Se va a poner buena hoy la discusión en Cabildo por el tema del subsidio de 2.2 millones de pesos para el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez.

Se prevé que se autorice el apoyo con la mayoría de los votos en el Ayuntamiento, pero tal como ocurrió en la sesión previa, se espera que se mantengan los cuestionamientos de la oposición, principalmente del edil panista Alejandro Jiménez y de la regidora de Partido Pueblo, Luz Clara Cristo Sosa.

Los ingenieros pidieron su moche, tal como lo han hecho otros gremios para organizar eventos en esta ciudad con subsidio del erario municipal, como ya se volvió una costumbre.

Y eso que se trata de eventos en los cuales los organizadores cobran por cada asistente formalmente registrado, como en este caso, para escuchar ponencias respecto a los retos del agua, la vivienda y la movilidad, a la vez que se realizará la 46 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles.

A los regidores se les hizo excesivo el monto solicitado, ese es el punto. Nos les gustó que el recurso fuera nada más para pura fiesta, ya que se dedicarán 78 mil pesos para un brindis de bienvenida en la Plaza de la Mexicanidad, 224 mil 170 pesos para una cena-show, aparte de 284 mil pesos para otra cena de gala en el Cibeles.

Puro relax. También destinarán 294 mil 234 pesos para una comida en Samalayuca. Habrá un encuentro con el escultor Sebastián, el autor de la monumental X, a quien nada más le gustan los eventos fifís.

Por eso andan inquietos los ediles opositores. También porque creen que se están pagando facturas a los ingenieros que algo tuvieron que ver con los trabajos de actualización de las tablas de valores, esas que generaron polémica por los cobros del Impuesto Predial que se derivan de ellas.

Ya se sabe que están listos los regidores de Morena, Antonio Domínguez Alderete y Alejandro Acosta, para argumentar lo benéfico que para la promoción turística de la ciudad pueden resultar estos eventos nacionales. Así que pasará el asunto, no sin que se genere la debida discusión, ya que se trata de los recursos que son de todos los juarenses, con todo y que también se hable de una derrama económica para la ciudad.

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Se le ha dado muy poca difusión, pero ya funciona en Ciudad Juárez, desde el pasado 4 de noviembre, el primer Tribunal Mixto en Violencia de Género.

Trae prácticamente un año de retraso porque se aprobó por el Pleno del Consejo de la Judicatura desde septiembre de 2023. Es un paso más luego de la creación del Tribunal Especializado en Violencia de Género.

Correspondió al Tribunal Superior de Justicia del Estado armar el entramado institucional para atender a las mujeres que al mismo tiempo son víctimas de delitos penales y deben de resolver asuntos en lo familiar.

El objetivo de su creación es evitar la revictimización de las mujeres y procurar para ellas una justicia expedita. Un mismo juez ve lo penal y lo familiar, esa es la novedad del sistema, para no traer a las víctimas de allá para acá en los juzgados.

Es loable el que se hayan atendido las recomendaciones para avanzar hacia el Tribunal Mixto y responder de mejor manera a la Alerta de Género decretada para cinco municipios de Chihuahua desde el 2021, pero el tema plantea varios desafíos que le comentaron a Mirone algunos actores del sistema judicial.

Resulta que para que una víctima llegue hasta un Tribunal Mixto, debe pasar primero por la Fiscalía y ahí es donde hay un gran embudo.

Es la bronca de siempre. Mucha carga de los agentes del Ministerio Público que tienen que armar con solidez sus carpetas de investigación para poderlas judicializar, es decir, presentar ante los jueces.

Así que el proceso se hace lento y si hay urgencia de atención a una víctima en el terreno de lo familiar, como en el caso de una guarda y custodia de un menor, bien se le puede ir un año para que un juez mixto vea su caso con la perspectiva de género que se supone se va a privilegiar.

Le comentan a Mirone que la capacitación de los jueces y el personal se hizo un poco al vapor. Un mes para que quienes manejaban lo penal se empaparan de lo familiar. Muy por encimita. Son los jueces penales los que se quedaron con el encargo, pero realmente lo familiar también puede ser complejo y requiere de mayor capacitación. Eso es lo que ahora están viendo algunos de los actores del sistema judicial.

Hay otra crítica. Para la implementación no se tomó en cuenta ni a los litigantes ni a la Academia. El Poder Judicial se lo aventó por su cuenta. Tanto se complicó que por eso se rezagó un año la implementación.

Ojalá se hagan las adecuaciones necesarias, se amplíe la capacitación (también en lo que se refiere juzgar con perspectiva de género) y se le dé después una mayor difusión a este nuevo entramado institucional.

El objetivo no debe de perderse: garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

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Si bien en el Senado de la República, son legisladores morenistas por Chihuahua quienes más se han dado a notar, en el caso de la Cámara de Diputados es la veterana tricolor, Graciela Ortiz González, quien juega un papel bastante central.

Como presidenta de la importante Comisión de Gobernación y Población, la exsenadora y exdirigente estatal del PRI encabezó los trabajos que llevaron a la aprobación del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Le tocó operar en este caso para sacar un proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum, donde ya no tenía mucho qué hacer la oposición.

El caso es que en reunión extraordinaria se aprobó en San Lázaro, con 18 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, el dictamen que luego pasará al Pleno.

Se trata del ajuste legal para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Fue en esencia la propuesta de la nueva presidenta, pero también se conjuntaron iniciativas de diputados de oposición que también tenían sugerencias respecto a la reingeniería de la Administración Pública Federal.

Por ejemplo, se incluyó lo propuesto por la diputada panista Kenia López Rabadán, otro paquete del Partido Verde y otro más de la diputada tricolor Xitlalic Ceja García (PRI), respecto a adecuaciones normativas en las atribuciones de 15 secretarías de Estado.

Hay ocho secretarías con modificaciones a sus actuales atribuciones. Ahí están Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Salud.

Está el caso del cambio de denominación de la Secretaría de Función Pública por la de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a la cual se le van a asignar nuevas facultades en materia de transparencia, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción.

También hay ajustes en las atribuciones relacionadas con la Oficina de la Presidencia, así como de las unidades administrativas y sus equivalentes.

Graciela Ortiz estuvo ayer y estará en el Pleno, en el centro de la discusión sobre todo el paquete de reingeniería. Se volvió una de las operadoras de confianza del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, con quien colaboraba en el Comité Ejecutivo Nacional.

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Quien dio color guinda en el Congreso del Estado con una propuesta interesante, fue la diputada juarense Elizabeth Guzmán Argueta.

La también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso presentó una iniciativa de ley para que se limiten los viajes al extranjero, los gastos superfluos, los viáticos y las comidas en restaurantes para todo el aparato estatal.

Su propuesta de normativa para una “austeridad republicana” tipo fundador de la 4T, se presentó justamente a nombre de toda la bancada morenista.

Tal como está en la Constitución federal respecto al titular del Ejecutivo, se propone que quede en la Constitución local el candado de que ningún funcionario de ningún poder pueda ganar más que lo que hoy gana la gobernadora del estado.

Tiene otro candado, justo para que quien sea titular del Ejecutivo en Chihuahua, tampoco tenga un sueldo mayor a quien encabeza el Ejecutivo Federal. Quién sabe en cuánto vaya a quedar el ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se supone que Andrés Manuel López Obrador ganaba 122 mil pesos mensuales netos o libres.

La iniciativa también contempla limitar el uso de escoltas de seguridad, los secretarios privados y asesores y el uso de vehículos oficiales.

No suena mal, cuando es común que los funcionarios se quieran dar vida de reyes en todos sus viajes, a costa del erario.

Difícilmente los diputados de la mayoría harán suya la iniciativa de Ley de Austeridad del Estado de Chihuahua, pero bien podrían hacer su propia propuesta.

Por lo pronto, el proyecto se pasó a comisiones en donde bien podría archivarse o tomarse para atender un reclamo ciudadano para que gobernantes y funcionarios moderen sus gastos.