No cabe duda que el Gobierno de Maru Campos, salpicado por todas partes de tintes duartistas, ha sabido muy bien rodearse de personajes oscuros. Hasta parece buscarlos con lupa.

El nuevo titular de Comunicación Social, José René Sotelo Anaya, ha navegado en las mieles del poder para sacarle provecho a la política, sobre todo a la ligada con la ultraderecha panista sonorense.

En 2012, le sacó al gobernador Guillermo Padrés 448 mil pesos para lavarle la imagen, justo cuando el mandatario atravesaba uno de sus peores momentos en la percepción ciudadana. El dinero le fue otorgado de manera directa, sin licitación. Los resultados fueron nulos, pues Padrés no mejoró su imagen, pero sí terminó siendo investigado por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

El habilidoso Sotelo Anaya ha sabido sacarle jugo a la política y para ello creo dos empresas, en la década de los 2000. La primera de ellas se llamó Alfil Implementadores (2003) y la segunda Mida Marketing Research (2009). Ambos negociazos se especializan en la investigación de mercado, encuestas de opinión y estrategias de comunicación. De esas, pues, que venden sondeos a quien mejor les pague. Ellos siempre tienen el traje a la medida.

Resulta, estimado lector, que en el 2012 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Alfil por violar las leyes electorales. El chistecito le salió en un millón 720 mil pesos por la difusión de mil 592 impactos promocionales de la revista “Gente y Negocios” en el estado de Sonora a favor del precandidato a senador, Francisco Búrquez Valenzuela.

Peeero, ¿quiere más? Sotelo ha sabido también combinar la cuestión religiosa, pues es director del órgano informativo del clero sonorense, En Marcha. Algunos grupos sociales en aquella entidad lo relacionan con la extrema derecha del Yunque, la organización tachada de grupo ultracatólico, antisemita, antiliberal y hasta con rasgos fascistas.

Más allá de los golpes de pecho, parece que al nuevo coordinador de Comunicación Social le gusta actuar al margen de la ley. ¡Vaya dualidad!

En el 2015 su empresa Alfil se metió en tremendas broncas con el fisco, razón por la que el SAT le embargó un vehículo. Tantos han sido sus problemas que en el 2019 el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de Hermosillo, en Sonora, atendió un juicio especial hipotecario, debido a que dejó de pagarle un préstamo al banco HSBC con el que compró una vivienda.

¿Por qué esa permisividad a la corrupción dentro del Gobierno del Estado? No hay más que de dos sopas: o la gobernadora no está informada porque sus asesores no hacen su chamba, o porque de plano hay un interés de por medio en el que tiene que ver el jefe de Gabinete, también sonorense, Luis Serrato. A veces las “malas mañas”, sirven para avanzar, ¿qué no?

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A propósito de pus, en donde sigue supurando es en el caso de las concesiones de las cafeterías de los planteles del Colegio de Bachilleres, donde las primeras investigaciones han revelado, que las concesiones no solo fueron otorgadas ilegalmente a familiares de funcionarios de la Secretaria de Educación y Deporte, sino también a un sobrino del mismo secretario. ¡Tómala!

Fue Norte Digital el medio que denunció primero que nadie el conflicto de interés que existe en la concesión de siete cafeterías del Cobach, otorgadas a un hermano y a un primo del director general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Raúl García Ruiz.

Ahora, sale a la luz que también a un sobrino de Javier González Mocken, le fueron otorgadas seis concesiones de cafeterías del Cobach, lo cual es más grave y habla del nivel de corrupción de la dependencia, en apenas un año de Gobierno.

El sobrino favorecido se llama Dante González, hijo de José Luis González Mocken, funcionario de la JMAS.

Quien las asignó fue José Luis Fernández Zamora, quien se desempeña como abogado general del sistema Colegio de Bachilleres, y ha sido cercano colaborador de González Mocken por muchos años.

Como ya es frecuente en este tipo de casos escandalosos, al asunto del Cobachgate le entraron también los diputados locales de Morena, y pretenden llegar hasta el fondo y destapar la cloaca en la Secretaría de Educación.

Solo falta que la Secretaría de la Función Pública que lleva la investigación del caso le eche también tierra al asunto para enfriarlo y entonces, el prestigio del Cobach quedará manchado sin remedio.

El secretario González Mocken ya debería saber por su experiencia en la función pública, que los amigos y parientes incómodos resultan un lastre, cuando no piden que les den, sino que los pongan donde hay, como es el caso.

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¿Cómo puede interpretarse la actitud pasiva del Gobierno estatal, frente a la descarada presencia de criminales en Guerrero, Chihuahua, donde el martes pasado se pasearon por sus calles a plena luz del día, una caravana de 10 camionetas con hombres fuertemente armados, que provocaron el pánico entre la población?

La célula de gatilleros del narco, se lucieron con su armamento y vehículos robados en aquella región de la montaña, a pesar de la supuesta presencia del operativo conjunto de cientos de agentes policiacos estatales y federales, así como de militares, en la sierra de Chihuahua,

Aunque el hecho obligó a los comerciantes a cerrar las puertas de sus negocios en la tarde del martes y a la suspensión de clases ayer miércoles en las escuelas primarias y en las secundarias, así como en la preparatoria, para el alcalde Carlos Comadurán Amaya no había motivos para el pánico, pues, aunque admitió la presencia del grupo criminal, dijo que estos solamente pasaron por la ciudad. ¡Vaya pazguatez de la primera autoridad!

Como ya es costumbre que hasta después de los hechos hagan presencia los cuerpos policiacos, esta vez no fue la excepción, pese a que elementos del destacamento de la Agencia Estatal de Investigaciones informaron antes, en un comunicado oficial, que, al realizar un recorrido por la cabecera municipal, “avistaron a un grupo de 7 vehículos al parecer en convoy, sin que se observara a las personas ni armas en los mismos” (sic).

Más creíble hubiera sido que dijeran que se trataba de un desfile con motivo del mes patrio, o del carnaval de la Flor más Bella del Ejido, o simplemente, que era un funeral, pero sin gente ni carroza.

Pero negar lo que los habitantes de Guerrero vieron y denunciaron por las redes sociales, alertando a parientes y vecinos, es caer en el mismo terreno de la incompetencia y la cobardía del alcalde.

No obstante, y a pesar de que no admitieron que se trataba de malandros, que desfilaron por el pueblo en abierto desafío a la autoridad, los agentes estatales solicitaron presurosos la presencia de la llamada Célula Itinerante, integrada por el Ejército, la Guardia Nacional y las Policías Estatal Preventiva y la de Investigación, por aquello de las cochinas dudas.

Cabe mencionar, que los elementos se estacionaron en la ciudad, pero no salieron a buscar a los delincuentes como era de esperarse, pues el miedo no anda en burro.

Mientras tanto, en la capital del estado el secretario general de Gobierno César Jáuregui aceptó que les reportaron grupos de civiles armados en Guerrero, pero dijo que no se registraron hechos de violencia.

¿O sea que esperarán hasta que los delincuentes hagan sus desmanes, como ocurrió en Juárez, para decidirse a actuar e ir por ellos? Valiente decisión.

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Va la pregunta incómoda de la semana: ¿sirve de algo que se denuncie públicamente y hasta en la más alta Tribuna del Congreso de la Unión, la venta de citas para trámites fiscales en el Sistema de Administración Tributaria, si la autoridad responsable no hace nada para remediarlo?

Evidentemente no sirve de nada, porque en poco menos de un año, el diputado federal juarense Hiram Hernández, ha denunciado en dos ocasiones la corrupción del SAT y su mercado negro de citas, sin que se haya corregido hasta ahora, pues, al contrario, sigue boyante.

El martes lo hizo nuevamente durante la comparecencia del secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados, donde denunció la existencia de un mercado negro de venta de citas en el SAT, con precios que van desde mil pesos en Juárez, hasta 10 mil en la Ciudad de México.

La primera vez que lo ventiló en la Tribuna de la Cámara de Diputados, fue en octubre del año pasado, durante la reunión de la Comisión de Hacienda a la que pertenece.

En aquella ocasión lo denunció frente a la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien admitió haber detectado la venta de citas, pero por lo visto nunca hizo nada para remediarlo.

Los mismos integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez, lo reportaron en junio del 2021, como un grave problema que paraliza las unidades económicas, sin que ninguna autoridad lo solucione.

Si esa corrupción ya es del conocimiento del mismo secretario de Hacienda y de la jefa del SAT y no la han combatido, por ineptitud o complicidad, lo único que queda por hacer será que el joven diputado se aviente el tiro y la ventile en alguna de las mañaneras, para que el inquilino de Palacio Nacional se entere que de su inmaculado Gabinete económico también sale pus.