Una semana antes de los trágicos sucesos de Cerocahui que le costaron la vida a dos sacerdotes, un guía de turistas y a un jugador de béisbol a manos de un líder criminal apodado “El Chueco”, estuvo a punto de ocurrir otro acontecimiento de dimensiones iguales, si no es que mucho mayores, ocasionada por el mismo sujeto.

Nos cuentan mironianas fuentes de primerísima mano que, ocho días antes del multihomicidio en el templo de Cerocahui, un grupo de trabajo multisectorial que organiza las mesas de consulta para redactar la reforma indigenista se topó con el susodicho individuo.

Como es fácil suponer, no fue afable encuentro ni terminó aquello como “visita de cortesía”. Todo lo contrario.

Esta columna tiene al menos dos versiones de los hechos: que en aquel fin de semana, el grupo conformado por trabajadores del Congreso del Estado, del Instituto Estatal Electoral, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Coespo se trasladaron al poblado de Cerocahui, de camino a Urique. Se hospedaron en el mismo hotel donde una semana después se desataría la tragedia que conmocionó a todo el estado, al país y a una parte de la opinión pública mundial.

Un día después instalarían una de las mesas de consulta para recoger las opiniones de las comunidades indígenas con las que se conformará la iniciativa de marras.

En esas estaban cuando fueron abordados por personas integrantes de la banda que controla “la plaza”, la cual abarca prácticamente todo el municipio de Urique. Inicialmente, las cosas no pasaron a mayores sino hasta que se desató una discusión que motivó que llegaran otros miembros de la banda, incluido el jefe, José Noriel Portillo, el famoso “Chueco”. Nos dicen nuestras mironianas fuentes, que el “Chueco” andaba bueno y sano y entró en razón, pero solo con la condición de que los visitantes de Chihuahua se fueran inmediatamente del lugar y no volvieran.

La otra versión es todavía más delicada, pues habla de un incidente ocurrido justamente con el presunto multihomicida de Cerocahui y una virtual huida de los operadores de la reforma constitucional en materia indigenista.

Ese suceso es lo que motivó que el Congreso del Estado decidiera suspender, tal vez de manera temporal, tal vez de manera “más temporal que de costumbre”, la obligada consulta para redactar una ley indigenista que cumpla con estándares internacionales.

Que mal que no se pueda continuar con ese trabajo legislativo, pero que bien que los empleados y empleadas de los organismos públicos del estado hayan regresado con bien.

El relato, que a final de cuentas tuvo un final feliz muy al modo de las películas de Tarantino (“agradece que saliste vivo”), lo que llama la atención es que el multicitado Chueco ya andaba campeando en Cerocahui y lugares circunvecinos como quien anda de vacaciones recorriendo la sierra. Una semana antes de que su fama saliera de los confines de las sierra y alcanzara rangos mundiales por haber matado a dos sacerdotes, El Chueco tuvo contacto con operadores del Estado Mexicano y nadie hizo por detenerlo. No hubo operativo de búsqueda ni petición de ayuda a la Guardia Nacional. El señor siguió libre, disponible para cometer alguna otra atrocidad ¡y vaya que la cometió!

Hoy en día, Javier Corral y Maru Campos se encuentran enfrascados en una discusión para ver quién persiguió más al Chueco y quien le dejó actuar con absoluta libertad. Por lo visto, el pleito queda empatado a cero goles, pues ninguno lo atrapó y a los dos se les paseó por debajo de sus narices y ni así pudieron capturarlo.

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¿Qué puede aportar el tristemente célebre Jorge Contreras Fornelli al Gobierno del estado, para mejorar la estrategia de seguridad pública, que hasta ahora ha sido un fracaso?

La pregunta es obligada, porque el presidente estatal del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), se reunió con la gobernadora Maru Campos, con el fiscal Roberto Fierro y con el jefe de la policía estatal, Gilberto Loya, dizque para fortalecer el Plan de Seguridad en la entidad.

Sin duda se trata de otro acto desesperado de la gobernadora, por encontrar al Chapulín Colorado que le resuelva la crisis de violencia que genera los crímenes de alto impacto, que, según sus palabras, “en Juárez y en la sierra la ciudadanía los tiene normalizados, mientras que en la ciudad de Chihuahua no puede permitir que sigan sucediendo” (sic).

Ahora resulta que lo que no hizo Contreras Fornelli con Duarte, ni con Corral, cuando era el presidente consentido del Fideicomiso en Juárez, dice que lo va a hacer ahora, trabajando con el Plan Modelo de Seguridad Chihuahua de Maru, para disminuir los índices de inseguridad e impunidad. Ajá.

Si en todos los años que tiene como directivo de Ficosec, desde 2013, han sido más los señalamientos por su pésimo desempeño y sumisión a las esferas del poder público y económico de la entidad, que los resultados positivos de su gestión; entonces, porqué creerle otra vez, cuando lo que se requiere son acciones contundentes contra la delincuencia, no proyectos ni planes estrambóticos que siempre se quedan en el papel. 

A 10 meses de gobierno estatal, resulta absurdo que todavía sigan planeando la forma de combatir a los violentos y detener el baño de sangre en la entidad, cuando ya deberían estar ejecutando un plan que vaya tras los malandros pesados, que son los principales generadores de violencia y muerte.

La reunión de Maru y de sus jefes policiacos con Jorge Contreras, solo sirve a los intereses de imagen y poder de éste último, porque hasta presume que lo consultan para resolver la crisis de seguridad en el estado, cuando en la realidad, su trabajo en Ficosec nunca ha aportado soluciones tangibles, a pesar del importante presupuesto que maneja.

Hasta ahora, la estrategia de seguridad del modelo Chihuahua y la plataforma Centinela se ha quedado en el discurso, y por lo que acordaron en la reunión con Lord Doble Efe (Fornelli-Ficosec), el modelo no cambia, pues siguen repitiendo a coro sus buenas intenciones: “canalizar esfuerzos”, “colaborar con la autoridad para disminuir los índices delictivos”, “fortalecer la estrategia de seguridad”, “trabajar en conjunto”, “reorientar la política pública de seguridad”, bla, bla, bla. 

La población exige resultados, no más rollo de lo mismo y con los mismos incapaces.

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Ese mismo rollo de siempre, es el que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sigue practicando, al presumir resultados mediocres de los operativos conjuntos en toda la entidad, que solo exhiben el pobre nivel de operación e inteligencia con que enfrentan a la delincuencia organizada, y también a la desorganizada.

La SSPE dio a conocer ayer, que del primero de enero al 13 de julio, han detenido a 350 “narcomenudistas” en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Villa Coronado, Parral y en los municipios serranos, donde mantienen operativos con el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y las policías municipales.

Los 350 grameros y puchadores detenidos en 7 meses, representan un promedio de 50 detenciones por mes que, divididas en 15 municipios donde se han realizado, muestran un índice de efectividad por los suelos, ridículo, considerando el importante estado de fuerza que integran los efectivos militares y los agentes policiacos.

Pero más que el número de detenidos que han sido puestos en todos los casos a disposición de la Fiscalía General del Estado, sería interesante conocer, cuántos de esos 350 narcomenudistas se encuentran aún en prisión, porque generalmente, todos estos delincuentes son clientes frecuentes de la puerta giratoria de nuestro sistema de justicia penal.

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¿Se acuerdan de los 11 individuos detenidos con 22 armas en una residencia del fraccionamiento Jardines del Bosque? Pues están a punto de quedar en libertad luego de que la Fiscalía General del Estado los consignó a un juez únicamente por delitos del fuero común, porque el Ministerio Público Federal se negó a recibirlos hace exactamente una semana.

A los 11 presuntos sicarios se les decomisaron 19 armas largas, 3 pistolas y equipo táctico en un operativo realizado el miércoles 6 por la Policía Ministerial, quien los puso a disposición de la Fiscalía zona norte.

Esta dependencia tardó 24 horas en turnarlos a la Fiscalía General de la República y les dio pretexto a los fantasmas que ahí cobran, de rechazarlos, porque se habían rebasado los tiempos legales.

Ante la tramposa negativa del Ministerio Público Federal, fueron consignados a los tribunales estatales penales, pero solamente por delitos del fuero común, por lo que las carpetas de investigación van muy “flojitas” y los cargos se pueden caer en cualquier momento.

Por lo pronto, nos dicen, ya anda un ejército de abogados atendiendo la defensa de los 11, pues la ven facilita, mientras que la Fiscalía del Estado realiza pruebas de balística de las armas decomisadas, para determinar si fueron utilizadas en alguna de los cientos de ejecuciones registradas en la ciudad, y robustecer las carpetas de investigación.

Los que también se salvaron de que se desprendiera alguna investigación federal contra ellos, por el delito de contrabando, fueron el administrador de la aduana fronteriza Cecilio Martínez Arcos y su equipo de tamaulipecos, que se encargan de supervisar y autorizar todo lo que cruza por los puentes de esta frontera.

Sin embargo, de la que no se salvaron fue de la auditoría que les enviaron desde la capital del país, de los órganos de vigilancia interna de la Dirección General de Aduanas y de la Contraloría de la Federación, ante el escandaloso incremento de decomisos de armas en la ciudad.

Por lo pronto, los tamaulipecos lacayos del general Martínez Arcos, José Leal y Luis Rivera, andan que no los calientan ni las infernales temperaturas de Juárez y están buscando asesoría legal, por aquello de que comiencen a rodar cabezas y tengan que poner sus barbas a remojar.