Desde la Ciudad Judicial le llegó el reporte a Mirone del caso más comentado al iniciar el 2026.

Bastante encabritados andan varios operadores del sistema que conocieron la noticia que enlutó a la familia de un interno del Cereso, por lo que parece ser la negligencia de un juez.

Se trata de Enrique Villarreal Díaz, juez penal a quien le informaron desde octubre del 2025 que un procesado estaba mal, enfermo en el interior del Cereso #3, pero simplemente ignoró el asunto y no programó alguna audiencia para disponer lo que pudiera garantizar la vida de la persona.

En octubre, en noviembre y en diciembre le hicieron saber desde el Cereso el tema de la salud del interno y nada pasó.

Lo que supo Mirone es que a finales de diciembre, hasta después de morir la persona, se programó una audiencia, como para tratar de blindarse de alguna responsabilidad legal por lo ocurrido. Pero ya a toro pasado.

A ver en qué queda el tema de la trágica y lamentable muerte. Por lo pronto, se sabe que la familia se lanzará con todo en contra del juez y hasta donde tope. Creen que hubo negligencia porque nunca se generó algún acuerdo o se programó audiencia, aunque pasó mucho tiempo desde que se conoció la gravedad de la enfermedad del interno.

No se hubiera tratado de un preso influyente o famoso, como el exgobernador César Duarte, porque entonces sí lo hubieran llevado de urgencia, cuantas veces fuera necesario, al mejor hospital.

Sin embargo, hay quienes en la misma Ciudad Judicial, no creen que vaya pasarle nada al juez; personaje que se siente bastante protegido por ser pareja de Natalia Caldera, mano derecha de la influyente comisionada del Órgano de Administración Judicial, Minerva Correa.

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Por terrenos de la Presidencia Municipal, el tema que dio bastante de qué hablar, fue la ausencia de los regidores y las regidoras en la sesión extraordinaria para rendir homenaje a los policías en su día.

Fueron cinco representantes populares, quienes hicieron vacío la sesión del fin de semana, pese a que es la principal obligación de todo integrante del Ayuntamiento, el acudir a las sesiones previas, las ordinarias y las extraordinarias.

Y eso que en la última sesión ordinaria del 19 de diciembre, quedó bien clarito y acordada, la agenda del importante evento para el 2 de enero.

A quienes les valió cumplir y le quedaron mal a la ciudadanía y a los policías municipales, fueron cuatro morenistas: Antonio Domínguez Alderete, Alejandro Acosta, Sandy García y Karla Escalante. Además de la única representante del Partido Verde, Fernanda Ávalos.

Por lo visto, no quisieron suspender sus vacaciones no formales para presentarse a la sesión. De Domínguez se sabe que anduvo en las fiestas decembrinas por Aspen, Colorado. De Acosta, que hizo viaje familiar a Disneylandia.

A ver si llegan a sus oficinas este lunes, día en que, se supone, se restablece la atención regular en la Presidencia Municipal, después de las fiestas.

Por cierto, en el área de regidores van bastante rezagados los trabajos de remodelación. Se suponía que concluirían con el año, pero todavía les zumba. Traen patas para arriba toda esa parte del tercer piso del edificio administrativo municipal. A ver a qué horas terminan.

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Con el sorpresivo anuncio presidencial que puso fin al decreto para regularizar vehículos chuecos, son por lo menos 4 mil 500 trámites los que se quedaron en el limbo.

Dejó la presidenta Claudia Sheinbaum chiflando en la loma al menos a ese número de chihuahuenses que ya habían iniciado, pero no concluyeron la regularización.

Lo que prevalece ahora es la incertidumbre en esos casos. Ninguna autoridad sabe todavía qué va a pasar.

El hecho es que hay por los menos esas 4 mil 500 unidades que están sin plaquear y serían susceptibles de decomiso, aunque por lo pronto, no se ha dado instrucción de operativo alguno.

De los 4 mil 500 vehículos, unos 2 mil se quedaron a la espera de la activación de chips para la emisión de identificaciones vehiculares. Los otros 2 mil 500 se quedaron pendientes del proceso de plaqueo.

El caso es que todavía es hora de que no se sabe si quienes iniciaron el procedimiento, podrán concluirlo.

Tanto en el Repuve como en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, están a la espera de recibir instrucciones.

Fuera de ese inconveniente, la verdad es que ya era tiempo de que se cerrara el programa. Mantenerlo hacia el infinito estaba generando problemas de mucha saturación vial e impacto ambiental para la ciudad, aparte de que se generaron varios esquemas de corrupción para el ingreso y el plaqueo de los “chuecos”.

Se regularizó lo que se debía regularizar y ahora sí toca cerrar, en serio, la frontera al contrabando vehicular.

En el estado de Chihuahua se regularizaron poco más de 600 mil vehículos, de los cuales cerca de 180 mil se inscribieron en Ciudad Juárez.

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Entre los grandes pendientes que tendrá que desahogar el Congreso del Estado al inicio de este nuevo año, es el proceso de elección de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El proceso de registro está abierto desde la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado y cerrará el próximo domingo 11 de enero, a las 23 horas con 59 minutos. O sea que ya nada más queda una semana para que los interesados cumplan con ese requisito de hacer el registro en la plataforma que para ello se abrió en el la página web del Congreso.

Todavía es hora de que no se sabe bien a bien cómo viene la pichada y lo único que se avanzó el año pasado es que en esta ocasión habrá acuerdo entre la fracción mayoritaria del PAN y la oposición morenista. No hay que olvidar que se requieren 22 de los 33 votos, es decir, la mayoría calificada, para poder validar la designación.

Quien busque la presidencia deberá acreditar cinco años de experiencia en el área de promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos, comprobable con documentos expedidos por autoridades, organismos públicos y/u organizaciones en la materia.

Otro de los requisitos importantes, además de contar con Licenciatura, es el de no haber ocupado u ocupar puestos de dirección de partidos u organismos políticos en los últimos cinco años.

Le corresponderá a la Junta de Coordinación Política hacer la primera depuración de quienes cumplan los requisitos de la convocatoria para programar las entrevistas que se realizarán entre el 19 y el 20 de enero.

La propia Junta hará una evaluación y dará una calificación a cada aspirante, considerando un máximo de 50 puntos para el perfil curricular y otra cantidad igual para la entrevista.

Luego habrá dictamen elaborado por la misma instancia, para integrar la terna que deberá enviarse al Pleno del Congreso.

Ese es el procedimiento: la pura confección del traje que seguramente ya tiene persona previamente determinada. Si no se ha tomado ya la decisión, se tomará en el transcurso de esta semana, con el detalle de que habrá acuerdo entre fracciones y, desde luego, el aval de Palacio.