Las autoridades de todos los niveles han permitido que Juárez se convierta en la ciudad de los riesgos.

Uno más cobró notoriedad durante la semana, después del estallido que cimbró los hogares de la zona de Waterfill.

El origen fue una pipa con combustible, en un hecho que destapó una amplia red de presunto “huachicoleo”, con implicaciones no únicamente legales por presuntos delitos de orden federal, sino de seguridad para miles de residentes que hoy deben sumar esa práctica a muchos otros riesgos para su vida y su integridad.

Por todos los rumbos hay peligro, empezando porque las corporaciones policiales y de seguridad no han logrado frenar la toma de los espacios públicos para el ajuste de cuentas entre las células criminales que disputan no únicamente los territorios para el trasiego de las drogas, también para su venta al menudeo.

Un factor ha agravado esa violencia, por disputas en torno el redituable negocio del tráfico de personas, particularmente de migrantes que son tratados como si fueran mercancías, así que en cualquier lugar que se convierta en ruta, existe el riesgo inminente de que ahí aparezcan las actividades criminales de control y vigilancia, no únicamente en los márgenes del bordo fronterizo. La casa de al lado, también puede ser casa de seguridad para actividades delincuenciales.

El ferrocarril que cruza toda la ciudad y particularmente parte la zona centro en dos, es otra bomba de tiempo, no únicamente por los accidentes y problemáticas en material vial, sino porque también traslada materiales químicos peligrosos, sin que se monten operativos de sobrevigilancia. Lo mismo pasa con los ductos de gas o de gasolina que son transfronterizos.

Tampoco el tráfico de tráileres se ha logrado sacar de la mancha urbana y la movilidad se complica todavía más por la saturación generada por los cerca de 4 mil camiones de trasporte especial que mueven a los trabajadores de la industria en condiciones inseguras, tanto para ellos como para peatones y automovilistas.

Ya la ciudad fue testigo de cómo la anarquía permitida en el transporte de personal cobró recientemente la vida de una pareja que dejó en la orfandad a un pequeño de siete años.

Casi a diario protagonizan accidentes de tránsitos esos camiones que en gran porcentaje son verdaderos yonques que no portan ni permisos ni placas, frente a una autoridad que sigue siendo omisa.

Y ahora resulta que ni en le interior de sus viviendas están seguros los juarenses, porque en el terreno de enfrente o en su propia calle se traslada, se almacena, se redistribuye o se ordeña gasolina o diesel de manera ilegal y sin medida de seguridad alguna.

Completamente vulnerables se sintieron antes, durante y después de aquel estallido los habitantes de Waterfill que confirmaron cuánto tardó la autoridad en actuar (después del accidente, aunque habían denunciado el peligro desde antes) y cómo lo hizo a medias cuando finalmente intervino.

Son demasiados los riesgos antropogénicos y de carácter natural, como las inundaciones, arrastres y deslaves que pueden afectar a miles de familias en las zonas urbanas. Se suman las conexiones de electricidad toleradas e ilegales, así como las líneas de alta tensión cercanas a los asentamientos humanos.

Todos esos riesgos, se traslapan ahora con la inseguridad pública. El común denominador es el mismo: una autoridad que no prevé, no protege, no regula, no ordena, no investiga y tampoco vigila.

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En el caso de Waterfill quedó documentado cómo los residentes de varios fraccionamientos de la zona estaban en alerta desde semanas antes de la explosión, porque el olor a combustible era generalizado y persistente.

Sabían que algo estaba mal y por eso hicieron infinidad de llamadas, tanto al 911 como a Protección Civil Municipal.

En los chats internos de fraccionamientos como San Pablo, Jardines de San Pablo, Colonial del Valle, Las Palmas, Nueva Vizcaya y San Miguel se intercambiaban mensajes de preocupación y angustia por la situación.

Los comerciantes de la zona también percibían el penetrante olor que era imposible de no relacionar con una situación de riesgo. Además, habían visto mucho movimiento de vehículos de carga y pipas en el área.

Nunca les hicieron caso y la tarde del miércoles 24 de julio, alrededor de las 19:00 horas, sus hogares se cimbraron por un fuerte estallido.

Una densa columna de humo negro se elevó hasta el cielo y todos pudieron saber que el epicentro era el predio ubicado en la avenida Waterfill y calle Nardos.

Sufrieron pánico ante la posibilidad de que se registrara otra explosión. No faltó quien rememoró en sus testimonios la tragedia de San Juanico, cuando varios gigantescos tanques de almacenamiento de gas LP explotaron en San Juan Ixhuatepec y causaron la muerte de cerca de 500 personas vecinas a la planta de Petróleos Mexicanos. Fue un infierno aquel 19 de noviembre de 1984.

Un día antes, los vecinos de San Juanico habían reportado el olor a combustible, una posible fuga, pero nadie les hizo caso.

Así pasó en Waterfill, tampoco atendieron la denuncia. La explosión no dejó víctimas, pero sí causó terror. Y como suele pasar, hasta después de los accidentes, la autoridad se dejó ver.

Se realizó un operativo policial, aparatoso, como suele ocurrir, para que se note que sí se actúa, aunque nunca sea de manera continua y sistemática.

La Fiscalía General de la República (FGR), aseguró en el lugar un remolque tipo cisterna con 33 mil litros de diésel. También fueron asegurados un contenedor con reja metálica, de forma cuadrangular, que contenía aproximadamente 80 litros y cinco bidones de plástico con capacidad cada uno de 50 litros.

Hubo despliegue de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la la Coordinación de Servicios Periciales, todo en cumplimiento a una orden cateo, derivada de una carpeta de investigación por delitos en materia de hidrocarburos.

Además, se aseguró equipamiento y distintas unidades automotoras. Un total de 13 tractocamiones, 13 tractores agrícolas en mal estado y/o inservibles, 14 automóviles, una motocicleta, dos lanchas, dos grúas, ocho dollys (para remolcar autos), 12 casas rodantes tipo oficina, seis remolques y ocho autotanques tipo cisterna

Se supone que el Ministerio Público de la Federación tiene ya una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables, por el delito contra la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.

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Aunque el “huachicoleo” se ha convertido en problema de seguridad nacional y múltiples casos de su modus operandi criminal se han destapado por todo el país, en esta frontera únicamente se han conocido esporádicas detenciones de vehículos sospechosos o con combustible cuya legal procedencia no pueden acreditar los conductores de las pipas.

Si muchas zonas de México o del estado se consideran “calientes” o sus índices de homicidios dolosos se han disparado, es por esa actividad vinculada al crimen organizado.

Extrañamente, en Juárez poco se ha sabido y ninguna investigación ha develado la dimensión de las redes criminales en ese negocio que ya vimos cómo florece. Es más bien secreto a voces, aunque ni tan secreto el hecho de que existen más lugares como ese corralón de Waterfill en donde se guardan pipas cargadas o se hacen trasvases de combustible.

Ni modo que en una plaza tan importante como la de Juárez en cuestión de crimen organizado (ahí está ya bastante documentada la ramificación al tráfico de personas) se deje de lado el negocio del combustible, ya sea ordeñado de los ductos de Pemex o traficado desde Estados Unidos.

De ese tamaño es la responsabilidad del Gobierno Federal que debe actuar con toda la fuerza de la ley y del Estado para desarticular esas redes criminales.

No pueden quedarse sus acciones en operativos de relumbrón, flores de un día que nunca van al fondo en las investigaciones para desmantelar esas mafias que ahora aterrorizan a la población, no únicamente por su capacidad de fuego, también por la forma tan peligrosa en que manejan la disposición y traslado de los combustibles.

Aunque parezca increíble, los vecinos de Waterfill ya reportaron que la actividad que antes se daba en el predio de la vialidad principal esquina con calle Nardos, se trasladó poco después del operativo policial de aseguramiento a otro terreno cercano.

Es común que los investigadores aparezcan un día, dos a lo mucho. Después ya nada se sabe. Se disipan las acciones y nunca se conocen los casos que terminan debidamente judicializados contra las células criminales, incluyendo a los jefes, frente a los jueces penales.

Así pasó no hace mucho, cuando se desplegaron en diversas colonias, principalmente en la zona de Anapra, varios cateos para atacar a los traficantes de migrantes. Fue lo mismo: mucho ruido y pocas nueces. Nada articulado y de fondo para mermar las estructuras criminales.

Esa es la parte de combate al crimen. En la prevención de riesgos, la cosa está igual, o peor. Protección Civil Municipal se hizo presente nada más para mostrar sus debilidades.

Esa dependencia cuenta únicamente con 15 elementos para para atender cualquier situación de riesgo en la ciudad e inspeccionar y verificar que talleres, recicladoras, gasolineras, tiendas de abarrotes y centros comerciales, entre otros negocios, cumplan con las mínimas normas de seguridad.

También le toca estar pendiente de todos los riesgos inherentes a los asentamientos humanos que se multiplican cuando su origen es irregular y cuando se presentan desastres naturales.

Sea por falta de voluntad y coordinación interinstitucional, por falta de presupuestos o de recursos, por incapacidad o hasta por corrupción o colusión con los criminales, el hecho es que los gobiernos y los funcionarios les han fallado a las y los juarenses en su promesa de lograr una ciudad segura.