Quien pasa por la calle Víctor Hugo de la zona de Campos Elíseos, no puede dejar de voltear a ver el imponente templo que ahí se edificó. Por sus dimensiones no está tan lejos de una catedral, luciendo su bella torre con campanario y su cúpula central.

A poca distancia del Hospital Ángeles, no han dejado de trabajar en la obra por cerca de un año y prácticamente está concluido el templo, aunque le faltan los acabados internos.

Ahora sí que por dinero no pararon. No se ha dicho hasta hoy públicamente cuánto costó, pero sí es de dominio popular que el gran benefactor fue Tomás Zaragoza Fuentes, uno de los hombres más ricos de la ciudad.

Eso es tener lana, dice Mirone, ya que Zaragoza no únicamente puso el terreno y construyó el templo para la Diócesis Católica, previamente había financiado también la Casa Sacerdotal, justo enseguida de la nueva edificación.

La Casa Sacerdotal fue inaugurada desde de junio de 2021, con el objetivo de albergar a los sacerdotes enfermos o retirados para que tuvieran un lugar de reposo.

Zaragoza es el dueño original de los predios en esa zona dorada de Campos Elíseos y es amigo del obispo, Guadalupe Torres Campos, como lo es de muchos políticos, empezando por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a quien presuntamente también le ha financiado sus campañas.

Justo a unos cuantos metros de donde hoy está el templo, vivió Cruz en casa prestada (al interior de Quintas del Bosque) en los tiempos de transición, cuando ganó su primera elección. Recientemente se supo que Pérez Cuéllar, después de que tuvo que dejar la casa de El Campestre, ocupó una propiedad de Zaragoza, muy cerca de ahí, junto al Applebee’s de la avenida Campos Elíseos.

El templo se erigió en honor a San Juan XXIII, guía de la Iglesia Católica en momentos de cambio y transformación. Tiene una arquitectura de estilo colonial románico, con capacidad para 360 asientos, más 28 en un área de niños.

Se edificó en una superficie mayor a los 48 x 28 metros, e incluye área de culto, sacristía, sótano, oficina parroquial, área de venta de objetos litúrgicos, baños públicos y hasta salón de usos múltiples.

Tendrá acabados de mármol en su interior y en el exterior destacan la cantera de la torre y varios detalles de la puerta principal.

Se construyó con toda la mano, aunque la inversión no ha de significar mucho para quien, además de tener negocios inmobiliarios, es cabeza de Grupo Tomza, el emporio gasero que cuenta al menos con 100 plantas de gas LP en México y más de 40 en Centroamérica, dos terminales marítimas y hasta su propia flota de buques-tanque.

Por lo visto, el magnate trata de asegurarse un pase directo para cuando tenga que tocarle a San Pedro.

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Donde tampoco pararon por lana para tener contento al gremio de los maestros, fue en el Gobierno del Estado.

Con eso de que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) se ha acercado bastante a la 4T, la Administración estatal azul no escatimó en darle champú de cariño con un sorteo por el “Día del Docente 2024”.

Le tocó al subsistema federalizado recibir los premios por un valor total de 3 millones 704 mil 577 pesos, en un evento conjunto de la Secretaría de Educación y Deporte (a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua) con la Sección Octava del SNTE.

Los profes ganadores se llevaron 11 vehículos, 40 pantallas y 40 computadoras portátiles. Hubo rifas en general para personal docente y administrativo y otra especial (de 7 de los vehículos) para maestros que cumplieron entre 30 y 40 años de servicio.

Sin negar que los profes se puedan merecer esos y otros apoyos más, no deja de llamar la atención de Mirone, el uso del presupuesto público, es decir, el dinero de todos, para fines que pudieran ser más de carácter político.

Por lo que se ve, aquí no se trata de comprar pases directos al cielo, pero sí de comprar aliados y voluntades para lo que se pueda ofrecer políticamente en el futuro.

El caso es que directamente le dieron juego al secretario general de la Sección Octava del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, justo quien se ha dejado querer por figuras morenistas, incluyendo al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

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Al parecer, la renovación del transporte público en Ciudad Juárez se encuentra estancada, casi en el mismo sitio en el que ha estado durante décadas debido a que las malas prácticas continúan, principalmente en lo relacionado con el servicio que moviliza a los miles de trabajadores de la industria maquiladora.

Ya Mirone había dado cuenta de que unidades de transporte de personal utilizan la infraestructura del BRT para circular e, incluso, como parada para subir o bajar pasajeros, situación que reviste una irregularidad y un riesgo para todos ante la tolerancia de las autoridades hacia ese tipo de actos.

Hoy sorprende muy poco que se haya descubierto el uso de un camión con características irregulares muy visibles, entre las que destacan que conserva la pintura original de cuando era utilizado como unidad escolar en Estados Unidos, país de donde proviene la gran mayoría de los camiones que prestan ese servicio.

Los inspectores de la Dirección de Transporte Público dieron a conocer que tampoco se observó que portara placas de circulación o que tuviera el número económico apropiado, así que lo incautaron.

Lo que sí sorprende es, precisamente, que se argumenten esas causas irregulares cuando son cientos las unidades de transporte de personal que circulan en la ciudad dando el servicio con esas mismas peculiaridades, es decir, sin placas de circulación y números económicos clonados o falsos. La única diferencia es que las han pintado sobre el color amarillo.

Ya el anterior director de Transporte Público en la Zona Norte, Alberto Armando Martínez Baylón, había advertido que los transportistas tienen la sartén por el mango debido a que si la autoridad les cancela concesiones a los incumplidos y saca de circulación camiones que violan la ley, la ciudad simplemente quedaría paralizada.

A dos meses de que Armando Herrerías Velasco fue nombrado nuevo director de Transporte en la Zona Norte, el primero de julio pasado, no ha mostrado el músculo que debe tener una autoridad para ordenar las actividades tendientes a servir a los ciudadanos. Parece que este objetivo es menos importante que los intereses económicos y políticos de la maraña transportista.

Por cierto, trascendió que la unidad irregular asegurada ayer pertenece a la Unión Nacional de Transportistas de Ciudad Juárez (Untrac), encabezada por Matías Prieto Torres, un líder de ese gremio que hace poco más de un año llevó 400 chatarras para manifestarse afuera de Pueblito Mexicano y mostrar su fuerza.

Aunque entonces quedó muy solemnemente en participar con el Gobierno del Estado en la renovación del sistema, las malas prácticas de sus protegidos continúan en perjuicio de los fronterizos, quienes están en continuo riesgo ante el incumplimiento de la ley en esta materia.

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Luego del terremoto nacional por la Reforma Judicial, vendrán episodios también candentes en el plano estatal, tanto cuando se discuta en el Congreso del Estado su aprobación o rechazo como parte del proceso legislativo reformador de la Constitución, como cuando toque armonizar la legislación local.

Por lo pronto, ya se prevé que no será Chihuahua uno de los 17 estados que se requieren para avalar la reforma constitucional.

Aunque Morena se agrandó en las pasadas elecciones locales, no le alcanza para lograr la mayoría necesaria para decirle sí, sobre todo cuando Movimiento Ciudadano ya dio color en contra de la reforma.

Con sus 12 diputados y los de sus aliados (dos del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde) Morena apenas logra 15 de los 33 votos. En el bloque contrario y mayoritario, el PAN con sus 12 votos más los 4 del PRI y los 2 de Movimiento Ciudadano, alcanza 18. Así le diría Chihuahua que no a la reforma, aunque a nivel nacional tiene Morena el control suficiente para ganar los 17 Congresos que necesita.

Incluso desde antes de la votación en el Senado de la República, el Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos, un pronunciamiento en contra del dictamen, así que seguramente va a repetir la dosis.

Se supone que una vez que entre en vigor la reforma a nivel nacional, después de la aprobación en la mayoría de los Congresos locales y de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tienen las legislaturas un plazo de seis meses para armonizar su marco legal.

El pleito político y jurídico se pondrá bueno en ese sentido, precisamente porque la mayoría legislativa no querrá hacer suya la reforma, con el ingrediente adicional de que el Poder Judicial de Chihuahua ha asumido un papel bastante activo en contra, durante toda la discusión reciente.

Tan movidos andan, que se quiere hacer una colecta entre jueces y magistrados para contratar un despacho internacional que lleve sus inquietudes sobre el caso hasta instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.