Ningún actor político de primera línea en el actual sexenio se había cimbrado y tambaleado tanto como Adán Augusto López, el poderoso presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado y coordinador de la bancada de Morena.
Hay varios casos (como el del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado), pero el del prófugo Hernán Bermúdez Requena en Tabasco es el mayor escándalo, por la innegable relación del líder de La Barredora con el exsecretario de Gobernación y exprecandidato presidencial.

Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad Pública estatal en Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador y ahora tiene ficha roja de Interpol, buscado por su participación en el grupo Criminal La Barredora, relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El ascenso en el Gobierno de Tabasco por parte del hoy prófugo de la justicia, identificado como “El Comandante H” no se entiende sin el apoyo del exgobernador, para quien trabajó en la campaña estatal de 2018, aunque la relación entre ambos supera los 30 años, desde que militaban en el PRI.
Hay implicaciones políticas en distintas pistas. Nadie desconoce que Adán Augusto corre por carril aparte al de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ha hecho del Senado un centro de poder que en más de dos ocasiones dio la espalda a los intereses y prioridades de Palacio Nacional.
López Hernández, a quien el expresidente Andrés López Obrador llama “mi hermano” ha mandado mensajes en el sentido de que los lineamientos políticos los recibe él del hombre de Macuspana que se supone vive el retiro en su rancho de Palenque, y no en el despacho presidencial.
Así que la decisión política de perseguir judicialmente a Bermúdez Requena tiene también otra lectura: la de desactivar ese centro incómodo de poder y tomar el control del Legislativo que por cuerdas separadas mantienen Adán Augusto y Ricardo Monreal, el coordinador morenista en la Cámara de Diputados.
Estaríamos frente a un manotazo presidencial para someter a quienes llegaron a pensar que tendrían su propio juego, frente a una Presidencia débil.
Pero el caso de las relaciones peligrosas de La Barredora, tiene otra implicación política en Chihuahua, con el golpe inevitable a la senadora juarense Andrea Chávez.
Lo que debilite al coordinador morenista, López Hernández, la debilita a ella, particularmente en su proyecto de hacerse de la candidatura a la gubernatura para la elección constitucional del 2027.
Desde que el entonces presidente López Obrador identificó a Andrea como el relevo generacional cuando era diputada federal plurinominal (en abril del 2022) Adán Augusto cobijó a la ascendente figura que antes no era conocida ni siquiera en Ciudad Juárez, menos entre la burbuja partidista del Congreso de la Unión o del Gabinete presidencial.
Ese mismo año, logró Andrea ser la consejera nacional más votada y asumió la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena.
En correspondencia al apoyo presidencial y al de “su hermano” secretario de Gobernación, cuando Adán Augusto se lanzó a la precampaña como una de las corcholatas en contienda, la legisladora juarense pidió licencia al cargo en el CEN morenista y se integró a las giras de López Hernández por todo el país.
Se supone que, bajo el método de las encuestas, la interna la ganó Claudia Sheinbaum, pero aún como perdedor, y bajo la dinámica del reparto de posiciones y de la operación cicatriz, el tabasqueño pudo impulsar, tres meses después, el nombre de Andrea Chávez para ser la candidata de Chihuahua al Senado, como primera fórmula. Las definiciones presidenciales se dieron en septiembre de 2023 y las candidaturas al Senado en diciembre de ese mismo año.
También Juan Carlos Loera optó por apostarse con Adán Augusto cuando el juarense fue excluido por Ariadna Montiel de la campaña de Claudia Sheinbaum, lo que le alcanzó para ser impulsado por López Hernández como segundo lugar de la fórmula al Senado, apuntaladas ambas candidaturas por los buenos resultados en las encuestas.
Las dos figuras juarenses en el Senado son parte ya del equipo de López Hernández y por eso el innegable impacto del caso de La Barredora en Chihuahua.
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Pero, ¿cuál es el origen de La Barredora, el grupo criminal que puso otra vez sobre la mesa el debate de la narcopolítica en México?
De acuerdo a distintas versiones periodísticas recuperadas por Proceso, cuando Hernán Bermúdez Requena era secretario de Seguridad Pública, presentó al entonces gobernador, Adán Augusto López, a principios del 2020, un documento sobre la creación de La Barredora.
El objetivo original de la formación de ese grupo parapoliciaco era trasladarse a la zona de la Chontalpa para localizar y dar seguimiento a las actividades de Andrés Rodríguez, El Kalimba, un líder criminal involucrado en el huachicol, así como tráfico de drogas y de indocumentados.
El Kalimba estaba señalado por haber dado la orden de ejecutar el 24 de enero de 2020 al director del Instituto Tecnológico de La Venta, Carlos Garrido Gular, amigo de Adán Augusto López y de su secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega Asmitia. Por eso habría dado su anuencia el hoy senador, para la creación del grupo que hiciera frente al crimen organizado ante la incapacidad institucional de los cuerpos de seguridad.
Hernán Bermúdez puso al frente de La Barredora a Ulises Pinto, quien habría recibido dinero y armamento desde la Secretaría de Seguridad. El primer “trabajo” fue el asesinato de El Kalimba.
Desde ahí surgió públicamente la operación de La Barredora, que luego entregaría a las autoridades a un líder criminal conocido como “Pelón de Playas” y después se involucró en distintas actividades criminales como el huachicoleo, tráfico de drogas e indocumentados, además del cobro del derecho de piso.
Hubo escisiones y vino el descontrol que terminó con La Barredora como el grupo criminal con mayor generación de violencia, en un contexto que llevó a la dimisión de Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Bermúdez Requena había sido compañero de equipo de Adán Augusto en la administración estatal de Manuel Gurría Ordóñez. Ahí tuvo El Comandante H su primer encargo como jefe de la Policía Estatal, mientras que Adán Augusto fue nombrado subsecretario de Gobierno.
Bermúdez logró mantenerse dentro de la estructura de gobierno con varios de los siguientes gobernadores: con Roberto Madrazo (1994-2000) fue director del Centro de Readaptación Social del estado, con Manuel Andrade Díaz, subsecretario de Prevención y Readaptación Social y Protección Civil, entre 2001 y 2006.
Cuando era subsecretario, el 12 de junio de 2006, Bermúdez fue detenido por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) al ser involucrado en el caso de la ejecución de Ponciano Vázquez Lagunes en el municipio de Huimanguillo.
El funcionario permaneció arraigado por 11 días y fue liberado porque no se encontraron pruebas en su contra. Después de ese episodio desapareció de la escena política hasta que regresó en 2018, haciendo equipo con Jaime Lastra.
Al ganar Adán Augusto la gubernatura, nombró a Lastra como fiscal general y a Bermúdez Requena como dirección de la Policía de Investigación. Un año después, Bermúdez asumió como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, desde donde operó la creación del La Barredora y se erigió como El Comandante H.
Ya había información previa de su actuación criminal. En 2022, Bermúdez fue noticia cuando el colectivo Guacamaya Leaks filtró miles de documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre los cuales aparecía un reporte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que lo señalaba como parte de La Barredora.
Ese mismo año, Bermúdez se registro como militante en el padrón de Morena.
Hoy enfrenta una orden de aprehensión, igual que otros integrantes de La Barredora y Morena lo está expulsando formalmente de sus filas.
Está convertido en el García Luna de Adán Augusto López Hernández.
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Fue hasta la tarde del viernes que Adán Augusto López reapareció en la escena pública luego de un enorme vacío, en medio del escándalo, para defender su gestión al frente del Gobierno de Tabasco y señalar que está “a la orden de cualquier autoridad que lo solicite”.
“Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel Gobierno y considero fundamental que deben presentarse antes las autoridades para aclarar los hechos”, expuso en su cuenta de X.
“Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”, agregó el coordinador morenista.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum había pedido al senador dar su versión “para que se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador, y particularmente en el tema de seguridad”. También afirmó que su Gobierno no protegerá a nadie.
La senadora Andrea Chávez, también se replegó mediáticamente. Reconocida por su estilo confrontativo y su activismo en redes, prefirió no fijar posición, aunque la mayoría de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, salieron a respaldar a su coordinador. Al menos hasta la tarde del viernes, Andrea no había tocado el tema.
Entre quienes compartieron su respaldo al presidente de la Junta de Coordinación Política, está el senador juarense, Juan Carlos Loera.
“Adán Augusto López Hernández, nuestro coordinador en el Senado de la República, ha sido un compañero clave en el cambio de régimen de nuestro país y en el proceso de transformación de la vida pública y política. Expreso todo mi respaldo y reconocimiento a su cabal trayectoria”, escribió Loera en sus redes desde el jueves.
Respecto a Andrea Chávez, tampoco respondió los señalamientos que hizo la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien afirmó que recursos del narco estarían entrando a Chihuahua para financiar la actividad política y la campaña anticipada de la senadora morenista.
Daniela llamó a las autoridades federales que ya investigan al excolaborador de López Hernández, a que revisen el posible financiamiento ilícito para la senadora morenista en Chihuahua.
“¿Quién financia la operación política de Andrea Chávez? ¿Quién paga sus brigadas, sus espectaculares, sus giras? Nada de ello es casual ni gratuito. El riesgo es que dichos recursos provengan de redes criminales y la senadora pretenda entregar Chihuahua al cártel de Tabasco y al crimen organizado”, cuestionó la panista.
Daniela consideró que, frente el caso de La Barredora y el vínculo con Adán Augusto López, no debe descartarse que exista el lavado de dinero en la campaña de posicionamiento de la senadora Chávez.
La panista que hoy acusa la intención del “cártel de Tabasco” para controlar Chihuahua, es la misma que presentó en la Fiscalía General de la República, una denuncia formal en contra de la senadora por al menos 15 delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La senadora Chávez mantuvo una gira por el estado durante toda la semana, interrumpida únicamente por la agenda del miércoles en la Comisión Permanente.
Santa Isabel y Bachíniva estuvieron entre los municipios visitados más recientemente. De ello dejó constancia en redes, pero no de alguna respuesta a los señalamientos sobre el financiamiento de su actividad y en contra de su principal apoyador político.
Don Mirone