Por exceso de burocracia en la localización y entrega de los documentos que acreditan la propiedad de los inmuebles, 20 escuelas de la ciudad se quedaron sin sus domos, los que les iba a construir el Gobierno municipal dentro del programa de obras del 2022.

Por tratarse de recursos federales etiquetados, los directores de las 20 escuelas tenían que cumplir con la normatividad de planeación, presentando las escrituras o títulos de los terrenos y edificios, pero no pudieron hacerlo porque las autoridades centrales de la Secretaría de Educación Pública, que es donde se archivan, no los encontraron.

Originalmente, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (Coplademun) tenía contemplada la construcción de 77 domos en diferentes planteles de la ciudad, para el ejercicio fiscal del 2022.

De esos 77 domos, se pusieron en marcha 54 con los recursos federales y 3 con los del presupuesto participativo, pero 20 quedaron fuera, porque no pudieron entregar la documentación que acredita la posesión y propiedad legal de los inmuebles, algo para Ripley.

La fecha para cumplir con el requisito venció el 31 de diciembre, pero los recursos que forman parte de un remanente de 73 millones de pesos de obras complementarias en pavimentación, se programaron para otras obras de inversión directa, que deberán terminarse en marzo de este año.

Por lo mismo, en lugar de los domos de las 20 escuelas que no tuvieron la documentación en regla, ahora solo se construirán 5, que fueron propuestos por la Dirección General de Obras Públicas para ejercer el recurso en tiempo y forma.

Las instituciones que entraron en sustitución y se verán beneficiadas al cumplir con todos los requisitos, son la asociación civil Centro Multicultural Yermo y Parres, la Universidad Tecnológica de Anapra, la escuela normal “Prof. José E. Medrano”, la escuela primaria Rarámuri y uno en el memorial del Campo Algodonero.

Aunque los integrantes del Coplademun les informaron a los directivos de los planteles que fueron rechazados, que serán considerados una vez que tengan todos sus papeles en regla, estos últimos saben que el problema está en el control de archivos de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado y en la SEP, que tuvieron mucho tiempo para localizar y enviar los documentos, y no pudieron hacerlo.

Nomás falta que les salgan con la gracia de que algunos o todos esos planteles están asentados en predios irregulares que nunca se escrituraron. Sería el colmo.

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Por cierto, que, hablando de domos en centros educativos, la Sindicatura Municipal puso en marcha una indagatoria sobre materiales frágiles que las compañías asignadas a su construcción presuntamente están utilizando, y que representan riesgo para las comunidades escolares.

Fuentes mironianas revelaron que a la sindicatura llegaron quejas de los directivos de varios planteles que ya tienen sus domos, pero que al parecer fueron construidos con materiales que supuestamente no cumplen con las especificaciones de seguridad.

Señalaron, por ejemplo, que en varios casos las estructuras no cumplen con el calibre que debe tener el metal utilizado para soportar peso, y en otros, el techo es de un material similar a la malla de lona, no rígido como se supone que debe ser para soportar las inclemencias del tiempo.

Suponen los auditores de la sindicatura que las empresas constructoras cambiaron el material para ahorrar dinero, pero los presupuestos y las especificaciones de obra aprobadas no pueden ser modificadas.

Habrá que esperar que esta investigación llegue hasta sus últimas consecuencias e intervenga también la Dirección General de Obras Públicas para que las quejas se aclaren y se corrija lo que está mal, antes de que ocurra un accidente por andar pichicateando los recursos.

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El activista mormón Julián LeBarón, se pronunciará este día ante los medios de comunicación en favor de la iniciativa que 21 procuradores de justicia, de igual número de Estados de la Unión Americana, hicieron al presidente Joe Biden en días pasados, para que los cárteles mexicanos de la droga sean considerados terroristas y se endurezca el combate contra ellos.

Julián convocó a la prensa este lunes a las 11 de la mañana en la capital del Estado, para presentar un documental sobre la comunidad LeBarón, que en varias ocasiones ha sido víctima de ataques del crimen organizado.

El más sanguinario de ellos, condenado mundialmente, y hasta por el expresidente Donald Trump, ocurrió el 4 de noviembre del 2019 en los límites de Chihuahua y Sonora, donde 3 mujeres y 6 niños murieron acribillados, por sicarios del crimen organizado.

Veinte días después de esos lamentables hechos, la familia LeBarón hizo una petición por escrito a la Casa Blanca, para que los cárteles mexicanos de la droga fueran considerados organizaciones terroristas extranjeras y que, como tales, sean combatidas.

“No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir el crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!”, decía parte de la petición, que consiguió reunir 99 mil firmas de residentes de los Estados Unidos y logró que Trump se pronunciara a favor de la misma.

A poco más de tres años de esa iniciativa, y cuando comienza a tomar fuerza con la postura de 21 de los 50 fiscales estatales de los Estados Unidos, LeBarón hará un posicionamiento para que la política de abrazos no balazos que siempre ha criticado, se cambie por la de un combate efectivo a los narcos, que puede comenzar a otro nivel si son clasificados como terroristas.

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Mirone anticipó en días pasados que, ante el abandono en que las autoridades migratorias mexicanas tenían a los migrantes extranjeros, que deambulan por las calles de Juárez pidiendo ayuda, existía el peligro de que grupos criminales comenzaran a reclutarlos para sus actividades ilegales. Pues, al parecer, esto ya está sucediendo.

Uno de esos casos lo constatamos con un grupo de 4 jóvenes migrantes venezolanos, que desde principios de enero se mantenían en uno de los más céntricos cruceros del primer cuadro de la ciudad, pidiendo apoyo a los automovilistas y a los clientes que llegaban a una tienda Oxxo de ese punto.

Esos migrantes, que vivían en hoteles baratos aledaños al sector, fueron “invitados” a trabajar por el grupo que controla la venta del narcomenudeo en el centro, según las revelaciones de otros jóvenes extranjeros que rechazaron la invitación porque tienen pareja e hijos.

Los malandros que los reclutaron se aprovecharon de su desesperación y necesidad, porque tenían cinco meses de estar varados en la ciudad, sin dinero, sin un patrocinador en los Estados Unidos que les facilitara obtener el asilo, y sin documentos que les permitieran trabajar en tiendas o en la industria maquiladora.

Como usted seguramente estará de acuerdo, estimado lector, resulta difícil creer que este pueda ser el único caso que se esté registrando en la ciudad.

Pero más allá de que las autoridades responsables del tema se sigan lavando las manos, como lo han hecho hasta ahora, bajo el argumento de que no está bajo su control el destino final que tomen esas personas estacionadas en la ciudad, el hecho representa un peligro para la población migrante y para los juarenses.

Si se considera que los migrantes son seres humanos que por su desplazamiento forzado carecen de identidad en la comunidad, que no tienen arraigo y desconocen la ciudad, esos factores los convierten en elementos atractivos y desechables para las bandas criminales, que no tienen respeto por nada ni por nadie.

Por lo mismo, es irresponsable que los sigan ignorando y los abandonen a su suerte en las calles, donde sobreviven hasta ahora, porque todos ellos, hombres, mujeres y niños, dejaron una familia en sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida, y no pueden ni deben ser borrados del mapa en una ciudad migrante como Juárez, que se ha distinguido por su hospitalidad con todos los forasteros.

No bastan las justificaciones de que los albergues están llenos, o de que los migrantes se resisten a refugiarse en ellos; tampoco sirven de nada las cifras maquilladas de que el flujo de extranjeros deportados ha bajado, cuando los hechos evidencian lo contrario y se agravará a partir de mayo, cuando deje de tener vigencia el Título 42 en los Estados Unidos.

Algo se tiene que hacer, y pronto, antes de que los varones migrantes se conviertan en carne de cañón para la delincuencia organizada.

Si en el 2018 la sociedad organizada le puso el ejemplo al Gobierno federal, creando la Iniciativa Juárez, para hacer frente a la crisis migratoria que llegó a la ciudad con las caravanas de centroamericanos, ahora tendrá que resurgir ante la indiferencia e inutilidad de las políticas migratorias y de los responsables de aplicarlas. No hay de otra.