se conoce hasta hoy. ¿Qué tan en serio se estarán tomando el combate a las bandas criminales? Apenas está por verse. Lamentablemente las experiencias respecto a ese tipo de intervenciones federales, tampoco son halagüeñas. También suelen ser flor de un día. O de una semana.
Sin embargo, al poder de los criminales no se les puede hacer frente con meras escaramuzas. Es claro que las instancias investigadoras y los cuerpos de inteligencia tienen información a la mano, o puede conseguirla, para actuar con toda la fuerza del Estado.
Ninguna persona, sea originaria o no de Juárez, sea migrante nacional o extranjera, merece el sufrimiento de quienes han caído en las garras de los traficantes y secuestradores.
Es obligación de la autoridad garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales a las personas más vulnerables. Por eso urge la coordinación efectiva de las corporaciones para lograr la salvaguarda de trayectos y espacios que ocupan los migrantes, además de la voluntad para enfrentar a esa empresa criminal que todo lo corrompe.
Nadie desde la sociedad civil o el Gobierno puede resignarse a que el poder del crimen organizado capture todos los territorios.