No podía creerlo Mirone cuando el asunto llegó hasta la previa de la sesión de Cabildo y se planteó la solicitud de comodato de un predio municipal de 6 mil 128 metros cuadrados a favor de Mi Plaza Talamás, en el extremo suroriente de la ciudad.

Menos porque el terreno corresponde al camellón central de la avenida San Isidro, allá donde termina la Manuel Talamás.

Ya hay dictamen aprobado en comisiones y hasta ahorita los regidores que integran el Ayuntamiento están de acuerdo en aprobar el comodato y cederle el predio municipal a la empresa, para que se utilice como estacionamiento. Lo harían en sesión ordinaria de hoy.

Legalizarían otra aberración más en materia de desarrollo urbano. Una raya más al tigre. Pondrían un parche legal a los incumplimientos y omisiones que siguen generando la anarquía y el caos, allá donde debería ordenarse todo desde un principio, porque se trata de nuevos desarrollos.

Se supone que están intentando resolver un grave problema de falta de estacionamiento que sufre la población de aquella zona que acude al centro comercial y de los vecinos que padecen la saturación de sus calles y el bloqueo de espacios, pero en el fondo, la solución abona más a que se repliquen la permisividad y el incumplimiento.

En la plaza de locales comerciales también se construyó una tienda Soriana y un gran gimnasio, giros que demandan muchos cajones de estacionamiento. Si fue insuficiente el espacio, no hicieron bien las proyecciones y tampoco hizo bien su tarea Desarrollo Urbano Municipal.

Sin embargo, en lugar de que se les obligue a construir el estacionamiento que requieran o a comprar un terreno para superar el déficit, se les entrega el bien público que le pertenece a toda la ciudad. Claro que lo van a utilizar los ciudadanos que allá residen, pero el negocio seguirá siendo de la empresa.

Ya hasta parece manía de las autoridades el favorecer los negocios privados a costa de los bienes públicos.

Mirone sabe que en ese límite de la ciudad no está realmente en uso el predio, pero eso no justifica la entrega. Si así fuera, cualquiera reclamaría para sí, los predios en desuso que existen por distintos rumbos de la ciudad y sobre todo en sus orillas.

Tampoco lo justifica el hecho de que después se pueda recuperar, cuando ya se vaya a utilizar el terreno como calle. ¡Carajo! ¿Cuándo se van a hacer las cosas bien desde un principio? Por eso la ciudad es un caos urbano. La propia autoridad lo propicia.

Estamos ante otra arista más del mercantilismo del desarrollo urbano: lo que prevalece e importa es el negocio inmediato antes que el futuro ordenado y planificado de la ciudad.

Por cierto, los dueños de Mi Plaza Talamás, son los mismos de Loma Desarrollos, los que construyeron Alameda Iglesias en la Ejército Nacional. Los mismos a quienes no importó que se talaran los árboles del camellón para construir un acceso al mall. Por lo visto, creen que los camellones son de su propiedad.

El corporativo de Monterrey es un gigante de la construcción, la promoción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios integrales. Ni modo que la empresa de San Pedro Garza García, no tenga recursos para ampliar, como debería de haber sido de inicio, el estacionamiento.

Lana les sobra, pero aquí también sobran los oficiosos que les quieren regalar todo, aunque de origen no se hayan cumplido cabalmente las normas y no se haya previsto la saturación que generó el problema.

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Ayer comentamos aquí sobre las sanciones pendientes que traen en el Club Campestre para los directivos que no cumplieron con su encomienda de cuidar el patrimonio de los socios y permitieron el desfalco de 21.5 millones de pesos.

Resulta que nos quedamos cortos respecto a hasta dónde se piensa llegar en ese tema de los castigos administrativos para quienes le fallaron al Club de distintas maneras.

No únicamente hay plan de expulsar a los directivos que fueron omisos (presidente, tesorero e integrantes del Comité de Vigilancia) en el caso específico del desvío que se le atribuye al gerente administrativo, habrá otros socios que ya no podrán ingresar al Club porque les serán suspendidos sus derechos.

Este castigo no está vinculado al caso del desfalco, sino a la revisión que la Comisión Especial está realizando a distintos contratos de obras y servicios. No hay que olvidar que cuando se revisó el caso de los carritos de golf, se determinó una sanción de tres años para el expresidente, porque el contrato ventajoso para la empresa nunca fue autorizado por el Consejo de Directores, ni por la Asamblea.

Ahora hablamos de socios que fueron los prestadores de servicios o construyeron obras. Son contratistas que al mismo tiempo son socios del Campestre, pero le encontraron el modo de hacer un gran negocio en contubernio con los anteriores directivos.

Como los abusones metieron las plumas cuatas y se aplicaron sobreprecios en múltiples contratos, los enojados socios del Club Campestre y los nuevos directivos y consejeros, creen que también deben de ser castigados y no permitírseles el uso de las instalaciones.

Habrá, pues, muchos más sancionados que, si quieren conservar sus acciones de 25 mil dólares, deberán seguir, conforme a estatutos, pagando sus cuotas, aunque ni siquiera puedan entrar al Club.

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Junto con sus funcionarios, la presidenta Claudia Sheinbaum quedó a deber ayer en la mañanera respecto al tema del Crematorio Plenitud donde se encontraron los restos de 386 personas.

Ya se sabe que el asunto lo trae la Fiscalía General del Estado, pero se esperaba que de alguna manera le entrara el Gobierno Federal, al menos con mayor información.

“Para que se dé un balance global, el martes viene el Gabinete de Seguridad y les pedimos que nos expliquen este caso”, anunció el pasado jueves 3 de julio la presidenta Sheinbaum, admitiendo que se trataba de un caso especial.

Pero se llegó el día y ni un reporte que les haya mandado la Fiscalía de Chihuahua compartieron, menos algún análisis propio.

Dio nota el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respecto a que hasta cenizas de animales se entregaron a las familias, pero sin dar mayores detalles.

“El caso lo tiene totalmente la Fiscalía de Chihuahua. Lo que sabemos es que tienen a dos personas detenidas, están en el proceso de identificación de cuerpos. Se sabe que a veces entregaban cenizas que no correspondía a los familiares y en muchas ocasiones no eran de restos humanos, sino de animales”, expresó el funcionario.

“La Fiscalía ha estado informando continuamente y al momento van dos detenidos. En cuanto tengamos más información, que también ya les solicitamos, se las haremos llegar, por supuesto”, agregó García Harfuch.

El secretario informó las detenciones del dueño y un trabajador del crematorio, y fue todo. Ni le entró la Fiscalía General de la República por tratarse también de violaciones a normas federales como Ley General de Salud, menos se presentó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aunque debe de vigilar lo que delega en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) respecto al manejo y disposición de cadáveres. Ni porque sea obvio que se requiere una revisión de los protocolos, procedimientos y normas en la materia.

No ha variado mucho la información del caso, fuera de que aumentó el número de cadáveres de 383 a 386, lo que anteriormente no se había podido definir porque se encontraron varios cuerpos en puro esqueleto y en partes. Además, hay nombres probables para 67 de los cuerpos.

También hubo cateos ayer a las viviendas de los dos detenidos, pero no se reportaron hallazgos.

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Rumbo al 2027, en el PAN están analizando todas las posibilidades para tener mayores probabilidades de triunfo en Chihuahua.

Ayer que hubo conferencia de prensa de la presidenta estatal Daniela Álvarez, junto con las legisladoras federales por el PAN, Manque Granados y Rocío González, se comentó un escenario innovador que contempla una elección abierta a la población, el equivalente a una elección primaria.

“Más allá de ocuparnos o preocuparnos con alguna alianza con otra fuerza política, estamos trabajando en generar las bases necesarias para ser ese partido que abre las puertas a los ciudadanos. Incluso no descartamos que la candidatura a la gubernatura se dé justamente mediante una elección primaria, en donde todos los ciudadanos decidan a quién quieren como candidato o como candidata para este 2027”, expresó la dirigente estatal.

También señaló que existe una gran posibilidad de que las candidaturas, así en general, se abran a la ciudadanía, es decir, que se lancen perfiles que no necesariamente sean de militantes o afiliados panistas.

Aseguró que el tema de las alianzas o no alianzas, no está en la agenda en este momento “y creo que incluso todavía falta tiempo para que eso se dé”.

El tema surgió luego de que en el PRI han estado adelantando que para el 2027 irían solos y no repetirían la alianza con el PAN.

“Yo hago un llamado a serenarnos. Creo que es anticipado hablar sobre acuerdos incumplidos o que no llegamos a algún acuerdo, porque realmente, en el caso de una servidora, tengo en la agenda, sí, sentarme con Alejandro Domínguez, que es el presidente estatal del PRI”, señaló la juarense.

Dijo que no se han podido conciliar las agendas para reunirse y aseguró que tiene buena relación con muchos liderazgos tricolores.

“Anticiparnos a decir que ya hubo una ruptura, un pleito, una separación, yo creo que es adelantarnos”, insistió Daniela, por lo que llamó “a conservar la calma”.

“Nosotros seguimos trabajando en fortalecer al Partido Acción Nacional y en abrir la puerta para que quien deseé postularse para alguna candidatura en el 2027 y venga de la ciudadanía, es bienvenido”, destacó la exdiputada federal.