En la Sindicatura Municipal consideran que trae bastante carnita la denuncia que interpusieron en la Fiscalía Anticorrupción, por el caso de los subsidios del programa “Cruzada por la Educación”, implementado por Cruz Pérez Cuéllar para la rehabilitación de escuelas.

Supo Mirone que se argumentó para acreditar al menos dos delitos de corrupción. Uno es el uso ilegal de atribuciones y facultades. Va por el lado de la ilegal contratación de obras públicas. También en lo que respecta a pagos ilegales por parte de los servidores públicos, en este caso, utilizando a los directivos de escuelas para triangular pagos a los contratistas a quienes les fueron endosados los cheques.

El delito se podría tipificar en el artículo 261 del Código Penal del Estado de Chihuahua. El segundo delito es el de peculado, estipulado en el artículo 270.

Ese se configura cuando se disponen o distraen dinero, valores o inmuebles que los funcionarios reciben en razón de su encargo. En otras palabras, cuando hay robo de recursos públicos.

Sobre este caso, los abogados que redactaron la denuncia creen que bien se puede acreditar sustracción de recursos cuando se aplican mecanismos de sobreprecio, no se comprueban los gastos, se paga por obras incompletas o, peor aún, no se ejecutan las obras pagadas.

Aparte de lo ya mencionado, en la denuncia se anexaron las bases para la entrega de subsidios que simplemente se ignoraron en cuanto al programa de rehabilitación de escuelas.

Esas bases para el “Otorgamiento de Subsidios Educativos” se aprobaron en sesión de Cabildo del 23 de noviembre del 2022.

Para empezar, tiene que haber una solicitud por un monto específico y el detalle de lo que se pretende realizar. Además, el beneficiario tiene que presentar contrato con el proveedor (en este caso el contratista).

Desde luego que también se establece el compromiso de entregar comprobantes de la correcta aplicación del recurso, en un plazo que no puede pasar de los 120 días desde que se recibió.

Pues nada de eso ocurrió, para empezar, porque todo se dejó en manos de los contratistas a partir de que los propios funcionarios municipales obligaron a directores de los plantes a endosarles a ellos los cheques salidos de tesorería a nombre de los directivos.

Cuando quisieron, los contratistas hicieron lo que se les dio la gana y nunca rindieron cuentas ante las comunidades escolares. Tampoco lo hicieron los funcionarios de la Secretaría Particular del alcalde que operaron el programa. Al menos, no hay registro público de ello.

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A propósito de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, hay dos noticias para los alcaldes de los dos municipios más poblados del estado que ya andan “encampañaos” para buscar la reelección

Para Marquito Bonilla, de Chihuahua, hay dos malas. En el municipio que gobierna, se incrementó, pero en serio, la percepción de inseguridad entre la población.

El Inegi nos indica que pasó, del 50.4 por ciento (más o menos aceptable) en diciembre pasado, a un 59.3 en el mes de marzo pasado.

Casi diez puntos en solo tres meses, y son justamente los últimos en los que estuvo al frente de la administración municipal antes de irse de candidato del PRIAN a la alcaldía de Chihuahua.

Para Cruz Pérez Cuéllar, ahí va la buena: su indicador de percepción de inseguridad mejoró notablemente, sin que por eso Juárez sea una sucursal de Disneylandia: de un 77.3 por ciento de la población que se sentía amenazada por el delito en diciembre del 2023, pasó a un 66.9 por ciento en marzo pasado.

Casi diez puntos le bajaron a la percepción de inseguridad, sin que esto signifique que ya la libró y que los juarenses andan felices de contentos en una ciudad que enfrenta rezagos monumentales. Con todo y esa baja, no estamos mejor que la capital de Marquito Bonilla.

De hecho, hay otro apartado dentro de la encuesta del Inegi que también podría sonarle favorable: el número de personas mayores de 18 años que presenció un acto delictivo bajó, del 42.9 en diciembre, al 34.5 en marzo.

Eso no quita que Juárez siga en el penoso “Hit Parade” de las ciudades más violentas del mundo, hay que aclararlo.

Ahora que, para ambos alcalde-candidatos, cayó un saco que bien les viene a la medida, porque ni el uno ni el otro tienen cuentas favorables qué entregar.

Resulta que los tres factores de descontento social más frecuentes, en todas las ciudades grandes y medias del país, tienen que ver con la mala prestación de servicios públicos municipales.

De ellos, el 77.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró los baches en calles y avenidas como uno de los problemas más importantes en su ciudad; 62.3 por ciento dijo que lo eran las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 54.8 por ciento, el alumbrado público insuficiente.

¡Órales, candi-alcaldes, ahí les hablan, no finjan demencia! Muchas mochilas caras en Juárez y muchas “golondrinas y príncipes” en Chihuahua, pero las calles llenas de hoyos, los focos del alumbrado, apagados, y las tuberías todas agujereadas.

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Bastante bueno el revuelo que se ha armado en torno al proyecto de eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa, con la que agentes del Ministerio Público, estatales y federales, logran retener a su detenido en prisión, aunque no haya iniciado siquiera el juicio.

Se trata de una de las figuras más polémicas de toda la estructura judicial del país, pues para muchos analistas, el hecho de que el juez dicte la prisión preventiva oficiosa deja casi en estado de indefensión al acusado y con una “cuasisentencia” sobre sus espaldas, pese a que no ha sido oído en juicio.

En Chihuahua, por lo pronto, especialistas en la materia y agentes del orden de todas las instancias permanecen expectantes, pues contemplan que, una eventual eliminación de esa figura podría propiciar la salida a la calle de decenas de personas que –según la parte acusadora– representan un grave peligro para la sociedad.

En términos generales, la parte que defiende la prisión preventiva oficiosa advierte que serán homicidas, secuestradores, violadores o extorsionadoras los primeros en salir a la calle, sin pena judicial que les acongoje.

Para otros especialistas, ese no sería necesariamente el caso, pues saldrían únicamente los casos donde el Ministerio Público no logre fundar y motivar la razón por la cual pide la reclusión tras las rejas de su detenido.

Dicho en otras palabras –según los favorables a la eliminación– el MP ahora sí “se va a tener qué poner a trabajar” y a tallar el lápiz para pedir la prisión preventiva con el suficiente material probatorio que lleve al juez de la causa a tomar esa determinación.

A quienes piden la permanencia de esa figura, se les olvida que desde el año 2019, el Estado Mexicano elevó a rango constitucional todos los tratados internacionales e, incluso, los fallos emitidos por tribunales exteriores.

En ese tono, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dictó su sentencia y la puso en el rango de lo inconstitucional. O sea que no habrá de otra: la borran o la borran.

Y, a todo esto, ¿cuántas personas privadas de la libertad se encuentran en esa condición en el estado de Chihuahua?

Según el Inegi, al año 2022 había 8 mil 986 “PPL’s” en el estado, de las cuales el 21.8 por ciento estaba por la prisión preventiva oficiosa.

Son aproximadamente mil 800 las personas situadas en esa condición, mismas que podrían recuperar su libertad en cuanto se declare improcedente esa figura. ¿Qué hicieron? ¿Por qué estaban en prisión? Ya lo sabremos.

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El acto de intimidación que sufrió el fotoperiodista David Peinado por elementos de la Guardia Nacional mientras realizaba la cobertura del fenómeno migratorio en los linderos del río Bravo, es una acción que debe encender las alarmas al gremio periodístico.

Peinado es un reconocido trabajador de la imagen, ha sido el único juarense que dio cobertura en la guerra de Ucrania y ahora le tocó sufrir los abusos de los cuerpos que, se supone, deben brindar seguridad.

Era la tarde del pasado 16 de abril mientras se dirigía a realizar su cobertura en el bordo fronterizo, cerca del cruce de bulevar Cuatro Siglos e Independencia, cuando el fotoperiodista fue abordado por los uniformados que le solicitaron sus identificaciones.

Luego de la revisión “de rutina”, le cuestionaron por los documentos de su vehículo. Incluso le revisaron el número de serie del automóvil con la intervención de la Fiscalía General del Estado. La unidad se reportó sin novedad, pero no lo dejaban ir, impidiéndole realizar su cobertura periodística.

El llamado de apoyo por parte de Peinado a los compañeros periodistas y mantener su equipo grabando, fue lo que le permitió no ser detenido por la Guardia Nacional que terminó por retirarse.

La indefensión a la que se ven expuestos diariamente en su trabajo, tanto reporteros como camarógrafos y fotógrafos, quedó manifiesta en el caso de Peinado, quien decidió no interponer denuncia ante la FGR o FGE, ya que consideró que le traería más problemas.

Esta no ha sido la única intervención desafortunada por parte de elementos federales.  El pasado 2 de abril, una camioneta del Instituto Nacional de Migración que seguía a un grupo de migrantes en el río Bravo, intentó atropellar a personal de los medios de comunicación.

En este marco, el próximo 23 de abril la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ) presentará la conferencia “Reportear en la entidad más violenta de México: Sintomatología postraumática en periodistas de Guanajuato”, impartida por el doctor Rogelio Flores Morales, catedrático e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El evento es de entrada libre y será a las 5 de la tarde, en la Casa del Periodista ubicada en la calle Vicente Guerrero 4955. Si bien Guanajuato vive días de violencia que lo colocan como el estado más peligroso del país, también en Juárez hay muchas, muchísimas historias por contar.