Si las autoridades federales pedían “pruebas” de las extorsiones contra paisanos que cruzan por la carretera 45 rumbo a sus estados de origen, pues ya pueden dejar de hacerse las ofendidas: ahí tienen un video circulando en redes donde se escucha —sin necesidad de subtítulos— a un oficial de la Fiscalía General de la República pidiendo su mochada de “dos varos mexicanos”. Muy técnica la cosa, muy institucional.

El video es tan claro que hasta podría usarse en capacitación… pero de lo que no debe hacer un servidor público. Un paisa que va en su vehículo, cumpliendo la desgracia de manejar por una carretera federal, termina obligado a sacar “pa’ los chescos” a cambio de que lo dejen avanzar. Y no cualquier chesco: uno tamaño familiar, porque estamos hablando de miles de pesos. Todavía tienen la delicadeza de decirle que “no sea chillón”. Qué detallazo.

Eso sí, se ve que andan navideños los agentes extorsionadores: de tres “varos mexicanos” —traducción: tres mil pesos— se lo bajan a dos, como si estuvieran dando aguinaldo. Luego se aprecia perfectamente cómo el conductor entrega el efectivo en mano a un sujeto, presunto integrante de la patrulla de la FGR, enviada —en teoría— para brindar protección y seguridad. Pura coherencia institucional.

¿Querían pruebas? Ahí tienen una, servida en bandeja digital. El video se volvió viral y, hasta el momento, ni una mención, ni un carraspeo, ni un “estamos investigando” por parte de las autoridades federales mexicanas. Tampoco de las estatales, que bien podrían ofrecer auxilio al conductor o, por lo menos, dar un manotazo para que sus pares federales se calmen. Pero no: eso sí, ya salieron a presumir que hay “saldo blanco” en el Operativo Paisano. ¿Blanco? En blanco están dejando las carteras de los pobres paisas.

La imagen es indignante por sí sola y obliga a recordar que esos compatriotas vienen de aguantar el asedio de la administración de Donald Trump, que los ha llamado delincuentes, narcotraficantes, terroristas y hasta enfermos mentales, nomás por ser mexicanos. Uno pensaría que del lado mexicano encontrarían un poquito de respiro, pero no: aquí también los persiguen. La diferencia es el pretexto: allá por la pinta, acá por las placas americanas.

Las denuncias —abundantes y repetidas— describen el mismo modus operandi: vehículos con placas extranjeras o de carga detenidos por federales que bajan a familias enteras, revisan maletas con esmero quirúrgico y, al no encontrar nada ilegal, exigen dinero en efectivo o transferencia para “dejarlos ir”. Eso sí, sin factura ni comprobante fiscal.

Las cantidades varían: de 100 a 200 dólares para automovilistas; varios miles de pesos para traileros. Tarifas dinámicas, dependiendo del humor del oficial y del nivel de necesidad del “chesco” del día.

Estas imágenes duelen porque son la prueba viva de algo que ya sabíamos pero que no deja de arder: la corrupción sigue vistiendo uniforme y usando insignia.

La autoridad federal insiste en que sin denuncia formal no va a actuar. Con nombre, teléfono, domicilio y, si se puede, RFC del denunciante. ¿De verdad creen que un viajero de paso se va a detener horas a denunciar al mismo que lo acaba de extorsionar? Como si la confianza en el sistema de justicia fuera el fuerte de este país.

Sigan por ese floridito sendero, señores de las corporaciones federales. Dense vuelo. Hagan enojar al paisano, déjenlo en la misma indefensión que padece en Estados Unidos, o peor. Luego no digan que no se les advirtió.

Porque hay un pequeño detalle que tal vez olvidan entre “varito” y “varito”: esos compatriotas sostienen la economía mexicana con más de 60 mil millones de dólares al año en remesas.

Cuídenlos. Respétenlos. Y, de una buena vez: amárrenle las manos a sus agentes.

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Otra más de César “Dee Jay”… y de las distinguidas personalidades que siempre lo han acompañado en sus mejores remixes presupuestales. Resulta —y resalta— que el señor tiene otra denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado, la famosa FGE, y no, no forma parte de aquellos legendarios “Expedientes X” que armó el Gobierno de Javier Corral.

No. En este caso hablamos de una denuncia derivada de la revisión a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado durante la administración duartista, donde se detectó —con la nitidez de una radiografía— el desvío de 4 millones 600 mil pesos hacia una asociación civil presidida y dirigida por el propio gobernador en turno.

Fue la Auditoría Superior del Estado la que presentó la denuncia, según la cual hubo un desvío descarado mediante el concepto “Subsidios a la producción”, específicamente dentro del programa de repoblamiento de ganado bovino productor de carne. Un disfraz pecuario para mover dinero público a un corral muy privado.

La querella, cuya copia obra en poder de esta comunicativa columna, señala un clarísimo conflicto de interés: la Unión Ganadera Regional General del Norte del Estado de Chihuahua —beneficiaria del recurso— es accionista de Financiera de la División del Norte S.A. de C.V., SOFOM, empresa que tenía como accionista y presidente al mismísimo César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional, y como socio a César Humberto Javalera Leal, hermano de Raúl Enrique Javalera Lea, entonces director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura. Este último figuraba como secretario, mientras que Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (q.e.p.d.), funcionario de la Secretaría de Hacienda, fungía como tesorero.

La famosa organización no tenía padrón de beneficiarios, ni evidencia documental de recepción o entrega del producto, ni reglas de operación. ¿Licitación? Menos. El recurso simplemente aterrizó donde tenía que aterrizar: en la Financiera División del Norte, por arte de magia… o de estructura corporativa creativa.

Y aquí viene lo jugoso: la ASE detectó este entramado desde 2019, cuando la persecución contra el exgobernador estaba en pleno apogeo. Pero, al parecer, Javier Corral ni por enterado se dio. Tal vez se le juntó el trabajo: entre la agenda de golf, la partida de tenis y los viajes espirituales, ya no alcanzó a revisar estos pequeños detalles de millones de pesos.

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Lo de aumentar la tasa del Impuesto Sobre Nóminas se le está poniendo cada vez más complicado al Gobierno estatal y a los operadores que lo acompañan en la nada sencilla misión de convencer a los grandes empleadores de aportar más recursos al gasto público.

Le cuentan a Mirone que, dentro de los organismos empresariales, no hay desconcierto ni sorpresa: hay enojo. Y un profundo sentimiento de haber sido traicionados con una iniciativa de Ley de Ingresos que nunca se consultó y que llegó de golpe, sin aviso, con un “coscorrón” del 33 por ciento de aumento en el pago de ese gravamen.

Sí, el 33 por ciento, así lo dicen y lo subrayan: cuál “un punto más” ni qué ocho cuartos. El cobro pasaría del 3 al 4 por ciento del total de la nómina, lo que implica aumentar el impuesto en una tercera parte. Ningún otro indicador de la economía nacional o local va a crecer en esa proporción. Y aun así, se los colocaron en la iniciativa sin avisar. Ya calienta, la verdad.

Y si el aumento por sí mismo subió la temperatura, entre el empresariado chihuahuita hay también desencanto, si no es que descontento abierto, porque ven que les quieren hincar el diente… pero nomás no aparece obra estatal proyectada para Chihuahua.

Aunque el reclamo ha salido con más fuerza desde la capital, en otras regiones del estado la pregunta es la misma: ¿Qué van a hacer con ese dinero?

La duda es legítima: hay una larga lista de obras solicitadas por el empresariado que no entrarán en los planes del 2026. Así, ¿cómo pretenden que acepten un aumento al impuesto de nóminas?

Además, flota en el ánimo —o mejor dicho, en el desánimo— del sector empresarial la percepción de que el Gobierno del Estado no ha hecho un esfuerzo real por reducir su gasto corriente ni por incrementar la inversión pública. La pregunta que recorre los pasillos es simple y contundente: “Si no nos van a hacer obra, ¿por qué les voy a dar más dinero?”

Mientras tanto, el tiempo corre, la arenita del reloj se va agotando y todavía no hay acuerdo entre el Gobierno y la I.P. para aplicar el aumento.

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Después de darle muchas vueltas al tema, la diputada Lilia Aguilar Gil —integrante de esa familia que bien podría decir: “no soy del PT… ¡el PT es mío!”— por fin le puso fecha y hora a su tiro con la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez: quiere que sea hoy, 16 de diciembre, “a la salida”… o donde guste.

En un mensaje grabado desde el salón de pleno de San Lázaro, entre bronca y bronca de las tantas que se avientan los diputados federales, la petista chihuahuense—convertida en juaritos— le dice a la líder panista que ahora sí va en serio y que está lista para el debate sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, esa misma que ha generado más mentadas que argumentos entre la clase política local y nacional.

La “cantada de tiro”, hay que decirlo, dista mucho de aquellos duelos de honor que lanzaban los caballeros de otras épocas, con padrinos, armas y cita al amanecer. No, aquí lo que sobran son los adjetivos descalificativos… y hasta recordatorios de viejas andanzas amorosas usados más como munición que como anécdota.

Lilia, muy en su estilo, sacó hasta menú de programas radiofónicos donde ya les ofrecieron espacio para la “pelea estelar”, al estilo de los hoteles de Las Vegas en la víspera de un campeonato.

“La mediocre… dirigente del Partido Acción Nacional en Chihuahua, Daniela Álvarez, dice que le huía al debate”, suelta de arranque la hija de su apá, Rubén Aguilar Jiménez, patriarca del PT chihuahuense.

“¡No, no, señora!”, le revira, antes de rematar con otra perlita: se refiere al senador Mario Vázquez como “su marido”, cuando —hasta donde alcanza la memoria pública— nunca lo fueron: “Usted y su esposo, el senador que tiene que utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia natural no le alcanza”.

Pero tampoco Daniela Álvarez se ha quedado atrás: también le ha entrado al intercambio de epítetos cuando se refiere no solo a Lilia, sino a todo legislador no prianista que votó a favor de la tan llevada y traída Ley de Aguas. Si así está la antesala, no queremos imaginar la discusión: una esquina del barrio más bravo de Juárez, a tres caídas y sin límite de tiempo.

¿Debate sobre la Ley de Aguas? ¡Aguas con las representantes que nos cargamos!