El humo blanco que todos esperaban que saliera de lo más alto de la Torre Legislativa para perfilar a la que será la primera presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se anda como que tiznando, en el amplio sentido de la palabra.

Si bien la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el morenista Cuauhtémoc Estrada, votó por unanimidad el dictamen con las tres finalistas, desde ya se empiezan a mover las fichas para ver quién de las tres llega con suficiente fuerza para reunir al menos las dos terceras partes de los votos posibles en el Pleno Legislativo. Es decir, necesita “amarrar” 22 de los 33 votos posibles.

Hasta ahora, se sabe que las tres finalistas tuvieron una elevada calificación de parte de los miembros de la Jucopo. En orden descendente, de acuerdo con la calificación obtenida —ponderando entrevista y perfil curricular—, la terna quedó integrada por Ada Miriam Aguilera Mercado (99.66), Flor Alejandra Corral Requejo (96.66) y Fryda Libertad Licano Ramírez (93.99). Bien por ellas, pero…

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Morena, si bien calificó alto a Ada Miriam Aguilera, no acaba de convencerle la idea de que una exsubordinada del fiscal César Jáuregui Moreno quede al frente de la defensoría popular del estado.

Según le contaron a Mirone, aunque los morenistas dieron su voto y hasta le echaron sus porras y su puñado de confeti, también le hicieron ver que la actual titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera Mercado, no garantiza una autonomía plena ni la seguridad de que, llegado el caso, confronte al Gobierno del Estado o promueva causas de inconstitucionalidad en su contra.

Para los de la 4T, no pasan inadvertidos dos factores: que tiene un vínculo directo con la actual administración y, en particular, con uno de los activos políticos más importantes del panismo, como es César Jáuregui, y su imborrable militancia panista.

Ahí está en su currículum el dato de que fue titular de la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal del PAN, allá por 2019. Si bien no es un impedimento jurídico para contender por el cargo, sí es factor de resquemor para los ya de por sí sensibles morenistas.

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Al panismo, llámese grupo parlamentario o Secretaría General de Gobierno, le queda más o menos un mes para cabildear con los grupos legislativos, con ganas de sacar a la buena la votación en favor de la presidenta de la CEDH.

Para ambos, sería digno de una estrellita en la cacha de su pistola si logran sacar una votación por consenso, pues se trataría de una figura casi de “presidenta carnal”, ya que duraría en el cargo hasta bien entrado el próximo sexenio de Gobierno.

Ada no la tiene fácil, y el panismo tampoco. A Morena, según lo ha expresado su coordinador, Cuauhtémoc Estrada, no le agrada una CEDH que esté sentada en la silla esperando a ver quién llega a poner su queja; no, quiere una que asuma la iniciativa y le ponga el cascabel a toda acción gubernamental que pueda ser inconstitucional. A ver si la actual funcionaria de la FGE garantiza eso.

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Lo que sí es un hecho es que, a estas horas, en los corrillos del Congreso del Estado ya nadie discute quién va a ganar la elección para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La verdadera incógnita es quién va a clavar la puñalada por la espalda en Morena… y con qué sonrisa.

Algunos todavía se preguntan si será traición o simple coherencia con la costumbre. No sería la primera vez que una ausencia “casual”, perfectamente sincronizada, le allana el camino al PAN para sacar adelante los asuntos clave del Gobierno del Estado, también azul, con esa mayoría calificada que tanto les gusta estrenar cuando Morena se evapora.

La ley es clara, aunque a veces estorbe: para presidir la CEDH se requieren dos terceras partes de los votos. Nada extraordinario. Solo que en Chihuahua las matemáticas suelen doblarse cuando aparece la voluntad política… o la indisciplina.

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Con 33 diputados en el salón, Morena presume 12 votos: una “piscacha” más que el tercio. Poco, pero suficiente. Ese voto sobrante ya ha sido decisivo antes, y casi siempre en el mismo sentido: el que más conviene al bloque oficialista.

Hasta ahí, la 4T podría dormir tranquila. El problema es que basta una silla vacía, un voto travieso o una conciencia súbitamente liberada para que el PAN y su comparsa multicolor se queden con el control de la elección. Claro, siempre y cuando alguien de Morena decida cruzar la línea… por convicción, distracción o futuro político.

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La apuesta ya está sobre la mesa. La votación por cédula definirá si la presidencia de la CEDH queda en manos de Ada Miriam Aguilera Mercado, la carta panista; Flor Alejandra Corral Requejo, el intento de Morena por conservar algo de control; o Fryda Libertad Licano Ramírez, el comodín que mejor le acomoda al oficialismo.

Las miradas, cómo no, apuntan a quienes ya demostraron talento para desaparecer cuando el tablero se pone interesante. Rosana Díaz y Edith Palma figuran en la quiniela, acompañadas de Óscar Avitia Arellanes, quien ya dejó claro que la disciplina partidista es un concepto flexible.

Cualquiera podría ser. Pero hay un pequeño detalle que convendría no olvidar: la dirigencia nacional de Morena no pierde de vista estas funciones de circo, y ya afila la pluma para anotar quién será el “Yunes” local que se sacrifique por el sistema.

Tal vez romper con Cuauhtémoc Estrada no quite el sueño.

Pero quedarse fuera del reparto del 2027… eso sí desata sudores fríos.

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En la vorágine del pleito predial entre el PAN y el Gobierno Municipal guinda, hubo un dato que pasó casi de noche. Mientras los notificadores iban y venían de la sede blanquiazul, decidieron cruzarse la calle política y tocar la puerta del galerón de Lerdo y Galeana, ese edificio que alberga al Comité Municipal del PRI.

Y… ¡sorpresa! Resultó que el tricolor también es moroso.

Sin deberla ni temerla —o eso dicen—, el PRI recibió un requerimiento para pagar más de cinco millones de pesos, poquito más de la mitad de los 9.5 millones que adeuda el PAN. Nada mal para un partido que suele presumir austeridad ajena.

Pero la cosa no paró ahí. La sorpresa fue doble, porque el cobro no era por uno, sino por dos inmuebles.

Uno muy conocido: el edificio del Centro Histórico, con un adeudo de 5 millones 148 mil 177 pesos.

Y otro… prácticamente fantasma: 169 mil 140 pesos por una propiedad que nadie sabía que existía.

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Así andan en el PRI, al revés y de cabeza.

El edificio del Centro no está a su nombre, aunque sí es de ellos y lo ocupan sin problema.

La otra propiedad, en cambio, sí aparece a nombre del partido, pero no la poseen, no la usan y ni siquiera saben en manos de quién está.

Por el galerón de Lerdo, ya andan en trámites para regularizar la propiedad, que todavía figura a nombre de Fomento Urbano de Chihuahua.

En cuanto al inmueble perdido, apenas se van a aventar el clavado jurídico para saber qué demonios pasó con esa joyita que ahora les apareció en una colonia popular del poniente: la Francisco I. Madero.

La dirección se supo el mismo día de la notificación, el 20 de enero: Juan Balderas 1409.

Mirone se dio una vuelta por el lugar. Desde fuera, lo que se ve son bardas altas, nada que permita dimensionar la propiedad. Por apariencia, podría pasar por una vivienda común. Nadie salió a dar la cara.

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Según lo que el propio PRI ha podido averiguar, en el lugar opera un salón de eventos, aunque desconocen quién lo maneja. Hay versiones de que en alguna notaría de la ciudad quedó un trámite inconcluso y que nadie sabe quién lo inició ni quién lo dejó morir.

El primer dato que recopiló Mirone es que entre trabajadores del partido se comenta que, cuando Mayra Chávez fue presidenta del Comité Municipal, le movió al tema de las propiedades y habría adquirido ese inmueble. Otros apuntan al periodo en que el PRI local estuvo en manos de Adriana Terrazas.

Mirone buscó la versión de ambas expresidentas, pero no hubo respuesta.

Mayra hoy es delegada de Bienestar y desde hace rato porta camiseta guinda.

Adriana ya pasó por Morena y acaba de aterrizar en Movimiento Ciudadano.

Las dos, en su etapa tricolor, caminaron muy cerca del exgobernador que hoy despacha desde prisión: César Duarte Jáquez.

¿Sabrán algo otros exdirigentes?

Después de ellas, pasaron por el Comité Municipal Óscar Nieto, Jaime Cano y Mireya Porras. Hasta ahora, ni pío sobre el adeudo ni sobre la propiedad fantasma.

Lo que sí supo este Don es que la actual dirigencia ya anda en modo bombero, tratando de apagar el incendio, ponerse al corriente con el predial y, de paso, recuperar lo que —en el papel— todavía es suyo.

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Lo que son las cosas: ahora resulta que la famosa Plataforma Centinela y su torre inclinada de Juárez podrían salirnos más baratas de lo que originalmente se había proyectado.

De no creerse. De una cuenta de 4 mil 709 millones 855 mil 681 pesos con 32 centavos, pactada entre la empresa y el Gobierno del Estado en 2022, bien podrían descontarse unos 100 millones de pesos. ¡Muy buenos! ¿Dónde estaban?

¿Y eso por qué?, se preguntará el lector. Pues porque le contaron a Mirone que esos cien “melones”, aproximadamente, es lo que el Gobierno ha retenido en pagos al contratista, ya sea porque no ha entregado lo convenido o porque cobró por algo que todavía no entrega.

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Según las cuentas que le hicieron a este Mirone —calculadora en mano—, la famosa Seguritech se ha ganado la medalla de oro en retrasos, entregas mal hechas y artículos no entregados en tiempo y forma.

La lista es larga y cada renglón más caro que el anterior: desde los drones que debió entregar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hasta los equipos para detectar y derribar drones enemigos, mesas de trabajo, arcos carreteros, computadoras… y un largo etcétera.

Todo eso, sin contar lo tarde que se le ha hecho para terminar la torre de 20 pisos, que es al mismo tiempo el edificio más alto construido por el Gobierno de Chihuahua y uno de los focos de controversia más recurrentes entre los opositores —y hasta algunos de casa— de la actual administración.

Hasta ahora, el Gobierno del Estado mantiene retenidos cerca de 99 millones de pesos a Seguritech por dos conceptos: sanciones ya aplicadas por incumplimientos y pagos de productos o servicios que ya cobró, pero que no ha entregado.

Dicho de otra manera, el Gobierno se cobrará “a lo chino”, lo que impactará en el costo final de los 4 mil 700 y tantos millones de pesos del proyecto.

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Falta todavía que proceda la denuncia penal contra Seguritech o contra el o los funcionarios que entregaron —y recibieron— documentos falsos para simular la entrega de productos y servicios y así “agilizar” los pagos.

Ahí no solo se trata de dinero entregado a cambio de nada, sino de la emisión y recepción de documentación falsa, un asunto grave que la Auditoría Superior del Estado ha venido observando con frecuencia y sancionando con severidad administrativa.

La buena noticia es que la obra podría salir más “bara”.

La mala es que no se trata de un ahorro producto de una gestión eficiente, sino de una bola de sanciones que se ha ganado Seguritech. Una más a la larga lista que arrastra en las entidades donde le han asignado contratos iguales o incluso mayores al de Centinela.

Así que sí, la obra puede salir más “bara”, pero no por eficiente, ni por austera, ni por bien planeada. Sale más barata porque alguien no cumplió y alguien más miró para otro lado.

Centinela no será recordada como un ahorro histórico, sino como un proyecto inflado que solo empezó a bajar de precio cuando llegaron las multas, las observaciones y el miedo a que esto termine en denuncias.