El litigio Lilia Aguilar vs Javier Corral ya está a la vista de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, para que lo revise y, en su caso, tome decisiones al respecto.
Le llegó por interpósita persona, directamente de la diputada petista, quien ha acusado al exgobernador chihuahuense de ser el “asesino” de su madre, la maestra Matilde Gil.
Lily Aguilar ha enviado el mensaje de que, durante su gestión al frente del gobierno de Chihuahua, no solo fue omiso y descuidado en la actuación para esclarecer el homicidio en perjuicio de la madre de los Aguilar Gil, sino, además, permitió la evasión de personas presuntamente corresponsables de ese crimen.
Por otra parte, el litigio entre los Aguilar Gil y, en particular, de Lily contra Corral, llegará pronto a los tribunales, según lo han advertido ambos actores políticos, pues la una lo va a demandar por negligencia y uso indebido de facultades y el otro, por difamación y calumnias.
Lo bueno para la petista es que no vive en Nuevo León, sino en Chihuahua, donde ese acto se castiga únicamente por la vía civil.
La maestra Matilde Gil, esposa del eterno dirigente del PT, Rubén Aguilar, fue reportada como desaparecida el 5 de abril del 2017, y 72 horas después fue encontrada sin vida, víctima de homicidio.
Desde entonces, Lilia Aguilar ha denunciado que el gobierno corralista dejó escapar al presunto autor intelectual y material de los delitos en perjuicio de su madre: Abraham Tarango.
A la fecha, el sujeto señalado por la familia de la víctima sigue prófugo y no se tiene información de que haya alguna diligencia para continuar su búsqueda. Otro crimen impune, de los miles que hay en el estado.
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Hablando de la 4T, nos cuentan que ya está lista la “gran final” para elegir la candidatura femenina al Senado de la República por Chihuahua, con solo tres finalistas de las siete que anduvieron buscando esa postulación.
Según lo ha informado la diputada federal Lilia Aguilar Gil, la terna que quedará al frente quedará integrada por las morenistas Rosana Díaz, diputada local, Andrea Chávez, diputada federal, y por la propia Lilia.
La integrante del PT se dijo enteramente confiada de llevarse ese premio mayor, pues resultó ganadora en una medición de conocimiento que hicieran los de la 4T para evaluar la capacidad de penetración de sus aspirantes.
De ser así, las diputadas federales Susana Prieto y Maité Vargas y la legisladora local Adriana Terrazas habrían quedado fuera de la contienda.
La terna estaría integrada por dos activas aspirantes: Andrea Chávez y Rosana Díaz, que se cansaron de colocar carteleras espectaculares y pintas en bardas durante los últimos meses del año, a grado tal que causó escozor al interior del propio movimiento creado por el presidente AMLO.
Nada más es cuestión de salir a las calles de Chihuahua o de Juárez y voltear un poco hacia arriba para que la vista se tope con algún espectacular donde aparece alguna de esas dos morenistas.
La diputada Aguilar dice que su primer lugar en reconocimiento se debe más a su trabajo que a los metros cuadrados de espectaculares que llevan sus compañeras de movimiento.
No le falta razón, aunque también ella lleva muchas horas-tribuna a su favor después de ocupar dos veces una curul federal y de tener una diputación local.
Ya nada más nos falta saber en qué términos conocen a cada una de ellas, pues una cosa es que lo identifiquen a uno, y otra, que tengan una buena opinión del “identificado”.
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No cabe duda que, en esto de la repartición de premios nunca se deja contento a todo el mundo.
Más bien al contrario: tan pronto se conoce el nombre de algún ganador o ganadora, y surgen de donde sea las voces inconformes que claman por una entrega más justa de los galardones.
Ese es el caso de la premiación de la defensora de derechos humanos, Imelda Marrufo, que dejó descontentos a algunos organismos que se dedican específicamente a la atención de las mujeres en la frontera.
Los reacios señalaron, a través de redes sociales, que era por demás “suspicaz” que el premio se lo haya otorgado el Ayuntamiento de Juárez, pero a convocatoria de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, a cargo del exsubordinado de la galardonada, Santiago González.
El pasado lunes 11, la Comisión Edilicia para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables determinó entregar el premio al defensor o defensora de los Derechos Humanos a Imelda Marrufo, por su contribución en esta materia, según el comunicado oficial.
Resulta extraño que en una convocatoria en la que comúnmente se registran varias personas, sobre todo tomando en cuenta el premio de 50 mil pesos, no se haya inscrito nadie más, nos dicen las voces discordantes con esa decisión.
Señalaron que más parece una “convocatoria sastre”, porque estaba hecha a la medida para que la ganara la activista, quien, por lo demás también recibió felicitaciones de parte de otras organizaciones de mujeres.
En su cuenta Facebook, Imelda Marrufo recibió aplausos y confeti cibernético de parte de sus compañeras de la Red Estatal de Mujeres y de otros actuantes de la política chihuahuita.
Imelda Marrufo tiene una trayectoria de más de 25 años en el activismo en favor de las mujeres, y ha publicado seis libros relacionados con la materia de los derechos humanos.
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El sistema judicial del estado se encuentra al borde del colapso por la sobrecarga de trabajo, la acumulación de causas de todos los ámbitos y la falta de personal cumplir con eso de la justicia “pronta y expedita”.
Abogados postulantes nos comentan que las salas de juicios civiles están saturadas de trabajo, lo que ha provocado que posterguen audiencias hasta dos o incluso tres meses, y eso para iniciar el proceso.
Por el estilo andan los juzgados familiares, que no tienen personal suficiente para hacer las notificaciones con la oportunidad que se requiere, así como para resolver esos litigios a la brevedad.
Del ámbito penal, mejor ni hablemos. Hay más de tres mil internos en los penales del estado que aún no reciben sentencia.
En total, son 11 juzgados civiles del sistema de audiencia y tres más que aún aplican el sistema tradicional.
Todos, “tapados” de trabajo. Hay además 10 salas familiares por audiencias y dos más tradicionales, y no se la acaban. De los penales, son siete del sistema acusatorio, y el rezago ya es peligroso.
Esa saturación provoca que muchos asuntos no se lleven a cabo en los términos que marca la ley, pues los plazos se prolongan demasiado, y no necesariamente a causa de los involucrados, sino de la grande y pesada carga acumulada de los juzgados.
Así que, con una justicia retrasada, el TSJ está al borde del colapso.