Ya son seis las denuncias por presuntos delitos de corrupción que acumulan el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y sus funcionarios municipales, en un escenario inédito a nivel local que enmarca el más amplio escándalo político de la última década.
Justo cuando el gobernante partido Morena está inmerso en el proceso que definirá quién debe enarbolar sus principios y postulados por la Presidencia Municipal para el periodo 2024-2027, distintos actores ciudadanos y políticos documentaron hechos que podrían ser constitutivos de delitos por parte de quienes hoy ejercen el poder público. Haciendo uso de sus derechos y prerrogativas constitucionales, decidieron acudir a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) para denunciarlos.
La coyuntura electoral no exime de su expedita actuación a la Fiscalía que por ley goza de autonomía. Por el contrario, la somete a su mayor prueba de fuego respecto a su eficacia institucional y la de quien la dirige, en tiempos cruciales en que la sociedad juarense en particular y la chihuahuense en lo general, exige un ‘ya basta’ ante el flagelo de la corrupción y la impunidad que la sigue alimentando.
El momento es oportuno para conocer de qué está hecha y qué alcances puede tener esa institución bajo el mando del fiscal juarense, Abelardo Valenzuela Holguín.
El primer paquete de denuncias llegó a la Fiscalía Anticorrupción durante septiembre y octubre del 2023.
Al alcalde y a algunos de sus funcionarios se les señaló por delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
En el caso hasta hoy más documentado, se denunció el pago de un sobreprecio por 54.8 millones de pesos en la compra de 250 mil kits escolares, los cuales incluían un paquete de útiles y una mochila con logos de la “Cruzada por la Educación”.
Esa querella data del 24 de octubre y fue interpuesta por Carlos Gutiérrez Casas, Ernesto Robles y Rosalba Bernal, quienes se dieron a la tarea de cotejar precios en el mercado local respecto a todos los productos del kit escolar.
Norte Digital hizo su propia verificación en el mercado minorista, pero además solicitó formalmente cotizaciones para la adquisición al mayoreo, ejercicio de investigación periodística en el que documentó y confirmó un sobreprecio de al menos 49 millones 275 mil 500 pesos.
En la verificación, Norte Digital concluyó que, por los 250 mil kits, se debieron haber pagado 73 millones 95 mil 900 pesos, pero el Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar pagó 122 millones, 371 mil 400 pesos.
Otra denuncia firmada por los mismos promoventes está relacionada con la compra, también a sobreprecio, de 43 mil 103 pruebas de detección de Covid-19. Los denunciantes presumen que el producto se pagó con un sobreprecio que oscilaría entre los 4 y 12 millones de pesos. Sin embargo, consideraron que el daño patrimonial podría ser mayor, ya que finalmente cerca de 37 mil pruebas caducaron. La contratación, en mayo de 2022, habría llagado tarde, ya que para entonces la gran mayoría de los juarenses se había vacunado contra Covid-19 y las pruebas eran poco solicitadas.
La alcaldía pagó 298.97 pesos por cada prueba, aunque existieron propuestas más bajas, de hasta 79.85 pesos por unidad, de acuerdo con el proceso de licitación pública número CA-OM-034-2022.
El contrato se otorgó mediante un procedimiento de licitación en el que participaron cinco empresas. El Gobierno Municipal falló a favor de RL Solutions Management S.A de C.V. pese a que ofreció el precio más alto. El resto de los concursantes fueron descalificados bajo el argumento de no acogerse a las reglas del concurso.
La tercera denuncia de ese primer paquete firmado por los ciudadanos Gutiérrez, Robles y Bernal, está relacionada con el manejo de los recursos del Presupuesto Participativo.
En ella se argumentó un desvío de 100 millones de pesos, cantidad que se anunció como un remanente presupuestal del 2022, pero que finalmente se habría cubierto con presupuesto del 2023 correspondiente al gasto corriente.
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También representantes populares por el PAN, en medio de sus propios procesos de definición de candidaturas y de posibilidades de reelección en sus cargos, asumieron un protagonismo en la interposición de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
A la fecha han presentado tres, por distintos delitos de corrupción. La que alcanzó mayor resonancia es la denuncia por enriquecimiento ilícito que, afirmaron, podría configurarse en el caso del alcalde y de su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando, en torno a la operación de adquisición de la vivienda en la que actualmente reside Cruz Pérez Cuéllar, en el Fraccionamiento Campestre.
La diputada federal Daniela Álvarez Hernández y los diputados locales, también panistas, Marisela Terrazas Muñoz y Gabriel García Cantú, entregaron la denuncia y la ratificaron en la Fiscalía Anticorrupción.
En ella afirman que el alcalde no puede demostrar ingresos suficientes para pagar la renta de la residencia a la que le adjudican un valor de 26.5 millones de pesos. Agregan que mucho menos podría adquirirla, en la eventualidad de que el propietario formal fuera un prestanombres.
Agregan que Pando Morales, quien fue su colaborador, adquirió esa propiedad millonaria inexplicablemente, ya que en su declaración patrimonial registró ingresos brutos por 50 mil 358 pesos mensuales, insuficientes para pagar el crédito hipotecario solicitado.
Los denunciantes pidieron esclarecer el origen de los recursos que poseen ambos funcionarios, ya que ninguno ha demostrado contar con los ingresos suficientes en el servicio público, ni para rentar, ni para comprar la lujosa residencia.
La denuncia interpuesta desde el 30 de noviembre del 2023, aporta también elementos sobre faltas administrativas graves y solicita una investigación exhaustiva sobre las declaraciones patrimoniales, ingresos adicionales y las deudas de Pérez Cuéllar y de quien fue director de Regulación Comercial hasta el 8 de noviembre de 2022.
Una segunda denuncia presentada por los legisladores con el aval de su dirigencia partidista se relacionó con el caso de un contrato por 6.5 millones de pesos otorgado a la empresa Malotti S. de R.L. de C.V.
En ella se acusó de uso ilegal de atribuciones y facultades a quien fuera director de Promoción Financiera. Se señala que Malotti es fachada de otra empresa propiedad del exfuncionario que así habría sido favorecido para proveer de productos de limpieza a la administración municipal de la que formaba parte. Legisladores panistas identificaron el caso como el “Fabulosogate”.
Por último, un grupo de regidores panistas, además de dos ediles de Morena, presentaron otra denuncia más, la sexta del total y la tercera impulsada por actores del PAN, la correspondiente a la casa de cambio “Dollar 2 Go”, construida en terrenos de El Chamizal.
Ante la Fiscalía Anticorrupción se argumentaron hechos presumiblemente constitutivos de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, y ejercicio ilegal del servicio público.
La denuncia se interpuso en contra del alcalde Pérez Cuéllar, del director de la Operadora Municipal de Estacionamientos, Andrés Domínguez Alderete; del director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña; de la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina y del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.
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A la Fiscalía Anticorrupción compete la investigación de todo el catálogo de delitos cometidos por servidores públicos, por hechos de corrupción y conexos, considerados todos en el Código Penal del Estado de Chihuahua.
Las denuncias que distintos actores han puesto en manos de la FACH hacen referencia a varios de esos delitos.
El enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 272 del Código, establece que comete este delito el servidor público que, durante el desempeño de su cargo o en los dos años posteriores al término de dicho cargo o de su dimisión, incremente injustificadamente su patrimonio, por sí o por interpósita persona, bienes que, en razón de su valor, sean notoriamente superiores a sus posibilidades económicas.
Respecto al ejercicio ilegal del servicio público, aunque hay varios supuestos en distintas fracciones del artículo 253, en los casos denunciados se le vincula a la fracción V que establece que comete ese delito quien “teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
En relación al uso ilegal de atribuciones y facultades, este delito considera varios supuestos en dos fracciones del artículo 261, los cuales están más relacionados a los hechos señalados en algunas de las denuncias.
El primero de ellos tiene que ver con la otorgación ilegal de concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del Estado.
El segundo supuesto se relaciona con la entrega ilegal de permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico o de construcción. También establece que comete el delito quien “otorgue, realice o contrate ilegalmente obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos”.
También la entrega ilegal de permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico o de construcción, así como la que establece que comete el delito quien “otorgue, realice o contrate ilegalmente obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos”.
Respecto al delito de cohecho tipificado en el artículo 269, el Código establece que lo comete el servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones.
El catalogo es más amplio, pero hay otro delito que es emblemático de la corrupción: el peculado. De acuerdo con el artículo 270, lo comete el servidor público que disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo.
Además, quien indebidamente utilice fondos públicos, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
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Por decreto del 21 de diciembre de 2019, la Sexagésima Sexta Legislatura estatal reformó diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para crear las bases constitucionales de la Fiscalía Anticorrupción.
Como un órgano constitucional autónomo especializado, es el encargado de ejercer las facultades atribuidas por la Constitución federal y la estatal para la investigación de hechos de corrupción, con criterios de priorización, como el monto económico comprometido, el nivel del funcionario o servidor público señalado, o la complejidad de la investigación.
De acuerdo con lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizada en Mérida, la razón de ser de las Fiscalías Anticorrupción, es la de convertirse en un órgano con la independencia necesaria para garantizar el imperio de la ley, en oposición a los hechos de corrupción que agotan las arcas públicas.
Se trata de combatir más eficaz y eficientemente la corrupción mediante un enfoque amplio y multidisciplinario, para que no se afecten los presupuestos y dejen de socavarse las instituciones.
Así que, a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, no le queda más que cumplir la ley y someterse al espíritu legislativo que creó este reciente andamiaje institucional para dar respuesta a uno de los reclamos históricos más sentidos del ciudadano: dejar de tolerar el saqueo público y castigar a quienes se enriquecen indebidamente.
Los procedimientos están claramente definidos. Cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, debe dirigir la investigación penal, sin que esta pueda suspenderse, interrumpirse o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma.
Como lo señala la legislación, la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial.
En Chihuahua es Abelardo Valenzuela Holguín, el hoy fiscal anticorrupción, quien tiene la última palabra para investigar los hechos denunciados en torno al alcalde Pérez Cuéllar y sus funcionarios.