El juez 7º de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, bien puede pasar por el “Rey del acordeón”.

Acordeones, los que le permitieron pasar de año en la Facultad de Derecho, porque, de otra forma, uno no se explica cómo una persona con tan poca visión de la aplicación de la justicia haya terminado la carrera, a menos que se las arreglara para sentarse en los exámenes cerca del “machetero” de la clase.

El juez de marras emitió el viernes pasado uno de los fallos más hirientes para cualquier víctima que busca impartición de justicia para sí, para su familia y para sus deudos: dejar sin castigo a la persona que mantuvo amontonados en un cuchitril, llamado elegantemente “Crematorio Plenitud”, casi 400 cadáveres embalsamados.

Según él, José Luis A. C., dueño del crematorio Plenitud, no cometió delito porque no incurrió en el “ocultamiento de cadáveres” que le atribuyó la Fiscalía General del Estado para vincularlo a proceso y buscar que un juez le dictara sentencia condenatoria.

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Para el juez del acordeón, el hecho de que el imputado haya acumulado casi 400 cadáveres durante tres años o más no constituía ocultamiento, sino una simple “acumulación de trabajo” y, además, porque la naturaleza de su labor no implica hacerlo a la luz pública.

Valdría recordarle al juez referido que hay crematorios en el país —y en Chihuahua— que permiten la presencia de uno o varios familiares de la persona fallecida en un área de espera en tanto se lleva a cabo la cremación.

Según expertos consultados por Norte Digital, a los que este Mirone se remite, la cremación de un cuerpo de dimensiones normales lleva de 60 a 90 minutos. No es, entonces, un proceso industrial complejo como para traer al deudo a las vueltas a ver cuándo se resuelve su solicitud.

Lo que más indigna es que no haya tomado en cuenta un hecho tan abominable como haber entregado a los familiares urnas rellenas de residuos o cenizas que no correspondían a las del fallecido. Eso no es una especulación ni chisme de redes sociales: la FGE lo ha acreditado.

Si simular la entrega de unos restos mortales no es delito, ya no sabe uno en dónde está parado. Peor aún: el propio inculpado, que ahora podemos llamar “amparado”, ha revelado que el horno donde cremaba los restos humanos estaba descompuesto desde hace años y, aun así, continuaba recibiendo pedidos de cremación de las funerarias. ¿Amerita eso una simple sanción administrativa?

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Para darnos una idea y dimensionar la gravedad del caso Plenitud: en Colorado, Estados Unidos, ocurrió un hecho similar, solo que allá “solo” fueron 189 cadáveres, no los casi 400 de Ciudad Juárez.

Jon Hallford, propietario de la funeraria, recibió recientemente una pena de 50 años de prisión por ese hecho. Además, se ha ganado el mote de “el monstruo de Colorado” por haber causado un daño irreparable a sus víctimas.

El juez que dictó sentencia le dijo a Hallford que había causado un daño “indescriptible e incomprensible”. Acá, en Chihuahua, el juez del acordeón casi le dijo: “ay, disculpe usté…”.

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Cuando se revisa el caso del juez Rivas Martínez no se alcanza a entender bien a bien cómo funciona esto de los órganos de impartición de justicia. Antes de llegar al cargo para el que fue electo —por estar en el acordeón correcto— tuvo cargos de relevancia en diversos órganos del Poder Judicial, incluido uno relacionado con derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Habráse visto!

¿No se suponía que el nuevo modelo privilegiaría la independencia y la cercanía con la ciudadanía, como insistieron los voceros de la 4T? En los hechos, el discurso se diluye: la trayectoria institucional y la militancia política no solo convivieron, sino que se complementaron.

Más que un cambio de fondo, el caso exhibe que el acceso a la justicia “renovada” sigue pasando por los mismos filtros de siempre: vínculos, respaldos partidistas y decisiones que, al final, dejan más dudas que certezas.

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Cero y van dos casos escandalosos sobre justicia y corrupción que, de refilón, le pegan al diputado local y presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.

Primero se le vinculó con un presunto tráfico de influencias por la “semilibertad” que le concedió el juez penal Juan Carlos Erives Fuentes a Édgar Escárcega Valenzuela, procesado y sentenciado por el sensible delito de secuestro, quien resultó ser hermano de la “magistrada incorruptible”, Nancy Escárcega Valenzuela, esposa del diputado y socia de Alfredo ‘El Caballo Lozoya’ en la franquicia del partido fosfo-fosfo.

Aquella resolución se tomó apenas unas tres semanas después de la renovación del Poder Judicial, donde se estrenaron como personas juzgadoras tanto Erives como Valenzuela, por lo que el Tribunal de Disciplina Judicial tuvo que abrir una investigación, luego del malestar social y la polvareda política que se generó.

Siempre se comentó que la llegada de Nancy a la nómina del Poder Judicial y su posterior elección como magistrada se debieron al cobro y pago de facturas políticas en torno a Sánchez y su partido político, por lo que tampoco libró el diputado las suspicacias con la semilibertad concedida por el juez penal a su cuñado secuestrador.

La sospecha de tráfico de influencias se acrecentó cuando se supo que el apellido Erives del juez coincide con el segundo apellido del padre de la magistrada.

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Ahora fue el juez federal de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, también recién estrenado en septiembre de 2025 y también sin carrera judicial, quien se colocó en el ojo del huracán por conceder un amparo que permitió la liberación del dueño del crematorio Plenitud, José Luis A. C.

Se trata de la única persona actualmente procesada por el caso de los 386 cuerpos que fueron tratados como basura y nunca incinerados, pese a que sus familias pagaron por el servicio.

Rivas Martínez fue el candidato a juez de Distrito en materia mixta más votado en las pasadas elecciones de junio de 2025, por lo que se convirtió en juzgador federal con residencia en esta frontera, aunque venía de vivir en Chihuahua capital.

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Antes de ser candidato, Rivas Martínez fue asesor en el Congreso del Estado, precisamente del diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.

En redes sociales hay constancia de su activismo político vinculado al partido naranja y de cómo, durante la pasada campaña judicial, anduvo siempre cerca de la entonces aspirante a la magistratura, Nancy Escárcega.

En 2024, el hoy juez de Distrito fue enviado por la dirigencia de MC a representar al partido ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral.

Rivas ha sido y es parte de Movimiento Ciudadano, partido que, con sus alianzas azules y tricolores, lo llevó a los acordeones o “guías de votación”, el instrumento de promoción y operación política que le permitió el triunfo en las elecciones, igual que ocurrió con la “candidata incorruptible”.

Todavía falta que, en otro momento, surja por ahí algún otro vínculo entre el juzgador u otras figuras naranjas con la persona que pudo salir libre y que seguramente ya se cruzó a Estados Unidos para no enfrentar la justicia.

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El viernes pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum respondió acerca de la supuesta negociación con Adán Augusto López para dejarle la candidatura al gobierno de Chihuahua a Andrea Chávez, soltó una carcajada y dejó un dato que no se puede pasar por alto.

Habrá 17 candidaturas a gubernaturas, pero deben ser mitad y mitad: 50% hombres y 50% mujeres. La aplicación de esa regla puede cambiar todo el decorado electoral del país y reacomodar a los grupos y a los aspirantes en cada una de las entidades e, incluso, en municipios y distritos electorales.

Chihuahua va en ese paquete.

Vale señalar que, como 17 es número impar, lo más probable es que haya nueve mujeres y ocho hombres entre las candidaturas a los gobiernos de los estados, así que la composición será aún más compleja de lo que parece.

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Para empezar por el estado que nos ocupa, Chihuahua, está por verse si le toca tener candidata o candidato. Eso no se va a decidir ni en el estado ni únicamente en las encuestas que aplique el partido Morena para definir quién va “primero” en las preferencias electorales.

Ya lo vimos en la designación de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México: Omar García Harfuch tenía una amplia ventaja en las encuestas, pero la postulación fue para Clara Brugada. Conjeturas aparte, lo cierto es que Morena aplicó el principio de paridad de género para abanderar a la exjefa delegacional por encima del entonces secretario de Seguridad del gobierno capitalino.

En Chihuahua, como en otras entidades, puede pasar lo mismo: uno va adelante, pero el reacomodo por el principio de paridad de género puede tumbar a unos y encumbrar a otras, o a la inversa. Está por verse.

Como es de todos conocido, en la entidad hay dos cartas que compiten palmo a palmo por la candidatura: la ya mencionada Andrea Chávez y el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Si el uno va delante de la otra, o viceversa, de poco servirá si Morena ajusta sus alineaciones electorales por la aplicación del principio de género.

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El detalle no es menor, porque también a otros partidos les va a impactar, y en serio. Vale el ejemplo del municipio de Chihuahua, donde el PAN tiene a tres cartas compitiendo entre sí, palmo a palmo, por la candidatura a la alcaldía.

A saber: César Jáuregui, fiscal general del Estado y favorito en algunas encuestas; Santiago de la Peña Grajeda, actual secretario general de Gobierno, y Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común.

Visto así, el cuadro pareciera una “terna de tres”, pero no: el PAN aún no define su distribución por razones de género y, por tanto, esa candidatura podría recaer en la diputada federal “Manque” Granados, aunque no vaya punteando en las listas.

A Mirone le han venido a contar que en todos los frentes se están mordiendo las uñas para ver cómo se va a definir eso de las candidaturas por género y a quiénes van a sacar, o a qué cuadro van a postular, para cumplir con el requisito.

El reparto por género ya ha motivado reuniones de alto nivel, tanto en el PAN como en Morena, según le cuentan a Mirone, y parece que en ningún lado han encontrado la cuadratura al círculo.

No urge, pero sí apura: el proceso electoral inicia formalmente a finales de este año, así que, si no las candidaturas, al menos sí les apremia dejar sentado el criterio de reparto. Van a saltar chispas; de Mirone se han de acordar.

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Consumatum est: el Gobierno del Estado va a contratar los 3 mil millones de pesos de deuda pública que le autorizó el Congreso local en aquella célebre sesión del 16 de diciembre pasado, diga lo que diga el recurso de inconstitucionalidad promovido por la bancada —una parte, pues— de Morena.

El Periódico Oficial del Estado ya publicó la convocatoria dirigida a instituciones de crédito para que presenten propuestas de financiamiento por hasta 3 mil mdp aprobados, y el proceso de contratación ya lleva caminito avanzado.

En la edición del pasado 11 de febrero, el POE informa que los recursos se destinarán a la construcción de obras de diverso tipo, pero deja algunos conceptos tan abiertos que abren la puerta a todo tipo de especulaciones sobre la forma en que el Gobierno se gastará ese dineral durante el año en curso.

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El crédito, según lo dice el decreto, se destinará —valga la redundancia— “a financiar los rubros de inversión pública productiva del Estado autorizados en el Decreto, los cuales se señalan en el numeral 3.3 de esta Convocatoria”.

¿Y qué dice el 3.3 al que se refieren? Aquí viene lo bueno: “Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones”. Lo del agua, ya sabemos que es competencia estatal, pero ¿el gas, la electricidad y las telecomunicaciones? Habrá que estar atentos a ver los proyectos ejecutivos.

También irán a la “Construcción de vías de comunicación”. Bien, mal harían si no: a este estado y a sus ciudades principales les urge una mejor conectividad y obras que agilicen la movilidad. Bienvenidas sean.

“División de terrenos y construcción de obras de urbanización”. Otra vez, la necia pregunta tropicalera: ¿de ken chon… esos terrenos que van a recibir inversión pública proveniente de un crédito? Atentos.

“Edificación no habitacional”. ¿Cómo qué tipo de edificación? ¿Terminar la Torre Centinela, otro edificio de oficinas, escuelas? ¿Qué? Ese fue el problema cuando se discutió el tema en el Congreso: el Gobierno no esbozó siquiera para qué quería esos 3 mil mdp.

Hay otros conceptos más que también ameritan el ojo público bien abierto para saber si hay un correcto uso del recurso público.

Y es que la mula no era arisca, la hicieron: en el sexenio de César Duarte se incrementó la deuda pública en casi 35 mil mdp, y no supimos bien a bien en qué obras se los gastaron.

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Los tiempos ya empezaron a correr, por lo que ya se puede dar por arrancado el proceso de contratación. El decreto se publicó el miércoles 11 de febrero; el próximo miércoles 18 se celebrará la primera junta de aclaraciones y el viernes 20, la publicación de documentos actualizados. Hay apuro para contratar el crédito el 28 de abril, según lo establece la publicación.

Hasta ahí, todo está más claro que el agua de trapeador. Solo falta preguntarse: ¿y qué va a pasar si procede la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena?

Porque no hay que olvidar que la nueva y “acordeónica” Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó las cuatro demandas en tiempo récord y las destinó a puras magistradas “de la casa”.

Nomás falta que, a medio camino, cuando ya esté contratado el crédito y las obras en proceso de licitación, nos digan que van para atrás los “filders”, porque dice la Corte que siempre no.