Le sigue lloviendo sobre mojado al exgobernador binacional Javier Corral, ahora con las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación detectó por la minucia de 2 mil 488 millones de pesos de recursos federales, que fueron ejercidos sin que hayan sido comprobados en Educación y el Sector Salud.

No lo dice Mirone, lo exhiben con todas sus letras las revisiones a la cuenta pública de su quinquenio, realizadas por las Auditorías del Estado y de la Federación. Ambas coinciden en que se despachó con la cuchara grande y ahora tendrá que responder, y no necesariamente mediante un video, como suele hacerlo cuando manda cursis mensajes a sus menguadas redes sociales, para justificar lo injustificable.

Ahí están los números, fríos y precisos, que no mienten: el frívolo político no tuvo empacho en simular pagos por 509 millones de pesos a personas fallecidas en el 2020 y pagar un millón 967 mil pesos a trabajadores que no realizaron función alguna.

En este esquema entran los 583 «aviadores» de la Secretaría de Desarrollo Social, que como supuestos “becarios”, recibían pagos de 20 mil pesos mensuales por cabeza. De su trabajo en la dependencia los auditores no encontraron evidencia, por la simple y sencilla razón de que eran parte de los coros del ruido que la Administración corralista habilitó, para golpear a los enemigos y aplaudir las obras y programas que no realizó.

Son muchos millones de pesos por los que debe responder ante la Federación y ante el Estado. Ya la gobernadora Campos adelantó, la semana pasada, que las denuncias por peculado, desviación de recursos y otras linduras, se le están acumulando en los tribunales, esos que antes tuvo arrodillados.

Unos le llaman a esto karma, pero los más prácticos le llaman saqueo, a secas, y con todo, seguro Corral no tarda en seguirle los pasos a su archienemigo Duarte, para darse a la fuga rumbo a los Estados Unidos, donde ahora sí hará valer su condición de ciudadano estadounidense que tanto ha negado.

Tiempo al tiempo.

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En la víspera de la visita presidencial, los regidores morenistas no solamente confirmaron su presencia en la agenda que Andrés Manuel desahogó en la ciudad, sino que hasta se mandaron hacer calcomanías para sus automóviles con el hashtag: #QueSigaAMLO.

Uno de ellos, que lo presumió durante la gira del preciso, fue el regidor Antonio “El Pañalitos” Domínguez, quien luce la leyenda de apoyo por la revocación de mandato en el vidrio trasero de su Jeep Cherokee, color negro, como se muestra en la fotografía que encabeza esta columna.

La propaganda pasiva que realiza el regidor morenista viola las disposiciones legales establecidas por la Ley de Revocación de Mandato y la veda dispuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el INE, durante la veda electoral existen las siguientes prohibiciones: actos de campaña y proselitismo electoral, propaganda gubernamental (a excepción de campañas de salud, educación y protección civil) y todo tipo de propaganda electoral (en este caso a favor o en contra de la revocación de mandato).

Esta última prohibición aplica perfectamente a los funcionarios morenistas como “El Pañalitos” Domínguez, porque ocupa un cargo de elección popular y sus engomados promueven el voto en contra de la revocación, para que AMLO siga gobernando hasta el 2024.

Ahora nada más falta que diga que en su vehículo particular puede portar propaganda de quien quiera, y tendrá toda la razón, solamente cumpliendo con la condición de que su unidad se quede encerrada en donde nadie lea el mensaje que promueve. Así de simple.

Pero no, de ninguna manera. El buen “Pañalitos” lo estaciona en el espacio oficial de la presidencia municipal y se traslada en éste a diversos puntos de la ciudad para atender las actividades que su cargo le exige, por lo que anda promoviendo el voto en contra de la revocación y eso se llama propaganda, aquí y en Rusia.

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Este día, en la comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Juárez, se someterá a discusión una nueva ocurrencia que la directora de Salud municipal, Daphne Santana, tuvo a finales del mes de enero para que la dependencia a su cargo tenga también facultades para prestar el servicio médico de empleados y derechohabientes, independientemente de la empresa chilanga que se contrató, Adaca Medical.

Daphne propuso el 24 de enero, mediante oficio dirigido al secretario del Ayuntamiento, la modificación al reglamento orgánico de la Administración Pública municipal, para adicionar la fracción octava, sobre las atribuciones de la dirección a su cargo, que actualmente establece: planear, organizar, coordinar, supervisar y evaluar la prestación del servicio médico para empleados.

La reforma que pretende cambiaría únicamente la palabra evaluar por la de ejecutar, con lo cual tendría también las facultades de contratar médicos externos, con cargo al Municipio, para dar el servicio que ya fue subrogado.

La propuesta la hizo Daphne seis días antes de que se asignara el servicio médico a la empresa de la Ciudad de México y de que ésta subcontratara a su vez a dos sanatorios de la ciudad.

La modificación de esa sola palabra significará que el Gobierno municipal tendrá que pagar el contrato de Adaca, así como los que generen los servicios de médicos de primer contacto que Daphne piensa contratar y lo que se tenga que liquidar a Poliplaza Médica, en caso de perder la demanda.

Se trata, sin duda, de una mañosa dualidad de funciones que no mejora la calidad del servicio médico de la burocracia municipal y sus familias, pero sí empeora las finanzas municipales.