No es novedad que el crimen organizado infiltre las corporaciones policiacas, pero sí da escalofrío cuando se revela la facilidad con la cual los sicarios se convierten en agentes o los policías se ponen cachucha de gatilleros.

¿Cuántos sicarios traen placa o charola? Difícil saberlo, pero todo apunta a que abundan en las distintas corporaciones, sin que se salven los órdenes de Gobierno, ni las siglas partidistas que los respaldan.

Los escenarios que retrataron icónicas películas mexicanas como El Infierno de Luis Estrada o Todo el Poder de Fernando Sariñana, hasta cortas se quedan frente a la realidad.

Lo anterior viene a cuento por el proceso penal que se le inició a Galdino “N”, alias El Monster, por su presunta participación en el multihomicidio de 17 integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, hechos que fueron noticia mundial en noviembre de 2019.

Resulta que El Monster es policía municipal de Juárez en activo. Al menos hasta su detención ocurrida el pasado 26 de julio, por su presunta vinculación con la masacre ocurrida en un camino cercano a Bavispe, Sonora, donde la comunidad LeBarón de Galeana, Chihuahua, tiene vínculos familiares.

No sirven los exámenes de confianza o se hace chanchullo, pero el caso es que El Monster pudo ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), desde 29 de septiembre del 2022, de acuerdo a los reportes oficiales. Antes quién sabe si ya se había puesto alguna otra cachucha policial o nomás traía la de sicario. El examen de confianza lo habría realizado el 2 de junio de 2022.

El reporte señala que presentó renuncia el 14 de junio de 2023, pero regresó nuevamente a la corporación. O sea que entraba y salía cuando le deba la gana, quién sabe con qué influencias o bajo qué patrocinio. Eso es lo que pone la piel chinita.

De acuerdo con la información que ha revelado Adrián LeBarón, el padre de una de las víctimas de la masacre, El Monster fue formado en El Ejército.

Por lo pronto, fue vinculado a proceso el pasado 29 de julio por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, feminicidio y tentativa de feminicidio.

Se supone que también es investigado por delincuencia organizada y actos de terrorismo. El caso se lleva en un Juzgado de Distrito en Almoloya de Juárez, en el Altiplano.

Galdino “N” pudo ser detenido por las declaraciones de otro de los procesados en el caso por el cual fueron detenidas ya 37 personas. Es todo un “maxiproceso”.

También ha trascendido que El Monster participó en una encerrona con líderes criminales un mes antes de la masacre. Estuvieron ahí jefes de La Línea y se dice que habría participado Rafael Caro Quintero, el famoso narcotraficante recluido actualmente en una prisión de Estados Unidos, por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

Los reportes de la Fiscalía General de la República establecen que El Monster participó como parte de un grupo de sicarios de La Línea que tenía la misión de enfrentarse con sus rivales de Gente Nueva, para arrebatarles el control de la plaza de Agua Prieta.

Con ese objetivo tenían instrucción de bloquear la carretera de Bavispe, Sonora, rumbo a Chihuahua, para impedir que pasara cualquier vehículo de Gente Nueva.

El ataque a las tres camionetas de las familias LeBarón, Langford y Miller, habría sido por una confusión y ahí habría participado, como uno de los ejecutores de la masacre, quien luego se puso la cachucha de policía municipal en Juárez.

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No nada más las impugnaciones mantienen con el Jesús en la boca a participantes que ganaron un cargo en la elección del 1 de julio.

También llegó hasta Juárez la sacudida por las sanciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por incumplimientos en materia de fiscalización, el coco de las campañas políticas.

Herelia Viridiana Valdez Valenzuela está en el listado de quienes fueron sancionadas con la cancelación del registro, por no entregar informes de ingresos y gastos a la Unidad de Fiscalización.

Herelia obtuvo 58 mil 316 votos para ser declarada jueza electa para Menores en el Distrito Judicial Bravos. Superó en la contienda a Leticia Ivonne Ontiveros Luján (48 mil 328) y Karen Estefanía Rascón Marrufo (44 mil 547).

La joven de apenas 32 años, recibió su constancia de mayoría el 19 de junio, pero no asumirá el 1 de septiembre, a menos que ella acuda a los tribunales para revertir la decisión del INE en materia de fiscalización.

Como la juarense, hubo otras 10 candidaturas en elecciones locales que no entregaron documentación a la Unidad de Fiscalización, y por eso se les cancelaron los registros.

La Comisión de Fiscalización informó que la omisión total en la presentación del informe único de gastos de campaña, es una de las conductas más graves que puede cometerse en materia de fiscalización electoral.

“Si no hay informe no puede haber fiscalización y si no se rinden cuentas no puede sostenerse legítimamente una aspiración al cargo”, dijo la presidenta de la Comisión del INE, la consejera Carla Humphrey Jordan.

En total se detectaron 35 casos a nivel federal y 86 casos a nivel local, aunque nada más se están cancelando los registros de las candidaturas ganadoras, como el caso de Herelia.

Se encontró de todo cuando la Unidad de Fiscalización hizo su trabajo, por lo que la investigación continuará.

“Las faltas no son menores, múltiples casos de ingresos y aportaciones prohibidas, egresos no comprobados, omisiones en la presentación de estados de cuenta, XML o reportes en el MEFIC, eventos celebrados sin registro con información falsa, cuentas bancarias preexistentes, pagos en efectivos superiores a lo permitido y más; conductas que ponen evidentemente en peligro la transparencia y la rendición de cuentas y su adecuado análisis”, destacó la consejera del INE.

Hay todo un mundo de información, pero también de huecos y vacíos que deberán llenarse con una nueva normatividad.

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Parece inevitable que se legisle para que las regidurías sean electas por voto directo y no por planillas (junto con la Presidencia Municipal).

En la última reforma electoral quedó consignado el transitorio para que eso pase en la elección de 2027.

Sin embargo, para que la novedad pueda ser aplicable, tiene que legislarse para establecer las reglas del juego.

Para atender esa agenda legislativa pendiente, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado ha realizado una serie de foros y resulta que el tema de las regidurías y la conformación del Ayuntamiento es el que más interés y participación ha generado.

Incluso, más que la desaparición de las diputaciones plurinominales, si hablamos de la materia electoral.

Ya está prácticamente armada una iniciativa para la elección de las regidurías con representación territorial, es decir, que haya regidores electos que representen a secciones, zonas o sectores del municipio.

La idea es que quienes compitan por las regidurías vivan en el sector que desean representar ante el Ayuntamiento.

Esa es una parte de la reforma, la otra tiene que ver con reducir el número de regidurías en la mayor parte de los municipios.

Hay municipios que apenas pasan los mil o los 2 mil habitantes y cuentan con Cabildos de hasta 12 y 14 regidores. Los municipios grandes como Chihuahua y Juárez tienen 20 espacios, por lo que es clara la desproporción.

La tirada morenista es meterle tijera a todos esos minimunicipios para que, de las 740 regidurías, se baje hasta 370 en todo el estado. Como quien dice, sobran la mitad de las regidurías actualmente.

No va la voladora para municipios grandes como Juárez y Chihuahua, que se quedan igual, pero sí para unos 40 que claramente tienen demasiada burocracia edilicia.

El principal argumento para promover el recorte, no es tanto la desproporción o la sobrepresentación, sino el hecho de que las nóminas de los Cabildos se llevan gran parte de los recursos en esos municipios pequeños.

Y como no generan recursos propios y los ingresos vienen de aportaciones y participaciones, resulta que los recursos se gastan en pagar las nóminas, sin que nada quede para otras necesidades.

Así que pronto deberá discutirse en el Congreso esa iniciativa que buscar acabar con las regidurías que sangran a los municipios.

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En Dirección de Control de Tráfico, de plano no escuchan. O son sordos, o nadan de muertito ahí donde despacha Gerardo Arámbula.

Resulta que desde hace seis meses hizo la denuncia el colectivo de Peatones Heroicos, para que se revisaran y se repararan los semáforos peatonales que no funcionan en múltiples avenidas y cruceros de la ciudad.

Nada se ha hecho, ni porque Arámbula se comprometió a atender la queja y concluir con la reparación de los semáforos el 15 de mayo, además de extender la revisión a otros puntos de la ciudad.

Cuando se hizo la denuncia original, se dieron algunos ejemplos urgentes de atender en los siguientes puntos: David Herrera Jordán esquina con General Rivas Guillén; avenida Hermanos Escobar y Plutarco Elías; Paseo de la Victoria, tanto en la esquina con avenida Manuel Gómez Morín como con Ejército Nacional; Paseo de la Victoria, abajo del puente peatonal del Consulado; Antonio J. Bermúdez esquina con Calle Ampere; Paseo Triunfo de la República esquina con avenida De las Américas, así como otros cruces en la Ejército Nacional y en la avenida Tecnológico.

No nadamás ha fallado el funcionario responsable. Tampoco los regidores han hecho su trabajo de gestión. La denuncia se notificó a las comisiones de Movilidad y  Seguridad. En ellas participan Eduardo Valenzuela, Karla Escalante Ramírez, Luz Clara Cristo Sosa, Mireya Porras Armendáriz y Mary Adame.

Pero nadie se mueve ni da resultados. Lo mismo ha pasado con otra problemática muy generalizada en la ciudad y que toca atender a la Dirección de Desarrollo Urbano.

Desde marzo se entregó denuncia por escrito ante diversas comisiones del Ayuntamiento, sobre la colocación de publicidad en equipamiento y vías públicas, lo que está expresamente prohibido por la ley.

Sin embargo, puentes, camellones y banquetas están llenos de pendones, carteleras, banderines y pantallas luminosas, además de que circulan los vehículos con publicidad.

La Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, prohíbe en su artículo 130 “La publicidad en las vías públicas mediante anuncios, pendones o espectaculares”.

Más claro ni el agua, pero ninguna instancia municipal pone orden, mientras que en el Cuerpo de Regidores ni por enterados se dan.