El incremento al ISN y el respaldo al Paquete Económico del Gobierno del Estado para 2026 partieron al empresariado juarense como los peluqueros de antes partían el cabello: derechito al centro, sin miramientos.

De un lado quedaron los que levantaron la mano para subirle 33 por ciento al impuesto sobre nómina. Ya no será el 3 por ciento, no: a partir de enero será el 4 por ciento, con discurso institucional incluido.

Del otro, los que no compraron la idea y, lejos de aplaudir las “inversiones” prometidas para Juárez, advirtieron que la nueva tasa será inflacionaria y añadirá más incertidumbre a un ambiente financiero que ya viene golpeado.

¿Quiénes se pusieron del lado del incremento? Los grandes grupos económicos locales, ese empresariado acostumbrado a llevar una relación tersa con el poder en turno, sea del color que sea.

A esa fila de alineados con el oficialismo que empujó el aumento al ISN se suman otros clanes empresariales que, cuando la política se pone interesante, dejan encargado el mostrador para ir a jugar al tablero del poder.

Del otro lado, casi en trinchera, quedaron los transportistas, el sector maquilador y los Canacintros. La “clase media” del empresariado juarense, la que resentirá con más fuerza el paso del 3 al 4 por ciento del ISN, más las ya conocidas “pizcachas” destinadas al Centro de Convenciones.

El problema para los grupos que celebraron haber ganado esta batalla es que ya se veían ejecutando obra a montones y navegando en un río de recursos estatales. Pero, hasta ahora, no tienen absolutamente nada.

En el Presupuesto de Egresos 2026 no se detalla una sola obra concreta para Juárez. Ninguna. Ni una línea. Ni siquiera está claro si existen proyectos ejecutivos listos para licitar el próximo año y arrancar obra cuanto antes.

Lo que sigue es simple, aunque nada fácil: que los grandes grupos empresariales se pongan la pila, bajen recursos de los gobiernos estatal y federal y conviertan en realidad la obra que tanto le prometieron a Juárez. Porque, por ahora, todo quedó en promesa… y en una partidura que todavía se nota.

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Uno de estos días amanecimos los habitantes del estado de Chihuahua —al menos en las principales ciudades— con la novedad de que “alguien” se dio a la tarea de pintar por todas partes la frase “Amor por Chihuahua”.

Y no fue cualquier pinta: eran bardas completas, algunas altísimas y otras que cubrían media manzana, trazadas con letras color guinda y contornos más suaves del mismo tono, sobre un fondo blanco impecable.

La letreriza, hay que decirlo, llamó la atención. Y aunque nadie se ha adjudicado la autoría, el sabio y siempre suspicaz pueblo chihuahuense llegó a la conclusión de que se trataba de la promoción de alguna campaña política, aunque la frase suene más a colecta para un grupo vulnerable que a propaganda electoral.

¿Pintas políticas, pero de quién?

Los panistas se deslindaron desde el primer minuto y, de paso, le aventaron la pelota a Morena. Los “morenos”, al menos de forma institucional, se lavaron las manos y recurrieron a la célebre frase de Pedro Infante: “Yo te lo juro que yo no fui”.

Del resto de los partidos ya ni vale la pena gastar tinta ni la energía eléctrica que consume este texto.

Pues bien: desde las alturas de la Ciudad de México nos confirman que esas pintas, efectivamente, no son de Morena como partido, pero sí de “morenos”. O, para ser más precisos, de “morenas”.

Resulta que la palabra “Amor” no fue elegida por un arrebato solidario hacia el pueblo chihuahuense, sino porque suena a acrónimo del nombre de una persona que, de pronto, sintió la necesidad de “sacrificarlo todo” para venir a Chihuahua a servir al pueblo que la ha recibido como una de las suyas…

Se trata de A…riadna MO…ntiel R…eyes. Sí, ella misma: la encargada de los programas “Santa Claus” de la 4T, también conocidos como “del Bienestar”. La funcionaria que reparte becas, apoyos, subsidios, despensas y otros artículos presupuestales que tan buenos réditos dejan a quien los administra.

Como es sabido, la funcionaria estrella de la 4T —vigente tanto en el gobierno de AMLO como en el de Claudia Sheinbaum— tiene residencia en la ciudad de Chihuahua y, por lo tanto, puede ser candidata a gobernadora o, mínimo, a presidenta municipal. Que tenga arraigo, arrastre, convocatoria o aceptación… eso ya se verá. Pero, por lo pronto, ya tiene pintas.

¿Amor por Chihuahua?

Amor…didas se van a agarrar los morenos por esa candidatura.

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada —como es— de cuidar el medio ambiente y de vigilar que las industrias no se pasen de la raya con la emisión de contaminantes, nos mandó dos noticias: una buena, otra mala… y un “a ver a qué horas”.

Vamos primero con la buena. La semana pasada envió un informe al Congreso del Estado en el que da cuenta de que llevó a cabo una visita de verificación a las plantas de la empresa Cementos de Chihuahua (GCC), ubicadas en la capital y en Ciudad Juárez.

El objetivo era revisar si están cumpliendo con las medidas que les ordenó la Profepa para reparar sistemas de producción y, con ello, reducir la emisión de contaminantes. Esa era una demanda ciudadana que retomó el Congreso del Estado, vale decirlo.

Después de la revisión, la dependencia federal pudo constatar que GCC ha dado cumplimiento a diversas medidas correctivas. Más aún: se encuentra en proceso de atender otras más que se le solicitaron para corregir cualquier proceso industrial que implique arrojar al ambiente agentes contaminantes que, luego, enfermen a la población.

Bien por la Profepa, bien por GCC… hasta este momento.

Ahora va la mala. La inspección ambiental que pretendía realizar la Profepa en las plantas de GCC no quedará completa, al menos no en los términos en los que la pidió el Congreso del Estado.

¿Por qué? Por un “pequeño detalle”: la empresa presentó dos solicitudes de juicios de amparo, mediante los cuales se ordena a la Profepa abstenerse de emitir una resolución definitiva respecto de los procedimientos administrativos seguidos a las plantas ubicadas en Juárez y Chihuahua.

Dicho de otra manera: no habrá dictamen ni sanción —si fuera el caso— hasta que la justicia federal termine de revisar el asunto y le dé la razón a alguna de las partes.

Para la velocidad de oruga con la que se mueve nuestro “renovado” sistema judicial, ya estuvo: la revisión a esas dos plantas, dos de las industrias más grandes del estado, se va a tardar meses, si no es que años.

Ahora el “a ver a qué horas”. Según la Semarnat, en Chihuahua operan al menos 40 empresas altamente contaminantes… y a esas no se les molesta ni con el pétalo de una visita de la Profepa.

Cementos de Chihuahua es una de esas 40, acaso la más criticada, pero no por eso la única. Así que ahora lo que se le pide a la Profepa es que se siga de largo y les dé su repasada a las otras 39 que no se cansan de aventar contaminantes al medio ambiente.

A ver a qué horas.

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El que de plano no tiene llenadera con tanta exhibición que se da a sí mismo es Luis Rivera Campos, el “Sport Billy” rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), esa millonaria institución que, por más arrimadijos presupuestales que le dan, nomás no levanta su nivel académico.

De no creerse: la UACH instaló una sala especial dentro del edificio que ocupa la Secretaría Académica —ubicada en el antiguo campus, el del centro— destinada exclusivamente a alumnos recién graduados.

¿De qué se trata? De que el educando cumplido, que ya terminó su carrera y acude a la Secretaría a recibir su título, lo haga con todo el protocolo, la pompa y circunstancia propias de un nuevo licenciado, y pase a la nueva salita a tomarse la foto con su título cuando todavía huele a nuevo.

¡Qué tal! Bien por el joven o la muchacha que recibe el premio a tantas horas de desvelo, de correr de acá para allá, de machetearse libros, apuntes y demás para contestar bien sus exámenes y terminar con la calificación aprobatoria que le da derecho a recibir un título académico.

Bravo por ellos. Hasta ahí, todo bien. Excepto por un detalle.

La obra se realizó este mismo año, es decir, en el periodo del rector Luis Alfonso Rivera Campos, el “Sport Billy”, sí, el mismo que se gasta dinerales en viajes y boletos para juegos de la NFL.

¿Y saben qué nombre lleva la flamante salita de titulación? ¡Acertaron!: Luis Rivera Campos. Es decir, puso su nombre en una obra que él mismo inauguró y que se encuentra dentro de la institución que está bajo su dirección.

Vaya culto a la personalidad. Lo que falta es ver si, con acciones como esa, el señor no está incurriendo en el uso de recursos públicos para su proyección personal.

Ojo con el artículo 223 del Código Penal Federal, el que dice:

Comete el delito de peculado:

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.