Finalmente, la Dirección de Transporte del Estado da muestras de querer meter en cintura a los concesionarios de transporte de pasajeros, que están utilizando unidades chatarra con el pretexto de la emergencia de la pandemia.

Ayer se pusieron en marcha operativos con los pocos inspectores de la oficina local de Transporte, para sacar de circulación a las chatarras ambulantes que, independientemente del peligro que representan para los usuarios, por las pésimas condiciones mecánicas y físicas, son altamente contaminantes por las copiosas emisiones de gases que producen los motores con décadas de antigüedad.

Tuvo que venir a Juárez el titular del área, Ricardo Tuda, para revisar la irregularidad y ordenar acciones para detener la operación de esas unidades, aunque seguramente no tardan en comenzar a pegar de gritos los concesionarios, que por muchas administraciones han sido tolerados, abusando de que su servicio es esencial para la ciudad. Al parecer, en esta situación también se encuentran muchas unidades de transporte de personal, al servicio de la industria maquiladora, que también van a ser llevadas a los corralones.

Por cierto, nadie se explica por qué en la ciudad de Chihuahua, el transporte de personal de las maquiladoras se realiza en mejores unidades que las de Juárez, a pesar de que en esta plaza el número de plantas es superior y, por ende, los ingresos de los concesionarios del servicio deberían ser mejores.

Pues como dijera Cantinflas, ahí está el detalle, ya que en la ciudad capital las maquiladoras pagan 630 pesos por viaje, mientras que en Juárez la tarifa es de 430 y, 200 pesos menos, hacen la gran diferencia en la calidad del servicio, y con unidades más recientes.

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Así como en la carnita asada, Mirone se pregunta: ¿se va a hacer o no se va a hacer? Pero la aplicación de la veda por la consulta de revocación de mandato, para que todas las entidades gubernamentales dejen de promover, difundir o anunciar obras, programas o servicios.

La pregunta viene a colación porque ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en la mañanera que va a terminar el hospital de especialidades de esta ciudad, así como otro del estado de Puebla, dentro del programa de fortalecimiento del Sistema de Salud del país, que según presumió, será uno de los mejores del mundo. Ver para creer.

Si la autoridad electoral federal bajó la instrucción a gobernadores y alcaldes del país para que se abstengan de promover sus programas de trabajo hasta el 10 de abril, y en eso sale el preciso anunciando obras importantes, el mensaje que se manda a la opinión pública es confuso y se presta a malinterpretaciones.

O todos coludos o todos rabones, dirán los alcaldes y gobernadores que no son morenos, porque el silencio deben respetarlo las tres instancias de Gobierno, independientemente del color del partido del que provengan, a menos que sea plan con maña.

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Tal como ya se veía venir, Jesús Manuel Salayandía Lara fue reelecto por tercera ocasión como presidente de la delegación local de Canacintra, al no tener contrincante en el proceso de renovación de la mesa directiva.

La elección fue unánime, lo cual habla del reconocimiento al trabajo del joven empresario y de la unidad que existe en este organismo del sector privado, de donde, años atrás, saltaron muchos grillos al sector público.

En la mesa directiva lo acompañarán en este tercer período puros picudos del sector industrial, como Jesús Alberto Zepeda Baca en la secretaría; Arturo Gómez Ito en la tesorería y Liliana Licón Aragonés como directora.

En la lista de consejeros destacan los apellidos Bermúdez, Zepeda, Legarreta, Escobar, Acosta, Álvarez y Benavente, de socios que han fortalecido al gremio industrial en los dos períodos que Salayandía ha ocupado la presidencia.

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En el 2021, empresas de varios estados del país, entre ellas varias de la industria maquiladora de Chihuahua, hicieron el intento por comprar directamente a los laboratorios internacionales, lotes de las primeras vacunas que salieron al mercado, para inmunizar a sus empleados y evitar detener la producción en sus plantas, pero el Gobierno federal se los impidió.

Es una realidad que el monopolio para la compra y administración de las vacunas en México, ha hecho lento el proceso de inmunización de la población, al grado de que, hasta el miércoles pasado, el reporte oficial indicaba que el 60.7 por ciento de los mexicanos tienen la vacunación completa.

Eso dio pie a que el diputado local naranja, Francisco Sánchez Villegas y el alcalde de Hidalgo del Parral, César Peña Valles, presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional que termine con el monopolio federal en la compra, distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19.

Sánchez pide que, con una orden judicial, las vacunas estén al alcance de todos, con procedimientos ágiles de aplicación, para que los gobiernos estatales y municipales, así como a la iniciativa privada, puedan adquirirlas directamente, sin tener que esperar a que los programen en la agenda de la Secretaría de Salud.

La iniciativa es buena, aunque un poco tarde, pero ya que anda tan propositivo y creativo, sería bueno que promoviera para la entidad las pruebas Covid gratuitas, así como el Gobierno federal lo hizo en la Ciudad de México y en el Estado de México, en conjunto con las autoridades de aquellas entidades.

La controversia interpuesta puede tardar años en ser resuelta, mientras que la gestión de las pruebas gratuitas, que ya tiene almacenadas el Gobierno federal, saldría en caliente, porque con la cuarta ola de la pandemia así se requiere.