En la era de la transparencia de la que habla el régimen del nuevo amanecer no todo es diáfano ni legalmente correcto, y a la hora de instrumentar las acciones gubernamentales se exhiben contradicciones entre el discurso y la realidad política.
Eso fue evidente en la semana que llega a su fin, en la que el gobernador Javier Corral Jurado anunció en un evento la Ciudad de México el inicio de la transparencia en el gasto de publicidad oficial de su administración, al sumarse a la plataforma del Instituto Nacional de Acceso al Información, junto con la organización Fundar y el Centro de Análisis e Investigación.
Ahí aseguró que un Gobierno comprometido con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción no puede quedar fuera de esa plataforma, porque una acción de esa naturaleza es obligada “moral, ética, política y jurídicamente” para cualquier Gobierno democrático.
En ese discurso Corral habló también de racionalizar el gasto, transparentar la relación prensa–Gobierno, desde su punto de vista fincada en el principio del premio y castigo, dependiendo del desempeño y la línea editorial de los medios de comunicación respecto al régimen en turno.
Desde esa plataforma hizo públicos los convenios firmados entre medios de comunicación del estado y nacionales durante el sexenio de su antecesor, César Duarte Jáquez, y de algunos periodistas en lo particular a los que calificó de “reporteros proveedores”.
Según las cifras presentadas en el portal de transparencia de la Coordinación de Comunicación Social, en cuatro años el gobierno de Duarte gastó 2 mil 400 millones de pesos en manejo de imagen en medios de comunicación. Pidió hacer el comparativo con la erogación de su administración en el mes y tres semanas que tiene de vida han gastado 2.5 millones, de acuerdo al mismo portal.
La información fue presentada en breña, incompleta, sin precisar si los convenios fueron ejercidos y pagados en su totalidad, tampoco acotando si los medios y proveedores enlisados son todos los que estuvieron en esa relación comercial.
El ejercicio es positivo e incluso necesario, puede ser polémico, incómodo, pero es un avance indispensable para dar transparencia, legalidad y redefinir la relación prensa–Gobierno que plantea el mandatario.
Farol de la Calle…
Pero también es ineludible hacer congruente el discurso con el quehacer propio. Al levantar las enaguas de la pasada administración y sus relaciones comerciales con los medios de comunicación en ese periodo quedan obligados a hacer exactamente lo mismo con sus acciones, pero la claridad no es tanta como se pregona.
Sí fuese así, el gobernador y su oficina de Comunicación Social tendrían que haber dado a conocer, de entrada, el costo real que tiene el semanario Cambio 16 de Chihuahua, presentado como el órgano informativo oficial de era del nuevo amanecer, con la intención de “ofrecer información que sea útil a las y los ciudadanos de todos los puntos de la entidad”.
Argumentan que el semanario “no representa una carga mayor para el presupuesto estatal”, pero fallan en la transparencia prometida y omiten los costos, al menos de producción y distribución del mismo.
Las mismas páginas del semanario tendrían que haber sido el lugar ideal para informar del tiraje, su costo por ejemplar, la partida presupuestal de la que se paga y el monto de la inversión de recursos públicos que programan ejercer. Todo eso se omitió.
Tampoco se dio a conocer el proceso de licitación pública aplicada o si fue a la moda Duarte –por invitación restringida, entre compañías “amigas”–, las empresas participantes, el monto del contrato, etc.
No hay precisión en ninguno de esos aspectos y sí en cambio se hace evidente una violación flagrante a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.
La justificación oficial es que el costo de impresión se está haciendo a cuenta de utilizar el saldo a favor del Gobierno, por un monto de 13 millones de pesos, debido al pago anticipado entregado por la administración Duarte a la empresa Impresos Publicaciones Paso del Norte S.A. de C.V., que edita el periódico El Diario, en Ciudad Juárez.
Según esto, después de agotarse ese saldo favorable, procederían a realizar una licitación púbica. Lo curioso es que la legislación no tiene previsto ese tipo de casos.
Varían las versiones del costo
La versión oficial sobre el gasto que representó la edición del primer número del semanario Cambio 16 de Chihuahua tampoco es precisa.
El titular de Comunicación Social, Antonio Pinedo, dio diferentes cifras. En algunos medios informativos dijo que el precio por ejemplar fue de 1.20 pesos y en otros lo sitúo en 1.34 pesos, con un tiraje inicial de 150 mil ejemplares, 20 páginas full color que crecerían a 24 y posteriormente a 32, para estacionarse en 300 mil.
Inicialmente habló de una inversión de 600 a 700 mil pesos en seis números previstos a editarse este año, pero ayer sábado Pinedo dio otra versión en un desayuno con reporteros de la fuente gubernamental, refirió un presupuesto estimado de un millón de pesos mensuales. 12 millones al año.
Eso sin detallar el costo de distribución, que el funcionario reconoció que le representaría un gasto adicional de 0.50 centavos por ejemplar, en un stock de 20 mil que estarían enviado por medio de la empresa de mensajería Quality Post. Aquí tampoco se transparentó el tipo de licitación por medio de la cual se le adjudicaría el contrato respectivo.
Los otros 120 mil ejemplares de la primera etapa y los 280 mil, cuando alcancen su máximo tiraje, según esto se distribuirán en casetas de peaje, módulos de Recaudación de Rentas, Juntas Municipales de Agua y oficinas gubernamentales. Sin que esté calculado el porcentaje representa para el erario. Todo tiene costo, directo o indirecto.
Precipitación e indefinición
Sin haber terminado de definir y hacer público el nuevo modelo de comunicación oficial, la administración estatal va tomando decisiones que se antojan precipitadas. No se conoce aún el proyecto integral. Fue apenas delineado en trazos gruesos en la toma de protesta del gobernador Corral, pero ya lanzaron el semanario del que habló en ese día.
Tampoco ha determinado el monto de la partida presupuestal destinada al manejo de medios e imagen gubernamental en el ejercicio presupuestal del próximo año, ni los contenidos que le darán en esos amplios límites que se impuso el nuevo mandatario de no usar los recursos para el culto a la personalidad de sí mismo o de funcionarios del gabinete.
Eso es importante cuando se pretende marcar la diferencia con el pasado reciente. Los documentos oficiales señalan que de 2010 a 2016 el total de gasto presupuestado y aprobado por el Congreso del Estado fue de $748.7 millones, el gasto real del que habla el gobernador Corral fue superior a los 2 mil 700 millones de pesos en los primeros cuatro años, rondaría los 3 mil 600 sumando todo el sexenio duartista.
Sin embargo, en el horizonte cercano no se vislumbra la precisión en la reducción del gasto, el modelo y el tope de propuesto, que sustituirá el esquema del pasado reciente.
Si nos atenemos a las decisiones precipitadas y sin asidero legal que está tomando el área de Comunicación Social, podemos anticipar que el principio de la zanahoria o el garrote, en el que según el gobernador se basó anteriormente, la relación prensa–Gobierno vendría a sustituirse por el trato inequitativo a las empresas del ramo de medios.
Ninguno de los escenarios abona a una relación prensa–Gobierno sana, menos cuando desde el aparato gubernamental y recursos del erario, se plantea la construcción de un sistema de medios, semanario impreso, programas de radio y televisión, este último con una inversión prevista que podría rondar los 200 millones de pesos anuales, en competencia con las empresas privadas del ramo.
De confirmarse ese modelo comunicacional estatista, se estará dando al traste con el principio que contiene la frase del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, frecuentemente citado en la retórica del régimen estatal: “tanta sociedad como sea posible, tanto Gobierno como sea necesario”.
La congruencia es una virtud escasa en los hombres del poder.