Dicen en los pasillos empresariales que la tormenta por el aumento al ISN no solo golpeó al Gobierno del Estado. Reventó, sobre todo, al propio empresariado, que hoy aparece más partido que nunca y con viejos rencores saliendo a flote como si hubieran estado esperando este momento.

El famoso “coscorrón” del 33 por ciento al impuesto sobre nómina no solo fracturó a las cámaras: prendió fuego en Juárez y en Chihuahua. Un aumento así actúa como verdad suelta: destapa celos regionales, exhibe tratos desiguales y confirma lo que muchos sospechaban desde hace años sobre la relación caprichosa entre la capital y la frontera.

Y no fue un enojo silencioso. Juárez respondió con estruendo: Index, Canacintra, Agentes Aduanales, Transportistas, ANIERM, CRACAR, DENAC y un puñado de organismos que poco caminan juntos, esta vez salieron marchando al mismo ritmo, como si la sola existencia del aumento los hubiera obligado a recordar que, cuando les tocan el bolsillo, se organizan rapidito.

El mensaje del desplegado fue brutal: no hay justificación técnica, no hay claridad, no hay obra prometida, no hay nada. Solo un golpe seco al costo laboral. Y por si fuera poco, a los empresarios de Juárez les añadieron un impuesto especial para el Centro de Convenciones que se cobrará por diez años. Diez.

Mientras en la frontera explotaba la inconformidad, en Chihuahua capital el enojo hervía en modo silencioso.

A Mirone le cuentan que Maru Campos sigue rumiando el episodio del año pasado, cuando Coparmex Chihuahua le tiró el aumento al ISN con un jaque jurídico impecable. Esa cicatriz no sanó. Y explicaría por qué este año el Gobierno del Estado decidió pasar la iniciativa sin consulta, sin aviso y sin el mínimo gesto diplomático hacia quienes serán los encargados de pagarla.

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Así se llegó a la polarización perfecta. En Chihuahua capital corre la versión de que Juárez salió premiado con una minuta que garantiza que parte de lo recaudado se quedará en la frontera y que el CCE juarense decidirá qué obras se construyen. “A nosotros nunca nos ofrecieron eso”, dicen indignados.

Pero lo irónico es que, del otro lado del cerco, varios empresarios juarenses aseguran exactamente lo contrario: que no verán un solo peso, que no existe plan de obra alguno y que el aumento llegó como meteoro, sin discusión ni estudio técnico. Chihuahua siente que Juárez ganó; en Juárez, una parte del empresariado no lo siente así. Entonces, ¿quién ganó?

Y en medio del ring aparece la figura más polémica del momento: Iván Pérez, presidente de Canaco Juárez, quien decidió romper el frente empresarial para respaldar el aumento.

Su argumento: que por primera vez el dinero se quedará en Juárez y que los empresarios podrán decidir qué obras hacer.

El detalle: Iván Pérez no es cualquier empresario. Es parte del ecosistema político de Cruz Pérez Cuéllar. Y eso convierte su postura en un mensaje que ya está siendo leído con microscopio.

En la frontera hay quienes piensan que este movimiento no solo le da aire al Gobierno del Estado, sino que abre una puerta discreta entre Cruz y Maru, justo cuando más conviene tener canales abiertos. Mientras Index y compañía incendian el tablero, Canaco llega con manguera y su argumento de “que Juárez se quede con su propio dinero”. No es menor.

El empresariado quedó partido en tres: Juárez contra Juárez, Chihuahua contra Juárez, y Chihuahua contra sí misma. Y cada facción convencida de que la otra salió ganando. El pleito ya no es por un impuesto: es por quién manda, quién recibe obras, quién conserva la influencia y quién la perdió en el trayecto. Y mientras todos discuten quién perdió más, el reloj electoral ya marca los últimos minutos para la próxima contienda.

En Juárez preparan amparos y resistencia. En Chihuahua guardan rencor y toman nota. Y Mirone observa, como siempre, cómo un impuesto que busca a recaudar dinero terminó exhibiendo quién realmente tiene —y quién ya no tiene— poder.

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Lo dicho por esta mironiana columna: está cantado el tiro entre el sector privado de la capital y el bloque legislativo que aprobó el incremento al Impuesto Sobre Nóminas.

Todavía no se sometía a votación la reforma al Código Fiscal del Estado que contemplaba el aumento al ISN cuando ya estaba trazada la raya entre los organismos empresariales y el montón mayoritario del Congreso.

“Queremos saber qué diputados apoyaron nuestra propuesta, cuáles no y saber con quién contamos para seguir trabajando”, advirtió Leopoldo “Polo” Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Así será la relación de aquí en adelante, nos dicen. Fría, y eso siendo optimistas, hacia el grupo parlamentario multicolor que hoy manda en el Congreso del Estado.

Vale recordarlo: de los 33 diputados de la legislatura, solo los 12 de Morena votaron en contra. El resto —13 del PAN, 3 del PRI, 2 del PT, 2 de Movimiento Ciudadano y uno del PVEM— levantaron su dedito y avalaron el incremento sin mayor pudor.

Y las ironías de la política no perdonan: si el sector empresarial cumple la advertencia, los únicos diputados con los que “trabajarán” serán los morenistas. Sí, la 4T. Los mismos a quienes el empresariado veía con recelo hace apenas unos años.

Si así va la canción, el problema no es para los diputados panistas ni para el montón que los acompaña. El boquete lo heredará el Gobierno estatal, justo cuando menos podía permitirse un choque con un sector que históricamente ha caminado más cerca de los frentes blanquiazules que de nadie más.

El quiebre llega —le dicen a este Mirone— en el momento más oportuno para la 4T, que anda cazando simpatías y guiños de quienes mueven la economía por ambos flancos. Nadie es ingenuo: cuando se pelea con el PAN, siempre aparece Morena afinándose el traje.

Y para colmo, menos gracia cayó que el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, probable candidato del PAN (si no es que del PRIAN) al Gobierno del Estado, saliera a apoyar el incremento. Una parte del sector privado se siente ahora como en un capítulo de La Dimensión Desconocida, donde sus enemigos son quienes ayer fueron sus aliados.

¿En qué va a terminar todo esto? Para algunos empresarios, el 4 por ciento llegó para quedarse. Para otros, este será el punto de quiebre, la carta negociable rumbo al 2027 con quien quiera la bendición de la IP para llegar a la gubernatura.

¿Volver al 3 por ciento a cambio de apoyo electoral?

Habrá que verlo.

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La causa penal contra César Dee Jay y los excolaboradores que lo acompañaron en unas decenas de operaciones sospechosas no está en el pantano; tampoco en la congeladora, ni mucho menos: está bien vivita y coleando, le cuentan a Mirone fuentes que conocen el caso al mero dedillo.

Como les habíamos contado ayer, existe una denuncia penal contra el exgobernador de Chihuahua y al menos cuatro de sus excolaboradores —uno de ellos ya fallecido— por un desvío de recursos de 4.6 millones de pesos que benefició a una organización ganadera de la cual los únicos socios eran ellos. O sea, era dinero “pa’ los cuates”.

El caso, bien documentado como lo presentó la Auditoría Superior del Estado —la famosa ASE— data del 2016, último de la administración del ballezano; aunque la denuncia se presentó ante la Fiscalía General del Estado en 2019, cuando la institución era dirigida por César Arturo Peniche, ya en la administración de Javier Corral, el gobernador golfista.

Si alguien pensaba que aquel caso era ya una bala perdida, anda errado, porque la actual FGE anda bien movida tratando de juntar más evidencias para llevar el expediente ante los tribunales.

Sería un caso similar a los que ya se le siguen: tomó dinero del erario, lo mandó a empresas u organizaciones “de rótulo”, lo trianguló por acá y por allá y llegó hasta los bolsillos del político que ahora está sujeto a proceso penal por tres distintos delitos cometidos en la misma acción de desvío de dinero público.

Solo que —vale anotar— en este asunto hay otros agravantes: operación simulada, otorgamiento de recurso público sin licitación, conflicto de interés, pues la Unión Ganadera Regional General del Norte del Estado de Chihuahua —destinataria del dinero— es accionista de Financiera de la División del Norte S.A. de C.V. Sofom, donde el propio Dee Jay era presidente y accionista mayoritario.

Operadores de la FGE han estado muy activos, solicitando más información para engordar la carpeta y presentarla bien plantada ante el juez. Nos cuentan que les urge, porque necesitan quitarse de encima el sambenito de duartistas y zafarse del discurso corralista de que en Chihuahua solaparon al exgobernador. No le quiten el ojo al caso: en menos de lo que se esperan, va a brincar al terreno del Poder Judicial.

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En Chihuahua, la verdad, ya no nos dan respiro, sobre todo en temas del campo. Primero, la nueva Ley de Aguas Nacionales y los bloqueos de protesta; luego, los productores de frijol que no encuentran comprador, y ahora, el “vaciado” que se le hará a la presa El Granero —o Luis L. León— para aplacar la ira de Donald Trump.

Desde el viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores soltó la bomba de que, a partir de este lunes 15, comenzaría a enviar agua a los Estados Unidos de América hasta completar lo que México tiene la intención de liberar: 249.163 millones de metros cúbicos, como abono a la “deuda” que se tiene con el vecino país a causa del Tratado Internacional de Aguas.

Bonito anuncio, como para apaciguar las aguas con los duros agricultores texanos y alegrarle el oído al presidente estadounidense, pero para los estados fronterizos suena más a marcha fúnebre que a otra cosa.

De acuerdo con expertos consultados por esta mironesca columna, el Gobierno de México no tiene más que dos sopas para completar ese abono: la presa El Cuchillo, de Nuevo León, y la del Granero, de Chihuahua.

Para cómo anda la captación en presas de estados como Coahuila o Tamaulipas, no se ve de dónde más saquen para pagarle al “abonero” Trump, que ya está que tumba la puerta exigiendo su agua.

Nos comentan que, así como van las cosas, El Granero pondrá 80 millones de metros cúbicos a esa “coperacha”, mientras que El Cuchillo, de Nuevo León, se pondrá guapa con otros 149 millones de m³. Y muy apenas la libran.

Dentro de esa mala noticia, la buena es que El Granero tiene actualmente al menos para pagar: 141.5 millones de m³. O sea, no sería necesario abrirle a La Boquilla o a Las Vírgenes para completar. El problema es que quedará en calidad de charco grande.

Y otra más: los afectados serán los productores del distrito de riego 090, de Ojinaga, esos que ni borlote hicieron y mucho menos cerraron puentes con motivo de la Ley de Aguas Nacionales.

Y pensar que, en estricto apego al tratado de marras, se podría ir pagando ahora sí que en “abonos chiquitos” de aquí al 2030, pero nos topamos con que el presidente del poderoso país vecino salió de más de “cobrón” y pues, ahora, como dicen en el barrio: “ajo… y agua…”.