Juárez es la ciudad a la que le han robado sus parques. Y al hacerlo han sofocado las risas de sus niñas y niños, a quienes se les restringen los espacios públicos para que jueguen y se desarrollen física, emocional y socialmente.
Hay un despojo histórico porque durante décadas se ha reproducido el rezago en áreas verdes y en el abandono de lo que se tiene por falta de equipamiento y mantenimiento, pero hoy se le abona al déficit con acciones específicas de cambios de uso de suelo que arrebatan a las familias la posibilidad de acceder a esa infraestructura en sus colonias y fraccionamientos.
De acuerdo con la NOM 001 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) los espacios públicos son áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito.
Son considerados como bienes inmuebles de uso común en dominio del poder público. Un uso primordial en ese equipamiento es el de área verde (parques, jardines y huertos), al que deben sumarse plazas y explanadas, espacios deportivos y hasta miradores.
El debate sobre las políticas públicas respecto a las áreas verdes que requiere la ciudad, se abrió esta semana, cuando vecinos de la colonia Carlos Castillo Peraza recurrieron a la protesta social para denunciar lo que consideran un engaño y un robo por parte de autoridades municipales que empezaron a fraccionar y vender un predio que ellos siempre soñaron como su parque.
El terreno se ubica en la calle Soneto 156. Es un baldío, aunque en los planos que los colonos conocieron desde que compraron su lote aparecía como área verde. Durante años quedó en el abandono, como muchos otros predios etiquetados igual por la administración municipal en distintos rumbos de la ciudad.
Cuando finalmente su anhelo parecía que podía cumplirse, ya que gestionaban la construcción del parque con recursos del presupuesto participativo (hasta carta compromiso recibieron para ejecutar la obra), la Dirección de Asentamientos Humanos lotificó el predio para su venta e incluso pretende entregar cartas de posesión a supuestos compradores.
La presión pública, sumada a la intervención de regidores de la Comisión de Asentamientos Humanos y de la síndica municipal, frenaron por lo pronto la operación, pero aún hay incertidumbre respecto al destino final del predio. Además, genera alarma la práctica recurrente de venta de terrenos municipales, en lugar de privilegiar el equipamiento para disminuir los rezagos.
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Si tomamos en cuenta el último diagnóstico de la ciudad incluido en el proyecto de actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el centro de población (PDUS), en Juárez se debería de contar con un mínimo de entre 9 y 15 m² de parques por persona. Sin embargo, cada juarense apenas tiene acceso a 6.17 m² de parque.
El PDUS establece en 3 mil 803 el número de parques existentes en la ciudad, con una superficie total de 9 millones 268 mil 937.92 metros cuadrados.
Por su extensión territorial se clasifican (de menor a mayor) en áreas jardinadas (338), parques de bolsillo (786), jardín público (2 mil 326), parque vecinal (245), parque barrial (101) y parque urbano (9).
Según el propio PDUS, la gran mayoría de los parques se encuentran atomizados. Los parques de bolsillo y los jardines públicos tienen mayor representatividad, y los parques barriales y a nivel urbano (como El Chamizal y el Parque Central), son los más escasos.
La suma alcanza los 3 mil 803 parques, sin embargo, en muchos de los casos están contabilizados simples terrenos baldíos, destinados, en el papel, al área verde de las zonas habitacionales.
No se conoce un diagnóstico detallado del estado en que se encuentra todo ese inventario, de su grado de equipamiento y nivel de forestación.
Cuando se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2021-2024, se identificó otra problemática relacionada con las áreas verdes.
“La mayoría de los parques que se encuentran en condiciones óptimas, son de uso limitado, ya que normalmente se encuentran dentro de fraccionamientos cerrados, donde únicamente los usuarios y habitantes de estos pueden acceder a ellos”, indicó el PMD.
“En términos de acceso a las áreas recreativas, puede observarse que en la ciudad existe un acceso diferenciado respecto a la ubicación y el estatus socioeconómico”, concluyó ese documento.
Justo por esa falta de espacios adecuados, el propio Plan de Desarrollo Municipal fijó en el anexo de metas para el 2022, la rehabilitación de 100 parques y el mantenimiento de 165 parques y/o espacios públicos en la zona suroriente.
Ya pasaron dos años de la actual administración municipal y ni siquiera la meta del primer año pudo cumplirse.
En la sesión de Cabildo #49 realizada el mes pasado, se reveló que a la fecha se han intervenido apenas unos 70 parques.
Cuando se discutió la conveniencia de otorgar un subsidio directo a un grupo de vecinos para hacer obra en su parque, en lugar de aplicar el presupuesto ordinario y los procedimientos regulares de Parques y Jardines, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reconoció que era imposible atender desde esa dependencia municipal, los más de 3 mil parques públicos que existen en la ciudad.
La regidora Austria Galindo, coordinadora de la Comisión de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento e integrante de la Comisión de Servicios Públicos, ha exigido públicamente que se destine mayor presupuesto a Parques y Jardines. También sugiere que se establezca un modelo distinto para atender el Parque Chamizal de 333 hectáreas que “se come” los recursos presupuestales y operativos del área, lo que origina que se deje de atender al resto de los parques de la ciudad.
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Por lo visto no es prioritario para la administración municipal destinar recursos suficientes para ampliar las áreas verdes y rehabilitar los parques, pese a que en planes y documentos rectores del desarrollo urbano se destaque la importancia del ordenamiento territorial, de la recuperación de espacios públicos y de la inversión para construir comunidades sostenibles.
Algunos indicadores inquietan porque muestran que se camina en sentido contrario, respecto a lo que la ciudad necesita.
El Informe Ciudadano 2023 que presentó la organización Plan Estratégico de Juárez el mes pasado, incluyó un análisis sobre operaciones que ha realizado la administración con terrenos municipales.
Entre septiembre de 2021 y junio de 2023, fueron enajenados distintos predios que suman 242 mil metros cuadrados, el equivalente a 24 hectáreas.
A esa tierra se le fijó un valor de 156 millones de pesos, cuando el valor comercial, según Plan Estratégico, era de 214 millones. La diferencia es de 57 millones de pesos.
Además, los recursos obtenidos por la enajenación de los terrenos municipales se destinaron al gasto corriente (que incluye la nómina para toda la burocracia), en lugar de invertirse en mejorar o ampliar la infraestructura existente.
También se encontró que una tercera parte de los predios enajenados, el equivalente a 85 mil metros cuadrados, estaban originalmente destinados al equipamiento público. Es exactamente lo que ocurrió en el caso de la colonia Carlos Castillo Peraza y el terreno de la calle Soneto 156.
El patrón se ha repetido por distintos rumbos de la ciudad. En lugar de intervenirlos para mejorarlos y abatir el déficit que se tiene en áreas verdes por cada habitante, el Gobierno se deshace de ellos y cancela toda posibilidad futura de aprovechamiento público.
No únicamente hablamos de parques, pasa lo mismo con otras instalaciones destinadas a prestar un servicio urbano, como escuelas, hospitales, museos, mercados, centros comunitarios y unidades deportivas.
Con esa tendencia de lotificar para construir más vivienda, sin reservar los espacios de equipamiento, lógicamente que el rezago crecerá, principalmente en las zonas periféricas donde escasea la inversión pública y privada.
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El proyecto del PDUS que hoy está bajo consulta pública, requirió para su elaboración de varias mesas de trabajo en las que se levantaron propuestas de urbanistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las temáticas abordadas, hay sugerencias que cruzan los rubros de uso de suelo, equipamiento público y participación ciudadana.
En el tema de uso de suelo se destaca la necesidad de preservar y conservar las áreas verdes, las zonas de protección ecológica y los predios municipales con destinos públicos que fueron donados.
Desde la ciudadanía se propone la creación del “Registro Municipal de Espacios Públicos”, con la finalidad de que se pueda contar con un inventario actualizado y de alguna forma se proteja el suelo público municipal para la dotación de áreas verdes y equipamiento faltante.
También hay propuestas para promover la biodiversidad en el espacio público y ampliar la cobertura de la línea morada en parques públicos y privados, lo cual va de la mano con una mayor inversión en infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
En el mismo sentido, se destaca la necesidad de extender la línea morada o establecer alternativas para el riego de parques y camellones con aguas grises, además de plantear un proyecto integral de mantenimiento, control, recuperación y reutilización de agua pluvial.
Para garantizar la conservación del espacio público por un tiempo más prolongado, una de las propuestas se centró en la revisión de la tabla de compatibilidades de uso del suelo. La idea es no permitir usos no compatibles con áreas de equipamiento y espacios públicos; o incluso prohibir modificaciones de uso de suelo de área verde a comercial o habitacional.
Esa es la magnitud del debate sobre la recuperación y cuidado del más noble espacio público y el alcance que puede tener el PDUS si en verdad se busca aplicar como instrumento para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los juarenses.
Es claro que la ciudadanía ya no está dispuesta a permitir más despojos, simulaciones y engaños, tampoco que se quiera hacer negocios privados con recursos públicos.
No se puede aceptar que nuestra niñez no cuente con un espacio libre para jugar, simplemente porque los funcionarios se convierten en corredores inmobiliarios, archivan los instrumentos de planeación y olvidan las prioridades de la inversión pública.
Sin importar la ubicación de su residencia o su condición social, cada niña y cada niño juarense tiene derecho a jugar “entre árboles y risas, y alcatraces de color”.