Los responsables del Instituto Nacional de Migración en la entidad, no suelen dar la cara a los medios de comunicación para responder a temas relacionados con su función y los flujos de migrantes que cruzan por territorio chihuahuense, pero sin recato alguno se cuelgan medallas de operativos realizados por otras instancias.

Tal fue el caso de los 53 migrantes que el viernes pasado fueron localizados por agentes estatales en el sitio conocido como Rancho Bonito, a 9 horas de Ciudad Juárez, cuando los policías realizaban la búsqueda de otras 13 personas, que supuestamente fueron secuestradas por grupos del crimen organizado al pasar por Coyame del Sotol, en las proximidades de Ojinaga.

Ese mismo día, los 53 migrantes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración en Juárez, para su traslado a sus lugares de origen, y ni tardos ni perezosos, los encargados de su departamento de Comunicación Social en la Ciudad de México emitieron un boletín atribuyéndose el aseguramiento.

El comunicado dice que el 15 de octubre fueron identificados en el país mil 597 migrantes de distintas nacionalidades, de las cuales “532 fueron localizadas durante operativos de control migratorio en distintas acciones en el estado de Oaxaca, 86 en Veracruz, 58 en Chihuahua y 134 en Puebla”.

“El INM refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con total apego al respeto de los derechos humanos, de las personas en condición de movilidad por territorio nacional”, termina el comunicado, repitiendo palabras de un discurso que, en los hechos, está muy lejos de aplicarse.

Los 53 migrantes de Chihuahua, no 58, les fueron entregados por la Policía Estatal cansados, hambrientos, sedientos y deshidratados, por los días que tenían caminando por el desierto buscando alcanzar la frontera para cruzar a los Estados Unidos.

O sea que, el INM recibió de manos de la Policía Estatal a 53 personas nacionales de países de Centroamérica, que migraron por territorio mexicano en condiciones de inseguridad, en condiciones que no tenían nada de ordenadas y mucho menos de regulares, como dice el compromiso del INM.

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Otro que también se quiso colgar del operativo exitoso de la Fiscalía General del Estado, buscando sus 5 minutos de fama, fue el diputado panista Ismael Pérez Pavía, cuando en la tribuna del Congreso local solicitó “mayor presencia de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, en el “corredor de migrantes, que comprende a los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol y Guadalupe Distrito Bravos”.

Al reconocer el trabajo de los agentes estatales que localizaron a los 53 migrantes extraviados, el legislador del distrito 11, pidió su presencia permanente en esa zona a la Policía Estatal y hasta a la Sedena para evitar casos similares.

Extrañamente, al diputado se le olvidó exhortar también a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que es la instancia obligada a velar por el tránsito seguro de los migrantes y a tener presencia en las rutas, porque hasta ahora brillan por su ausencia en toda la entidad.

Además de colgarse de los méritos ajenos, bien haría Pérez Pavía en solicitar al INM el informe sobre el paradero de los traficantes que mantenían secuestrados a 340 migrantes de El Salvador y Guatemala, en una bodega de la periferia de la ciudad de Chihuahua, hasta que cada uno les pagaran cuotas que fluctuaban entre 5 y 7 mil dólares.

Estos hechos ocurrieron el 19 de septiembre y hasta la fecha, las autoridades migratorias no han informado del resultado de las investigaciones que supuestamente iban a realizar en coordinación con la Fiscalía General de la República, para dar con la banda de coyotes, polleros y traficantes de humanos.

En ese punto es donde debe insistir y ser intransigente, para que las autoridades federales cumplan con sus responsabilidades y obligaciones, que otras instancias tienen que atender.

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Zapatero a tus zapatos, reza el dicho que debe aplicar al nombramiento hecho por Maru Campos a la exdiputada priista Rosa Isela Gaytán Díaz, como subsecretaría de Seguridad Pública Estatal, para atender el área de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Rosy Gaytán, como es conocida, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha impartido clases en la Universidad Lasalle, fue regidora del ayuntamiento de Chihuahua y ocupó la dirección Jurídica de la Secretaría de Salud durante la administración de César Duarte, pero no tiene ninguna experiencia en el campo de seguridad pública.

En septiembre del 2015 varios medios de circulación nacional, entre ellos El Universal, Sin Embargo, Norte de Monterrey y Proceso, publicaron que el secretario de Salud del gobierno de Duarte, Pedro Hernández, expidió dos cheques de una cuenta del banco Wells Fargo por un millón 990 mil dólares.

Los cheques fueron expedidos el 7 de septiembre de 2015 de una cuenta de la sucursal Wells Fargo de la calle Lee Treviño, a nombre de Pedro Hernández y su pareja sentimental Rocío Padilla.

Uno de los cheques, con folio 04392155, fue expedido a nombre de la esposa de César Duarte, Bertha Olga Gómez, por la cantidad de 1 millón 345 mil dólares; mientras el otro con folio 04392156, fue girado por 645 mil dólares para Rosa Isela Gaytán, quien en ese entonces era la directora jurídica de la Secretaría de Salud del Estado.

Pedro Hernández negó en su momento los hechos, argumentando, sin pruebas, que los cheques eran falsos.

Ahora que Rosa Isela Gaytán regresa a la función pública, en un área tan sensible como es la seguridad pública, el tema vuelve a resurgir.

Pero independientemente del sospechoso caso de los cheques de Wells Fargo, su improvisación en un cargo tan delicado como es la prevención del delito, nos habla de que la gobernadora está cumpliendo los compromisos con los actores políticos priistas, que la apoyaron en su campaña, con nombramientos para los cuales no reúnen el perfil, escogidos con el arcaico método del tin-marín.

Ahí tenemos los casos de Alonso Rascón Carrillo, nombrado comisionado estatal de los Pueblos Indígenas; Lilia Merodio, secretaria de Desarrollo Rural y Teporaca Romero, como directora del Instituto del Deporte y Cultura Física.

En el caso de Rascón Carrillo, organizaciones e integrantes de pueblos y comunidades indígenas en Chihuahua, así como representantes de la academia, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, pidieron su destitución a los pocos días de su nombramiento, por no reunir el perfil para ese cargo.

Ahora que llega Rosa Isela Gaytán a la SSPE, tendrán a quien echarle la culpa cuando la prevención no funcione, pero eso no resolverá el principal problema de Chihuahua, que es la inseguridad y que todos los días salpica y enoja a la opinión pública.

Habrá que recordarle a Maru Campos y a Gilberto Loya, que la experiencia no se improvisa, y mucho menos cuando se trata de ganarle la batalla a los malos.