Lo que vimos ayer en el aeropuerto de El Paso, Texas, bien puede navegar entre una escena de película de acción, con decenas de soldados desplegados en toda la terminal, y una comedia de situación, donde un globo de cumpleaños o de “Happy Valentine” se confunde con un dron operado por alguna organización criminal.

El cierre repentino del espacio aéreo en El Paso, decretado por la Administración Federal de Aviación (FAA) a la medianoche y revertido apenas nueve horas después, dejó más preguntas que certezas.

No solo eso: exhibió a funcionarios de ambos países, con explicaciones contradictorias que iban desde un supuesto “ataque de los cárteles a los Estados Unidos” hasta una “maniobra de rutina” para probar una nueva forma de detectar drones, pasando por el famoso globo de helio, de esos que se les compran a los niños el día de su cumpleaños.

El aviso inicial hablaba de “razones especiales de seguridad” y advertía que el aeropuerto internacional, ubicado en uno de los puntos fronterizos más transitados entre México y Estados Unidos, permanecería cerrado durante diez días.

La instrucción a los pilotos era extraordinaria: no volar por debajo de 5 mil 450 metros. Una medida de esa magnitud no se aplicaba desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

¿En verdad se trataba de una maniobra provocada por un globo, o por drones que pueden ser derribados sin tanto despliegue de fuerza? Suena raro, por decir lo menos.

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Horas después, la historia que se le contó a todo el mundo cambió, y de qué manera.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que la decisión respondió a la incursión de drones de un cártel mexicano en el espacio aéreo estadounidense y que estos habían sido neutralizados.

La declaración elevó el tono: ya no era una “razón especial de seguridad”, sino una amenaza directa atribuida al crimen organizado mexicano.

Pero conforme avanzó el día, los propios medios estadounidenses comenzaron a desmontar esa versión.

Videos difundidos por aficionados que pretendían demostrar la presencia de drones en el espacio aéreo de El Paso no mostraban absolutamente nada.

Después, la cadena de televisión CBS reportó que, en realidad, la FAA estaba probando un láser de “alta energía” para derribar drones desconocidos en la zona fronteriza, pero que el objeto derribado habría sido un globo de fiesta de cumpleaños mal identificado.

La versión motivó desde reclamos airados de medios estadounidenses, incluso algunos afines al movimiento MAGA, hasta bromas y memes de todo tipo que aludían al “globo de cumple” enemigo que amenazaba la seguridad nacional.

De la gastada historia del “cártel mexicano atacando el espacio aéreo” se pasó a la del error técnico y la descoordinación interinstitucional.

A ver si no les pasa como en la historia de Pedro y el lobo: cuando el lobo realmente llegó, nadie le creyó.

En medio del ruido político, la fiscal general Pam Bondi aprovechó su comparecencia ante el Congreso para reforzar el discurso de amenaza: “Nuestros militares están derribando drones de los cárteles”.

El mensaje no fue técnico, fue político, y le vino como anillo al dedo para desviar la atención de los expedientes Epstein.

La representante demócrata Jasmine Crockett respondió citando a medios texanos: el cierre se habría debido a pruebas militares, no a drones criminales.

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, fue más allá y calificó la medida de “innecesaria”, al señalar que provocó caos, afectó vuelos médicos y se tomó sin coordinación con autoridades locales.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con cautela. Señaló que no existe información que confirme actividad de drones criminales en la frontera y recordó que, de existir datos relevantes, Washington puede compartirlos con el Gobierno mexicano.

En Chihuahua, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que no existen indicios de la presencia de “narcodrones” en el cielo juarense, mientras que el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, “tronó” contra quienes difundieron versiones alarmistas sin aportar evidencia alguna.

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Lo ocurrido revela varias capas de análisis.

Primero, la fragilidad de la comunicación interinstitucional en Estados Unidos cuando se trata de seguridad fronteriza. Si la FAA cerró el espacio aéreo sin alertar a la Casa Blanca, al Pentágono o al Departamento de Estado —como reportó CBS—, estamos ante una descoordinación preocupante.

Segundo, la rapidez con la que una hipótesis se convierte en discurso político. La mención de “drones de cárteles” activa de inmediato el imaginario de amenaza externa y refuerza la narrativa de una frontera desbordada. En año electoral, eso no es menor.

Tercero, el impacto binacional. El aeropuerto de El Paso no es un enclave aislado: forma parte del ecosistema económico y social de la región Paso del Norte, integrada con Ciudad Juárez. Un cierre de diez días habría significado afectaciones logísticas, comerciales y médicas para ambos lados de la frontera. El simple anuncio generó incertidumbre.

Es un enclave de primera importancia, no solo en términos comerciales, laborales o industriales, sino también militares, pues El Paso alberga el destacamento de Fort Bliss.

Al inicio del miércoles 11 de febrero, el aeropuerto ya había reabierto y sus operaciones volvieron a la normalidad. No hubo drones, ni luces de naves extraterrestres y, si algún globo anduvo volando por ahí, a esas horas ya estaba desinflado.

Sin embargo, el episodio deja una lección inquietante: en la frontera más transitada del mundo, una identificación errónea puede escalar en cuestión de horas hasta convertirse en narrativa de seguridad nacional.

El despliegue militar observado en el aeropuerto de El Paso fue impresionante, y eso que —según esa versión— solo se trataba de “bajar” drones.

Tal vez sea la nueva normalidad a la que debamos acostumbrarnos quienes habitamos la frontera: sobrerreacciones del Gobierno estadounidense, con impacto directo en la población mexicana que todos los días cruza de un lado a otro.

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Ahora sí lo entiende Mirone: por eso la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, evita tanto el Distrito Judicial Bravos cuando se habla de justicia penal. No es prudencia institucional: es un sistema colapsado que ya no se sostiene.

Está de locos el escenario que se vive en la Ciudad Judicial, producto de deficiencias presupuestales y estructurales que se han arrastrado históricamente en esta frontera, tanto en la procuración como en la administración de justicia.

Que aquí se cometa alrededor del 60 por ciento de los delitos de todo el estado —y que en esa misma proporción se procesen penalmente— evidencia una sobrecarga laboral que se ha normalizado e incluso invisibilizado, aunque la padezcan todos los días los justiciables y los operadores del sistema.

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Ese déficit atávico, que volvió a colocarse sobre la mesa con la reforma constitucional y la renovación del Poder Judicial, fue el tema central de la encerrona que sostuvo el martes la presidenta Marcela con jueces y juezas en materia penal, en la Ciudad Judicial.

Ahí, con buena escucha y disposición —dicen quienes estuvieron—, dio seguimiento a las múltiples peticiones acumuladas desde la renovación de septiembre pasado, cuando asumió la presidencia tras resultar la magistrada más votada.

El diagnóstico es conocido: falta personal, falta infraestructura y faltan insumos. Aunque en Juárez se atiende con 55 jueces cerca del 60 por ciento de los delitos estatales, el número de personas juzgadoras apenas representa el 35 por ciento del total estatal, que es de 139 asientos en materia penal.

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Mientras tanto, el Distrito Judicial Morelos —Chihuahua capital—, con menor carga de trabajo, tiene más jueces que Juárez: allá también son 55, pero con mucho más personal en todas las áreas.

Acá faltan escribientes, secretarios, notificadores y encargados de salas. Todo está saturado. Para empezar, no hay suficientes salas para programar diligencias y audiencias. Con 49 jueces en funciones, apenas se cuenta con 22 salas donde se hace lo que se puede.

Ante la falta de espacios y personal, tendrían que operar un tercer turno, algo literalmente imposible cuando el personal y la mayoría de los jueces ya trabajan hasta 12 horas diarias. Por eso no sorprende que una audiencia intermedia hoy se esté programando hasta dentro de tres meses.

Los indicadores del colapso sobran: 17 notificadores tienen que mover alrededor de 5 mil oficios mensuales. Todo ese escenario ya lo trae cargando la magistrada presidenta, que sigue tomando nota de los pendientes… aunque presupuesto, por ahora, no hay.

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Morena de Chihuahua está experimentando algo así como una “rebelión en la granja”, porque no quieren ir en alianza (¿alianza, en serio?) con los partidos PT y PVEM, así se arreglen en México como se quieran arreglar.

Razones no les faltan a los guindas, porque aquí, en Chihuahua, la dichosa “alianza” con esos dos partidos nada más ha servido para darle otros tres votos al bloque PRIAN y, ahora, para darles a estos el “número mágico” de 23 votos que les permite tener mayoría calificada.

Ya lo habíamos comentado en este mironiano espacio: es inminente que Rosana Díaz deje las filas de Morena para pasarse al PVEM, partido que ha votado de todas-todas las propuestas que llegan desde Palacio, incluso aquellas que le raspan a la 4T a nivel nacional.

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Bien dice el refrán: “con esos amigos, para qué quiero enemigos”. Y vale para el caso, porque toda la campaña que hicieron de forma conjunta y las posiciones que se repartieron como el “frente amplio” que eran solo ha servido para arrimarle votos al oficialismo en el estado.

Eso, por una parte. Por lo demás, el morenismo chihuahuense —o una parte sustancial de este— se ha apostado por eliminar las candidaturas de lista, de modo que las diputaciones plurinominales salgan de entre los candidatos de mayoría que lograron un buen caudal de votos, pero se quedaron a poco de ganar la curul.

Obviamente, esa propuesta no les cuadra a los partidos que han sido eternos negocios familiares, menos aún a aquellos que, en casi toda su historia legislativa, siempre han tenido a un miembro de la familia en el Congreso o en los ayuntamientos.

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La postura de los morenistas que prefieren eso de “más vale solo que mal coaligado” no olvida que el PT fue uno de los partidos a los que también les dio por ir al baño cuando tocaba votar por la reestructuración de la megadeuda del Gobierno del Estado y por la contratación de un crédito de tres mil millones “del águila”.

De poco sirvió que hicieran campaña juntos y atajaran los ataques del contrincante para que, apenas sentados en la curul, comenzaran a votar —¿negociar?— con el acérrimo rival.

Morenos, verdes y petistas no se han sumado en ninguno de los asuntos trascendentales, ni se ve que los dos últimos vayan a apoyar la reforma para elegir a los regidores mediante voto directo. Si el PAN no lo quiere, ellos tampoco.

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La opinión que prevalece entre quienes rechazan ir con la fórmula con la que contendieron en la pasada elección federal es que, con una buena campaña, Morena puede ganar la mayoría simple por cuenta propia.

Si el PVEM y el PT no van, o no se suman, “quialcabo y qué”, si ya están aprobadas casi todas las reformas constitucionales que empujaba la 4T desde el gobierno de AMLO.

Lo que más molesta a quienes se mantienen en esa línea es que la dirigencia nacional de su partido y su representación en las cámaras del Congreso de la Unión prefieren sacar una reforma electoral “de chocolate” con tal de tener el voto de verdes y petistas.

Sería —dicen— como darle una guantada en la cara a la presidenta Sheinbaum, con tal de cargar con dos partidos que, en una de esas, se quedan sin registro en la próxima elección.

Razones no les faltan: como bien decía “La Tucita”, si ya los conoces, ¿para qué los invitas a la coalición?

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El Gobierno de México ha anunciado que abrirá una “fábrica” de moscas estériles para combatir al gusano barrenador del ganado, pero ahora es la carne producida en Argentina la que le hace “mosca” a las exportaciones mexicanas.

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos anunció que importará carne desde Argentina para cubrir la demanda destinada a producir carne de res, tan apreciada y consumida por el pueblo americano, ya sea en forma de hamburguesas o albóndigas.

El anuncio de que se comprará carne a un país que está a más de 8 mil kilómetros de distancia cayó entre los ganaderos mexicanos no como un balde de agua fría, sino como un chisguete de insecticida, de ese que se usa para abatir las plagas del ganado.

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Las exportaciones de ganado en pie y carne mexicana quedaron prácticamente congeladas desde finales de 2024 y durante casi todo 2025, a partir de restricciones sanitarias impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales han generado pérdidas millonarias para los productores nacionales, en particular para los de Chihuahua y Sonora.

La medida, justificada oficialmente por Washington como una acción para prevenir la entrada y propagación del gusano barrenador del ganado, resulta aún más cuestionable si se considera que la mayoría de los pocos casos detectados en México provienen de estados del sur del país, cuya producción se destina principalmente al mercado nacional.

De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y con análisis de organismos empresariales, México ha dejado de exportar alrededor de 650 mil cabezas de ganado a Estados Unidos desde el inicio del cierre fronterizo.

¿Esto qué significa? Casi nada… salvo pérdidas cercanas a los mil 400 millones de dólares, es decir, unos 25 mil 200 millones de pesos, al tipo de cambio actual. Haga cuentas: esa cantidad equivale, más o menos, a los ingresos propios que recauda el Gobierno del Estado en un año.

¡De ese tamaño es el golpe económico para Chihuahua!

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Chihuahua es el principal estado exportador de ganado en pie, lo que hace que la medida adoptada por los Gobiernos de los United States le pegue de lleno, pues la entidad concentra el 40 por ciento de la explotación ganadera del país.

Eso no es todo: además de ponerle luz roja a la entrada de ganado mexicano, las exportaciones de carne de res mexicana hacia Estados Unidos también han registrado un decremento.

O sea, estamos arreglados: no podemos comercializar el ganado, ni en pie ni en forma de bisteces.

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Lo que no se alcanza a entender es por qué castigar a los productores-exportadores del noroeste, cuando los casos de gusano barrenador se han ubicado en estados del centro y sur del país, con la excepción de uno detectado en Nuevo León.

Más allá de las explicaciones técnicas, algunos malpensados —y otros tantos analistas políticos y especialistas en comercio exterior— señalan que la medida puede tener matices geopolíticos o económicos más amplios, vinculados a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Porque una decisión de esa magnitud puede convertirse en una forma de presión indirecta dentro de negociaciones más amplias, como las que se dan en el marco de acuerdos comerciales o de seguridad fronteriza.

Así que ahora, haya gusano o no, con todo y mosca estéril y cercanía fronteriza, el gobierno estadounidense comprará carne a Argentina, con todos los costos de traslado y problemas logísticos que eso implica.

Algo no termina de cuadrar en todo esto.