La muerte violenta de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrida dentro de un templo católico ha desnudado al Estado Mexicano ante el mundo entero.
A los ojos de la comunidad internacional, en México, las organizaciones criminales pueden matar a quien quieran y donde mejor les parezca.
Y no es que no se supiera antes. Tampoco que en otras latitudes del mundo no sucedan hechos aberrantes. Ahí están las masacres en planteles escolares que han enlutado a la sociedad estadounidense, para darse cuenta de que la violencia no es privativa de nuestro país. Pero no es el punto.
Ante los ojos del mundo y, peor aún, ante la sociedad mexicana, quedó claro que no hay poder oficial, de Estado, que pueda detener a las organizaciones criminales.
A pocos días de que la gobernadora Maru Campos anunciara el inicio de un megaoperativo de seguridad—si es que así se le puede llamar—en Ciudad Juárez, con despliegue de helicópteros y efectivos policiacos, una partida de criminales secuestró sin impedimento alguno a un grupo de viajeros que visitaban la Sierra Tarahumara y a su guía turístico.
Con la misma facilidad, al guía de turistas lo llevaron—así dice la versión oficial—al ancestral templo de Cerocahui, tan atractivo para los viajeros de aventura, y ahí lo mataron, junto con los dos sacerdotes jesuitas que ahí oficiaban su ministerio.
Todavía se dieron el tiempo y la ocasión para cargar los cuerpos de los jesuitas y llevarlos consigo. ¿Cuál problema, si en kilómetros a la redonda no hay quién les ponga un solo tope?
“¿Por qué lo hicieron?” se preguntan muchos ciudadanos alrededor del país y del mundo. ¿Por qué los criminales habrían de matar a un guía y a dos curas y desplegar tanta violencia y dolor? La respuesta es simple: porque pueden.
O ¿acaso esos “megaoperativos” como el que anunció la gobernadora sirven para algo? En lo absoluto. Ahí está la triste historia del sexenio del presidente Felipe Calderón para constatar que el envío de columnas de soldados y policías solo sirve para que los delincuentes se armen, ensamblen sus propios grupos armados y los enfrenten en el terreno que ellos conocen. Ellos, los criminales, no el Estado.
La estrategia, por desgracia, sigue siendo la misma: esos inútiles operativos con grandes movilizaciones de vehículos, efectivos y equipo táctico que los delincuentes ya conocen a la perfección y pueden prever todos sus movimientos.
A estas horas, si nos atenemos a la versión oficial, otro “megaoperativo” está desplegado en la sierra, esta vez, compuesto por efectivos del Ejército, de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Andan buscando a delincuentes que viven, operan y conocen a la perfección el terreno.
Es deseable que los capturen, les integren una carpeta de investigación, los sienten ante un juez y que este dicte una sentencia ejemplar. Por desgracia, y esto lo sabe la sociedad mexicana y la comunidad internacional, esto es poco probable que suceda.
Ayer, a la misma hora cuando se «desplegaba» un operativo de seguridad conjunto en el sur del estado, la Policía Municipal de Coronado renunció. Así, como se lee: renunció la policía. Se fueron sus agentes y el director. Si le hemos de creer al alcalde Leo López, ni siquiera expusieron razones para dejar colgada de la brocha a la comunidad de Coronado.
Este es el mejor ejemplo de que los mentados operativos no funcionan.
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A nivel Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso disimular la gravedad del atentado explicando que los jesuitas sacrificados estaban en una zona de “bastante presencia de la delincuencia organizada”, casi casi diciendo que estaban en el lugar equivocado; mientras que la gobernadora Maru Campos lamentó y condenó los hechos, pero también anunció, “que perseguirán a los criminales con toda la fuerza del estado”.
Las expresiones de los dos gobernantes obligan a dos preguntas: primero, si el preciso ya sabía que en aquella región hay abundancia de narcos y asesinos, ¿por qué la ausencia total de las fuerzas federales?
Segundo, ¿con cuál fuerza del estado piensa la gobernadora combatir a los narcos asesinos en los territorios inhóspitos de la Sierra Tarahumara, si no ha podido hacerlo en las ciudades? ¿Acaso se refirió a los novatos agentes del equipo SWAT de la Policía Estatal, que ayer mandaron a la montaña a estrenarse y estresarse?
Son dos simples cuestiones que deben responder al reclamo ciudadano de que las comunidades de la Sierra Tarahumara enfrentan violencia, desplazamiento y olvido. Nada más.
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El que quiso aprovechar el tema para sacar raja política fue el inquieto diputado Francisco Sánchez, mejor conocido como Pancho Pistolas.
Ahora no pidió que se arme a la población de la sierra de Chihuahua, como lo hizo cuando pidió empistolar a mujeres y periodistas, pero convocó a un paro de labores en todo el estado el próximo jueves por diez minutos.
La enésima ocurrencia del legislador parralense no tendrá ninguna consecuencia, como todas las que ha hecho públicas, pero es un claro indicador de la pobre agenda pública que trae como representante popular y dirigente del Movimiento Ciudadano en la entidad.
Si lo que quiso hacer don Pancho, es llamar la atención de la opinión pública para levantar sus bonos políticos que andan por los suelos, lo único que consiguió otra vez fue hacer el ridículo.
Solamente a él se le ocurre que un paro de actividades durante 10 minutos, el próximo jueves, será suficiente para que las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero principalmente la federal, se pongan las pilas y restablezcan las condiciones de seguridad pública que exige la sociedad.
Don Pancho debe entender primero que, mientras las autoridades sigan azorrilladas como hasta ahora, los delincuentes seguirán haciendo de las suyas, contra quien se les atraviese y en cualquier lugar del territorio estatal. Por lo mismo, un “parito” como el que está convocando es tanto como una broma, pero dicha en serio…
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Los que quieren aprovechar que el MC anda danto lástimas con las ocurrencias de su líder estatal, y necesitan recuperar los espacios que hasta los políticos naranjas les han ganado, son los priistas de Juárez, que al parecer están despertando de su letargo para volver a la escena política en la frontera.
Contra todo lo que se pensaba, los tricolores comienzan a dar nuevamente señales de vida y por lo pronto, quieren reactivar el Comité Municipal, que tiene varios años de permanecer acéfalo, sin un dirigente que motive y ponga en movimiento la poca estructura que le queda.
Los priistas juarenses comenzaron a reagruparse desde el pasado fin de semana, para buscar colocar en la presidencia del Comité Municipal al ex regidor Alberto Reyes Rojas, que ha sido operador electoral, coordinador de campañas políticas y delegado de la CNOP.
Por lo pronto, los expresidentes del PRI en Juárez Alfredo Urías, Juan José González, José Luis “El Cura” Canales, Lorenzo “El Chato” González, Gerardo Hernández, Willy Campbell, Carlos Morales, Isela Torres y Guillermo Dowell, ya le dieron su apoyo, para que encabece el trabajo partidista en el territorio priista que aún tienen en la demarcación municipal.
Reyes Rojas cuenta también con la bendición del combativo grupo priista Unidad y Participación.
Ahora solo esperan que se convoque al Consejo Político Estatal para que ponga fecha y comience la reestructuración de los 43 comités municipales del PRI en la entidad, que hasta ahora están en calidad de occisos.
El actual dirigente estatal, Alejandro Domínguez, había dicho en fechas pasadas que la renovación de las dirigencias municipales ya estaba en marcha, pero lo cierto es que nada se ha movido porque se ha limitado a entregar nombramientos como si fueran volantes, para posiciones balines en el Comité Directivo Estatal.
Nomás falta que no quiera soltar la dirigencia local a un juarense y como buen chihuahuita importe a un priista foráneo, al fin y al cabo, es una práctica de moda con tanto chapulín y camaleón en todos los partidos políticos de la entidad.