La propuesta de someter a plebiscito el adeudo del PAN no es un ejercicio de democracia participativa ni una innovación fiscal. Es una función política completa, con pista central, reflectores encendidos y papeles bien repartidos.

Aquí no se discute si el impuesto se debe o no. Eso está fuera del guion. El predial se paga o se cobra. Lo que se puso en escena es cómo cobrarlo y a quién exhibirlo.

En esta pista, el Gobierno municipal asume el papel del domador: controla el micrófono, marca los tiempos y decide cuándo entra el número fuerte. El PAN aparece como el león llevado a la arena, con el adeudo a cuestas y el discurso de persecución listo para el público. Sí, un león chimuelo y desgreñado que no ha sido capaz de ganar más de un distrito local en las últimas elecciones.

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Los ciudadanos ocupan su lugar habitual en las gradas: observan, opinan, aplauden o abuchean. Participan, sí, pero como espectadores. Porque, en el fondo, en este tipo de funciones, el desenlace importa menos que la puesta en escena.

Don Mirone observa que, si el objetivo fuera únicamente cobrar un adeudo, bastaría con aplicar la ley: notificación, embargo, remate. Procedimientos administrativos, sin carpa ni reflectores. Pero eso no genera narrativa ni capital político.

El PAN, por su parte, asume el papel del payaso indignado. Reclama persecución, recuerda que el adeudo viene de años atrás y señala que antes nadie se lo cobró. Puede que no le falte razón. El problema es que, en el circo, al payaso se le permite protestar… siempre y cuando siga siendo parte del número. Y todo payaso que se precie de serlo debe saber que, tarde o temprano, le plantarán el pastelazo en la cara.

Y así, entre quejas, señalamientos y aplausos divididos, la función avanza. No para resolver el fondo del asunto, sino para confirmar que el predial —este 2026— dejó de ser un trámite y se convirtió en espectáculo.

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Y entonces, en el acto de ayer martes, apareció un personaje nuevo en la pista. Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, no entró como comparsa ni como espectador ocasional. Entró con libreto y con peso político.

En esta función, Ortiz Orpinel no es león ni payaso. Es el apuntador: el que se coloca a un costado del escenario, sopla las líneas correctas y se asegura de que el número no se descomponga. Su presencia no fue casual ni decorativa.

Porque cuando alguien como él aparece en escena, queda claro que el plebiscito no es ocurrencia ni arrebato. Es un número ensayado, medido y con objetivos claros. Ya no se trata solo de un diferendo fiscal con un partido político, sino de una jugada pensada para escalar el mensaje.

Ahí es cuando cambia la lectura completa del circo. El predial deja de ser solo pretexto y se convierte en instrumento. El Gobierno no solo exhibe al deudor; marca territorio y prueba hasta dónde puede llevar su función.

El circo, como siempre, algún día se irá. El predial seguirá ahí. Y las gradas quedarán con la misma pregunta de siempre: si lo que vieron fue justicia… o si se trató de una función bien montada. Al PAN no le queda más que cantarle el “toma chocolate, paga lo que debes”… ¿o será que le viene mejor el “payaso, soy un triste payaso”?

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Bien decía José Alfredo Jiménez: “No hay que llegar primero, hay que saber llegar”. Esa estrofa de la popular canción ‘El Rey’ le cae como anillo al dedo al juez Alberto Hiram Arroyo, quien ganó de calle la elección para designar a juzgadores en materia civil, pero ya fue separado del cargo mientras se desarrolla una investigación en su contra.

Es el primero en caer —al menos de manera temporal— de todas las personas juzgadoras que lograron un cargo como jueces o magistrados en el proceso electoral judicial de junio de 2025. Y no fue otra que la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA), órgano auxiliar de la presidencia del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la que intervino y, en los hechos, le dijo: “atrás de la raya, que aquí vamos a trabajar”.

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Alberto Hiram Arroyo llegó al cargo como titular del Juzgado Tercero Civil por Audiencias tras ser el gran ganador de la elección pasada, con un total de 47 mil 839 votos. Pero, por lo visto, ni los sufragios ni los conectes que lo llevaron a aparecer en las “guías de votación” le garantizaron al sistema judicial local que estaban ante una persona con las aptitudes necesarias para fungir como juzgador, ni mucho menos para encabezar equipos en la función jurisdiccional.

De lo que se habla ahora es de una queja por acoso laboral, maltrato y un ambiente de trabajo tóxico.

Lo que supo Mirone es que las inconformidades surgieron desde adentro. Fue el propio personal del juzgado el que lo puso en la cruz, por su forma de actuar, por su trato y por su desempeño.

Aquí ya lo habíamos mencionado como una figura emblemática de quienes optaron por encerrarse por pánico escénico. Alberto Hiram fue el juez más votado en materia civil en el Distrito Judicial Bravos, seguramente impulsado por su aparición en los acordeones “oficiales”.

Tal vez nunca se dio por enterado de lo que establece la NOM-035, que obliga a identificar y atender factores de riesgo psicosocial como el estrés laboral, la ansiedad y la violencia, además de promover un entorno organizacional favorable para proteger la salud mental y emocional de los trabajadores.

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Por lo pronto, fue enviado a “calentar banca” al Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj).

Le contaron a Mirone que la gota que derramó el vaso fue un incidente reciente en el que, abrumado por lo que debía hacer y no hacía, Arroyo la agarró parejo contra el personal, a gritos e insultos. Lo peor para él fue que todo quedó grabado en video.

Por eso entró la UIRA, que incluso aseguró su computadora como parte de la investigación. Y como ya habían trascendido las quejas sobre la falta de atención adecuada a las audiencias, nadie sabe con certeza en qué va a terminar su caso.

Todo apunta a que el expediente acabará en la cancha de Francisco Acosta Molina, al frente del Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua, que necesita mostrar pronto su primer trofeo de caza.

¿Será que el juez que no supo “llegar” termine topándose, como dice la canción, con “una piedra en el camino”?

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En Ciudad Juárez hay nombres que no se diluyen con el tiempo ni se neutralizan con resoluciones judiciales. El de Francisco Garduño es uno de ellos. No por consigna ni por insistencia mediática, sino porque está ligado a una tragedia que la ciudad sigue cargando: la muerte de 40 migrantes en la estación del Instituto Nacional de Migración.

Aquella noche no fue un episodio más en la larga lista de hechos dolorosos que ha vivido esta frontera. Fue una pesadilla que rompió un límite. Personas bajo custodia del Estado murieron encerradas, sin auxilio, sin salida. Juárez no lo olvidó. Aprendió a convivir con ese recuerdo, que no es lo mismo.

Garduño era el titular del INM. Enfrentó un proceso judicial y resultó favorecido. El expediente se cerró en tribunales. Legalmente, el caso quedó resuelto. Socialmente, no. La memoria no opera con los mismos tiempos que la justicia, y en esta frontera esa diferencia pesa.

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Por eso su regreso al Gobierno federal, ahora desde la Secretaría de Educación Pública, no se percibe como un simple movimiento administrativo. Se lee como una decisión política. Como una señal clara de que el poder decidió pasar página, aun cuando la ciudad donde ocurrió la tragedia no cierra esa herida.

El nombramiento fue avalado por Mario Delgado sin mayor explicación pública. Sin contexto. Sin una palabra que reconozca el significado que el nombre de Garduño tiene para Juárez. Porque, en estos casos, el cálculo suele ser otro y la burocracia termina imponiendo normalidad.

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Don Mirone observa ahí una constante. En este país, las tragedias no siempre dejan consecuencias políticas duraderas. Se superan en los expedientes, se archivan en el discurso y se diluyen en la agenda. Lo que queda, casi siempre, es la sensación de que el sistema protege a los suyos y espera a que el ruido baje para premiarlos otra vez.

En Juárez, donde la herida sigue abierta, ese mensaje no pasa inadvertido. No se discute la resolución judicial. Se cuestiona la decisión política de cerrar el tema como si el tiempo hubiera cumplido su función.

Para el Gobierno, el caso está superado.

Para la ciudad, no.

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Con la novedad de que el supuesto favorito del PAN para hacerse de la candidatura a la alcaldía de la capital se ha quedado a medio camino. Lo bajaron del caballo y ahora avanza a pasito, mientras otros aprietan el paso y buscan rebasarlo, sea por la derecha o por la izquierda; a estas alturas, da lo mismo.

A poco más de un año de que se definan las postulaciones de los partidos a la gubernatura, a 67 presidencias municipales y a 33 diputaciones locales —habrá que ver con cuántos regidores quedamos—, quienes se sentían que iban en caballo de hacienda hoy se ven más bien montados en la burrita.

“Arre, arre, mi burrita, ya no quiere caminar”, dice la canción del compositor chihuahuense Ventura Romero, tan popular en los tiempos dorados del cine mexicano. Pues así va don César Jáuregui Moreno, según le cuentan a Mirone: ya no cabalga el “bayo” ni el “saino de Agua Prieta”. Ahora va en la burrita y, como que en el camino, le hizo el “aquimichú” que dice la canción; es decir, hasta aquí.

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Las versiones sobre por qué el actual fiscal General del Estado y hombre muy cercano a la gobernadora Maru Campos ha perdido la delantera son varias, pero todas desembocan en el mismo punto: no logró amarrar el respaldo pleno del panismo tradicional de la capital, siempre tan celoso de postular candidatos de cepa azul.

Según le cuentan a Mirone, el rezago comenzó a finales del año pasado, cuando empezó a poner como condición para ser candidato que hubiera alianza entre el PRI y el PAN, no solo en el municipio, sino en todo el estado.

“Si no vamos con el PRI, la perdemos”, nos dicen que dijo. La frase, lejos de convencer, terminó por incomodar a un panismo que presume linaje y que se siente capaz de ganar la alcaldía sin muletas externas.

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La otra versión, que corre con más insistencia, es que Jáuregui no iría por la alcaldía, pero tampoco se quedaría fuera del reparto. Al contrario: todo apunta a que regresaría a donde mejor sale en la foto, al Congreso del Estado, como candidato plurinominal. Campaña corta, desgaste mínimo y cero riesgo de que la burrita vuelva a frenarse.

Si ese escenario se confirma, Jáuregui Moreno estaría completando nueve años consecutivos bajo el cobijo del fuero constitucional, un privilegio que ya disfrutó como secretario general de Gobierno y que hoy mantiene como titular de la Fiscalía General del Estado.

Así que no sorprenda si, otra vez, la próxima bancada del PAN en el Congreso termina coordinada por el mismo de siempre. Al final, en la política local hay trayectorias que no se interrumpen: solo cambian de montura.

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El caso de Roberto G.H., alias El 04, es un enorme botón de muestra de por qué la impartición de justicia avanza con tanta lentitud y de por qué permanecen impunes tantos homicidios cometidos por operadores del crimen organizado.

Aunque estaba catalogado como un “generador de violencia” en toda la franja este del estado, el llamado 04 no tenía una sola causa penal en su contra. Es decir, si se le atravesaba una partida de policías y el sujeto no cometía ninguna infracción en ese momento, podía seguir su camino en absoluto apego a derecho. Al final, no existía orden alguna para detenerlo.

Si bien su nombre aparecía con frecuencia en comunicados de prensa y su detención fue exaltada como un “duro golpe” a las organizaciones delictivas, lo cierto es que nadie —al menos en Chihuahua— lo estaba investigando formalmente por ninguno de los delitos que hoy se le imputan.

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Vayamos por partes. Al tal 04 se le atribuían decenas de hechos violentos, particularmente en Ojinaga: levantones, homicidios y cuerpos abandonados en lugares visibles, acompañados de mensajes amenazantes. Nada de eso, sin embargo, figuraba en expediente alguno, en ninguna carpeta de investigación.

El pasado 2 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó en un comunicado oficial la captura de Roberto “N” en el poblado conocido como El Pueblito, municipio de Aldama, mediante un operativo conjunto en el que participaron prácticamente todas las corporaciones policiales, además de la Sedena.

En ese mismo comunicado se señalaba que la aprehensión de tan peligroso “generador de violencia” fue resultado de seis meses de trabajo de inteligencia en la zona. La pregunta es inevitable: ¿durante todo ese tiempo no fue posible integrar una sola carpeta de investigación por los delitos que presuntamente cometió en Chihuahua?

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Decíamos que se trata de un botón de muestra porque así ha operado el sistema desde que comenzaron los enfrentamientos a mansalva entre organizaciones delictivas. Los operadores, los grandes y medianos capos, pareciera que no “cometen” delitos del fuero común. No asesinan, no roban vehículos, no secuestran, no extorsionan.

Ellos no, pues. Porque para atribuirles formalmente alguno de esos delitos e integrarles una carpeta de investigación, sería necesario recabar evidencias y testimonios que difícilmente llegan a los archivos de la autoridad investigadora.

Así es como se cierra el círculo de la impunidad: quien ordena el homicidio, la masacre o cualquier otro crimen inenarrable permanece intacto. Se le envía a Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico, pero no por el sangrerío que dejó en su país.

Esa película ya la hemos visto.

Y no nos gusta cómo termina.